El silencio Antonio Guterrez, y la alarma generalizada (que raya en terror), expresada por quienes reclaman el regreso del comisionado Iván Velásquez son dos de los elementos que dan forma a la coyuntura posterior al discurso de Jimmy Morales en la 73 Asamblea de la ONU. Entretanto, la Comisión Pesquisidora del Congreso anunció que entregará su informe sobre la solicitud de antejuicio al Presidente entre el 22 y el 25 de octubre.

Roxana Orantes Córdova

Un total de 196 oradores de los 193 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), usó la palabra en la Asamblea General de esa organización que se celebró recientemente en Nueva York.

Edgar Ortiz, director del área jurídica en la Fundación Libertad y Desarrollo, y Nicholas Virzi, internacionalista y analista independiente, exponen su opinión sobre el tema. Ambos coinciden en que el apoyo del Ejecutivo estadounidense a Morales es evidente.

“A la ONU le da igual el apoyo estadounidense a Guatemala. Entretanto, EE.UU. puede avalar a quien se ubique de su lado y pueda ser útil a sus intereses, pero tampoco le da una importancia superlativa a lo que pueda suceder en Guatemala, pese al interés existente, por la posición geográfica del país, afirma Edgar Ortiz.

Según esta opinión, “el discurso fue bastante consistente por lo ya expresado antes por Morales. Muy agresivo para  un foro de esa naturaleza, que rayó en lo inapropiado. Puede calificarse como burdo, primitivo”.

Según Ortiz, no es propio lanzar un pronunciamiento como ese en un foro de esa naturaleza, aunque fue evidente que el interés era buscar el apoyo de congresistas y funcionarios aliados a Donald Trump, posicionados al lado del ejecutivo estadounidense en relación con la ONU.

Para este analista, el pronunciamiento de Morales fue “una versión tropical del discurso trumpista sobre la ONU”, y pese a esta agresividad, el efecto previsible será que el mandatario guatemalteco siga el diálogo con la ONU, tal como está establecido en el mandato que da vida a la CICIG.

Entretanto, Virzi expresa: “Los discursos de los mandatarios del Tercer Mundo ante la ONU no acaparan la atención mundial, exceptuando este caso, donde Jimmy Morales cuenta con la simpatía de dos aliados decisivos: EE.UU. e Israel”.

Según el internacionalista, “aunque el G13, la Unión Europea y medios como la CNN, BBC y otros condenaron y criticaron a Morales por su decisión de no renovar la CICIG y la respuesta estadounidense fue agradecer a Guatemala por los avances en el combate contra el narcotráfico”.

EEUU tiene interés en frenar la expansión de Rusia y China. Para ellos, es importante tener aliados en el continente. En este sentido, dice Virzi, existe coincidencia en los discursos de ambos mandatarios. “El presidente Morales le da eco a un tema impulsado por el presidente de Estados Unidos: la soberanía”.

Si Morales logra retirar al comisionado, será una derrota para la ONU, puesto que estarán cumpliendo la exigencia de un mandatario investigado por un fiscal que precisamente, es quien lo investigó, concluye Ortiz.

En cuanto a la investigación por financiamiento ilícito contra Morales, la Comisión Pesquisidora del Congreso recibió el 1 de octubre a dos investigadores de la Fiscalía contra Delitos Electorales del Ministerio Público (MP), quienes reiteraron la petición de antejuicio al mandatario por financiamiento electoral ilícito.

En la reunión, los fiscales afirmaron que no existe una carta del partido gobernante o su Secretario General solicitando publicidad a la empresa sindicada. Mencionaron como “prueba fehaciente” del delito que el mandatario agradeció a los fiscales del interior en su discurso de toma de posesión, y expresaron que no han realizado una investigación profunda, sino preliminar, porque para investigar a fondo, necesitan quitar el antejuicio al mandatario.

Finalmente, expresaron que fue la ex fiscal Thelma Aldana quien ordenó que a Morales se le investigara sin presentar el antejuicio que lo ampara. El viernes 5 de octubre, Aldana deberá comparecer ante una Comisión Específica del Congreso, para que esclarezca el caso del edificio fantasma.

Como conclusión de la audiencia de hoy, se decidió que entre el 22 y el 25 de octubre, la Comisión Pesquisidora entregará al pleno del Congreso su informe sobre el caso.

Ausencia de Velásquez motiva ansiedad y terror entre sus fieles

Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  visitará Guatemala para verificar la situación de derechos humanos, a petición de activistas sociales que se comunicaron con esa comisión de la ONU por videoconferencia para pedirles que le otorguen medidas cautelares a jueces y magistrados que están sometidos a amenazas y presiones.

Los grupos civiles expresaron su preocupación por las acciones del gobierno, especialmente por la negativa de renovarle la visa al Comisionado Iván Velásquez, pese a que la CICIG permanece en el país con todas sus atribuciones, entretanto termina de trasladar sus capacidades al MP.

Las expresiones generalizadas entre los sectores que piden el regreso de Velásquez son de terror ante lo que algunos columnistas de opinión califican como una dictadura y Thelma Aldana definió como “golpe de Estado técnico” (sic), un grupo llamado Colectivo de Organizaciones Indígenas, Campesinas y Sindicales afirmó que pedirá que el MP accione penalmente contra Morales, por “desobediencia al no acatar la orden de la Corte de Constitucionalidad”.

Si el MP no cumple con esta exigencia, este colectivo amenaza con “ocupación de edificios públicos, bloqueos de carreteras y plantones”. Aunque los grupos afines a la CICIG tienen varios meses de exigir la renuncia del mandatario electo, ninguna de sus movilizaciones ha logrado una convocatoria significativa. Sin embargo, la constante presión antigubernamental mantiene vivo un clima de ingobernabilidad que solamente logra dañar al país.

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Los pactos colectivos son uno de los mecanismos que otorgan prebendas fuera de lo común a los empleados públicos. Junto a estos, algunos funcionarios emplean recursos legales que les permiten gozar de comodidades extraordinarias, costeadas con fondos estatales. Abogados y analistas exponen su opinión sobre el tema.

Roxana Orantes Córdova

Los pactos colectivos surgieron como un instrumento para definir condiciones dignas de trabajo. Entre las prebendas que negociaban los trabajadores de las empresas privadas en las primeras décadas y a mediados del siglo XX, estaban la guardería en el lugar de trabajo, servicios médicos, dentista, bolsas de útiles escolares a principios de año e incluso la obligatoriedad patronal de compartir un convivio navideño y hacer un regalo a los hijos de los trabajadores.

En Guatemala, el sindicalismo estatal ha desplazado a las organizaciones sindicales de empresas privadas y las supera significativamente en número de afiliados, pero sobre todo, en el tema de los pactos colectivos. Los sindicalistas estatales no se limitan a demandar atención médica o guardería en la empresa, sino han llevado la figura del pacto colectivo a un nivel que lo convierte en una onerosa carga para el Estado.

Existen varios sindicatos en cada ministerio o dependencia estatal. El Ministerio de Educación tiene 50 organizaciones sindicales y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), cuyo pacto cuesta al Estado más de Q2 mil millones, tiene 23 sindicatos.

Prebendas que afectan el presupuesto estatal

Entre otras prebendas, los beneficiarios de los pactos suelen sumar más salarios al año que los 14 establecidos en el Código de Trabajo (contando aguinaldo y Bono 14). Además de esas bonificaciones especiales, que pueden llegar a 16 salarios anuales, algunos, como los del MSPAS, reciben un bono de unos Q700  “para el pescado de Semana Santa” y otro similar para Navidad.

Sumado a todas las gratificaciones monetarias, los pactos mencionados incrementan el número de asuetos y descansos que disfrutan los trabajadores afiliados, cuyos dirigentes tienen mucho más prebendas que ellos. Por ejemplo, uno de los sindicatos del Congreso de la República tiene derecho a contratar un asesor con un salario de Q10 mil, además de vehículos, oficinas con computadoras, líneas telefónicas del Congreso, teléfonos celulares y varios días del año en que se les exime de acudir a sus labores para dedicarse a su trabajo sindical.

Los períodos de vacaciones de los empleados que son beneficiados con los pactos, se incrementan cada año y en algunos casos, pueden llegar a 50 días de vacaciones con goce de sueldo.

El abogado y analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Luis Linares, expresa que los pactos colectivos pueden ser usados para favorecer a altos funcionarios, lo que constituye un abuso del ejercicio del cargo, cuando la negociación también resulta en beneficio de estos altos funcionarios.

“Es una práctica contraria a la ética y se respaldan en que ellos también son trabajadores. En un estudio de Asies sobre el tema, proponíamos una ley que prohíba a los jerarcas beneficiarse de los convenios colectivos. Entre otros, pueden citarse los casos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, dice Linares.

Sobre los pactos colectivos, el presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, afirma que muchas de las prebendas de estos convenios son injustificadas y no contraponen obligaciones a derechos, son planteadas solo como derechos”.

También hay prebendas para los altos mandos

Recientemente se conoció que la ex Fiscal Thelma Aldana firmó un acuerdo que les permite, a ella y a la ex secretaria del Ministerio Público (MP), Mayra Véliz, el uso de vehículos, gasolina y agentes de seguridad del Estado por tiempo indefinido.

Lo anterior, pese a que la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia brinda ese apoyo a los ex funcionarios que lo soliciten, según su normativa. En una conferencia de prensa, la Fiscal Consuelo Porras afirmó que el acuerdo seguirá vigente y el MP no intenta derogarlo.

Sobre esto, Linares afirma: “En el caso de Thelma Aldana, es la primera fiscal que ha puesto en peligro su vida, actual y futura, por la captura de peligrosos delincuentes y narcotraficante.  Sin embargo, aunque es razonable que el Estado le otorgue protección, debió actuar con moderación en el tema de los vehículos y combustible.”

Según dice, “más que un abuso de autoridad, es un uso abusivo de los recursos estatales, que son tan escasos. Y en el caso de prebendas como designar vehículos para familiares, esposos e hijos de funcionarios, no debieran existir”:

Y agrega: “Una característica constante en las prebendas es que se llegan a presentar como un derecho adquirido, cuando en realidad son un abuso adquirido. El funcionario que llega, las mantiene porque a su vez llegará a beneficiarse cuando sea el caso, tal como en México, donde a Andrés Manuel López Obrador le tocará otorgar una pensión millonaria a su antecesor, Enrique Peña Nieto, pese a que en enero de este año, López Obrador señaló que cada ex presidente tiene 110 funcionarios y militares a su disposición y aseguró que será fácil eliminar la pensión vitalicia millonaria de los ex presidentes”.

Según Marroquín, “en el caso de la ex Fiscal no puede hablarse de prebendas sino de un sistema de seguridad que debe garantizar su vida, puesto que ella hizo su trabajo y logró sacar a varios capos de circulación”.

Una opinión crítica ante el acuerdo de Aldana

Al referirse al acuerdo que le otorga uso de vehículos, gasolina y seguridad a las dos ex funcionarias del MP, el abogado Raúl Falla, Fundación Contra el Terrorismo, señala:

“Lo más lamentable es que los fiscales no tienen ni siquiera papel para sacar fotocopias. Lo digo porque fui fiscal del MP. En cambio a la ex fiscal se le asignaron tres vehículos blindados y dos coleros resultan ofensivos para un país como Guatemala”.

Sin embargo, dice, “el caso de Aldana no es único. Rigoberta Menchú tiene asignados cinco policías, César Montes también, así como fundaciones de la “sociedad civil”, la CICIG 45; 20 en cada consulado. Juan Francisco Solórzano Foppa también goza de un vehículo estatal, solo por haber sido titular de la SAT. En un país donde existen 17 millones de personas y 20 mil agentes de policía, lo que significa que un agente se destina para resguardar a 425 personas”.

“Si estos funcionarios y ex funcionarios ya se han convertido en millonarios en el ejercicio de su gestión, ¿por qué no contratan seguridad privada,

Los funcionarios vigentes no quieren entrarle a este tema, y nos dejan desprotegidos. Quien entra a la administración pública en un puesto directivo llega a recibir sueldos que superan cualquier expectativa, lo cual es delito de enriquecimiento ilícito. Muchos abogados buscan este tipo de puestos para ganar dinero, porque litigar en la calle es muy difícil”.

Y concluye Falla: “es al titular de la Procuraduría General de la Nación a quien corresponde investigar estos abusos y ponerles freno. No es posible que un pueblo tan necesitado de carreteras, salud y educación, les pague hasta la gasolina a sus ex funcionarios”.

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