Durante el conversatorio que se realizó el martes 23 de julio de 2024, se emitirieon conclusiones y recomendaciones con relación a las Comisiones de Postulación, integradas por profesionales  encargados de proponer candidatos a los entes que eligen funcionarios de organismos e instituciones con competencias importantes en la estructura y organización del Estado.

Redacción Perspectiva
Los disertantes de distintos tanques de pensamiento como, Guido Ricci, Ex Decano de la Facultad de Derecho UNIS; Alfonso Cordón, Vicepresidente de ADER; María de los Ángeles Fuentes, Directora de Guatemala Visible y Alejandro Palmieri Waelti, Editor de República Política, junto con la moderadora Elsie Jannette Sierra Belches, Vicepresidenta de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, establecieron que:

1. Si bien el sistema de comisiones de postulación, tal como lo idearon los constituyentes no es el mejor; la ley y su interpretación por las cortes no vino a mejorarlo en absoluto. Más bien, ha causado “ruido” a los procesos. Por deficiente que sea el sistema actual, es el mecanismo legal para seleccionar a magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. Es un sistema que permite una amplia representación de la sociedad en la selección de magistrados. El proceso debe llevarse a cabo sin presiones externas, ya sean nacionales o extranjeras y, sobre todo, debe llegar a su fin en el plazo establecido.

2. El problema de origen en el proceso de postulación es que el modelo se aleja de la posibilidad de organizar las cortes en función de la meritocracia, por la Constitución. Desde luego, este es un tema que podría resolverse en el largo plazo. El problema se agrava al aplicar la Ley de Comisiones de Postulación, que desnaturaliza su función al convertirlas en una gestora de expedientes. Este es un problema que podría resolverse en el mediano plazo, mediante una reforma del Congreso de la República.

3. Lo anterior, se complica aún más con la forma en que las distintas magistraturas han resuelto acciones de amparo presentadas durante el proceso. A este respecto, podría haber una solución de cortísimo plazo, en tanto la Corte de Constitucionalidad ejerza sus funciones con estricto apego a la Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG). Pero, sobre todo, velando por el respeto a los plazos constitucionales. No respetar los plazos constitucionales contraría el espíritu y letra de la carta magna.

   Inicia el conversatorio "𝗔𝗺𝗲𝗻𝗮𝘇𝗮𝘀 𝘆 𝗗𝗲𝘀𝗮𝗳𝗶́𝗼𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗣𝗼𝘀𝘁𝘂𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟰", evento organizado por varias organizaciones incluida la @PeriodismoCGP, @ASIES_GT, @CamComercioGT @aderguate, Amigos del País, Alianza por el Bienestar y… pic.twitter.com/rYb1OUENkT

   — Guatemala Visible (@guatevisible) July 23, 2024

4. Hay que poner especial atención en la calidad y actuación de los comisionados, principalmente los que ejercen el cargo por vía de elección. Los requisitos para tal función son sumamente laxos. No se puede pretender conseguir magistrados capaces, idóneos y honrados si los comisionados no lo son.
5. Es trascendental en la coyuntura actual, que los guatemaltecos dejemos la actitud pasiva y la idea que el proceso es algo que atañe únicamente a los abogados. La independencia del sistema judicial es una condición sin la cual un Estado de Derecho se debilita y se promueve una cultura de incumplimiento de la Constitución y las leyes en general.
6. La participación de buenos perfiles de candidatos para Magistrados permitiría que la elección tenga un nivel superior al que ha tenido en los últimos años. En esta ocasión es el momento de dar ese paso y a mayor cantidad de aspirantes que cuenten con una carrera honesta, con capacidad profesional y que estén dispuestos a trabajar para rescatar el sistema de justicia. Hay más probabilidades que los miembros de las Comisiones de Postulación tengan mejores opciones y elijan a los mejores candidatos. De esta manera, se podrá garantizar la dignidad de los cargos que hacen que la justicia en el país sea, pronta, cumplida y esté al alcance de todos los guatemaltecos.
7. Todos los guatemaltecos tenemos la gran responsabilidad de dar un acompañamiento cercano a los miembros de las Comisiones de Postulación, haciendo ver nuestro interés en las actividades relativas al tema, fiscalizando su trabajo y hacer recomendaciones puntuales. La sociedad civil que se interesa por los procesos de Comisiones de Postulación es limitada; hacen un buen trabajo, pero sería aún mejor, si se involucrasen más grupos.

8. Las voces que llaman a suspender el proceso son, en síntesis: antidemocráticas y tienen intereses inconfesados tendientes a la instrumentalización de la justicia. Bajo ningún punto de vista debe atenderse esa posibilidad.

EL PROCESO
En el mes de abril, el Congreso de la República, a través del Acuerdo Legislativo 21-2024, convocó a integrar la Comisión de Postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Comisión de Postulación para nombrar a los magistrados de las Cortes de Apelaciones y demás Tribunales de igual Categoría.

Dichas Comisiones de Postulación deberán remitir las nóminas de candidatos al Pleno del Congreso, dentro del plazo señalado en el artículo 24 del Decreto Número 19-2009 del Congreso de la República, Ley de Comisiones de Postulación.

El Acuerdo Legislativo establece que el Congreso de la República debe elegir a los magistrados, para el período constitucional de cinco años, por medio de la nómina de candidatos propuestos para la Comisión de Postulación.

La función principal de las Comisiones de Postulación es velar porque los profesionales propuestos sean de reconocida honorabilidad, capacidad profesional, juristas íntegros, que estén actualizados en la materia judicial y luchen contra la corrupción; también que los profesionales cumplan con los requerimientos constitucionales y legales, dispuestos a contribuir con el Organismo Judicial al cumplimiento principal constitucional de impartir justicia de forma pronta y cumplida.

La Comisión también tiene como objetivo integrar, convocar, calificar y remitir la nómina de los aspirantes para el cargo de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados Titulares de la Corte de Apelación y demás tribunales de igual categoría, dentro del plazo señalado en el artículo 24 del Decreto número 19-2009 del Congreso de la República, de la Ley de Comisiones de postulación.

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El Pleno del Congreso de la República juramentó ayer a la Comisión de Postulación para integrar la nómina de candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Comisión de Postulación para la elección de magistrados de la Corte de Apelaciones y demás Tribunales de Igual Categoría, para el período 2024-2029.

Redacción Perspectiva

El proceso se llevó a cabo en seguimiento al Acuerdo Legislativo 21-2024, por medio del cual el Congreso de la República convocó a integrar las instancias, las cuales están conformadas por 37 profesionales: con representación de magistrados de la Corte de Apelaciones y de la CSJ, los decanos de las facultades de Derecho de las diferentes universidades del país y con representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Según lo establecido en dicho Acuerdo, las funciones de las Comisiones de Postulación están establecidas en el artículo 215 y 217 de la Constitución Política de la República de Guatemala, para la integración de la CSJ y Corte de Apelaciones, respectivamente.

Cada comisión de postulación se conforma por 37 comisionados. Para esta elección, Miquel Cortés, rector de la Universidad Rafael Landívar, presidirá a los comisionados a cargo de la postulación para la Corte Suprema de Justicia, y Horacio Arévalo, de la Universidad Internaciones, estará al frente de la postuladora para cortes de apelaciones.

El Presidente @Nery_RamosR juramentó a las Comisiones Postuladoras para integrar la nómina de candidatos para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y demás Tribunales de Igual Categoría https://t.co/Ffz3YY6LMQ… pic.twitter.com/wV3YbQyVit

— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) July 5, 2024

El presidente de cada comisión es acompañado por los 12 decanos de las universidades que brindan la carrera de Derecho y 12 representantes electos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Además, estarán 12 magistrados titulares de la CSJ en la postuladora para las cortes de apelaciones, y 12 magistrados de salas de apelaciones, electos por votación, en la comisión de postulación para la CSJ.

La comisión postuladora para la CSJ tiene programado convocar a sus integrantes para el jueves 11 de julio, a la 15:00 horas. Mientras que la comisión postuladora para las cortes de apelaciones convocará para el viernes 12 a las 15:00 horas, ambas sostendrán sus reuniones de trabajo en la sede la Universidad Rafael Landívar.

Así quedaron integradas las Comisiones: 

COMISIÓN DE POSTULACIÓN DE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 2024

PRESIDENTE
Miquel Cortés Bofill
Universidad Rafael Landívar

Los 12 magistrados de Corte de Apelaciones

1. Miguel Colop Hernández.
2. Edwin Martínez Escoar.
3. Irma Judith Arrazate Centeno.
4. José Alexander Ortiz Ruiz
5. José Roberto Hernández Guzmán
6. Julio Recinos Castañeda
7. ⁠Beatriz Seijas Balcárcel
8. ⁠Manuel Alfonso Castellanos Alonzo
9. Marco Tulio Pérez Lemus
10. Ramiro Stuardo López Galindo.
11. Mario Rodolfo Passarelli Bran
12. Jorge Adalberto Cano Villatoro.

Los 12 decanos de Facultades de Derecho

1. Henry Manuel Arriaga Contreras
2. Alejandro Arenales Famer
3. Fernando Enrique Sánchez
4. Milton Estuardo Argueta Pinto
5. Jennifer Novell Fernández
6. Luis Fernando Cabrera Juárez
7. Luis Roberto Aragón Solé
8. Mario Raúl García Morales
9. José Andrés Reyes Valenzuela
10. Luis Felipe Lepe Monterroso
11. Luis Antonio Ruano Castillo
12. Hugo Rolando Escobar Menaldo

Los 12 representantes del CANG

1. José Enrique Urrutia Estrada
2. Francisco Eduardo de León Cifuentes
3. María Lisette García Stalling
4. Gregorio José Saavedra Zepeda
5. Elvio Evidail López Ruiz
6. Ana Prudencia López Sales
7. Alicia del Carmen Franco Flores
8. Walter Javier Barrios Monzón
9. Oscar Enoc Ruiz Barillas
10. César Andrés Calmo Castañeda
11. Armando Ismael Ajín Pérez
12. Wilson Joel López González

COMISIÓN DE POSTULACIÓN DE CORTE DE APELACIONES 2024

PRESIDENTE
Raúl Horacio Arévalo Alburez
Universidad InterNaciones

12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia

1. Elvia Ester Velásquez Sagastume
2. René Guillermo Girón Palacios
3. Evert Obdulio Barrientos Padilla
4. Gustavo Adolfo Morales Duarte
5. Claudia Lucrecia Paredes Castañeda
6. Jorge Eduardo Tucuy Coyoy
7. Héctor Ricardo Echeverría Méndez
8. José Luis de Jesús Samayoa Palacios
9. Ronald Manuel Colindres Roca
10. Manuel Reginaldo Duarte Barrera
11. Benicia Contreras Calderón
12. Carlos Humberto Rivera Carrillo

Los 12 decanos de Facultades de Derecho

1. Henry Manuel Arriaga Contreras
2. Alejandro Arenales Famer
3. Fernando Enrique Sánchez
4. Milton Estuardo Argueta Pinto
5. Jennifer Novell Fernández
6. Luis Fernando Cabrera Juárez
7. Luis Roberto Aragón Solé
8. Mario Raúl García Morales
9. José Andrés Reyes Valenzuela
10. Luis Felipe Lepe Monterroso
11. Luis Antonio Ruano Castillo
12. Hugo Rolando Escobar Menaldo

Los 12 representantes del CANG

1. Edgar Orlando Ruano Godoy
2. Alan Eduardo Sacor Barrios
3. Harry Paolo Leal Porras
4. Luis Carlos Laparra Rivas
5. Kathiany Betzabé Sánchez Tobar
6. Luis Guillermo Velásquez
7. César Fernando Díaz García
8. Julio Adrián Velásquez Aguilar
9. Santiago Omar Paz Flores
10. Javier Estuardo Chacón García
11. Horacio Joel Avendaño Madrid
12. Julio Juan de León Irías

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El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala realiza este viernes la elección de los 24 representantes  para las Comisiones de Postulación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Apelaciones para el periodo 2024-2029. 

Redacción Perspectiva

Esta vez, participan en la elección diez organizaciones gremiales y cada una de ellas postula dos planillas, una para cada comisión, estas son: Coalición Gremial, Alianza de Profesionales, ASPA, Plataforma de Profesionales por la Justicia, UGAP, Vanguardia Profesional, Movimiento Renovación Gremial, Unidad Justicia, ARAN, Unión Libertad y Justicia. 

Entre los profesionales que han emitido su voto durante la primera jornada destacan, el  Procurador de los Derechos Humanos, el Procurador General de la Nación, el director del Registro de la Propiedad, así como el fiscal de la FECI del MP, quienes han votado en Forum Majadas. 

¿CÓMO VOTAN?

Cada colegiado recibe dos boletas en donde deberá escribir el número de la planilla de su preferencia para cada comisión.

Según datos de Guatemala Visible, hasta el 30 de abril de 2024, un total de  36,572 profesionales del Derecho estaban habilitados para emitir su voto; sin embargo, esperan que al menos 10,000 abogados acudan a las urnas. 

EL PROCESO

Cabe mencionar que las dos comisiones ya cuentan con su respectivo presidente, designado por el Foro de Rectores. Asimismo, los 12 rectores de las universidades restantes integran ambas postuladoras y los magistrados de Apelaciones eligieron a sus 12 representantes en la comisión a CSJ.

Tras finalizar su integración, las  dos comisiones de postulación podrán trabajar de julio a agosto para convocar a los candidatos a las distintas magistraturas del Poder Judicial, elaborar la tabla de gradación, entre otros aspectos, para definir los listados de profesionales para que los diputados al Congreso de la República designen a los nuevos titulares del Organismo Judicial antes del 13 de octubre.

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Este jueves se llevó a cabo el Foro de Rectores, en donde fueron elegidos como presidente de la Comisión de Postulación para CSJ, el rector de la Universidad Rafael Landívar, Miquel Cortés, mientras que la Comisión de Postulación de Corte de Apelaciones será presidida por Raúl Arévalo, rector de la Universidad Internaciones.

Redacción Perspectiva

La votación fue unánime para Cortés, mientras que Arévalo consiguió ocho votos a favor. Una vez electos, los presidentes de las comisiones de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones dijeron a los medios de comunicación que el trabajo de las comisiones lo realizarán «apegados a la ley, de una forma transparente, sin presiones externas».

También comentaron que actuarán junto a los representantes que cada cuerpo colegiado elija. Además, ven posible el acompañamiento del proceso por parte de distintas instituciones, aunque aún no tienen definida la metodología de cómo sería este procedimiento.

Cabe mencionar que el Quórum para dicha reunión se integra con 8 miembros puesto que son 15 universidades en el país, de los cuales 13 rectores estuvieron presentes. Los dos rectores ausentes durante la reunión fueron el Dr. José Eduardo Suger Cofiño de la Universidad Galileo y M. Th. Mynor Augusto Herrera Lemus de la Universidad Panamericana.

El Presidente Nery Ramos y Ramos @Nery_RamosR junto a los diputados Darwin Lucas @Darwinlucasp, César Amézquita y Raúl Solórzano, Vocales y Secretario respectivamente de Comisión Permanente, instalaron el Foro de Rectores de las distintas universidades del país, quienes tienen a… pic.twitter.com/JzOURUjQRI

— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) June 6, 2024

SOBRE EL PROCESO
El Congreso de la República publicó en el mes de abril el Acuerdo Legislativo 21-2024, por medio del cual se convocó a integrar la Comisión de Postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Comisión de Postulación para nombrar a los magistrados de las Cortes de Apelaciones y demás Tribunales de igual Categoría.

Dichas Comisiones de Postulación deberán remitir las nóminas de candidatos al Pleno del Congreso, dentro del plazo señalado en el artículo 24 del Decreto Número 19-2009 del Congreso de la República, Ley de Comisiones de Postulación.

El Acuerdo Legislativo establece que el Congreso de la República debe elegir a los magistrados, para el período constitucional de cinco años, por medio de la nómina de candidatos propuestos para la Comisión de Postulación.

La función principal de las Comisiones de Postulación es velar porque los profesionales propuestos sean de reconocida honorabilidad, capacidad profesional, juristas íntegros, que estén actualizados en la materia judicial y luchen contra la corrupción; también que los profesionales cumplan con los requerimientos constitucionales y legales, dispuestos a contribuir con el Organismo Judicial al cumplimiento principal constitucional de impartir justicia de forma pronta y cumplida.

La Comisión también tiene como objetivo integrar, convocar, calificar y remitir la nómina de los aspirantes para el cargo de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados Titulares de la Corte de Apelación y demás tribunales de igual categoría, dentro del plazo señalado en el artículo 24 del Decreto número 19-2009 del Congreso de la República, de la Ley de Comisiones de postulación.

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Comisión Postuladora aceptó esta tarde una carta firmada por más de 15 organizaciones republicanas, que señalaron el despropósito de aceptar la inclusión en la Lista Engel como tacha contra Consuelo Porras. Dos miembros de esos grupos cívicos: Giovanni Fratti y Ricardo Méndez Ruiz, comentan el espíritu y las implicaciones de esta carta.

Roxana Orantes Córdova

Comisión Postuladora que designará a los seis aspirantes a Fiscal General, aceptó hoy las objeciones planteadas por varios grupos cívicos de derecha, señala el abogado Giovanni Fratti, de Guatemala Inmortal.

Al mismo tiempo, la comisión aceptó las pruebas de descargo que presentó la Fiscal General Consuelo Porras, quien dijo a los medios que la objeción sobre la «Lista Engel», aceptada inicialmente pero que podría revertirse, «tiene su origen en el extranjero y no aplica para Guatemala».

Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación Guatemalteca Contra el Terrorismo (FCT), expresa «a título personal» que:

«me comentaron que el magistrado Rolando Escobar Menaldo pretendió presionar para que la lista de seis elegibles sea integrada por personas de izquierda»

«La lista Engel no es jurídica. Es instrumento político», señala Fratti

«Como Guatemala Inmortal, fuimos parte del monitoreo y observación. Nos topamos con la florida opinión de medios izquierdistas. Según ellos, el Artículo 35 de la Constitución solamente se les aplica a ellos y sus aliados», expresa Fratti, y agrega:

«Funcionó la presión ejercida por organizaciones de derecha. Es que si no hubieran admitido la carta, estarían cometiendo un delito», expresa el abogado, quien continúa:

«La lista Engel pretende acusar de corrupción a la doctora Porras, pero no tienen absolutamente ninguna prueba para demostrar esto. Es la opinión política de congresistas demócratas, como Norma Torres, quienes consideran corrupción el despido de su alfil Juan Francisco Sandoval».

«Estados Unidos ha reconocido que dicha lista es una opinión jurídica. Yo puedo considerar que César Montes es un asesino en serie, pero no puedo acusarlo sin pruebas. Esa sería una opinión política».

Por otra parte, Fratti considera «inaceptable que se denigre a Guatemala», con acusaciones sin fundamento de algunos congresistas estadounidenses.

«Felicito a los comisionados por rectificar. Ahora tienen que evaluar las pruebas de descargo y ver si aceptan o no las tachas. Un dato que debe tomarse en cuenta es que el Artículo 44 de la Ley del Organismo Judicial prohíbe admitir cualquier sentencia o argumento extranjero. Si lo aceptan, estarían violando la ley», y concluye:

«Los comisionados tendrán que hilar muy fino, porque se cometería delito al aceptar las pruebas ilegales».

«El espíritu de la carta fue la defensa de la soberanía», dice Méndez Ruiz

«La carta fue firmada por 15 organizaciones. Nos impulsa la defensa de la soberanía, que hoy tiene que defenderse en todos los ámbitos, incluyendo la elección del Fiscal General, actualmente tan importante como la del Presidente de la República», indica Méndez Ruiz.

Según comenta:

«En esta elección a Fiscal se observó el ataque a la soberanía del G13 y embajadas como la de Estados Unidos. Llamamos a los comisionados a mantener su dignidad, como funcionarios y comisionados».

En cuanto a la tacha basada en la lista Engel, reitera que se trata de una acción política, en ningún caso es una sentencia emitida en un tribunal guatemalteco.

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Mario Mérida. Comunicador, escritor y docente universitario

Actualmente en nuestro país se comenta, discute, condena y descalifica mediáticamente a quienes han optado por competir para la designación de Fiscal General y jefe del Ministerio Público (2022-2026), responsable de la acción penal pública y la persecución penal. Los requisitos para participar en la elección son simples: tener más de 40 años y una «reconocida honorabilidad», además de haber sido por 10 años como mínimo jurista o de tener experiencia como magistrado de Corte de Apelaciones o de tribunales judiciales.

El proceso para proponer al sexteto de profesionales del derecho ante el Presidente de la República, está normado en la Constitución Política de la República de Guatemala (Artículo 251): “El jefe del Ministerio Público será el Fiscal General y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública”.

El  artículo también establece que: “Deberá ser abogado colegiado y tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia” y : “Será nombrado por el Presidente de la República de una nómina de seis candidatos propuesta por una comisión de postulación, integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside; los decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país; el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el presidente del Tribunal de Honor de dicho Colegio”.

Estas normas de designación de los integrantes de las comisiones, se establecieron mediante el Decreto 19-2009, del Congreso de la República de Guatemala (02/06/2009), para elegir: “Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Apelaciones, Contralor General de Cuentas, Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, Procurador de los Derechos Humanos y cualquier otro que fuere designado por intermedio de Comisiones de Postulación”.

El espíritu de creación de las comisiones, se refleja en el segundo y tercer considerando de la ley, que pretendían garantizar: “… la designación de autoridades públicas idóneas, con la suficiente experiencia para cumplir los mandatos constitucionales, mediante procesos públicos y objetivos, con eficiencia, eficacia, probidad, representatividad y que tengan como base mecanismos y herramientas efectivas para su designación, a efecto que el ordenamiento jurídico garantice eficazmente la tutela de los derechos fundamentales y el patrimonio de los guatemaltecos”.  Para realizar la elección de estas seis (6) personas se crearon las Comisiones de Postulación

El tercer considerando, estableció las calidades de los candidatos: “… la lista de los candidatos con un perfil idóneo para tales cargos, lo que hace imperativo garantizar que la actividad de las citadas comisiones se desarrolle dentro de un marco de plena independencia, buen criterio y funcionalidad, que a su vez garantice nóminas de profesionales con las mejores calificaciones académicas, profesionales, éticas y humanas”. A pesar de las buenas intenciones expresadas en la ley, el proceso se corrompió y, en la actualidad el sistema es cuestionado por los mismos juristas.  En otros términos, los principios de Transparencia, Excelencia profesional, Objetividad y Publicidad, fueron sustituidos por sus antónimos.

La perversión llegó a extremos, que hay un caso denominado “comisiones paralelas” (2014), que involucró a cuarenta un (41), personas incluyendo diez (10) diputados. Lo irónico del caso, es que en que esa fecha dirigía el Ministerio Público un personaje incluido en la lista de “jueces de la impunidad”, elaborada por la CICIG a cargo de Carlos Castresana Fernández 08/10/2009), en la cual se citaron veinte (20) los candidatos a magistrados.

El oficio explica en uno de sus párrafos: “(Se anexan carpetas con la información relativa a las malas actuaciones e información que corrobora la falta de idoneidad)” La nota fue firmada por Ana Isabel Garita V. (e, a.). Quizás después de la salida de Castrasena, por designio divino, comprobaron que los citados en el listado, no eran culpables y, si idóneos.

Lo cierto, es que el sistema de elección nació perverso, con la creación de las comisiones de postulación, lo más saludable es el voto de los colegiados activos -35,000, al 2021. Colegio de abogados-, en un proceso organizado por el Tribunal Supremo Electoral y auditado por los presidentes de los organismos de Estado (Artículo 251. CPPRG y sus reformas 1993). Es momento de pensar en cambiar toda la estructura legal vigente, empezando con la Constitución Política (13/03/2022)

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Por Redacción Perspectiva

El Congreso de la República juramentó a las Comisiones de Postulación con lo que avanza el proceso para elegir a las nuevas autoridades de las Salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia (CSJ), que deben tomar posesión el próximo 13 de octubre, para un periodo de cinco años.

Tres sectores participarán en la selección: Los decanos de las facultades de derecho de las universidades del país, representantes de las Cortes de Apelaciones y del Colegio de Abogados y Notarios.

La Comisión está integrada por 37 profesionales: el presidente (Rector de la Universidad), 12 decanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 12 magistrados de la Corte de Apelaciones y 12 delegados del Colegio de Abogados y Notarios (CANG).

La Universidad Mesoamericana será la sede del grupo que nominará a los titulares y suplentes de la CSJ tendrá como sede la Universidad Mesoamericana y se reunirán los lunes y miércoles.

Mientras que la Comisión que seleccionará a los candidatos para Salas de Apelaciones se reunirá en los Colegios Profesionales, los días martes, jueves y viernes, hasta culminar con el proceso.

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El Foro Guatemala, integrado por 16 organizaciones, presentó a los medios una carta que sintetiza su propuesta de agenda mínima a los poderes del Estado.

Entre las observaciones se mencionó la necesidad de revisar el mecanismo para elegir las Comisiones de Postulación, la prisión preventiva extendida, la necesidad de que los escolares reciban 180 días de clases.

El ex vicepresidente Eduardo Stein, en representación de la Universidad Rafael Landivar, aseguró que, internacionalmente, existe percepción de que el país atraviesa una crisis institucional.

Los representantes del foro expresaron que su propuesta de agenda mínima a los tres poderes es de carácter estructural, no coyuntural.

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Los guatemaltecos estamos conscientes de la necesidad de fortalecer el Organismo Judicial y en consecuencia la correcta aplicación de la ley. De los tres poderes del Estado, debemos considerar que el Organismo Judicial cumple con dos funciones fundamentales: velar por el respeto de todos los ciudadanos al marco jurídico y sancionar las ilegalidades, tanto de los ciudadanos, como de los gobernantes.

Existe una propuesta de reformas a la Constitución y unos pocos las aplauden y otros muchos las rechazan. Algunas preguntas a la reforma constitucional en el sector justicia son: ¿Cómo debemos fortalecer el Organismo Judicial? ¿Cómo evitamos la cooptación del mismo? ¿Cómo logramos que los mejores abogados tengan interés en hacer una carrera judicial como jueces y magistrados? ¿Cómo evitamos que la justicia se contamine y comprometa por las posturas ideológicas? ¿Cómo diferenciamos cuando el problema es de leyes o es de personas? ¿Cuáles de los cambios que intenta la aludida reforma constitucional se pueden lograr a través de leyes ordinarias?

Es evidente que la actual propuesta para reformar la Constitución que se “conoce y discute” en el Congreso de la República, no cuenta con un nivel de consenso y fundamento técnico, que anticipe beneficios para apoyarla. Diversos sectores y grupos de personas incluyendo profesionales y académicos, han denunciado públicamente la manera en que a “puerta cerrada” y con advertencias algunos funcionarios y personas investidas de poder, han intentado forzar que dicha reforma sea aprobada por el Congreso. Lamentablemente, esa actitud lejos de haber unido a la población, logro todo lo contrario, creando desconfianza y calificando a unos como buenos y otros como malos.

Agotado el polarizado artículo de la reforma constitucional que proponía la “Jurisdicción Indígena” mismo que atropellaba los principios de igualdad ante la ley y seguridad jurídica, el tema que captó la atención de los guatemaltecos en días recientes, es el “artículo 209” y la creación del Consejo Nacional de Justicia.

Debemos reconocer que las Comisiones de Postulación para la selección de candidatos para cargos de Estado, se terminaron corrompiendo, no porque la ley hubiese sido mala, sino por la mera ambición de controlar las esferas del poder a través de trampas y corrupción. Pero en todo caso, lo que no convence con la creación del Consejo Nacional de Justicia, es si las trampas y corrupción se eliminan, o simplemente cambian de manos.

La forma en que se ha impuesto y llevado el debate de esta reforma constitucional, ha provocado un desgaste innecesario a la imagen del Organismo Legislativo, la CICIG, el MP y el la Procuraduría de los Derechos Humanos. Debe llamar nuestra atención la falta de olfato político por parte de los actores que han impulsado la fallida propuesta, pues si bien la población en su mayoría reconoce la importancia de fortalecer el tema principal, al día de hoy nos desgastamos como sociedad, atravesando innecesariamente un debate ideológico de similares magnitudes a los que tuvimos en la época del conflicto armado y posteriormente con el Fiasco del Genocidio.

Los guatemaltecos necesitamos propuestas y cambios que nos unan como sociedad. Por supuesto, tenemos que ser firmes con la denuncia en contra de la corrupción y procurar que los cambios apunten en la dirección correcta, pero definitivamente la forma en que se ha tratado de imponer esta reforma constitucional, no nos conviene.

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Es increíble ver como algunos miembros de la comunidad internacional acreditada en nuestro país han tomado una actitud de intromisión en los asuntos internos de nuestro Estado. Yo no soy experto en el tema, pero lo pongo a su consideración debido a las diferentes opiniones que han salido últimamente en distintos medios de comunicación. El antecedente más importante en esta materia es la Convención de Funcionarios Diplomáticos de La Habana.  Digo esto, porque si bien la misma ya no está vigente, es ahí en donde la comunidad internacional reconoce la importancia del principio de no intromisión en asuntos internos de cada país. Hoy, la Convención que rige las relaciones internacionales y diplomáticas es la de Viena, la cual si bien adopta cambios, se mantiene intacto el principio de NO intromisión antes mencionado.

Los Estados han reconocido la validez de ese principio como algo vital para resguardar la soberanía de los países y mantener armónicamente las relaciones entre sí. La Convención dice, refiriéndose a los diplomáticos “Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, … deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado.”

En Guatemala pareciera que a algunos miembros de la comunidad internacional no les importa dicho principio. Hemos visto como opinan, critican o aplauden sentencias de la Corte de Constitucionalidad, aparecen abiertamente en audiencias dentro de algunos procesos de las Comisiones de Postulación, así como en audiencias judiciales relacionados a temas internos de nuestro país. Y déjeme decirle qué es lo peor, que lo van a seguir haciendo hasta que no se les aplique la ley.

La misma Convención establece “El Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata, o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable.” Mientras siga prevaleciendo la ausencia y certeza de castigo, aquí cualquiera seguirá haciendo lo que se le venga en gana. ¿Cree usted que nuestros embajadores se les permitirían tener este tipo de injerencia o intromisión en asuntos internos de esos países? Esperemos que el Presidente y el Canciller conociendo los alcances de la Convención la hagan valer.

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