La noticia parece el epílogo de una obra de teatro del absurdo y se extiende “como reguero de pólvora”: Aifán dejó libre a Gustavo Alejos, figura central del “Pacto de Corruptos”, y responsabiliza a la FECI por no aportar las pruebas. Abogados y analistas comentan este hecho insólito.

Roxana Orantes Córdova

Esta mañana se divulgó públicamente que Gustavo Alejos, señalado de ser el artífice de una complicada red que habría influenciado en la elección de magistrados, además de muchos otros delitos, fue liberado por la juez de Mayor Riesgo Erika Aifán, con el argumento de que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), no aportó los medios de prueba solicitados por la defensa de Alejos.

Múltiples reacciones que van de la incredulidad a la condena comentan el hecho, cubierto por todos los informativos, aunque es evidente que muchos omiten cuidadosamente el nombre de la juez responsable de liberar a un personaje considerado tan peligroso que políticos, magistrados y jueces fueron vinculados al proceso llamado Comisiones Paralelas por el “delito” de comunicarse con el capo del “Pacto de Corruptos”, de forma presencial o telefónica.

Alejos, quien además de ser la figura más visible del «Pacto de Corruptos» es número uno en la Lista Engel, minimizada por Alejandro Mayorkas en conferencia de prensa, volvió a ser favorecido con medida sustitutiva por la clausura provisional en el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero (del que Otto Pérez Molina fue desligado en mayo pasado), porque “no se contaba con los suficientes indicios para llevarlo a juicio”. Este caso es uno de los más de 10 que forman parte de la llamada “multicausa” a cargo de Erika Aifán.

El hecho se produce poco después de que la Corte de Constitucionalidad (CC), diera un plazo de cinco días, «en un auto para mejor fallar», el informe de los casos que conoce la juez, en el marco de una solicitud de antejuicio en su contra.

Algunos de los casos en mención son los anexados al expediente (o causa penal), 073-2016-00359:

Construcción y Corrupción, Odebrecht, Comisiones paralelas 2013, Financiamiento  FCN, Red de Poder y Comisiones Paralelas 2020.

Un abogado que pide no ser mencionado explica que para llevar un caso ante los tribunales de Mayor Riesgo, debe demostrarse ante la justicia que los investigadores corren riesgo en ese proceso. Para lograr que el caso sea juzgado en esos tribunales, la Fiscal General debe presentar la solicitud.

Aparentemente, para evitar este trámite, más de 10 casos sin relación comprobada entre ellos fueron asumidos por el juzgado a cargo de Aifán, y esto podría acarrear serios problemas a la juez y al fiscal Juan Francisco Sandoval.

Según escribió en sus redes la abogada Amanda Santizo:

«La juez Aifan generalmente decreta la clausura provisional en algunos casos con defectos en la acusación para que los subsanen como ella considera, si hubiese decretado SOBRESEIMIENTO sería diferente. Hay que ver más allá«.

«Sandoval y Aifán, tan corruptos como Alejos», dice Méndez Ruiz

Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), dijo a Perspectiva y posteriormente compartió en sus redes:

«Me parece inaudito que Ericka Aifán y Juan Francisco Sandoval, que abanderan en el sistema de administración de justicia una supuesta lucha contra la corrupción, y que aplauden por lo bajo la lista Engel, hayan dejado en libertad a quien encabeza esa lista por actos de corrupción.

No me cabe duda entonces de que tan corruptos como Alejos, son Aifán y Sandoval.
Veo una gran similitud entre el convenio de colaborador eficaz suscrito entre Juan Francisco Sandoval y los personeros de Odebrecht, y el convenio suscrito por ese fiscal, y aprobado por Aifán, con Gustavo Alejos.

A ambos les interesa más una justicia con motivos políticos, que una justicia que en verdad busque combatir la corrupción».

«La decisión pone en duda al sistema de justicia»: Alvarado

Según comenta a Perspectiva el penalista Rolando Alvarado: «Fundamentalmente, hoy se cuestiona a la justicia. Se le da libertad al actor principal de los hechos señalados, mientras gente acusada de colaborar con él permanece en prisión preventiva«, expresa el penalista, quien continúa:

«Este hecho genera dudas sobre el sistema y los beneficios que se otorgan. No atiende al principio de igualdad para los procesados. Pierde sentido la justicia y denota que no se aplican los principios que deben privar en el proceso penal. Muchos guardan prisión por visitarlo o hablarle por teléfono, mientras él es beneficiado con la libertad por falta de pruebas. Genera dudas y puede suponerse que hay una negociación».

Además, señala que probablemente Aifán está tratando de limpiar la mesa porque la Corte de Constitucionalidad (CC), sabe que hubo incompetencia. «Trata de subsanar sus ilegalidades, pero el daño ya está hecho».

Falla afirma que la defensa de Alejos aportó suficientes medios de prueba

«Es absurdo afirmar que el proceso se clausura para solicitar más información a Estados Unidos. El verdadero motivo data de 2016, cuando Alejos fue señalado de influir en las elecciones de magistrados desde el gobierno de Álvaro Colom.

Estamos ante una evidente parcialización de la justicia. La defensa solicitó a la Corte Suprema de Justicia determinar cómo fue que recibió la orden de competencia ampliada, que permite anexar una causa con otra, pero es evidente que estos casos no tienen conexión.

Aifán no pudo sostener la peña y se preocupó de «velar por su pellejo», como decimos coloquialmente los guatemaltecos. Para ello, trasladó la responsabilidad a la FECI. Esto crea un ambiente tenso entre sujetos procesales que además, eran una estructura criminal.

Hoy sale libre el cabecilla del «Pacto de Corruptos» y no se puede establecer qué hizo la FECI y qué hicieron los fiscales Juan Francisco Sandoval y Carlos Vides con los medios de prueba que les aportó la defensa de Alejos, en el plazo indicado por la ley. Ayer tenían que presentar dichas pruebas y ante la ausencia de estas, Aifán optó por la clausura provisional del caso. Esto podría implicar que mañana sean liberados, por ejemplo, Otto Pérez Molina o Roxana Baldetti, además de otros señalados por corrupción.

Y todo esto se produce cuando la CC verificará que no existe la competencia ampliada y la defensa presentó pruebas de que no hay medios de investigación, aunque ellos habrían aportado más de 80 que no fueron considerados (solicitud de investigar cuentas bancarias y otra documentación).

Para Falla, estas son suficientes razones para que la Fiscal General adopte medidas contra Sandoval y Vides, a quienes señala de incumplimiento de deberes y omisiones que constituyen delito.

Están manejando que el caso está suspendido a la espera de que Estados Unidos aporte pruebas ¿qué pruebas? ¿recortes de periódico, tal vez?. Lo más probable es que al final sea sobreseído», concluye Falla.

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El rector y exrector de la Universidad de San Carlos, Murphy Paiz y Estuardo Gálvez fueron ligados a proceso en el caso Comisiones Paralelas 2020, por delitos de tráfico de influencias, asociación ilícita y violación a la constitución.

Redacción Perspectiva

La jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán ligó a proceso a los siete sindicados por el Ministerio Público en el caso Comisiones Paralelas 2020, entre los sindicados está Murphy Paiz y Estuardo Gálvez.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), señaló a Paiz y Gálvez como miembros de una red que buscaba manipular el sistema de comisiones de postulación para elegir a magistrados a salas de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia.

Tanto Gálvez como Paiz  fueron capturados previo a la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2021-2026.

También fueron ligados a proceso: Juan Salvador Soto Estrada, Jennifer Candelaria Dell´Acqua Lima, Olga del Rosario Alfaro Pineda, Luis Fernando Ruiz Ramírez, y Henry Giovanni Dubón Ruano.

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El 26 de febrero fue un día complicado para el gremio de abogados y vergonzoso para la universidad nacional. El rector actual y el ex rector tienen orden de captura por el caso «Comisiones paralelas», que acaparó la atención de los medios y redes. Pese a todo, la elección concluyó con gran ventaja del ex presidente del Organismo Judicial, Néster Vásquez, seguido por el hoy prófugo ex rector Estuardo Gálvez. Mientras, un grupo civil denunció penalmente al fiscal Juan Francisco Sandoval por «obstaculizar la acción penal», debido a que justo el día de la elección se presentaron implicados que no habían sido mendionados anteriormente.

Roxana Orantes Córdova

Las acciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), emprendidas justo cuando inició el proceso de elección para magistrados en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), no son producto de la coincidencia ni menos del maquiavelismo, sino responden a los tiempos judiciales, afirmó el fiscal Juan Francisco Sandoval. Pese a la detención de algunos protagonistas, la jornada cerró con las 33 mesas computadas y el aparente triunfo de Néster Vásquez, aunque falta saber si se interpondrán amparos, órdenes de captura o cualquier otra acción que impida asumir al virtual ganador.

Luis Fernando Ruiz, ex presidente del CANG y candidato a magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), fue capturado y conducido con lujo de fuerza (custodiado por varios agentes). El abogado comentó que «los guatemaltecos ya estamos acostumbrados a este tipo de situación», y agregó que hubiera sido suficiente con citarlo al juzgado, donde se hubiera presentado sin necesidad de ser conducido.

«Lo que pasó es porque no querían que participara como candidato a la CC», dijo el abogado, cuyo rostro fue expuesto ante los medios sin consideración. Entretanto, Murphy Paiz, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ente postulador, se presentó al juzgado para dirimir su situación e inesperadamente, sufrió un quebranto de salud por lo que se internó en un centro privado.

Y Estuardo Gálvez, finalista de los que compitieron para el CANG, no se ha presentado en público y tiene orden de captura. El caso «Comisiones Paralelas» estuvo en reserva desde junio de 2020, indicó a Perspectiva Juan Francisco Sandoval, pero las capturas de hoy «corresponden al tiempo procesal».

En una conferencia que reiteró lo informado hace ocho meses, agregando a algunos actores que no fueron mencionados en junio de 2020, el fiscal Sandoval explicó las inferencias por las que la FECI arremetió esta mañana contra candidatos y «operadores» que participaban en la elección para la CC.

Es imposible omitir el antecedente de hace unos días, cuando en redes sociales circularon videos que según dijo Sandoval a Perspectiva el miércoles, y en la conferencia el 26, «podrían provenir de la cámara de seguridad del hospital». Según el fiscal, los abogados de Gustavo Alejos tienen alguna responsabilidad en este hecho, debido a que en junio tuvieron acceso a copias de los videos.

«Hay un delito que se llama revelación de información reservada que aplica a funcionarios o particulares, la pena es de 6 a 8 años», declaró. Además, el funcionario mencionó que en redes sociales circula «información malintencionada» y dio a entender que podrían investigar a quienes la divulgan, pese a que según la Constitución Política de la República, la libertad de emisión es irrestricta:

«Artículo 35. -libertad de emisión de pensamiento. Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna«.

Al respecto, Sandoval señaló: «el límite de la libertad de expresión está en el respeto a la dignidad humana y el no fomento al odio».

Poco después de las capturas y la conferencia de prensa, el grupo Política más una docena de huevos anunció que interpusieron una denuncia penal contra Sandoval, por obstruir la acción penal, al no revelar desde el inicio la identidad de los candidatos y postuladores que fueron detenidos hoy.

«Llama la atención que se hiciera el mismo día», dice Zepeda

La gremial de empresarios (CACIF), publicó un comunicado en el que llaman a todos los sectores involucrados a cumplir con los plazos establecidos en ley para que se realice el cambio de magistrados de la CC el 13 de abril de este año.

Además, mencionaron el uso indebido del amparo, y enfatizaron en que nada debe evitar que se cumpla el plazo. «El abuso provocaría una crisis constitucional», señala el comunicado.

Por su parte, el director de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Javier Zepeda, expresó: «llama la atención que las capturas se hicieran el mismo día de la elección. Esperamos que no sea una maniobra política para retardar el proceso».

Zepeda también señaló que la certeza jurídica es fundamental para atraer las inversiones y comentó que el mal uso del recurso de amparo es sinónimo de falta de certeza jurídica.

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La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) confirma que el exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Estuardo Gálvez  tiene orden de aprensión por el caso Comisiones Paralelas 2020.

Redacción Perspectiva

Según, el fiscal de sección Juan Francisco Sandoval, los últimos hallazgos de la investigación denominada Comisiones Paralelas aportan suficientes pruebas para solicitar la captura de Carlos Estuardo Gálvez Barrios exrector de laUSAC y quien se postuló como magistrado titular para la Corte de Constitucionalidad (CC) por el Colegio de Abogados.

Al momento, Galvéz no ha sido localizado, sin embargo, las autoridades continúan realizando allanamientos para hacer efectiva la orden de aprensión.

Galvéz es señalado de visitar a Gustavo Alejos en el hospital Sanatorio Ciudad Nueva, desde donde supuestamente coordinaba acciones para obtener el control de las altas cortes del país.

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Este viernes 26 de febrero, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) realiza 12 allanamientos con el apoyo de la PNC. Al momento se confirma la captura de cuatro personas, una de ellas es el expresidente del Colegio de Abogados, Luis Fernando Ruiz.

Redacción Perspectiva

El Ministerio Público (MP) confirmó que la FECI realiza esta mañana una docena de diligencias de allanamientos por el caso de Comisiones Paralelas 2020. Al momento hay cuatro personas detenidas.

Se confirma la captura del expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Luis Fernando Ruiz y la excomisionada Jennifer del Acqua.

Ruiz es uno de los candidatos que participaría  hoy en la elección de magistrados a la CC organizada por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

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Luego de dos años en “prisión preventiva”, el tribunal de Mayor Riesgo D otorgó arresto domiciliario al “Rey del Tenis” Roberto López Villatoro, señalado por presunta injerencia en el proceso de comisiones de postulación, hecho que originó el caso de la CICIG llamado “Comisiones Paralelas”.

Redacción Perspectiva

La sala presidida por la juez Sara Yoc, impuso Q150 mil de fianza a Villatoro, conocido como uno de los principales operadores políticos que influenciaban las nominaciones y elecciones de magistrados a las cortes.

En 2009, el entonces titular de la CICIG, Carlos Castresana, expuso públicamente que por lo menos seis candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia que ni siquiera lograron 60 puntos de calificación en la Comisión Postuladora, habrían sido promocionados por López Villatoro.

Entre estos jueces se encontraba Thelma Aldana, una de los 32 beneficiados por López Villatoro con becas de estudio en España, por las que el operador político habría pagado más de 1,500 euros.

Hoy, luego de pasar dos años en prisión preventiva, el operador político fue beneficiado con una medida que según la doctrina penitenciaria que rige en Guatemala, debiera ser general en delitos que no son de alto riesgo, o concederse a personas enfermas y de la tercera edad, pero que sin embargo, pocos logran obtener. López Villatoro, de quien se dice que logró sus primeros contactos políticos gracias al matrimonio con Zury Ríos, es un abogado que en menos de 10 años se convirtió en millonario. Hizo su fortuna importando calzado deportivo pirata, lo que le valió que en un reportaje de investigación fuera calificado como “rey del tenis”.

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Mediante reuniones, festejos, pago de dinero, alojamiento en hoteles, restaurantes y visitas el abogado Sergio Roberto López Villatoro, alias “rey del tenis”, logró conformar un andamiaje para influir en las decisiones de las Comisiones de Postulación del período 2014-2019, tanto para la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y  la Corte de Apelaciones. Para lograr su objetivo gastó una gran cantidad de dinero para tener el control de los procesos de elección.

En conferencia de prensa, la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana y el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, brindaron detalles de la investigación preliminar denominada Comisiones Paralelas, en la cual López Villatoro habría actuado como el operador de las Comisiones de Postulación para sus fines particulares.

De acuerdo con la investigación, la estrategia utilizada por López Villatoro fue con la utilización de su oficina Lovi y Asociados, lugar donde se encontraron los expedientes y los reportes de las reiteradas reuniones  con aspirantes a magistraturas, con comisionados y con diputados, evidenciando así los vínculos afines al operador y su marcado interés para conformar las Cortes a su voluntad.

Dicha estrategia también se implementó mediante el pago de dinero, promesas y entrega de beneficios a favor de algunos comisionados, quienes los aceptaron para realizar un acto propio de su cargo, al votar conforme los intereses que representaba López Villatoro, con la cual desobedecieron los principios de objetividad, transparencia e independencia que deben de regular la conducta de los funcionarios encargados de elegir a la más alta autoridad judicial.

Otra de las características implementadas para tener el control de los proceso de postulación, es que no era necesaria la cooptación de toda la comisión de postulación para lograr su fin. En todo caso, el ilícito se configura con realizar un solo cohecho hacia uno de sus integrantes.

La Fiscal General, recordó que en el 2014 se llevó a cabo el proceso de las Comisiones de Postulación para la selección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones.

La jefa del Ministerio Público, recalcó que para evitar la interferencia, amenaza o intromisión en la esfera del Poder Judicial, es imprescindible elegir a magistrados que sean personas íntegras e idóneas, con calificaciones jurídicas adecuadas para conformar el Organismo Judicial, por lo que los funcionarios que integren las Comisiones de Postulación tienen la responsabilidad primordial de consolidar este proceso de democratización. Por lo que se debe asegurar que el proceso de las Comisiones de Postulación sea libre de influencias e injerencias externas, dijo.

Inicio de la investigación

El 11 de enero del 2007, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, solicitó el levantamiento del antejuicio en contra de Eddy Giovanni Orellana Donis, magistrado Presidente de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del ramo Civil y Mercantil.

La denuncia fue sobre pagos provenientes de Roberto López Villatoro para un apartamento, presumiblemente otorgado al magistrado Orellana Donis, ubicado en la zona 14. Al revisar la información y reunir los indicios, se pudo establecer que las fechas de los pagos al bien inmueble coincidían con el desarrollo del trabajo de las Comisiones de Postulación.

Reporte de visitas

Según la investigación, del 29 de abril al 12 de mayo del 2014, se registraron las visitas a la empresa Lovy & Asociados de varios candidatos a magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones así como de tres diputados al Congreso de la República, entre ellos Ronald Arango, Amilcar Pop, Mario Santiago Linares, entre otros.

Un particular  hallazgo es que el 26 de mayo 2014, ese día fueron electos los representantes de los magistrados de la Corte de Apelaciones para integrar la Comisión de Postulación de la CSJ, se registraron visitas a las oficinas de Roberto López Villatoro de José Antonio Pineda Barales (postulado y posteriormente elegido Magistrado de la CSJ), Héctor José Monterroso Hernández (postulado a la CSJ). También asistió la magistrada Vitalina Orellana y Orellana.

De igual forma asistieron nueve integrantes de la Comisión de Postulación de la CSJ, lo que significa el 27 por ciento del total de los comisionados, tres integrantes de la Comisión de Postulación de la Corte de Apelaciones.

Solicitan antejuicio

En seguimiento a la investigación, este día, se solicitaron antejuicio contra los magistrados Marwin Eduardo Herrera Solares y Carlos Rodimiro Lucero Paz, en su calidad de integrantes de la comisión de postulación, ambos habrían recibido y aceptado pagos indirectos y beneficios de parte de Sergio Roberto López Villatoro.

Fuente: MP

Fuente Fotográfica: MP

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