El Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía contra la Corrupción presentó una solicitud de antejuicio en contra del diputado del partido Visión con Valores (ViVa), Rudy Wostbeli González Cardona por un posible cobro ilegal de comisiones.

Redacción Perspectiva

Por medio de un comunicado, el MP informó que el diputado puede estar implicado en  los delitos de tráfico de influencias, cobro ilegal de comisiones y asociación ilícita.

La Fiscalía contra la Corrupción inició la investigación en el 2020 cuando las autoridades arrestaron a Eider Iram Morales Juárez, asistente del diputado cuando intentaba cobrar una supuesta comisión.

El ente investigador confirmó que se cobraron sobornos a cambio de plazas laborales en el Fondo Social de Solidaridad, entidad que depende del Ministerio de Comunicaciones.

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Un documento firmado por diferentes líderes religiosos sobre la elección de magistrados, expresa que pese a la complicada situación que enfrenta la Comisión de Postulación, sus miembros deben “recordar los elementos esenciales y morales para no limitarse a debates técnicos, si bien estos son importantes”.

Redacción

El pronunciamiento está signado por Álvaro Cardenal Ramazzini, Obispo de Huehuetenango; Monseñor Víctor Hugo Palma, Obispo de Escuintla; Robin García; Presidente del Consejo Apostólico de Guatemala; Juan Manuel Medina, Presidente de Alianza Evangélica de Guatemala y Giovanni Alberto Marroquín, Presidente de la Asociación de Ministros Evangélicos de Guatemala.

Perspectiva consultó al Cardenal Ramazzini sobre este tema y el prelado señaló:  “agregaría que, viendo la tabla de valoración me doy cuenta de que los parámetros éticos son muy bajos. De nada nos sirve tener magistrados muy preparados, porque si no hay ética, esta preparación solo sirve para perfeccionar las trampas”.

“Necesitamos más ética, más principios. Colocar en primer lugar los valores éticos. Por ejemplo, un juez que no es fiel a su esposa, cómo sería fiel a la justicia. El Evangelio dice: el que es fiel en lo pequeño, es en lo más grande”.

Un llamado a la reflexión

Con el título: Elementos a tomar en consideración para el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, el documento señala que se trata de un evento de suma importancia que siempre ha sido observado por la sociedad guatemalteca a través de diferentes medios, sectores y organizaciones.

“El actual proceso ha sido innegablemente atípico y las personas involucradas en él se vieron en la necesidad de profundizar en el debate, tan importante como complejo, sobre los criterios y las formas utilizadas como filtro para los postulantes.

Aún con estos esfuerzos, el proceso ha generado incertidumbre en la población guatemalteca debido a los diferentes criterios presentados y a los retrasos que se presentaron desde el inicio del mismo. Así como el proceso de elección de magistrados para las salas de Apelaciones ha seguido un proceso adecuado, la población está a la expectativa de que este proceso camine en la misma dirección”, señala el pronunciamiento.

Asimismo, recuerda que en medio de esta situación compleja, “los responsables de llevar este proceso deben recordar los elementos esenciales y morales para no limitarse a debates técnicos, si bien estos son importantes. En este debate es menester reconsiderar que existen postulantes a quienes les fueron presentadas tachas que fueron descartadas sin una justificación legítima”.

Entre los elementos preocupantes que destaca el documento, los religiosos mencionan que algunos candidatos fueron acusados de cometer actos arbitrarios, generalmente relacionados con “mal uso de igualdad procesal, uso excesivo de prisión preventiva y aplazamiento no sustentado de audiencias”.

La importancia de una trayectoria intachable

En el texto se expresa que definir criterios de calificación es una forma útil, pero también estos criterios son asignados por seres humanos, por lo tanto tienen criterios subjetivos. “A pesar de ser un método importante de apoyo, esta forma de asignación por sí sola no constituye una herramienta idónea, especialmente cuando el proceso surgió de forma muy apresurada”, exponen.

Y concluyen que esta herramienta debe acompañarse “de factores que permitan definir la idoneidad moral de los postulantes, tales como sus actos de vida, trayectoria, experiencia y honorabilidad. Hacer esto es necesario si se quiere evitar la desnaturalización de un proceso de selección que fue establecido para colocar a personas probas, justas e imparciales en la administración de la Justicia”.

Por último, señala el texto, es importante tomar en cuenta que la reelección no está limitada por la ley, y que la experiencia de los candidatos que decidieran reelegirse puede ser beneficiosa para la sociedad, “siempre que sea debatido con objetividad su historial como servidor de la Justicia”. Utilizada de manera correcta, la reelección podría promover y premiar el buen trabajo de un magistrado, y permitir que este continúe sirviendo a la sociedad, finaliza el texto citado.

Comunicado

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En conferencia de prensa, líderes católicos y evangélicos, leyeron un comunicado que se titula: “La justicia es un derecho de todos los guatemaltecos y esta empieza con elecciones de magistrados probos e íntegros”. La intención de este pronunciamiento, dijo uno de ellos, es que las comisiones postuladoras “hagan bien las cosas”.

Roxana Orantes Córdova

Los sacerdotes, obispos y pastores que exhortaron a las postuladoras para designar jueces íntegros y probos fueron: Monseñor Álvaro Ramazzini, cardenal electo; Juan Manuel Medina, presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala; Robin García, presidente del Consejo Apostólico de Guatemala; Monseñor Víctor Hugo Palma, presidente de la diócesis de Escuintla y Giovanni Marroquín, presidente de la Asociación de Ministros Evangélicos.

La inquietud común que unificó a todos estos líderes religiosos es la necesidad que Guatemala tiene de una justicia sin sesgos ideológicos, políticos ni personales, coincidieron en afirmar los ministros mencionados anteriormente.

Según informó Ramazzini, la Iglesia Católica cuenta con una Pastoral que atiende a los privados de libertad y a través de las visitas han constatado las condiciones infrahumanas de la población carcelaria. El prelado afirmó que unos 12 mil guatemaltecos permanecen en las cárceles debido a que no pueden pagar multas.

Muchos han padecido largos períodos de prisión preventiva. Incluso, algunos han permanecido en prisión plazos que igualan las posibles condenas que jamás se han pronunciado, informaron los religiosos.

Otro aspecto que los preocupa es la influencia de “poderes oscuros” que han incidido en la designación de magistrados en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelación, proceso que actualmente se encuentra en marcha. Los magistrados debieran ser los garantes para que los jueces actúen conforme a derecho, expuso Ramazzini, quien considera que los jueces Miguel Ángel Gálvez y Ericka Aifán han demostrado probidad e integridad.

Según dijo, a Gálvez se le vedó la inscripción como candidato por un error mínimo que calificó como “banal”.

Recientemente, el cardenal electo y el grupo de religiosos que emitió el comunicado, solicitaron una reunión a las comisiones de postulación. La respuesta fue negativa y el argumento, que si los recibían a ellos tendrían que recibir igualmente a cualquier grupo civil que pretendiera exponerles sus expectativas, informó.

Por ello, dieron a conocer a los medios de comunicación el documento que habían preparado y del cual Perspectiva presenta una síntesis.

“La justicia empieza con elección de jueces y magistrados probos e íntegros”

El documento signado por los mencionados señala que las postuladoras son el filtro que aseguraría la honorabilidad e idoneidad de los candidatos a ocupar los puestos de jueces y magistrados.

Sin embargo, “Existen jueces y magistrados que han cometido excesos, errores graves y en algunos casos hasta violaciones a la ley, ya sean por acción u omisión, que pueden ser consideradas desde faltas hasta delitos graves”.

Entre las faltas más relevantes señalan:

1. Exceso de prisión preventiva, con fundamento en los artículos 259,264 y 268 del Código Procesal Penal.

“Evidencia abusos por parte de jueces y magistrados que violan los derechos humanos y garantías constitucionales de algunos sindicados”

2. Tratamiento como culpable de procesados, con fundamento en el artículo 14 del Código Procesal Penal

En algunos casos, los jueces han mostrado parcialidad hacia los sindicados. Algunos los han tratado como culpables durante juicios orales, donde se ha observado actitud prepotente de parte de los jueces.

3. Violaciones al principio de igualdad procesal

Con fundamento en el artículo 12 de la Constitución Política de la República y el 21 del Código Procesal Penal

Jueces han otorgado beneficios establecidos en ley a alguna de las partes, restringiendo a la otra parte del mismo beneficio. En estos casos, no queda claro el criterio legal de los jueces, o parece no existir alguno. Un ejemplo de ello es el uso de la figura de colaborador eficaz. Otro ejemplo, es la atención de casos que no son de riesgo, en juzgados de alto riesgo.

4. Aplazamiento sin sustento de audiencias

Con fundamento en los artículos 3 y 277 del Código Procesal Penal

Audiencias han sido suspendidas y reprogramadas por inasistencia de alguna de las partes. Algunas han sido aplazadas por meses.

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Casi simultáneamente, se conoció que el Ministerio Público (MP), emitió la orden de captura internacional contra Thelma Aldana y la probabilidad de que Dimas Gustavo Bonilla represente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC en las comisiones que designarán magistrados. El hecho parece una ironía, puesto que Aldana es perseguida por la contratación irregular de Bonilla. Aunque el decano no ha declinado, dos abogados y la directora del Movimiento pro Justicia coinciden en que, por ética, se espera que renuncie.

Roxana Orantes Córdova

Mientras la atención de la ciudadanía está enfocada en seguir las elecciones más complicadas y cuestionadas en los últimos 34 años, el proceso para designar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones inicia con un dilema ético: la probabilidad de que participe Dimas Gustavo Bonilla.

Según afirma Carmen Aída Ibarra, del Movimiento pro Justicia, “entre junio y julio inicia el proceso para nombrar magistrados, todo indica que la elección será la primera semana de agosto”.

Desde 1999, las elecciones de magistrados no coincidían con los comicios generales. Un documento de la Fundación Libertad y Desarrollo explica que si bien para la mayoría es difícil darle seguimiento a este proceso, es sumamente importante, porque serán designados 13 magistrados de la CSJ y 210 para las 42 salas de las cortes de apelaciones.

La relevancia de este hecho, enfatiza el referido documento, es que “grupos oscuros del narcotráfico y del crimen organizado están al acecho de la elección de las cortes. Probablemente dediquen más esfuerzos a la elección del poder judicial que a las elecciones generales. Garantizarse una CSJ afín y colocar la mayor cantidad de magistrados en las cortes de apelaciones, les garantiza un control importante sobre los casos de corrupción abiertos y los que podrían venir en el futuro”.

Dilema ético para el ex asesor de Aldana

Desde 1999, el Movimiento pro Justicia, integrado por las organizaciones Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), Madres Angustiadas (MA) y Fundación Myrna Mack (FMM), “ha participado activamente en la fiscalización de los procesos de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones y la Corte de Constitucionalidad, así como en la designación del Fiscal General de la República y el director del Instituto de la Defensa Pública Penal”, señala la página de esa entidad.

Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento pro Justicia, explica: “tenemos entendido que por voluntad propia, Bonilla quedará fuera del proceso. Vemos bien si esto se concreta.

De lo contrario puede darse el conflicto de interés, considerando que el Ministerio Público (MP) mantiene una acusación en su contra y hasta el momento no ha sido escuchado por la ley. Es pertinente la separación puesto que los cuestionamientos sobre conflictos de interés generarían inestabilidad en el proceso para elegir a los magistrados.

Pro Justicia siempre ha exigido que las comisiones estén integradas por personas idóneas y sin conflictos de interés. Habrá que sustituir a Bonilla y nombrar a otra persona frente a la decanatura, que ocupe este puesto y represente a la universidad nacional ante la postuladora. Tengo entendido que esa es la forma en que lo manejará la USAC”, concluye.

El abogado y columnista Jorge Morales Toj, comenta: “por ética debería declinar. Aunque no ha sido condenado, está en proceso penal y esto puede tener un nivel de incidencia en la participación de Bonilla en la postuladora. Según pienso, debiera concentrarse en resolver su situación jurídica, renunciando a la decanatura. Poner su puesto en disponibilidad evitaría un vacío institucional y permitiría que un nuevo decano representara a la USAC”.

Marco Vinicio Mejía, doctor en Derecho, coincide con esta posición y añade: “la ley sobre comisiones postuladoras establece requisitos que deben cumplir los aspirantes y quienes integran las comisiones. Deben estar solventes El decano Dimas Bonilla no ha sido vencido en juicio, pero sería censurable que participe, puesto que existen dudas sobre su honorabilidad”.

Aldana y Bonilla: una relación de antaño

Un artículo de Rodrigo Polo publicado en Medium señala: “Dimas Gustavo Bonilla ha sido Asesor de la Fiscal General Thelma Aldana, puesto que según presumen, fue diseñado justamente para él. En dicho puesto ha devengado del Estado Q.214,774.19 en 2015, según reporta el portal de Transparencia Guatecompras”.

Según una investigación publicada en La Hora  en 2009, Dimas Gustavo Bonilla y Thelma Aldana fueron dos de los 8 candidatos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ)  presentados como no idóneos por Carlos Castresana, entonces jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Contra Aldana, quien obtuvo una calificación de 67 puntos, la CICIG mencionó que había sido electa por una planilla apoyada por el “Rey del tenis”. Además, denunciantes de la sociedad civil le cuestionaron por emitir una resolución que no atendía lo dispuesto por la Corte de Constitucionalidad (CC), lo que le valió un señalamiento por ruptura del orden constitucional.

Contra Dimas Gustavo Bonilla, la sociedad civil presentó cinco tachas: por denegar justicia en un caso de violación a derechos laborales; retardo en la tramitación de un proceso y desobediencia a resoluciones de la CC.

Entre los señalamientos que le fueron comprobados a Bonilla, hay una resolución que favorecía a la Junta Administradora del Plan de Prestaciones a la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y el que no se excusara de conocer un caso que involucraba al entonces rector Estuardo Gálvez, pese a la prohibición por la existencia de “amistad íntima o relaciones con alguna de las partes”.

Bonilla fue secretario de la Junta Directiva cuando Gálvez era decano en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. El puesto que detentaba se considera “de confianza” y en aquel momento, la CICIG expresó que la relación de amistad trascendía al proceso de selección, específicamente porque Gálvez presidía la postuladora que seleccionó al actual decano de Derecho como aspirante a magistrado.

Finalmente, un delito de amenazas desestimado y otro de estafa, archivado, empañan el historial del actual decano, quien según varios de sus colegas y los grupos civiles, “por ética debiera inhibirse de participar en la comisión postuladora”, informaba el medio citado.

Cinco años después, otra investigación que daba cobertura a las elecciones de magistrados, publicada por República GT, informaba que la planilla 2, encabezada por Anabella Cardona, era apoyada por funcionarios como Marvin Lau, subsecretario de la Presidencia, el Procurador General de la Nación, Vladimir Aguilar, Anabella de León, Registradora de la Propiedad Inmueble y Blanca Stalling, directora del Instituto de la Defensa Pública Penal.

Todas estas instituciones, indica la investigación citada, aportarían una considerable cantidad de votos a la planilla citada, que era respaldada «por la Coordinadora Nacional Multisectorial de Integración Social (Conamis), a la cual pertenecían Thelma Aldana, Gustavo Mendizabal, Erick Álvarez, Gustavo Bonilla, Bonerge Mejía y Avidán Ortiz, quienes según el texto mencionado, eran “afines al rector saliente, Estuardo Gálvez”.

La relación entre ambos colegas “no comenzó ayer”. Los cuestionamientos de la CICIG, los vínculos con el gobierno de Otto Pérez Molina y la relación laboral que derivó en la huida de Thelma Aldana parecerían ser suficientes como para que Gustavo Bonilla decida declinar a su decanatura y ceda el paso a un relevo para representar a la USAC ante las comisiones de postulación. Sin embargo, nada está escrito y los guatemaltecos bien podríamos ser testigos de cómo el beneficiado con la plaza que originó la persecución judicial contra Aldana, designa a los encargados de impartir la justicia “pronta y cumplida”.

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El Juzgado Sexto de Instancia Penal ligó hoy a proceso a once sindicados de integrar una estructura conformada por particulares y empleados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), cuyo fin era favorecer a determinados proveedores de medicamentos a cambio de “comisiones”. Dos de ellos fueron enviados a prisión preventiva y al resto se les otorgó medidas sustitutivas que no podrán ejecutarse hasta que la resolución quede firme.

La jueza suplente Mélida Vásquez halló suficientes elementos de investigación presentados por la CICIG y el MP para enviar a dos operadores-proveedores a prisión y ligarlos a proceso por los siguientes delitos:

• Alejandro Enrique Toledo Paz: asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias.
• Juan Pablo Muralles Morán: asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias.

A las siguientes personas, la jueza les otorgó una fianza de Q35 mil, arresto domiciliario y prohibición de salir del país, entre otras medidas:

1. Hugo René Navas Bonilla (Director de la Policlínica del IGSS): asociación ilícita y cohecho pasivo.
2. César Estuardo Hernández Monroy (médico de la Unidad de Oncología del IGSS): asociación ilícita y cohecho pasivo.
3. Roberto Francisco Estrada Morales (Director del Hospital de Enfermedades Generales del IGSS): asociación ilícita.
4. Carlos Enrique Palma Carranza (Director del Hospital Juan José Arévalo del IGSS): asociación ilícita.
5. Marcelo Noguera Sagastume (Jefe de Unidad Financiera Hospital Juan José Arévalo del IGSS): asociación ilícita.
6. Carlos Rodolfo Salvatierra (Director Unidad Periférica del IGSS): asociación ilícita.
7. José Rafael Arriaga Fuentes (proveedor): asociación ilícita y cohecho pasivo.
8. José Rodolfo Barrientos Montepeque (proveedor): asociación ilícita y tráfico de influencias.
9. Mateo Estuardo Ramazzini Menéndez (proveedor): asociación ilícita.

La jueza fijó el 11 de enero de 2016 para que el MP presente las conclusiones de la investigación y la acusación formal contra los once sindicados. Mientras que para el 26 de enero programó la audiencia en donde se decidirá si los sindicados enfrentan juicio.

Antecedentes
Las investigaciones establecieron que algunos operadores acuden a los proveedores para procurar la venta de su producto o servicio al IGSS. Para realizar lo anterior, los operadores se dirigen a los funcionarios periféricos (personal del IGSS que puede modificar el listado básico de medicamentos). Los operadores también acuden a los funcionarios centrales (personal del IGSS que intervienen en los procesos de adquisición institucional) para incidir en la manipulación de dichos procesos.

Esta actividad irregular de los operadores se realiza a cambio de “comisiones” porcentuales pagadas por el proveedor, y que son compartidas por los funcionarios centrales y periféricos.

En este caso continúan prófugos el médico Gustavo Adolfo Castillo Rojas y Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, quien fue incluido en el listado de los más buscados por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Fuente: CICIG

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