El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), hizo un llamado a los operadores de justicia que tengan en sus manos procesos electorales, resolverlos a la mayor brevedad, “sin sesgos”.

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De acuerdo con el pronunciamiento emitido por el sector empresarial, el país se encuentra a un mes de celebrar las Elecciones Generales y en varias oportunidades han reiterado lo imperativo de que todas las candidaturas en litigio se resuelvan conforme a Derecho.

Asimismo, enfatizan que las autoridades judiciales tienen la obligación de enviar un mensaje de transparencia y reglas claras que permita al Tribunal Supremo Electoral (TSE), agilizar todos los temas logísticos que se derivan de estas decisiones, de cara a los comicios.

“Es importante que las contingencias que se han registrado en este proceso sean abordadas y atendidas en una próxima reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos”, destaca el comunicado emitido por el CACIF.

Suspensión de Pineda

Uno de los procesos que se encuentra pendiente de resolución, es el amparo presentado contra el partido Prosperidad Ciudadana y sus candidatos por la agrupación política Cambio, acción por la que Carlos Pineda y más de 1000 aspirantes de esa agrupación política podrían quedar fuera de los comicios.

TSE contra el tiempo

La magistrada presidenta del TSE, Irma Elizabeth Palencia Orellana, destacó que las tres imprentas seleccionadas para la impresión de las papeletas electorales, informaron al Tribunal que el 25 de mayo sería la última fecha para recepción de los diseños, para luego hacer la división de las mismas, según el padrón electoral, así como el embalaje en la caja electoral que será distribuida en cada municipio

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El Cacif manifestó su inconformidad por la lectura de una pregunta “tendenciosa e injuriosa” dirigida al subsecretario de Estado, Brian Nichols, sobre la inclusión de integrantes de esa gremial en la Lista Engel, durante un foro virtual.

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El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Hermann Girón envió una carta al presidente de Inter-American Dialogue en el que expresa su inconformidad por la lectura de una pregunta dirigida al subsecretario de Estado, Brian Nichols, a su criterio formulada de manera tendenciosa e injuriosa.

La pregunta fue planteada durante la transmisión de un foro virtual en el que participaba Nichols y que abordaba temas como la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y migración irregular.

“El moderador leyó una pregunta literalmente, que fue formulada por la audiencia y que fue emitida por una fuente anónima, no se logró conocer quién hace la pregunta, pero hace una serie de afirmaciones que son evidentemente falsas e injuriosas con relación al sector privado representado por Cacif”, dijo Girón a medios de comunicación.

Girón dijo durante una entrevista radial que “la pregunta denotan un interés por descalificar a las organizaciones gremiales productivas de este país”.

La misiva enviada por el comité a Inter-American Dialogue tiene como objetivo

abrir un espacio de dialogo con el Inter-American Dialogue explicarle que es Cacif y cómo funciona la representación gremial en el sector empresarial.

Cacif reitera compromiso en pro del desarrollo

“Con más de seis décadas y media de existencia, CACIF nunca ha tenido una relación directa o participación en ningún gobierno de nuestro país. Nuestro papel es representar al sector privado a través de propuestas en las esferas económica, social y política, y nuestras acciones y posiciones son públicas”, señala la carta enviada por el comité.

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La Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) tomó la decisión de suspender temporalmente su afiliación al Cacif.

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Por medio de un comunicado, la Cámara anunció su separación temporal del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

En el comunicado, la CCG reafirma su compromiso por la defensa de sus principios y la protección de los intereses de sus afiliados. Por lo cual, se compromete a seguir actuando en beneficio de los comerciantes.

“La Cámara continuará articulando posiciones de beneficio a los comerciantes y espacios de interlocución y colaboración con otras cámaras y organizaciones empresariales e institucionales, sean éstas nacionales, binacionales e internacionales” expresa la cámara.

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El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales (CACIF) a través de un comunicado manifestó su apoyó a la solicitud presentada por el gobierno de Guatemala para que sea otorgado el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los guatemaltecos que viven en los Estados Unidos.

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El CACIF también reiteró su compromiso de trabajar con la administración del presidente Joe Biden.

“El Estatus de Protección Temporal – TPS – es la protección adecuada para miles de inmigrantes centroamericanos que no pueden regresar a sus países de origen debido a la devastación económica y de infraestructura causada por estos eventos naturales y de salud.”, dice el comunicado.

El sector empresarial reconoce la importancia de los migrantes en EE. UU., especialmente por sus esfuerzos por superarse y el “apoyo emocional y financiero” que brindan a sus familias y comunidades en sus países de origen.

Por tanto, la designación de TPS para Guatemala, así como la extensión y reasignación para El Salvador, Honduras y Nicaragua, es de suma importancia mientras se logra “estabilizar la región”.

El comité manifiesta que el sector empresarial del país continúa trabajando para  “crear oportunidades económicas, fortalecer el estado de derecho, combatir la corrupción y aumentar la seguridad regional en Centroamérica”.

La solicitud del TPS a EE. UU.  fue presentado por el Canciller Pedro Brolo en virtud de las condiciones actuales y las dificultades que enfrenta la región.

Brolo enfatiza que el TPS “puede ser otorgado a ciudadanos de un país que temporalmente se encuentre imposibilitado de manejar el regreso adecuado a sus connacionales y que atraviese situaciones extraordinarias y temporales que impidan a éstos regresar de manera segura”.

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El CACIF y la CIG, manifestaron su rechazo al fallo de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) para auto ampararse. La medida es un abuso de poder que va en contra de la Ley de Amparo, señalan los comunicados.

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El sector empresarial e industrial representado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), se pronunciaron ante el fallo de los Magistrados de la CC en el cual se otorgan un auto amparo.

De acuerdo a los comunicados emitidos por el CACIF y CIG, el fallo de los magistrados atenta en contra de la Ley de Amparo, en el cual no se contempla la posibilidad de auto amparo. Dicha acción, pone en evidencia ilegalidades como: el incumplimiento del principio de imparcialidad y la violación de la Constitución Política de la República, relativo a la separación de poderes.

Hace unos meses los magistrados de la Corte de Constitucionalidad: Gloria Porras, Neftalí Aldana, Francisco de Mata Vela y Bonerge Mejía se habían concedido un amparo para  el proceso de antejuicio en su contra. Sin embargo, el pasado viernes 26 de junio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó dar seguimiento a la causa. Inmediatamente el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, interpuso un amparo contra la CSJ que fue fallado por los magistrados implicados en el proceso.

El CACIF expresó: “Este comportamiento de varios magistrados de la CC denota un patrón consistente de actuaciones irregulares, de resoluciones emitidas en forma acelerada para responder a requerimientos de ciertos actores y de criterios emitidos en abierta contradicción con textos legales y constitucionales” puntualiza el comunicado.

Por su parte, la CIG refiere que “en respeto a los principios de la ética y con estricto cumplimiento de la ley, los magistrados denunciados no deben conocer de un caso que se ha instaurado en su contra”.

El CACIF y la CIG, enfatizaron su preocupación ante las constantes irregularidades y arbitrariedades cometidas por algunos de los Magistrados de la CC. Ante lo cual exigen se respete el Estado de Derecho y las instituciones actúen de conformidad con la Constitución Política de la República.

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Líderes empresariales de Guatemala se reunieron hoy con el presidente Jimmy Morales para analizar distintos temas relacionados con la actividad económica y la competitividad del país, tales como el diálogo sobre la Ley de Aguas, en el cual pidieron participar.

En la reunión, celebrada en en la sede de la Cámara de la Industria de Guatemala, participó la alta dirigencia del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).  Junto al presidente Morales estuvieron los ministros de Trabajo, Leticia Teleguario; de Finanzas Públicas, Julio Hector Estrada, y secretarios de Estado.

José Gonzalez Campo, presidente del Cacif, solicitó al mandatario guatemalteco poder revisar el proyecto de Ley de Aguas que será presentado al Congreso de la República, para, “como sector privado”, aportar a una ley que, según dijo el directivo, representa un tema “prioritario” para todos los guatemaltecos.

“Lo que le pediríamos, señor Presidente, es que entendiendo que ustedes como Gobierno también están en esa linea, nos den la oportunidad de revisar la propuesta y aportar, tomando en cuenta que está ley es vital para el país”, manifestó González.

El mandatario expresó su total disposición a socializar la propuesta que ya fue elaborada por técnicos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Destacó que su administración tiene “puertas abiertas para escuchar a todos los sectores”.  “En hora buena,  voy a dar instrucciones para que ustedes tengan una copia y puedan revisarla, consensuarla y discutirla para que nos presenten su propuesta”, expuso.

El presidente de Guatemala, en abril, dijo en las Naciones Unidas, durante una reunión de ratificación al Acuerdo Climático de París (2015) y en el marco del Día Internacional de la Tierra, que su Gobierno estaba en pleno proceso de discusión y presentación al Congreso de una iniciativa sobre Ley de Aguas, en respuesta al clamor popular.

La participación del mandatario en Naciones Unidas coincidió con la llegada a la capital de miles de indígenas y campesinos tras una caminata de 11 días, para demandar a las autoridades no solo una Ley de Aguas sino que se castigue a los responsables de desviar los ríos en el interior del país.

El ministro de Ambiente, Sydney Samuels, ha explicado que Guatemala es el único país de Centroamérica sin una Ley de Aguas y consideró una necesidad “importante” retomar el tema para su aprobación.

Algunos de los puntos medulares de la normativa sería el ordenamiento del uso, reúso y cuidado de las cuencas que abastecen los ríos.

También incluye la recuperación de las aguas como un proceso que involucra la educación a los pobladores y los alcaldes que pueden colaborar, para que sean tratadas adecuadamente.   Además se trabajará en conjunto con la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) para que los jefes ediles se comprometan a supervisar la utilización del vital líquido en sus comunidades.

Fuente: Gobierno de Guatemala

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