El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó el «tarjetón» con el que los residentes en Venezuela elegirán a su próximo presidente el 20 de mayo y en el que el actual jefe del Ejecutivo y aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, aparece 10 veces, tantas como partidos que le apoyan.

Entre las bancadas a favor de Maduro se encuentran el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), movimiento del que es presidente, y que se encuentra arriba a la izquierda en la boleta electoral.

A la derecha del PSUV se encuentra la organización Somos Venezuela, encabezada por la presidenta de la plenipotenciaria y chavista Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, quien también ha sido, entre otros cargos, canciller.

Maduro también es candidato de la organización Patria Para Todos y del Partido Comunista de Venezuela, para un total de 10 movimientos que dan su apoyo al actual presidente.

En el tarjetón, que en toda su parte superior está ocupado por partidos oficialistas, se encuentra ya en la segunda de esta filas el candidato independiente Luis Alejandro Ratti y Henri Falcón.  

Falcón cuenta con tres partidos que le apoyan además del suyo, Avanzada Progresista.

Ya en la tercera y más baja de las filas aparecen el expastor Javier Bertucci y Reinaldo Quijada, aspirante por Unidad Política Popular 89 (UPP89).

Para los comicios del 20 de mayo la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidió hace semanas no postular candidato al considerar que la convocatoria no cuenta con las condiciones para que el llamado a las urnas sea justo y transparente.

La decisión y argumentos de la MUD son compartidos por el Parlamento, de amplia mayoría opositora y varios gobiernos de la zona y Estados Unidos, entre otros.  Además el Parlamento Europeo aprobó por unanimidad una resolución conjunta en la que rechazó «de manera enérgica» la decisión de celebrar estos comicios y pidieron su «suspensión inmediata» hasta que «se reúnan las condiciones necesarias para unas elecciones creíbles, transparentes e inclusivas».

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, calificó poco después este acuerdo de «injerencia grosera«.  «Eso es una injerencia grosera y con eso también digo que el poder electoral es ajeno a todas y cada una de las decisiones que parlamentos ajenos puedan hacer«, afirmó Lucena.

Fuente: eldiario.es

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La oposición de Venezuela presentó lo que asegura son evidencias que demuestran fraude electoral a favor del chavismo en los comicios regionales del domingo.

El opositor Andrés Velásquez, candidato a gobernador en el estado Bolívar, presentó como evidencia la discordancia entre los números publicados en la web del CNE y los de las actas de cada mesa impresas al cierre de los centro electorales y que están en manos de su candidatura.

Los datos supuestamente manipulados en 11 mesas habrían sido suficientes para que Justo Noguera, un exmilitar sancionado por Estados Unidos, se impusiera por tan estrecho margen a Velásquez, que ya anunció que impugnará el resultado.

El estado Bolívar fue el último del que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio los resultados.  Mientras el domingo, el CNE informó que el chavismo ganaba 17 gobernaciones por 5 de la oposición, Bolívar quedaba en el aire.

No fue hasta 48 horas después cuando el CNE dictaminó que el ganador era Noguera, el candidato oficialista por apenas 1.471 votos. Su rival, Velásquez, clamó fraude, como hizo la oposición en otras zonas del país.

Situado en el sureste de Venezuela, Bolívar es el estado más extenso del país y un lugar clave por la importancia de sus sectores turístico y minero que lo convierte en asiento de las industrias básicas metalúrgicas y en enclave de yacimientos de oro.

«Irregularidades»

Las evidencias que presenta Velásquez se unen a las denuncias de parte de la oposición, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), contra el proceso electoral del domingo en el que el oficialismo logró un amplio triunfo.

La oposición denunció que el CNE no permitiera la sustitución de candidatos una vez que la MUD eligió en cada estado un candidato unitario contra el rival oficialista; la reubicación de cientos de miles de electores a última hora, lo que dificultó el voto en centros de mayoría opositora; compra de votos, coacción y amenazas, así como otras irregularidades en los mismos centros de votación contra los testigos opositores.

Carlos Ocariz, candidato opositor en el importante estado Miranda, del que forman parte sectores de Caracas, cifró en 217.462 los votos que habría perdido por los diferentes obstáculos.  Ocariz anunció que harán una denuncia a organismos internacionales.

«Es culpa del sistema», dijo Henrique Capriles, líder opositor, doble candidato presidencial y exgobernador de Miranda.

A diferencia de otros políticos de la oposición, que admitieron la derrota pese a los obstáculos del CNE, al que acusan de actuar al dictado del Ejecutivo, Capriles culpó del resultado a un proceso que calificó de «fraudulento».

«El sistema electoral más corrupto del mundo es el que estamos enfrentando», clamó Capriles, que aseguró que la MUD deberá pensar si participa en las próximas elecciones municipales, para las que aún no hay fecha.

Más allá de las irregularidades, la oposición no tuvo el respaldo que esperaba y que preveían las encuestas por la abstención de parte de sus votantes, que se explicaría parcialmente, según Capriles, por las maniobras del CNE.

Auditoría independiente

Julio Borges, el presidente del Parlamento, de mayoría opositora, anunció que pedirán a organizaciones no gubernamentales internacionales y organismos multilaterales que auditen con independencia los comicios del domingo.

Eso podría provocar más sanciones internacionales contra el gobierno socialista, porque Estados Unidos, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y 12 países latinoamericanos han apoyado una revisión de los resultados.

«Hicimos un gran esfuerzo, nos pusimos la meta de saltar todos los obstáculos y el gobierno lo que hizo fue sofisticar su fraude y su trampa», denunció este jueves Borges.

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, defendió el miércoles que el proceso fue «impecable». Y el gobierno argumenta que la oposición no cuestiona los resultados de los estados en los que resultó ganador.

El sistema electoral de Venezuela, calificado por el gobierno como «el mejor del mundo», está en entredicho desde que la empresa de software Smartmatic denunciara que los números de que disponía no coincidían con el de más de 8 millones de personas que el CNE reportó que votaron el 30 de julio a favor de la Asamblea Constituyente que tiene poder absoluto sobre los demás órganos del país.

Fuente: BBC

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 Un grupo de chavistas opositores denominados Chavistas Críticos le pidieron este domingo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que anule la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente pues consideran que es una medida ilegal ya que no tiene la aprobación del pueblo para ser ejecutada.

El grupo disidente está conformado por la exdefensora del pueblo Gabriela Ramirez; Nicmer Evans, exmiembro del grupo chavista Marea Socialista, y por los diputados de la Asamblea Nacional German Ferrer y Eustoquio Contreras, también chavistas.

Esta Constituyente tendría el poder de reorganizar el Estado y podría llevar a la redacción de una nueva constitución nacional, algo que para Ramírez, defensora pública entre 2007 y 2014, sería “sepultar” el legado del fallecido presidente Hugo Chávez, pues este está incluido en la carta constitucional, según dijo este lunes.

Venezuela completó este lunes 101 días de protestas contra el gobierno de Venezuela que deja hasta el momento al menos 90 muertos y cientos de heridos.

El grupo dio una rueda de prensa este domingo en Caracas, en la que, además de pronunciarse sobre la “ilegalidad” de la Constituyente, le pidieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) que convoque a las elecciones regionales vencidas —algo que también pide la oposición—, motivaron a los venezolanos a seguir las manifestaciones, mostraron su apoyo a la fiscal general Luisa Ortega, y apoyaron el plebiscito al que convocó la Mesa de Unidad Democrática, MUD, para el próximo 16 de julio en el que los venezolanos deberán responder sí o no a tres temas.

• Rechazo y desconocimiento de la realización de una Asamblea Nacional Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano
• Solicitud a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional
• Aprobación para proceder a la renovación de los Poderes Públicos de acuerdo con lo establecido en la Constitución, así como la realización de elecciones y la conformación de un nuevo gobierno de unidad nacional

“El pueblo no ha aprobado al poder constituyente, es decir al presidente, de cambiar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 y como es una elección inconstitucional la del 30 de julio, porque no tiene la venia del pueblo, le estamos pidiendo al presidente que retire la propuesta”, dijo Ramírez.

Eustoquio Contreras, diputado chavista de la Asamblea Nacional, dijo en la rueda de prensa de este domingo que defiende la actual constitución venezolana de 1999 porque “goza de una gran vigencia” y porque “es el documento que estructura el pacto social de todos los venezolanos”.

El presidente Nicolás Maduro, que firmó el decreto de convocatoria a principios de mayo, se sirvió de artículos en la Constitución de 1999, que fue establecida a su vez a través de una constituyente uninominal en la que la bancada chavista votó en bloque.  Maduro dijo entonces que se trata de “una Constituyente ciudadana, obrera, comunal, campesina, una Constituyente feminista, de la juventud, de los estudiantes, una Constituyente indígenas, pero sobre todo hermanos una Constituyente profundamente obrera, decisivamente obrera, profundamente comunal. Convoco a los comuneros, a los misiones”.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela incluye en el artículo 348 en el Capítulo III artículos que establecen que «la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros».

El gobierno de Maduro dijo que la Asamblea Nacional Constituyente garantizará las elecciones, incluyendo las de gobernadores y alcaldes, pendientes desde el año pasado, pues su periodo se venció en diciembre de 2016.  A principios de junio, tanto la fiscal de Venezuela Luisa Ortega Díaz, así como un grupo de abogados y fiscales en Venezuela solicitaron que se decretara la nulidad de la Asamblea Nacional Constituyente, pues es el pueblo quien tiene la potestad para hacerlo.

¿División en el Chavismo?

La exdefensora del pueblo Gabriela Ramírez le dijo a CNN en Español que las voces disidentes dentro del chavismo cada vez más se han ido levantado pues “hay muchas personas descontentas que no quieren que se derogue nuestra constitución actual”. Sin embargo, asegura, muchos tienen miedo pues han recibido “intimidaciones” por parte del gobierno cuando se pronuncian en su contra.

“Cualquier actor institucional que se aparte de la lógica del ejecutivo nacional pues va a ser silenciado”, dijo Ramírez en la rueda de prensa de este domingo. “No importa si es pueblo, porque va a ser silenciado a través de la represión, no importa si es un alto actor, porque va ser destituido, o si es un cuerpo tan amplio como la Asamblea, pues va a ser silenciado, y eso que es lo que tiene que cesar en este momento”.   Ramírez dijo que las expresiones de la disidencia se van a ir “esparciendo por el país” pues hay una creciente preocupación por la ola de violencia y “represión” además por la “incapacidad del gobierno” de escuchar las diferentes expresiones.

 ‘El gobierno debe asumir la responsabilidad’

Para este grupo de disidentes de izquierda, la crisis en Venezuela es real y no se trata de un “boicot” de la oposición, como lo ha asegurado el gobierno en el pasado. Y es deber del gobierno asumir su responsabilidad, pues el chavismo lleva casi dos décadas en el gobierno.   “Una de las cosas que colocó a [Hugo] Chávez en la escena nacional fue asumir la responsabilidad y el presidente actualmente le echa la culpa de los problemas a la oposición que tiene ya casi 20 años de no gobernar”, dijo Ramírez.

“Es difícil echarle la culpa a una oposición que no ha sido gobierno y ahora que cuando ganó la asamblea ha sido anulada por decisiones de la sala Constitucional y por ejemplo lo de la fiscal, echarle la culpa al ministerio público porque está defendiendo la constitución y bueno, echarle la culpa los demás y no asumir la responsabilidad de que eres el gobernante, que eres la cabeza y que tienes que avocarte a resolver los problemas del país”, puntualizó la exdefensora del pueblo de Venezuela.

Fuente: CNN

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 El caso de Odebrecht en Colombia estrenó un nuevo capítulo este jueves: el presidente Juan Manuel Santos fue citado por la magistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ángela Hernández, para rendir versión libre en la investigación preliminar que realiza la entidad por los aportes que habrían llegado de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña presidencial de 2014. Así se lo confirmó a CNN en Español una fuente de la entidad que pidió reserva de su nombre.

Según la fuente, el presidente fue llamado a declarar el próximo 8 de mayo a las 9:30 am. Sin embargo, recordó que en su investidura de mandatario a Santos lo cobija un fuero constitucional y, por lo tanto, sólo la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes lo puede investigar y llamarlo a este tipo de diligencias si encuentra méritos.

También sostuvo que lo que sí puede hacer el CNE es enviarle un cuestionario para que el presidente responda las preguntas de la magistrada.  Además de Santos, fueron llamados los representantes legales de los partidos Cambio Radical, Unidad Nacional, de la U, y Liberal. Así como, Roberto Prieto, director financiero de la campaña en 2010 y luego gerente de la campaña de reelección en 2014, y otras dos personas.

La fuente agregó que la diligencia hace parte de la investigación preliminar que adelanta la magistrada del CNE, una etapa en la que se recaudan las pruebas. Además, el presidente de la entidad, Alexander Vega, le confirmó en diálogo directo a varios medios locales que la citación efectivamente salió del despacho de la magistrada Hernández y que como el presidente Santos tiene fuero puede contestar la versión en un cuestionario.

Indagan aportes de Odebrecht

A principios de febrero, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aseguró que en 2014 al país supuestamente entraron dos giros relacionados con los sobornos de Odebrecht y el destinatario final de ese dinero fue la campaña “Santos Presidente -2014”. Una de las personas señaladas de recibir las coimas por parte de la constructora es el excongresista Otto Bula, quien según la Fiscalía hizo dichos giros.

El 16 de febrero, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes empezó también una indagación preliminar contra Juan Manuel Santos por el presunto ingreso a su campaña en 2014 de un millón de dólares provenientes de Odebrecht.  En entrevista con la emisora Blu Radio el 12 de marzo, Roberto Prieto aceptó que la campaña del mandatario en 2010 había recibido fondos de la empresa brasileña para unos afiches. «Me remito a lo que dijo Maria Fernanda Valencia, pagaron los afiches. Yo ordené los afiches … con plata de Odebrecht, eso ya quedó claro”. También aseguró que Santos no tenía conocimiento del hecho.

El 14 de marzo el presidente Santos pidió perdón por los fondos de Odebrecht a su campaña, luego de rechazar enérgicamente las revelaciones hechas por el gerente Roberto Prieto de que sí se recibieron dineros de la constructora brasilera.  «Frente a la revelación de que hubo recursos no registrados en mi campaña de 2010 quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar», afirmó Santos en un video publicado en Twitter. El mandatario enfatizó en que no había autorizado ni conocido estas acciones que violaban la ética y control que afirma haber exigido.

Seis días después Santos aseguró en una entrevista publicada por el diario El Tiempo que en su campaña a la presidencia en 2010 «hubo una operación irregular y no “sobornos”. «Un soborno es un pago ilegal para obtener un beneficio indebido por parte de un funcionario, en particular del Estado. Eso es un delito. Otra cosa muy distinta es que haya aportes a una campaña no reportados en las cuentas, que es una infracción administrativa», afirmó.

El caso se enmarca en las investigaciones surgidas tras la revelación del Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre del 2016 de que funcionarios de la constructora brasileña Odebrecht habían confesado millonarios sobornos realizados en la mayoría de países de América Latina para quedarse con decenas de contratos.

Fuente: CNN

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Este domingo, los ecuatorianos acuden a las urnas para decidir quiénes gobernarán el país por los siguientes cuatro años. Se trata de las primeras votaciones en 10 años en las que Rafael Correa no aparece como candidato.

Desde el jueves 16 de febrero está vigente el silencio electoral, un periodo de «reflexión» que se extenderá hasta el lunes 20 y en el que está prohibida la difusión en medios de comunicación de informes de labores, rendiciones de cuentas o gestión, por parte de las instituciones y sus autoridades en todos los niveles de gobierno, según explicó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En total, de acuerdo con el CNE, la lista de votantes habilitados es de 12.816.698. En el exterior votarán 378.292 personas que están en el Registro Electoral de los ecuatorianos con domicilio fuera del país.

En esta elección están en juego los puestos de presidente y vicepresidente, así como cargos de asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, asambleístas por cincurscripción (Guayas, Manabí y Pichincha) y parlamentarios andinos. Además, los electores deberán votar «sí» o «no» a la consulta popular contra los paraísos fiscales.

La jornada de votación es de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Fuente: CNN

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