Hace poco tiempo se hablaba de él como uno de los futbolistas más prometedores del fútbol europeo, pero las cosas han cambiado para Mohammed Ihattaren, debido a que al futbolista, de 21 años, ha sido detenido dos veces en apenas cuatro meses por vinculación con el crimen organizado y presuntas agresiones a su expareja, por lo que el Juventus, equipo al que pertenece, ya trabaja con sus abogados para rescindir su contrato.

La policía le detuvo el mes pasado por ser sospechoso de agredir a su exnovia y en noviembre ya había sido arrestado por amenazas y mantener vínculos estrechos con delincuentes del crimen organizado.

De hecho, hace tiempo que no se presenta a los entrenamientos de la Juventus después de que sus cesiones a la Sampdoria y al Ajax, intentos de relanzar su carrera, no salieran muy bien.

Tal es la situación, con el jugador, que podría dejar el fútbol a pesar de tener solo 21 años y haber sido una de las grandes esperanzas del fútbol de Países Bajos.

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Lesvia Hernández y Horst Spitzke, especialistas en seguridad estratégica, comentan la situación de Nahualá. Desde dos perspectivas diferentes, ambos coinciden en que, cuando la violencia criminal asola las comunidades, el Estado debe aplicar la ley.

Roxana Orantes Córdova

La violencia criminal en Nahualá trasciende el conflicto limítrofe centenario. En octubre de 2020, el gobierno informó sobre los avances en las mediciones de los límites, en un esfuerzo encabezado por el vicepresidente Guillermo Castillo.

Sin embargo, la matanza colectiva ocurrida en diciembre de 2021, además de varios ataques contra fuerzas de seguridad, el último de ellos el 7 de enero. La respuesta gubernamental parece poco contundente, al considerar la gravedad de los sucesos.

El 9 de enero (dos días después de que fuera asesinado un policía y varios agentes estatales heridos en una emboscada), el presidente Alejandro Giammattei ofreció recompensa monetaria por los cuatro sospechosos de los asesinatos de diciembre, donde niños y adultos fallecieron con signos de extrema violencia.

Respuesta estatal confusa y poco contundente en Nahualá

El primer elemento en la respuesta estatal, es la confrontación pública entre el mandatario y Jordán Rodas, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), a quien se señaló de no brindar acompañamiento, mientras Rodas asegura que la PDH cumplió su función.

Sin embargo, la gravedad de los sucesos, el contexto y los antecedentes de los hechos, demuestran claramente que el conflicto en el lugar no es un diferendo limítrofe que requiera la presencia de la PDH, sino más bien, una seria confrontación que evidencia el poder del crimen organizado en determinadas localidades de Guatemala.

Es un secreto a voces que la zona se convirtió en terreno propicio para la siembra de amapola y marihuana. Es notorio que los criminales que asesinaron niños en diciembre y emboscaron agentes en enero, tienen armas de grueso calibre.

En medio de la confusión y la violencia, el alcalde de Nahualá, Manuel Guarchaj, visitaba hoy un restaurante de comida rápida en Esquipulas, Chiquimula, y según se conoció, el auto en que viajaba tenía reporte de robo.

Aunque Guarchaj no fue capturado y la Policía Nacional Civil señaló que hubo una confusión, es revelador que la máxima autoridad edil del municipio se tome un respiro mientras en el lugar que administra se presenta una situación de violencia e ingobernabilidad incontrolable.

«No hay una instancia de diálogo sólida», afirma Hernández

Doctora en seguridad estratégica, con varios años de experiencia en análisis estratégico y mediación de conflictos desde instancias estatales e internacionales, Lesvia Hernández enfatiza en que si bien se han instalado mesas de diálogo durante décadas, no existe una instancia sólida y el manejo del tema por este gobierno fue un despropósito.

Según indica, en el caso de los conflictos territoriales, Guatemala contaba con la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), desarticulada por este gobierno, que en lugar de ello, envía fuerzas de seguridad sin competencia en el tema, como el Ejército.

Tampoco es totalmente real que no haya presencia estatal, señala. Y además de que sí hay presencia estatal en Nahualá: «Se han dado numerosas mesas de diálogo y debe mencionarse que en esas instancias, es indispensable la confianza y comunicación entre las partes».

Sin embargo, señala que los últimos eventos en el lugar son un problema de seguridad, más allá de un conflicto que pueda resolverse mediante la negociación. «Lo recomendable es que pueda encontrarse un mediador de confianza, y restablecer el orden», concluye.

«La ley no debe politizarse ni negociarse», señala Spitzke

Horst Spitzke, miembro de la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO), es especialista en análisis estratégico, que ha realizado a nivel nacional y regional.

Según afirma:

«Lamentablemente, el Estado es débil en seguridad a partir de la firma de la Paz. La reducción de los destacamentos permitió la proliferación de grupos al margen de la ley. Es necesario que el gobierno imponga el control de la ley y el orden, no solo en Sololá, sino en vastos territorios, por ejemplo toda la Franja Transversal del Norte».

Para Spitzke, la violencia que hemos visto últimamente en Sololá, donde criminales asesinaron de forma muy sanguinaria a varias personas, es un hecho que debe ser atendido inmediatamente. Más allá de que tengan identificados a los presuntos autores, es necesario que se imponga el orden en el lugar.

«Con la ley no se negocia. No debe confundirse ley con política. Es necesario ver la respuesta de las autoridades municipales. ¿Cuánto más vamos a esperar?», concluye.

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Mario Mérida

La migración o el nuevo nomadismo del presente siglo, es un asunto con el que deberán lidiar no solamente los gobiernos de donde emigran, sino los estados hacia donde pretenden llegar; pero fundamentalmente los organismos internacionales. Ya no es suficiente emitir resoluciones exigiendo a los países generadores de la migración la resolución de los problemas sociales -violencia, pobreza, desempleo, precariedad educativa y de salud-, o de condenar a los países reacios a recibirlos; se trata de crear un fondo mundial para atender el problema globalmente, más allá de los esfuerzos aplaudibles de entidades como USAID, que sin duda ayudan a mitigar la crisis. 

Llegó el momento de crear nuevos espacios* geográficos para el asentamiento de estas enormes multitudes de seres humanos, que se desplazan buscando mejores estándares de vida, como hace 100,000 años en Africa. El ejemplo podría ser considerado exagerado, pero la migración actual es de núcleos familiares, no de personas individuales que emigran -como ocurría anteriormente- hacia otros países a trabajar y consolidar su estadía, para luego reunir a la familia.

La poca atención al fenómeno migratorio global por parte de los gobiernos y organismos internacionales, creó las condiciones ideales para el aumento de una actividad criminal altamente rentables por medio de los denominados “coyotes”, que deberían denominarse traficantes de personas.

La atención de la migración y la intervención del crimen organizado en el aprovechamiento de esta, requiere de esfuerzos interestatales entre los países con espacios geográficos   compartidos por fronteras terrestres (Guatemala-México). Casos como el ocurrido recientemente en Chiapas, México, en el cual fallecieron 50 migrantes guatemaltecos que viajaban clandestinamente en un transporte de carga (09/12/2021) no ocurrirían de existir mejores controles por parte de los países involucrados. Las muestras de consternación “ONU urge a México que investigue el accidente en Chiapas que dejó 56 migrantes muertos”, son bienvenidas, pero, como se señaló anteriormente* no resuelven el problema de fondo.

En cuanto al crimen organizado en nuestro país, es claro que se ha fortalecido en su tercera etapa -simbiosis- a la que anteceden la predatoria y parasitaria como lo explica Peter Lupsha (1996). La última etapa ocurre cuando el Estado “no tiene capacidad de enfrentar a los criminales y el rescate debe provenir de una fuerza externa. Desde este punto de vista, es fundamental que cada país ubique cuál es el grado de evolución del crimen organizado” El problema central para los analistas serios, no es identificar la etapa que se encuentra el crimen organizado, sino encontrar las razones por las cuales evolucionó a ese punto.

A simple vista, se podría asegurar que ocurrió por la ausencia de Estado, en momentos cruciales de su evolución histórica y de los cambios globales hasta nuestros días. Por ejemplo, todavía se escuchan algunas voces de personas de la tercera edad (80 a 90) parcialmente en extinción, exclamar ¡malaya, gobernara el país don Jorge Ubico¡

¿Acaso los cambios políticos, internos y geoestratégicos, crearon las condiciones para que las “bandas criminales”, compuestas fundamentalmente por pandillas violentas, que podrían haber sido ser controladas por las instituciones policiacas, en su momento penetraron el Estado (etapa predatoria) y  corromperlo (etapa parasitaria), al punto que algunas expresiones del crimen tienen de rodillas a la sociedad guatemalteca?

Alda, Sonia, en su ensayo ESTADO Y CRIMEN ORGANIZADO EN AMÉRICA LATINA: POSIBLES RELACIONES Y COMPLICIDADES (2014), indica que para superar la debilidad estatal es necesario articular esfuerzos entre “… el sistema de justicia, penitenciario y policía, herramientas imprescindibles para enfrentar el crimen organizado”. Ya que: “En buena parte de la región latinoamericana estas instituciones se encuentran desbordadas e incapacitadas para afrontar las demandas de seguridad que la ciudadanía exige”.

Quizás, un análisis multidisciplinario de la criminalidad local e internacional, sería útil para concebir e implementar políticas de Estado, que superen las políticas, planes, programas y proyectos de los Organismos de Estado y sus dependencias. El ofrecimiento político de seguridad, dejó de ser una oferta electoral rentable, de allí que exista un aumento de armas en manos de personas civiles.

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Horst Spitzke, Director General Ejecutivo de la Asociación Para la Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO), comenta dos sucesos recientes que muestran cómo los grupos del crimen organizado que promueven invasiones, evitan que el Estado actúe con eficacia y efectividad para terminar con el flagelo de las usurpaciones de propiedad, que atenta contra la Constitución y convenios internacionales.

Roxana Orantes Córdova

El domingo 26 de septiembre, un grupo cercano a 70 hombres armados intentó invadir una propiedad de 125 manzanas en Cobán, Alta Verapaz. El predicador evangélico y yerno del propietario, Oscar Vic Macz, fue uno de los que defendió la finca de los delincuentes que pretendían desalojar a los dueños, y murió a consecuencia de los balazos.

Los defensores de la propiedad lograron capturar a dos maleantes, quienes fueron entregados a agentes de la policía que llegaron al lugar. Según narra el director de ACDEPRO:

«Este es el segundo evento en la zona. Hace poco, autoridades se presentaron en una propiedad aledaña, invadida con fines de usurpación, hace año y medio. Las fuerzas de seguridad llevaban las órdenes pertinentes para el desalojo pero fueron sacados a balazos del lugar».

Asimismo, en mayo recién pasado se produjo un enfrentamiento entre invasores y pobladores de una comunidad conocida como La Hulera en la finca Cubilguitz, con el saldo de seis heridos. En esa fecha, los vecinos de La Hulera pidieron apoyo a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y a las autoridades.

Un problema de seguridad nacional

Spitzke comenta que los grupos de usurpadores se han convertido en un problema de seguridad nacional y están avalados por una poderosa red delictiva que abarca desde abogados y pasa por Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) como el Comité de Unidad Campesina (CUC, que inició a finales de los 70 como organización del grupo guerrillero EGP); CODECA, con el partido MLP que los representa en el Congreso, y el CCDA, al que pertenece el ex diputado de Convergencia Leocadio Juracán.

Además de estas organizaciones que operan como ONG´s, hay grupos paramilitares como los «batallones» del ex guerrillero César Montes, preso por la muerte de tres soldados en la aldea Semuy II y por un caso de usurpación, señala Spitzke.

«Hemos levantado más que alerta. A nivel nacional hay más de cuatro mil casos de usurpación, que ya es un problema de seguridad nacional, porque involucra narcotráfico, tala de bosques, destrucción de fauna y falsificación de documentos legales. Es incomprensible que el Estado no tenga poder para actuar en este tipo de situaciones que ponen a las autoridades en jaque. Por ejemplo, en San Marcos hay un área protegida invadida, que es propiedad del CONAP y pese a ser del Estado, es imposible desalojar. Urge una reacción».

El entrevistado señala que existen centenares de órdenes de captura no ejecutadas, y resulta incomprensible que las autoridades no actúen. En ocasiones, estos grupos logran ampararse apelando al discurso de que se trata de propiedades ancestrales, pero es un hecho que muchos las venden casi inmediatamente después de tener los títulos de propiedad (casi siempre derivados de las falsificaciones que han realizado las mafias de abogados, quienes a sus vez son protegidos por bufetes poderosos).

Actualmente, el problema se ha agravado por el uso de armas y la situación podría derivar hacia una conflictividad que puede tener consecuencias muy dramáticas, además de la ya evidente percepción sobre la falta de certeza jurídica que existe en inversionistas y ciudadanos en general.

«En el valle del Polochic hay por lo menos cuatro invasiones en propiedades que conocemos como fincas, pero son empresas agroindustriales. También se sabe que muchos de los invasores actúan amparados por ONG´s, que con fondos provenientes de donantes, que supuestamente debieran servir para el desarrollo de las comunidades, realizan esos actos delictivos», señala.

Por ello, ACDEPRO apuesta a que se implementen normativas como la ley que permitiría fiscalizar a las ONG´s, actualmente detenida por un amparo que interpuso el PDH Jordán Rodas. Además, señala, es urgente que se retome la ley Anti invasiones, archivada con el número 5522 e interpuesta por el ex diputado Fernando Linares Beltranena.

El Estado debe solventar esta situación, que podría llegar a niveles más graves de los ya alcanzados (muertos y heridos, entre otros saldos), indica Spitzke. Esto, en cumplimiento de normativas nacionales e internacionales, como la Constitución Política de la República, el Artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y convenciones internacionales.

Finalmente, Spitzke recuerda que la usurpación es un delito tipificado en el Código Penal de Guatemala, y llama a las autoridades a tomar cartas en el asunto porque: «me preocupa que esto se ponga peor. Hay uso de armas por los invasores, quienes seguramente no cuentan con permiso de portación. La situación puede agravarse».

El Artículo 256 del Código Penal señala:

«Comete delito de usurpación quien, con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícitos, despojare o pretendiere despojar a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble o un derecho real constituido sobre el mismo, o quien, ilícitamente, con cualquier propósito, invada u ocupe un bien inmueble».

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Esta mañana, la Policía Nacional Civil en coordinación con el Ministerio Público (MP) llevan a cabo 60 diligencias de allanamiento en el departamento de Izabal.

Redacción Perspectiva

Agentes de la PNC y la Fiscalía de Distrito de Izabal del Ministerio Público (MP) realizan este lunes, 60 diligencias de diligencias de allanamiento en distintos sectores de Izabal en seguimiento a investigaciones contra el crimen organizado.

La PNC informó que en el marco del Operativo Táctico Policial busca desarticular una estructura criminal dedicada al sicariato, extorsión y  hurto o robo de vehículos en Izabal.

El objetivo de la acción de las fuerzas de seguridad es decomisar armas de fuego, droga, teléfonos celulares y objetos que constituyan delitos.

Hasta el momento, se ha localizado una pistola, dos tolvas y una carabina calibre 9 milímetros. La institución menciona que los elementos de investigación criminal continúan con la inspección para determinar su legalidad y documentación.

En el operativo participan más de 600 elementos de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC), investigadores, personal de comisarías y unidades especializadas de la PNC.

La PNC indica que 53 allanamientos se ejecutan en el municipio de Morales, y 7 en Los Amates.

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El Gobierno de Guatemala destinó 114,41 millones de quetzales para la recuperación de cinco helicópteros que fueron revisados y equipados en Estados Unidos con el propósito de combatir el narcotráfico y crimen organizado en el país, informó una fuente oficial.

Según el Ministerio de Gobernación (Mingob), las aeronaves fueron donadas en 2013 por el país norteamericano para fortalecer la lucha contra los flagelos que vulneran la seguridad de Guatemala.

De acuerdo con el informe de la cartera, los “Super-HUlI”, como fueron bautizados en su momento, son parte de una donación del Gobierno de Estados Unidos por un valor de 11 millones de dólares, lo que incluía equipos de visión nocturna, grúas especiales y otros equipos militares para un gran total de 40 millones de dólares, monto que incluye los 114,41 millones de quetzales que aportó Guatemala para su recuperación.

Los helicópteros fueron trasladados el 6 de septiembre de 2018 hacia Estados Unidos para un chequeo total por parte de expertos, en un avión de carga Antonov AN-124.

Enrique Degenhart, ministro de Gobernación; Luis Arévalo y José Olazábal, viceministros de seguridad y antinarcóticos, respectivamente; así como Carlos Tohon, director de la PNC, y otros jefes de esta institución recibieron las cinco aeronaves en la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG).

Los helicópteros “vendrán a fortalecer el trabajo que realiza el país en el combate frontal contra las estructuras del narcotráfico y otro tipo de organizaciones criminales”, señaló la cartera.

Fuente: AGN

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Con la presencia de 45 medios de comunicación, entre ellos Perspectiva,  la Cámara Guatemalteca de Periodismo realizó su primer debate, con el tema «Crimen organizado y aportes anónimos en torno al delito del financiamiento electoral ilícito».

Los panelistas fueron: Luis Pedro Álvarez, Diputado;Estuardo Gamalero, Magistrado Suplente del TSE; Jorge Rolando Barrios, ex egistrador de la Propiedad, ex Presidente del CANG y ex Presidente del CEDECON; Juan Rodolfo Pérez-Trabanino y César Sigüenza, (moderador).

Los panelistas explicaron con detalle la diferencia entre financiamiento electoral anónimo e ilícito, y enfatizaron en que el artículo 407 N, no es claro en cuanto a diferenciar ambas situaciones, de las cuales constituye delito el financiamiento que proviene de hechos delictivos.

Asimismo, evidenciaron la necesidad de que la justicia se imparta de acuerdo con principios del Derecho.

Uno de los participantes recordó que los mandatarios estadounidenses Barack Obama y Donald Trump han recibido multas por no declarar la entrega de fondos anónimos para sus campañas, y expresó que de 16 países latinoamericanos, 11 consideran el financiamiento anónimo una irregularidad administrativa, que debe ser penalizada con multa.

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La investigación sistemática de la Unidad contra Secuestros de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, en conjunto con autoridades del Ministerio de Gobernación tuvo como resultado el rescate de un menor de 10 años de edad, que fue secuestrado el pasado 22 de noviembre del año en curso, en la zona 5 de la ciudad capital.

Durante los operativos la Unidad contra Secuestros coordinó la captura de cuatro personas, se trata de José Andrés Cruz, Mario Joshua Santiago Chavarría y Greysi Aurora Negrete Estrada, detenidos en la 9 avenida 7-76 zona 4; mientras que José Isaías Velásquez Bonilla, fue aprehendido en la zona 5 de la ciudad capital. Este último portaba el dinero que se había pagado por la liberación de la víctima.

La investigación del MP detalló que los presuntos plagiarios el día del hecho le interceptaron el paso al vehículo en el que se trasladaba el menor de edad, en el Boulevar Jardines de la Asunción, zona 5.  Posteriormente, los captores exigieron la cantidad de Q600 mil a cambio de su libertad.

En el inmueble en la zona 4 se localizó un automotor que se presume también fue utilizado en el plagio. Los cuatro detenidos serán trasladados al Juzgado de Turno ubicado en Torre de Tribunales, sindicados por el delito de plagio o secuestro.

Fuente: MP

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La lucha contra el narcotráfico, la violencia y el crimen organizado fueron los temas abordados, en la reunión de Ministros de Seguridad y Defensa del Triángulo Norte, que se realizó en el Salvador, donde participó el titular de la cartera de Gobernación, Francisco Rivas Lara y que concluyó con la firma de una carta de entendimiento para la creación de un Grupo de Alto Nivel de Seguridad.

Durante su intervención, Rivas Lara hizo referencia a los mecanismos de comunicación y coordinación que se lograron luego de la reunión que sostuvieron los presidentes constitucionales de Guatemala y El Salvador, mecanismos que han servido para continuar con el trabajo para desarticular estructuras como las pandillas.

“Esta reunión es de gran importancia para la región. En su momento con ambos presidentes formulamos algunas sugerencias y algunas propuestas, enfocadas en la lucha que ambos países hemos emprendido en torno a lo que representa una amenaza, que son las pandillas” puntualizó.

El Ministro de Gobernación, indicó que los principales delitos a tratar en los países del Triángulo Norte son la extorsión y el lavado de dinero, por lo que también se firmó una carta de entendimiento para la creación de la Fuerza de Tarea Maya-Pipil, que estará situada entre Guatemala, Honduras y El Salvador y tendrá como objetivo el combate del crimen transnacional.

“Guatemala ya está implementando nuevas Fuerzas de Tarea en conjunto con países del Triángulo Norte y esto ayudaría claramente al combate del crimen en nuestras fronteras. Actualmente gracias a la base de datos y la buena comunicación entre policías de la región se ha reducido la migración de la delincuencia” expuso.

Mauricio Landaverde, Ministro de Justicia y Seguridad Pública del país vecino, calificó como un “gran logro” el hecho que la delegación guatemalteca participara en dicho encuentro.  “El trabajo entre Guatemala y Honduras es un éxito, gracias a la buena preparación de las autoridades de nuestro vecino país, evidenciado en la Fuerza de Tarea Maya Chortí” dijo.

Fuente: MINGOB

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Latinoamérica, es una región que hoy en día sufre de graves problemas relacionados con el tema de Lavado de Dinero. El narcotráfico, es una actividad que diariamente fortalece esta situación, hoy en día representa un 7% del PIB (Producto Interno Bruto) de la zona, unos $400 mil millones de dólares al año, causando graves problemas para la economía de los países que conforman dicha entidad.

Carlos Garcia-Pavia, Director de Soluciones, Prevención de Lavado de Dinero de LexisNexis® Risk Solutions comenta:

Los bancos, han sido severamente castigados por la regulaciones para combatir estos delitos financieros, algunos han sido penalizados con hasta 9 mil millones de dólares en multas por las violaciones a las leyes de secreto bancario. Para prevenir el lavado de dinero, la corrupción y el fraude es vital tener acceso a la información y transparencia para el adecuado conocimiento de clientes, proveedores, socios comerciales y en general cualquier entidad con quién se establece una relación de negocio para saber quién está detrás de éstas relaciones. La falta de disponibilidad y acceso a información digital en Latinoamérica dificultan significativamente la tarea de investigar adecuadamente a las personas y empresas que diariamente operan en las Instituciones Financieras.»

Existen diferentes factores que permiten que el Lavado de Dinero siga creciendo en Latinoamérica:

Crisis Financiera a nivel mundial: La recesión a partir del 2008 es parte del problema. Los fondos son más restringidos, los trabajos son más escasos y a causa de esto, algunas personas recurren a otros medios (economía informal/actividades ilegales/lavado de dinero) para poder llevar recursos a sus casas.
Controles de divisas y la demanda del dólar. Los controles en el cambio de divisas impuestos por algunos gobiernos de la región, resultan en un mayor uso de efectivo en transacciones financieras, por lo tanto favoreciendo los esquemas de Lavado de Dinero basado en el intercambio de efectivo en la economía informal.

Crimen Organizado: Latinoamérica ha sufrido un incremento en los altos índices de violencia y actividades criminales relacionadas con la delincuencia organizada.

Corrupción: El pago de sobornos a funcionarios públicos y personas con posiciones de poder en la iniciativa privada pasa desapercibido para las instituciones financieras debido a prácticas inadecuadas de conocimiento del cliente, lo cual impide establecer los controles de monitoreo de flujos financieros necesarios para esos individuos. Esto costó a México más de 20 mil millones de dólares en el 2014, el equivalente a 15% de la inversión en el sector público ese año, derivando en un avance de 10% en el índice de percepción de la corrupción en México que resultó en una pérdida del 2% del PIB. Esto representó en 2014 una pérdida de 22 mil millones de dólares del PIB; dinero que bien pudo haber propulsado el crecimiento económico del país de haber sido integrado a la economía.

Actualmente, el negocio del Lavado de Dinero en territorio mexicano va en aumento. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Senado de la República continúan valuando estas actividades ilícitas en poco más de 10 mil millones de dólares.

El tema del Lavado de Dinero es de alta gravedad en México, país en el que se ha desarrollado principalmente por la fuerte influencia de los carteles del narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado. Para darle fin a este problema, es necesario tener un marco legal adecuado y acompañado de una efectiva impartición de justicia que realmente esté libre de impunidad, además de fomentar la implementación de programas solidos de ética y cumplimiento en todo el sector productivo para que haya un verdadero cambio positivo en el comportamiento de los negocios y de los funcionarios publicos.» Indica García-Pavia.

Como resultado de la experiencia y conocimiento, el Ejecutivo de LexisNexis® Risk Solutions, afirma que las empresas deben de contemplar y desarrollar ciertas cualidades para poder acabar con el Lavado de Dinero, destacando los siguientes 4 puntos principales:

Nitidez Financiera: Mantener un conocimiento total acerca de las operaciones financieras que se realizan en las empresas
Equipos Especializados: Contar con equipos de administración y contabilidad que conozcan perfectamente los temas de lavado de dinero, corrupción y cómo prevenirlos
Conocimiento del Cliente:  ¿Quién es esa persona o empresa que pretende hacer negocios con la compañía? ¿Cuál es su objetivo?
Aplicación de herramientas de apoyo: Existen programas de software con bases de datos públicas que permiten a las compañías obtener la información necesaria para evaluar el riesgo asociado con el cliente o inversor que se acerca a ellos.

La Asociación de Especialistas Certificados en la Prevención de Lavado de Dinero (ACAMS por sus siglas en Ingles) fomenta la educación, el intercambio de información y el conocimiento de las mejores prácticas para la prevención de este delito financiero. Profesionales en las áreas de Riesgo, Etica y Cumplimiento normativo en todos los segmentos de la industria encuentran en ACAMS (www.acams.org) un sólido apoyo para el adecuado manejo de sus programas de prevención de riesgo y cumplimiento.

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