Por Salvador Paiz

El pasado 20 de agosto escribí una columna que titulé “Gridlocked”. En inglés, esta palabra se utiliza para referirse al bloqueo total de las intersecciones en las vías de tránsito. Me pareció adecuada para referirme al proceso de elección de magistrados a nuestra Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a nuestras Cortes de Apelaciones (CA). Proceso que, meses después, se encuentra más estancado que nunca debido a los sucesos recientes dentro de nuestra Corte de Constitucionalidad (CC).

Escribo estas líneas con motivación del primer aniversario en que nuestra CSJ se encuentra fuera de su período constitucional. Además, llevamos 100 días sin que nuestro Congreso elija, de una vez por todas, a los magistrados de nuestras más altas cortes. ¡Es inaceptable hasta dónde ha llegado esta lucha de poder!

Las vacantes derivadas de los lamentables sucesos, el fallecimiento del magistrado Mejía y la incapacidad del magistrado Aldana, han empeorado aún más este gridlock. Nuestras autoridades deben mostrar solidaridad con la familia del magistrado Aldana. La cesantía de funciones está regulada en el artículo 161 de la Ley de Amparo, ¿por qué no darle paso? Es el único camino ético, humanitario y legal. 

La CSJ, por obligación constitucional, debe nombrar las vacantes de titular y suplente (vacío que dejó la Fiscal General al dejar el cargo de suplente). Pero, como mencioné, la CSJ lleva un año con extensión de su mandato original. ¿Es esta CSJ o es la próxima que debe de nombrar a estos magistrados ante la CC? ¿Cómo renovar la CSJ cuando la misma CC ha exigido un proceso de elección inviable? ¿Está debidamente integrada la CC como para enmendar su fallido procedimiento de elección de CSJ? ¿O estamos ya demasiado tarde? ¿Cómo justifica la CC el rechazo de un nombramiento por parte de la CSJ? Si cualquier ciudadano (o embajada) tiene tachas a las designaciones para la CC, que hagan las denuncias correspondientes en tribunales, pero dejen de politizar el proceso de selección.

Hay un elemento político en el tema de designación de cortes, como es evidente en la situación que se vive actualmente en Estados Unidos. El juego político se encuadra en un marco normativo. Sin embargo, se está tratando de liberar el congestionamiento, cambiando el reglamento de tránsito desde quienes conducen en este preciso momento. No se trata de izquierda o derecha, es cuestión de que se falle según la ley, que se respete nuestra Constitución. Sin embargo, me parece que lo más importante es que todos los involucrados tienen que aceptar que han errado y cargan con una parte de la culpa. Todos cruzaron la intersección en el momento menos preciso y contribuyeron a este caos vial.

Cada día que pasa, sin elegir cortes, el congestionamiento se agrava. Debemos lograr una solución y, si no somos capaces de hacerlo solos, pedir ayuda para lograrlo. Basta de seguir apuntando dedos. Es momento que la CC recapacite sobre el método de elección de la CSJ. Una posible salida es establecer un proceso de voto electrónico a través del cual cada diputado exprese, de forma individual, la honorabilidad de cada uno de los candidatos que están participando. Necesitamos simplificar el proceso para dar paso apresurado a esta elección.

En la justicia, debe prevalecer la imparcialidad. No podemos permitir que esta situación genere más ingobernabilidad para nuestro país. No podemos seguir sin cortes. Suficientemente peligroso es el precedente de habernos alejado de nuestra Constitución al extender artificialmente el plazo de la CSJ. El congestionamiento se ha agravado, ahora no solo tenemos crisis en la CSJ y CA, sino también en nuestra CC. La historia contará quiénes contribuyeron a esta crisis y quiénes decidieron alzar su voz en contra de seguir permitiendo los abusos a la institucionalidad y democracia del país.

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Hoy, las autoridades de la USAC propusieron una instancia mediadora que permita aclarar la crisis institucional que se ha generado en el país.

Redacción Perspectiva

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) se pronunció ante las contrariedades que se han dado entre dos órganos del Estado y solicitó el respeto a la Constitución Política de la República.

A través de un comunicado oficial, el CSU propone establecer una mesa de diálogo para resolver la tensión que se ha generado por las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Congreso de la República con relación al trámite de antejuicio a cuatro magistrados de la CC.

La instancia considerada por las autoridades universitarias estaría integrada por los Presidentes de los tres poderes del Estado y el presidente de la CC. En la misma participarían como testigos de honor el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), el rector de la USAC y el  al presidente del Colegio de Abogados y Notarios.

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