Hoy presentamos tres perspectivas sobre los sucesos en la finca Cubilguitz: Julián Marcelo Sabuc, del CCDA y Carlos Barrientos, del CUC, coinciden en que el incendio fue obra del grupo que controla el ex guerrillero César Montes, al servicio de los propietarios de la finca. Entretanto, Charlie Torrebiarte, vicepresidente de ACEPRO, reitera lo dicho por la familia Dieseldorff: un grupo de usurpadores trata de sacar a otro similar. Entretanto Montes, quien permanece prófugo, asegura en un comunicado, que los presuntos incendiarios “ya no son orientados” por su fundación, sino los asesora el CCDA.

Roxana Orantes Córdova

¿Un grupo de mozos colonos que esperan el pago de sus prestaciones hace décadas y fueron atacados por delincuentes contratados por los propietarios de la finca o dos grupos que han hecho de la usurpación un negocio rentable y están implementando una campaña mediática para desprestigiar a una familia que se asentó en la región hace 150 años y que además de ser reconocida por un café de renombre internacional es pionera en el cultivo del hule hace 75 años?

La interrogante es difícil de responder, pero es posible obtener algunos datos esclarecedores conversando con actores cercanos a los hechos, como Julián Marcelo Sabuc, coordinador del Comité Campesino del Altiplano (CCDA); Carlos Barrientos, vocero del Comité de Unidad Campesina (CUC) y Charlie Torrebiarte, vicepresidente de la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO), que documenta la conflictividad agraria en todo el país.

En la madrugada del 16 de agosto, hombres armados rociaron gasolina y quemaron seis viviendas, de un grupo de 40, en la improvisada aldea que se formó a raíz de una  ocupación ilegal. Inmediatamente, el Comité de Unidad Campesina (CUC), divulgó un comunicado responsabilizando a César Macías (o Montes), de ejecutar un “desalojo extrajudicial”. A esto, el presidente de la Fundación Turcios Lima replicó en una aclaración pública:

“Luego de que dejamos la orientación de los campesinos ocupantes de la finca de hule de la familia Dieserdorf y de la finca Agro Palmito, los campesinos buscaron el acompañamiento del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) que dirige el ex diputado Leocadio Juracán. El grupo de colonos que tienen estrecha relación con los finqueros pertenecen a la Coordinadora de Unidad Campesina (CUC) que dirige Daniel Pascual”.

Perspectiva contactó a representantes de las dos organizaciones, quienes insisten en señalar a Montes como director de un grupo de choque que estaría al servicio de la familia Dieseldorff.

En abril de este año, Dorothee Dieseldorf, propietaria, informó que la finca llevaba 18 meses de ocupación, durante la cual se habían perdido hectáreas de bosque de hule, estimadas en unos Q27 millones, además de 120 puestos de trabajo y más de 10 hectáreas de bosques de pino y otros árboles. Además, hubo otros daños a la propiedad, donde se desmantelaron vehículos y maquinarias y se quemaron viviendas.

“Los invasores instalados en la propiedad han talado los árboles para venta y para uso personal, provocando un grave daño ecológico”, dijo Diesseldorff en un testimonio documentado por ACDEPRO y divulgado en medios de comunicación. Esa usurpación habría sido encabezada por César Montes, de quien se menciona que cobra hasta Q8 mil a los invasores por participar y recibir tierra.

Con este antecedente, parece una fantasía pensar que una familia tan afectada por las brigadas al servicio de Montes, lo haya contratado para desalojar o agredir a uno de los grupos que ocupan ilegalmente los terrenos, cuando existen seis órdenes judiciales para efectuar el desalojo.

Según el comunicado del ex guerrillero, quien se declaró “en la clandestinidad” luego de una orden de captura emitida hace un año y que parece una misión imposible de ejecutar para las autoridades:

“La Fundación Turcios Lima se deslinda pues de los hechos mencionados que en concreto son un agudo conflicto entre CUC y CCDA. Cualquier acusación a mi persona u organización es irresponsable y poco seria”.

¿Grupo paramilitar usado para reprimir un conflicto laboral?

Julián Marcelo Sabuc, coordinador del CCDA, afirma que las 40 familias desalojadas violentamente entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de agosto, están integradas por colonos que habrían trabajado durante décadas en la finca Cubilguitz. Carlos Barrientos afirma que hubo varias reuniones sobre este problema laboral en el Ministerio de Trabajo, aunque los propietarios les habrían ofrecido tierras en concepto de indemnización “si se desligaban del CUC”.

“Hace 15 años hay un caso laboral porque fueron despedidos sin prestaciones. Ellos pretenden que cada familia reciba cuatro manzanas de terreno por concepto de las prestaciones no pagadas. Los terratenientes les ofrecieron menos de la mitad de tierra, y además, no reaccionaron ni manifestaron preocupación por lo acontecido a las 40 familias quekchíes afectadas por las brigadas de César Montes. Sabemos que los terratenientes forman pequeños grupos armados para amedrentar a quienes exigen sus derechos, como sucedió en el conflicto armado interno”, expresa.

Carlos Barrientos coincide en señalar a Montes, asegurando que los invasores conducidos por el ex guerrillero llegaron hace poco más de un año a ocupar la finca con infraestructura poco común para estos grupos. Por ejemplo, las casas cuentan con paneles de energía solar. Además, Barrientos comenta que desde el inicio, el grupo de Montes fue hostil con el grupo que ocupa el lugar hace 15 años.

Según Marcelo Sabuc la finca está ocupada por “cuatro comunidades. El grupo de 40 familias de colonos y otros que luchan por recuperar el territorio que les fue arrebatado”. Consultado sobre este punto, Carlos Barrientos afirma: “estas tierras han de haber sido adjudicadas de forma anómala en el siglo XIX. En Izabal se logró comprobar que más de 200 caballerías fueron adjudicadas con documentos falsos y aunque la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad fallaron a favor de la comunidad en El Estor, el tema sigue sin resolverse”.  Sin embargo, reconoce que Cubilguitz no hay ninguna prueba sobre la supuesta adjudicación irregular.

Otro punto en el que coinciden los dirigentes campesinos es que la desaparición de la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) y la coordinadora del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH), elimina a dos importantes mediadores en la problemática agraria. “Alta Verapaz es el departamento con mayor conflictividad”, concluye Barrios.

¿La disputa por un lugar estratégico para el crimen organizado?

Desde una perspectiva totalmente opuesta, Charlie Torrebiarte, vicepresidente de ACDEPRO, señala:

“No es ningún conflicto laboral, sino un grupo de usurpadores tratando de sacar a otro. Es falso que se haya tratado de un desalojo. Desde la mañana, el CUC anunció que le habían pagado a Montes para hacer el desalojo. ¿Con qué objetivo, si existen seis órdenes de desalojo emitidas por jueces?”

Torrebiarte considera que “esta situación fue organizada para desprestigiar a la familia Dieseldorff, que lleva 150 años sirviendo al país. En 24 horas lograron posicionar la noticia en el país y con notas internacionales, además de que el boicot contra el café Dieseldorff surgió inmediatamente en las redes. El comunicado del CUC señalando a Montes apareció casi al mismo tiempo que la noticia. Montes se convirtió en un pasivo para estos grupos. Y no es primera vez que el CUC y el CCDA pelean entre ellos”.

“¿De qué cuenta la familia Dieseldorff iba a contratar a César Montes, cuando hay videos donde aparece insultándolos y ha dirigido invasiones a su propiedad? Es evidente que la intención es impedir que se cumpla la ley y no se realicen los desalojos. No se vale desprestigiar así a una familia”

Finalmente, el vicepresidente de ACDEPRO menciona: “lo más pavoroso es pensar que el crimen organizado pueda apoderarse de esta región. Cubilguitz está en un punto estratégico. Por un lado, se ubica en el cruce para Playa Grande, cerca de la frontera mexicana. Y por otro, hacia Chisec y la Franja Transversal del Norte. Es un sitio estratégico para toda case de criminales: tratantes de personas, madera, drogas y armas, entre otros”.

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A través de un comunicado la familia Dieseldorff, propietaria de la finca ubicada en Cubilguitz, expresó su rechazo a las acciones criminales cometidas en contra de vecinos de la localidad y desmiente las acusaciones del Comité de Unidad de Campesina (CUC).

Redacción Perspectiva

De acuerdo a la familia Dieseldorff y propietarios de la finca que ha sido invadida en Culilguitz, la destrucción de los hogares de 40 familias de la Comunidad Urbano 2 ubicados en la Finca Cubilguitz fue organizada por grupos criminales que operan de forma ilegal en la zona y que se vinculan al exguerrillero César Montes.

En el documento la familia aclaró que los comunicados emitidos por  Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) en especial el Cómite de unidad Campesina (CUC), “distan del problema que se suscita en el área y solo confunden a la opinión pública”.

En el documento se manifiesta que: “No existe ningún conflicto laboral abierto contra la finca, como algunos medios señalan”.

Además, la familia informa que existe es una usurpación de cuatro fincas vecinas en el Valle de Cubilguitz”.

Las propiedades invadidas son:

• Agropalmito el 13 de marzo del 2019
• Cubilguitz el 14 de marzo
• Desarrolladora CBL el 29 de febrero del 2020
• Concepción 13 de abril del 2019

Según el comunicado, las usurpaciones han causado la destrucción de plantaciones productivas, instalaciones, maquinaria, así como equipo e inventarios.

Los actos vandálicos y la invasión de las fincas fueron iniciadas “con el acompañamiento de César Montes y posteriormente con el Comité Campesino del Altiplano”, indicó la familia.

Ante los hechos violentos que han ocasionado pérdidas incalculables para las personas de la localidad, la familia solicita se cumpla con lo establecido en la ley y se imponga el  Estado de Derecho.

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El Ministerio Público informa que investiga los hechos de violencia y la quema de viviendas en una aldea Cobán, Alta Verapaz, la madrugada de ayer. Según datos preliminares los hechos fueron causados por personas armadas que dañaron las viviendas de al menos 40 familias.

Redacción Perspectiva

Las fuerzas de seguridad en coordinación de la Fiscalía de Distrito de Alta Verapaz del Ministerio Público (MP) dan seguimiento a la denuncia realizada por vecinos del caserío Balbatzul de la aldea Cubilguitz, Cobán, Alta Verapaz.

Según los pobladores un grupo armado desalojo de forma violenta a 40 familias de la localidad la madrugada del domingo 16 de agosto.  Los agresores ingresaron a la comunidad y de forma deliberada quemaron las viviendas de las personas.

De acuerdo a denuncias y comentarios que circulan en redes sociales se trata de un grupo armado vinculado al exguerrillero César Montes, quien se encuentra prófugo de la ley desde septiembre del 2019 por el asesinato de tres soldados en Semuy, El Estor Izabal.

Ante los hechos el presidente Alejandro Giammattei emitió un mensaje en el que manifiesta su repudió a lo ocurrido en Cobán Alta Verapaz y asegura que se coordinó con distintas instituciones las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los pobladores de  Cubilguitz.

“De forma inmediata, la PNC y el MP se han movilizado al lugar para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables. Es fundamental restablecer la gobernanza en las comunidades”, escribió.

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