El 13 de noviembre se conoció que Judicial Watch (JW) interpuso una demanda para desclasificar documentos relacionados con Guatemala. La agrupación había solicitado la información desde hace poco más de un año. El constitucionalista José Luis González Dubón explicó a Perspectiva los antecedentes y las implicaciones que podría tener esta acción.

Roxana Orantes Córdova

Esta historia se mueve en extremos que parecen ir de la tragedia a la opereta. Inicia con lo que parece ser un proyecto de la izquierda para agenciarse del poder que durante décadas han buscado por medios violentos y electorales.

Desde la presidencia de EE.UU. el ex mandatario Barack Obama y su vicepresidente Joe  Biden, actual candidato demócrata, habrían alentado y promovido este plan. Uno de los alfiles sería el ex embajador Todd Robinson y otro de los operadores, Iván Velásquez.

Entre mayo y agosto de 2018, JW solicitó al Departamento de Estado estadounidense:

“los registros de comunicaciones y reuniones entre la Misión de EE.UU. ante las Naciones Unidas y el Comisionado de la CICIG Iván Velásquez, Judicial Watch también busca registros de comunicaciones de funcionarios del Departamento de Estado, incluido el embajador Todd Robinson, con Velásquez y otros relacionados con la CICIG”.

Los elementos que parecen apuntar a la colusión entre Robinson, Velásquez y autoridades guatemaltecas como Thelma Aldana, ex jefe del Ministerio Público (MP), son suficientes. Para empezar, puede mencionarse el fallido intento de reformar la Constitución, donde los tres personajes tuvieron papeles relevantes y aliados suyos trabajaron redactando la propuesta. Abiertamente, Robinson presionó a los congresistas para que avalaran el proyecto, aunque finalmente este no llegó a ser aprobado.

Más de una vez se intentó defenestrar al mandatario Jimmy Morales, a través de marchas y manifestaciones que no alcanzaron la convocatoria esperada por sus promotores. Y nuevamente, en estos intentos de protestas multitudinarias, estuvieron presentes Robinson, Velásquez y Aldana. Tal como dice González Dubón, “son cosas que todos los guatemaltecos sabemos, pero si se comprueban con documentos oficiales, será una confirmación trascendental”.

Según la publicación de JW, esa agrupación también habría descubierto “detalles de una iniciativa similar en Macedonia, donde la administración de Obama gastó millones de dólares de los contribuyentes para desestabilizar al gobierno democráticamente electo, de centro derecha, trabajando con grupos financiados por el filántropo multimillonario de izquierda, George Soros”.

La ex vicepresidenciable del partido oficial, Betty Marroquín, expresó en su columna de opinión:

“JW dice abiertamente que para dar continuidad a las políticas izquierdistas de Obama, Robinson sometió al Presidente Jimmy Morales. Un ente financiado por la Open Society Foundation de George Soros, alardeó que Robinson había vetado los candidatos de Morales para Ministro de Gobernación, Relaciones Exteriores y otros ministerios, y nombrado a quienes Robinson quería”.

Entre los antecedentes de la demanda, está la supuesta presión de Biden al ex presidente Otto Pérez Molina para que este otorgara un millonario contrato a Baxter Internacional, farmacéutica donde Biden habría tenido o tiene intereses.

El “toque de color” a esta coyuntura, lo aporta un twitter de la senadora Norma Torres: “Pon atención a esto, Jimmy Morales”, en alusión a una propuesta de enmienda presentada por ella, que busca sancionar con restricción a los créditos bancarios para los “señalados de violaciones a derechos humanos y libertad de expresión”.

«La verdad tiene que salir a la luz»: González Dubón

“La entidad Judicial Watch ejerció su derecho a pedirle al Departamento de Estado los registros de todas las comunicaciones entre el Departamento de Estado, la embajada estadounidense, la CICIG y Guatemala. Veo con buenos ojos la actitud de esta entidad civil que descubre cómo se provocaron problemas en Guatemala”, expuso González Dubón, quien añadió:

“Obvio que tienen esta información muy escondida. Judicial Watch interpuso la demanda con todo derecho. Cuando los obstáculos sean eliminados y sean evidentes y públicos, muchos comprobaremos lo que ya sabemos, pero otros se darán cuenta de la realidad”, expresó.

“Con los señalamientos de Judicial Watch, quedan evidenciados intereses de los demócratas y de Obama, que pretendieron imponerse a Guatemala mediante la CICIG. La inmoralidad en los procedimientos, la creencia de que el fin justifica los medios y muchos hechos ilegales, ilegítimos e inmorales quedarán expuestos ante los ojos de la sociedad”.

En cuanto a la relación entre Baxter y Biden, expresó: “no hay evidencia. Pero hubo tres visitas de Biden antes de la defenestración de Otto Pérez Molina y se dice que había interés económico. Una acción similar en Ucrania, que involucra al candidato demócrata y a su hijo, parece ser un elemento que avalara esta versión”.

Sobre el mensaje de Norma Torres, dijo:

“es una aliada de la izquierda. Una entre 435 miembros del Congreso estadounidense. Intrascendente allá y pura propaganda en Guatemala. Son declaraciones ridículas, pero lamentable que siendo una guatemalteca que logró un cargo en EE.UU., se dedique a atacar al país que la vio nacer y esté involucrada en una cruzada para destruir a la familia y las instituciones que apuntalan a nuestro país”.

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Cuatro jueces se reunieron con el presidente del Organismo Judicial (OJ), Néster Vásquez, para pedirle la destitución del director de seguridad del OJ, Roberto Motta Bonilla, argumentando que se sienten vulnerables y desprotegidos con la gestión del funcionario. El vocero del OJ y tres abogados expresaron a Perspectiva sus puntos de vista sobre el tema.

Roxana Orantes Córdova

Los Tribunales de Mayor Riesgo se crearon en 2009, a instancias de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para ofrecer más medidas de seguridad a los jueces, fiscales y testigos. Probablemente, los expertos de Naciones Unidas que mencionaron a los “jueces colaboradores de la CICIG” se estaban refiriendo a los titulares de esas instancias.

En el país hay poco menos de 500 jueces penales. Sin embargo, las denuncias de amenazas que trascienden al público siempre son realizadas por los jueces de Mayor Riesgo, conocidos también como “jueces de alto impacto”.

Este es el caso de los juristas que se presentaron ante el presidente del OJ para pedir la destitución del jefe de seguridad: Ericka Aifán, Miguel Ángel Gálvez, Carlos Ruano y Haroldo Velásquez, quien preside la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, cuya sede no aparece registrada en ningún directorio, si bien tiene presencia en las dos principales redes sociales y está inscrita en el Registro de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación.

Además de los referidos jueces, los dos sindicatos del OJ demandan la destitución de Roberto Motta Bonilla. Dos argumentos sostienen esta petición:

1. La presunta cercanía de Motta con el mandatario Jimmy Morales y en consecuencia, lo que consideran una intromisión del Ejecutivo en la aplicación de la justicia y
2. El nuevo jefe de seguridad estaría montando una estructura de inteligencia para vigilar a los jueces y magistrados, quienes han declarado reiteradamente a los medios que se sienten inseguros y temerosos.

“Esas denuncias se refieren a amenazas inventadas. Es una característica de la izquierda invocar temores y amenazas para cubrirse con la impunidad”, afirmó el constitucionalista José Luis González Dubón, quien agregó: “estos jueces afirmaron que se sienten amenazados. Sentir es algo subjetivo, que no señala un hecho concreto. Una denuncia no puede basarse en sentimientos o percepciones”.

Según comentó González Dubón, la solicitud de destituir al director de seguridad es obra de los “jueces de la CICIG”, molestos porque Motta “no está alineado” y seguramente, no se prestará a ninguna de las irregularidades que caracterizan a esos jueces.

Mario Siekavizza, vocero del OJ, dijo a Perspectiva que la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad manifestó su preocupación por requerimientos de seguridad que no se han cumplido, sobre todo en cuanto a requerimientos especiales de transporte realizados por los jueces.

Por otra parte, en todas las instituciones existen personas y grupos reticentes a los cambios, y el doctor Motta está impulsando un plan de seguridad que modifica varios procesos que ya estaban instalados en el OJ.

“Le compete a la dirección de seguridad otorgar los vehículos a los jueces. Esta distribución se realiza según el análisis resultante del estudio que hace el director de seguridad. Y algunos jueces son bastante quisquillosos en cuanto al tipo de vehículo que se les asigna. Aducen que debe ser blindado o de determinadas características”, expresó.

“El OJ realizará una auditoría interna y se respetará el derecho de defensa del doctor Motta”, concluyó.

¿El costo de “ordenar la casa”?

Una versión diametralmente opuesta a la que sustenta la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad , apunta a que Roberto Motta está siendo presionado porque entró al OJ con toda la intención de reorganizar diversos procesos deficientes que se han instalado durante años. Por ejemplo, la falta de profesionalismo de los agentes.

Rolando Alvarado, penalista y abogado de la familia Bitkov, dijo a Perspectiva:

“El encargado de seguridad fue nombrado con base en un procedimiento legal de oposición donde fue declarado como idóneo, no solo por obtener las mejores notas sino por su capacidad o especialización en materia de seguridad.

La petición de cuatro jueces del Organismo Judicial para removerlo del cargo se basa en “presunciones” que entrañan “discriminación laboral”.

El presidente del OJ debe ponderar entre dar cumplimiento al procedimiento legal de oposición o dar cumplimiento a los dichos o presunciones de cuatro jueces que se sienten afectados en sus intereses personales y políticos.

En todo caso, si no se quiere basar en los procedimientos que establece la ley para nombrar y remover funcionarios y empleados, por lo menos tendríamos que preguntarle a la mayoría de jueces para tener mayor parámetro de certeza en la decisión a tomar.

Se le cuestiona al nuevo encargado de seguridad el hecho de tener vehículo asignado, pero no se cuestiona el hecho de que la licenciada Claudia Escobar, quien ya no es juez y reside en el extranjero, tenga derecho a vehículo y seguridad (utilizados por sus familiares), sin ningún fundamento”, dijo Alvarado.

Doctor en Seguridad Estratégica, Roberto Motta Bonilla parece tener el perfil idóneo para encargarse de la seguridad en un ente como el OJ, señaló el abogado Marco Vinicio Mejía Dávila, quien creó y dirigió el programa de doctorado.

Mejía ha interpuesto recursos de amparo que lo distancian del oficialismo, como su acción contra el traslado de la embajada guatemalteca en Israel de Tel Aviv a Jerusalén y la finalización unilateral del contrato con la CICIG.

En cuanto a la supuesta cercanía con el mandatario, Mejía aseguró: “me consta que fue destituido de su cargo como subsecretario administrativo de la Secretaría de Inteligencia Estratégica porque se negó a firmar la adquisición de un software sobrevalorado. No creo que tenga vínculos con la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), tampoco con la Presidencia”.

Las amenazas contra los jueces podrían estar magnificadas, señaló Mejía, quien recordó que el juez Miguel Ángel Gálvez goza de medidas cautelares. ”Me consta que ciertos jueces pretenden tener a los agentes de seguridad como sus mandaderos. He visto cómo suelen mandarlos a buscar a sus niños a colegios, comprar diversos productos y literalmente, hacerles mandados”, dijo.

“Motta es exigente. Para trabajar necesita agentes profesionales. Considero que es un funcionario de experiencia y como persona, lo califico como pulcro en su apariencia y cortés con todas las personas”, concluyó Mejía.

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Según informa un boletín de la ONU, dos expertos de esa entidad denunciaron el incremento de amenazas contra operadores de justicia y solicitaron al gobierno guatemalteco que se respete la independencia judicial. Paradójicamente, el término que usaron para referirse a los jueces que consideran vulnerables, fue “colaboradores” o personas que “cooperaron” con la CICIG. Dos juristas consideran que esto puede ser resultado de una traducción desafortunada, mientras el doctor José Luis González Dubón señala que la información publicada por el organismo internacional, evidencia la colusión entre la CICIG y algunos jueces.

 Roxana Orantes Córdova

El lunes recién pasado, el boletín de la Organización de Naciones Unidas (ONU), informó que los expertos Juan Pablo Bohoslavsky y Diego García-Sayán externaron “preocupación por denuncias sobre intimidación y amenazas contra magistrados, jueces y fiscales”.

Específicamente, dice la noticia mencionada, “mostraron su preocupación por la delicada situación en la que se encuentran los jueces y fiscales que cooperaron con la CICIG”.

Una síntesis de la nota en el mismo boletín se titula: Aumenta la intimidación contra los jueces que colaboran con la CICIG e inicia diciendo: “Expertos de la ONU en derechos humanos denuncian que en Guatemala se está intensificando la intimidación y las amenazas contra los jueces que han colaborado con la CICIG, la comisión contra la corrupción”.

El término colaborar o cooperar puede ser producto de una mala traducción, señala el abogado del Comité de Unidad Campesina (CUC), Sergio Beltetón, quien asegura que la palabra “no está bien empleada”. En cualquier caso, dice, puede referirse a jueces que han resuelto favorablemente en casos apoyados por la CICIG, en el ámbito de sus atribuciones.

Sonia García, de la Asociación de Abogados Mayas, afirma: “el juez contralor de la investigación tiene que observar lo establecido por la ley en materia de Derechos Humanos y actuar según las leyes, en el marco del Estado de Derecho. Recientemente, fue amenazado el juez Pablo Xitumul, quien ya interpuso una demanda ante el Ministerio Público. La Policía Nacional Civil (PNC), lo interceptó y agredió. El juez ha sufrido más de una amenaza, por ser uno de los que da seguimiento a casos en los que participa la CICIG y que van en la misma línea que esa comisión”.

El militar, abogado y analista Julio Rivera Clavería, expresa en sus redes sociales: “Los jueces no pueden ni deben colaborar con las partes procesales ni con organismo nacional o internacional, los jueces dictan sentencias conforme  la ley y deben ser objetivos, imparciales e independientes, es por esto que preocupan las declaraciones de funcionarios de la ONU”.

El constitucionalista José Luis González Dubón señala: “Es importantísimo que los empleados de la ONU hayan reconocido que tienen jueces colaboradores, lo cual demuestra la colusión entre la CICIG y los jueces, hecho ampliamente conocido y ahora confirmado con la declaración”.

González agrega: “que la ONU lo reconozca solamente evidencia la realidad de lo que ya se había señalado: ellos tienen jueces colaboradores y no existe independencia judicial. Jueces y magistrados de la CC están cortados por la misma horma que la CICIG. Se han apegado a las órdenes de esa comisión para perseguir a los señalados y quienes no se plegaron, resultaban perseguidos por ese ente. Es valiosísimo que ellos mismos admitan tener jueces a su disposición”.

Al respecto, el artículo 203 de la Constitución Política de la República, expresa claramente: “Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes”… “Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia”.

¿Incremento de las amenazas?

Jueces, magistrados y otros operadores de justicia son amenazados continuamente, explica un abogado que prefiere quedar en el anonimato. Muchos de ellos están bajo acecho, especialmente quienes se enfrentan a mafias y otras estructuras criminales.

Sin embargo, añade, en la información publicada por la ONU no se expresan datos claros sobre el número de casos recientes que pudiera comprobar el incremento en estas amenazas. La más reciente entre las denunciadas, es la del juez Xitumul, quien “fue un abusivo. Cuando la policía le ordenó parar el carro, se negó a entregar sus documentos, aduciendo que es juez”.

Una agrupación llamada Asociación de Jueces por la Integridad, señaló hace algún tiempo: “existen procesos álgidos y complejos, a los jueces los vemos vulnerables. Podríamos hablar de casos concretos: Pablo Xitumul, Carlos Ruano, Miguel Ángel Gálvez y Ericka Aifán”.

Pablo Xitumul ha denunciado diversas amenazas. En 2016, una carta enviada por pandilleros lo alertaba sobre un atentado. En 2018, denunció que fue perseguido por un vehículo y filmado por policías en Antigua Guatemala. Además, un hombre le dijo “corrupto” en un centro comercial. Y recientemente se produjo el incidente que lo confrontó con agentes de la PNC.

Aifán también ha sido perseguida por vehículos y amenazada más de una vez. Sin embargo, llama la atención que el año pasado, asistiera a un foro convocado por la CICIG y la cooperación alemana, con el título: “El rol del Poder Judicial en el combate a la corrupción”.

En ese evento, Aifán expresó que el ejercicio de la función judicial se desgasta cuando el juez debe atender quejas disciplinarias o acciones legales. Según dijo, para ejercer libremente sus funciones, los jueces deben estar libres de presiones. Y calificó como presiones y ataques a la independencia judicial las denuncias ante el sistema disciplinario del Organismo Judicial.

Al respecto, González Dubón enfatiza en lo impropio de que un juez acuda a un evento organizado por una de las partes interesadas en los casos que juzga y agrega: “llama hostigamiento al cumplimiento de la ley. Sencillamente, las denuncias disciplinarias son parte de los procedimientos establecidos. Los jueces “colaboradores”, caen en el delito de prevaricato. Sus resoluciones son violatorias y constituyen abuso de autoridad”.

Entre los casos que podrían mencionarse como amenazas contra jueces, se reportó en los informativos un hecho que pareciera producto de una imaginación muy exaltada. Según un medio de comunicación, “los jueces”  “temen por sus vidas” debido a que Nester Vásquez Pimentel, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, nombró jefe de seguridad del Organismo Judicial al ex subsecretario de la Secretaría de Inteligencia del Gobierno (SIE), Roberto Mota Bonilla.

Cabe apuntar que dicha secretaría realiza análisis estratégico. Es decir, identifica riesgos y amenazas para la gobernabilidad y plantea escenarios al Presidente, a fin de que tome decisiones con base en sus informes.

CICIG: ¿en busca de recuperar el terreno perdido?

El debate generado por las declaraciones de los funcionarios de la ONU se produce en un contexto en el cual la CICIG parece estar implementando varias tácticas para validar su permanencia en el país.

Entre los elementos que pueden abonar a esta suposición, están las citadas declaraciones de los expertos y la reaparición de Leidy Santizo, mandataria de la CICIG, en el caso Manipulación de la Justicia, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez.

Según Santizo, se había abstenido de aparecer en otros procesos por protocolos de seguridad, aunque hoy solicitó ser agregada como querellante adhesiva. Aunque los defensores pidieron retirar a la representante de la CICIG, Gálvez denegó la solicitud.

“Para empezar, no tienen que hacer en Guatemala. Finalizó el tratado y Guterrez no acepta la voluntad soberana del gobierno guatemalteco. Guatemala es un Estado con representación en la ONU. Es increíble que el gobernante y su gabinete no hayan acudido ante la Comisión de Viena ni argumentado con la Carta de la ONU para señalar cómo el secretario de esa entidad está atentando contra la soberanía nacional”, concluye González Dubón.

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El juez Baltasar Garzón, pionero en la aplicación de justicia transicional, es investigado por el presunto cobro de sobornos en España. Entretanto, Martha Lucía Zamora, ex representante de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en Quetzaltenango, enfrentará la justicia para responder a tres cargos por actuaciones ilegales en el ejercicio de su función. Ambos son personajes cercanos a Iván Velásquez, que ha sido calificado como una versión latinoamericana de Garzón, quien siempre dio su aval al colombiano.

En el momento complicado por el que atraviesa Velásquez, los señalamientos contra sus dos amigos pueden sumar al deterioro de su imagen pública. José Luis González Dubón, ex presidente de la Liga Pro Patria, considera que los tres juristas son personajes que se han movido en la dinámica del lawfare, además de ser izquierdistas consumados.

Entretanto, el presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, enfatiza en que quienes se han enfrentado a la corrupción con las leyes en la mano, suelen ser objeto de elaboradas venganzas, entre las que están acusaciones, procesos judiciales y señalamientos.

Roxana Orantes Córdova

El comisionado Iván Velásquez se encuentra en una situación complicada. Hace tres años, la prensa internacional lo calificaba como “el colombiano que hace temblar al gobierno de Guatemala” y “magistrado estrella”.

Actualmente, ni siquiera su paradero está claro para los guatemaltecos y alrededor de él comienzan a circular rumores, algunas veces malintencionados. Por ejemplo, hace algunos días, un supuesto periodista divulgó en una red social que Velásquez estaría atrapado en un avión de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el aeropuerto de Guatemala, sin poder bajar de la aeronave. Fantasías como esta circulan constantemente. Lo cierto es que hasta el momento, la Organización de Naciones Unidas (ONU), no ha nombrado al comisionado adjunto que anunciara y que Velásquez continúa dirigiendo la CICIG a distancia.

El hecho puede tener repercusiones e incluso, considerarse una advertencia para Velásquez y sus aliados en Guatemala, afirma González Dubón, quien asegura que tarde o temprano, el comisionado y su equipo enfrentarán la ley Magnitsky.

“Garzón, Zamora y Velásquez son coyotes de la misma loma. Garzón es un juez de la izquierda, que lo ha usado para imponer su agenda política, en el ejercicio de lawfare (control del sistema de justicia). No me sorprende para nada que el juez español esté implicado en hechos irregulares, puesto que tiene la misma agenda que Velásquez. En Guatemala intentaron implantar el desafortunado experimento de la CICIG, de la cual Martha Zamora fue representante en Quetzaltenango, donde hizo lo mismo que la CICIG en el resto del país: uso de testigos falsos, presión a jueces y otros abusos. Esperamos que la Comisión Magintsky deduzca las responsabilidades a todos los implicados”, señala.

Según González Dubón, Velásquez no entrará a Guatemala, pero la CICIG todavía puede hacer mucho daño en el país, especialmente porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está capturado por esa comisión.

“Han hecho todo lo posible por eliminar a algunos partidos políticos mientras favorecen a otros. No es raro que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), esté indemne, puesto que su secretaria general, Sandra Torres, era vicepresidente de la Internacional Socialista cuando Antonio Guterrez era el presidente. El vínculo es más que evidente: Guterrez preside la ONU, la CICIG es una comisión de la ONU y Sandra Torres es secretaria de la UNE”.

González Dubón agrega que son “secretos a voces” que todos conocen pero todos permanecen de brazos cruzados. “Como país soberano y con base en el artículo 183 literal O, Guatemala puede poner fin a ese acuerdo”.

En una posición totalmente opuesta, el presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, considera que los jueces o fiscales que realizan investigaciones de alto perfil suelen ser objeto de venganza por parte de sus acusados o los aliados de estos.

“No se puede descartar que exista persecución contra ellos. La corrupción siempre contraataca. Puedo citar el caso del presidente de Transparencia Internacional, el peruano José Ugaz, contra quien hay más de trescientas acusaciones. Esto, por encarcelar al ex presidente peruano Alberto Fujimori y su jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos. Además del caso reciente, Garzón tiene tres o cuatro procesos anteriores en su contra”, dice.

La solvencia a prueba de señalamientos es la cualidad que jueces y fiscales de este tipo deben ostentar, a fin de no ser víctimas de las revanchas montadas por los corruptos, asegura Marroquín y agrega:

“No creo que los señalamientos contra Garzón y Zamora tengan incidencia en la situación de Velásquez, pero es un hecho que se presta para que quienes están contra la CICIG monten una campaña de desprestigio que no podemos corear y puede tener algún efecto o consecuencia, por la innecesaria exposición del comisionado. Pero en la coyuntura actual de Guatemala y los esfuerzos contra la corrupción, esto no tiene ninguna repercusión”, señala Marroquín.

Los amigos de Velásquez

Baltasar Garzón y Martha Lucía Zamora son dos juristas que tienen en común más de una cosa: ambos son personalidades en la izquierda política de sus países; los dos han estado al frente de investigaciones polémicas y peligrosas y, los dos son amigos de Iván Velásquez.

A estas coincidencias, recientemente se sumó que los dos abogados enfrentan a la justicia en sus respectivos países. Garzón es investigado porque supuestamente recibió pagos del comisario retirado José Manuel Villarejo, quien recibió sobornos del naviero Ángel Pérez-Maura para impedir que este fuera extraditado a Guatemala, como consecuencia del caso Terminal de Contenedores Puerto Quetzal (TCQ), cuyo principal investigador fue la CICIG.

Aunque en medios españoles circuló la versión sobre la supuesta presencia de Iván Velásquez en una reunión entre los actores del soborno, la CICIG desmintió ese hecho.  El comisionado visitó Madrid en julio de 2017, para hablar sobre los desafíos de la lucha contra la corrupción. Su viaje fue auspiciado por Oxfam, cuyo presidente era Alberto Fuentes Knigth.

Según los medios españoles, “Villarejo solo necesitó unos días para lograr el primer objetivo. En abril de 2016, la Audiencia Nacional rechazó la entrega de Pérez-Maura”.

En los años noventa, Baltasar Garzón era uno de los jueces más mediáticos en el mundo. En 2000, logró el arresto del general chileno Augusto Pinochet. A partir de ese año, trabajó con la denuncia que interpuso ante la Audiencia Nacional de España la premio Nobel Rigoberta Menchú contra el general guatemalteco Efraín Ríos Montt.

El juez es una figura importante de la izquierda española. El año pasado, inscribió un proyecto político llamado Actúa, que es parte de la coalición Izquierda Unida. Sin embargo, como juez, prohibió las manifestaciones a favor de los presos de la ETA en el país vasco y simpatizantes de esa organización lo señalaron de avalar las torturas contra los presos de ese grupo terrorista.

En 2012, Garzón fue condenado a 11 años de inhabilitación judicial, aparentemente como consecuencia de una venganza implementada por el Partido Popular, afectado por una investigación del juez. Sin embargo, su imagen permaneció intacta ante sus seguidores y más de una vez manifestó su apoyo a Iván Velásquez, especialmente en los momentos críticos. En febrero de 2018 dijo: “Ya sabemos que nadie es imprescindible, pero en este caso el comisionado debe continuar”.

La juez colombiana Martha Lucía Zamora es amiga personal de Velásquez desde hace décadas. Han compartido profesional y socialmente. Por ello, no fue extraño que Velásquez la nombrara representante de la CICIG en Quetzaltenango “para evadir la justicia colombiana debido a la persecución penal surgida de acusaciones por montar casos espurios mediante la utilización de testigos falsos”, asegura en un artículo el capitán Oscar Platero Trabanino.

Zamora fue secretaria general de la Alcaldía de Bogotá durante la gestión de Gustavo Petro (2012-15). Posteriormente, llegó a Guatemala como responsable de la CICIG en Quetzaltenango, pero salió del país subrepticiamente. Según Platero, esto fue para ocultar el incumplimiento de su contrato y seguir recibiendo su sueldo.

Nuevamente en Colombia, fue nombrada directora administrativa de la Secretaría Ejecutiva de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Recientemente, se conoció que el 16 de octubre, Zamora deberá responder por tres cargos derivados de irregularidades en la JEP: asesoramiento ilegal, abuso de función pública y perturbación de actos oficiales.

Independientemente de las implicaciones políticas o de imagen que los señalamientos contra Garzón y Zamora puedan tener para el comisionado, la coincidencia de que dos personalidades que lo han apuntalado de diferente forma se encuentren acusados ante la justicia, es un elemento que suma negatividad a la ya difícil situación del comisionado.

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