En una jornada de alta participación gremial, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) definió a sus representantes ante la Comisión de Postulación que nominará a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el periodo 2026-2032.

Redacción Perspectiva

La Planilla 4 obtuvo la victoria con 9,604 votos, designando a:

Representante Titular: Gregorio José Saavedra Zepeda.

Representante Suplente: Edgar René Ortiz Romero.

A pesar del triunfo, el proceso no estuvo exento de controversia. Diversos sectores y planillas opositoras vincularon a la agrupación ganadora con el oficialismo, señalando una posible falta de independencia en sus futuras decisiones. Por su parte, los integrantes de la Planilla 4 rechazaron estos señalamientos, afirmando que su compromiso es estrictamente profesional y apegado a la Constitución, negando cualquier alianza con el gobierno de turno.

Postura de la Cámara de Comercio de Guatemala

La Cámara de Comercio de Guatemala manifestó que las Comisiones de Postulación son un pilar esencial del sistema democrático. En su pronunciamiento, la institución hizo un llamado directo a los nuevos comisionados para:

Garantizar independencia: Privilegiar a candidatos con independencia de criterio y honorabilidad comprobada.

Rechazar presiones: Descartar cualquier consideración ajena al interés público o vinculada a presiones políticas o económicas.

Transparencia: Conducir todos los procesos con objetividad y responsabilidad institucional.

La Cámara subrayó que actuará como observador permanente para velar por que los procesos se desarrollen bajo estándares de legalidad y seguridad jurídica.

Se espera que en las próximas horas se pronuncien otros sectores del país, de los cuales se consignarán las posturas en este espacio.

Resultados oficiales
Con 9,604 votos, la Planilla 4 fue electa para representar al CANG en la Comisión de Postulación del TSE 2026–2032 pic.twitter.com/1kce4gaPkr

— Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (@CangGuatemala) January 14, 2026

Integración de la Comisión de Postulación

El proceso de elección de magistrados del TSE es un mecanismo de «segundo grado» diseñado para limitar la discrecionalidad en cargos de alto nivel. La comisión se integra por diversos sectores académicos y gremiales:

Presidencia: Walter Ramiro Mazariegos Biolis (Rector USAC).

Sector Académico: Decanos de Derecho de la USAC y de universidades privadas, junto a representantes de rectores de universidades privadas.

Sector Gremial: Los delegados electos por el CANG.

Mientras los titulares tienen voz y voto, los suplentes participan únicamente con voz en las deliberaciones.

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Fiscal General es tendencia en redes sociales y ocupa la atención de amplios sectores, a raíz de una elección que hasta hace cuatro años, transcurría con poco debate ciudadano. El abogado Edgar Ortiz explica el contexto del presente proceso y su opinión de por qué actualmente, motiva tanto interés.

Roxana Orantes Córdova

La jornada de hoy en la Corte Suprema de Justicia concluyó de forma sorpresiva cuando los comisionados decidieron cambiar la fecha para evaluar los expedientes a los días 18 y 19 de abril. En el evento fue patente la animadversión contra la fiscal actual, Consuelo Porras, a quien algunos «periodistas» gritaron «corrupta» cuando se retiraba del lugar.

Entre los elementos más notorios de la sesión están:

1. La participación inédita de agrupaciones cívicas republicanas y de derecha. Hasta este momento, la observación era realizada por el Movimiento Pro Justicia, integrado por Fundación Myrna Mack y FADS, y Guatemala Visible, que realiza una observación detallada del proceso. Este año se sumaron Guatemala Inmortal, la Liga pro Patria y la Fundación Contra el Terrorismo.
2. El Comité de Unidad Campesina (CUC), de la Asamblea Social y Popular, condujo a un pequeño grupo de sus simpatizantes a las afueras del Organismo Judicial, donde instalaron toldos e infraestructura para facilitar la permanencia de los activistas que realizaron un plantón durante el cual se escarneció a Consuelo Porras.

Fiscal General: «Imposible esperar resultados distintos con las mismas reglas», dice Ortiz

Creo que el MP ha cobrado más atención desde 2015 por el rol que jugó en casos paradigmáticos como La Línea y otros que fueron surgiendo con el tiempo. También porque ahora hay más ojos en general sobre el trabajo de los organismos gracias a esfuerzos como Guatemala Visible o Movimiento Pro Justicia que permiten conocer el trabajo de las comisiones de postulación.

El proceso como tal ha sido muy parecido a los anteriores. Esperar resultados distintos es imposible sí tenemos las mismas reglas. Creo que las comisiones de postulación como las entendemos hoy son un mecanismo muy imperfecto para evaluar perfiles porque se instalan comisiones de postulación, con poco tiempo para trabajar y básicamente l a ley les pide elegir con base a perfiles. No es un proceso de ingreso por oposición o méritos de fondo.

Definitivamente habría que recoger mejores prácticas no solo para elegir fiscal general, sino para elegir altas cortes y otros puestos públicos que hoy se eligen con este mecanismo

Asamblea Social y Popular intentó presionar con plantón

Hoy se esperaba que los comisionados designaran a los seis candidatos cuyos nombres se mandarán a Alejandro Giammattei para que elija al próximo fiscal. La posible reelección de Consuelo Porras motiva alarma entre los grupos de izquierda, que convocaron al ya mencionado plantón pero finalmente, no lograron sus objetivos, porque los comisionados pospusieron los nombramientos.

Daniel Pascual, controvertido líder del Comité de Unidad Campesina (CUC), a quien se ha señalado por promover bloqueos de carreteras y usurpación de propiedad privada, expuso en un video que circula en redes que realizaron protestas en cabeceras y municipios de todo el país, ya que están

«Preocupados por el giro de la justicia, por la integración de la Corte de Constitucionalidad y la persecución agresiva a jueces y fiscales que trabajaron en juicios contra corruptos y casos de genocidio».

Por ello, indicó que protestaron para:

«Rechazar la posible reelección de Consuelo Porras y un listado de los que creemos personajes oscuros en el país, vinculados a mafias y cercanos a redes de corrupción».

Sin embargo, la protesta perdió impacto cuando se conoció que el proceso continúa y no será hasta dentro de varios días que la ciudadanía sepa quienes integrarán el grupo de seis postulantes finalistas.

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Los abogados Edgar Ortiz y Rolando Alvarado explican una sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ha sido objeto de “distorsiones y desinformación”, dio a conocer el interponente de la acción ante la CC, Julio García-Merlos García, a través de un comunicado. La CC también se refiere al fallo en otro pronunciamiento a través de sus redes, detallando un fallo que a todas luces, fue malinterpretado.

Roxana Orantes Córdova

Todo inició con una nota informativa breve que circuló en redes informando que, con una sentencia de la CC quedaba desmantelado el aparato judicial para perseguir a los corruptos. Pronto, otro medio fue un paso más allá y contextualizó la supuesta decisión de la CC (eliminar la prisión para delitos de corrupción), con “Las acusaciones al Presidente por el caso “Alfombra mágica o alfombra rusa”.

La “sociedad civil” encendida por medios y redes, no tardó en hacer eco de la versión, probablemente sin haber leído la sentencia, tal como acota García-Merlos en su comunicado.

Por ejemplo, un grupo denominado Waqib´Kej escribió en su cuenta de Twitter:

“Corte de Constitucionalidad legaliza la corrupción. No es delito, no merece cárcel. Así celebran su #Bicentenario los magistrados de la @CCGuatemala, como los “próceres” de la independencia cuando oficializaron el despojo y saqueo de los pueblos indígenas hace 200 años”

Muchos otros activistas, organizaciones y analistas se pronunciaron en un sentido similar, aunque al parecer ninguno se tomó el trabajo de leer la sentencia (por otra parte, materia para constitucionalistas, no para ciudadanos comunes, aunque se trate de personas con las mejores intenciones).

Por ejemplo, el ex comisionado Iván Velásquez, cuya cuenta de Twitter se mantiene pendiente de los sucesos en Guatemala, aseguró que la sentencia de la CC ofrecía a los corruptos: “borrón y cuenta nueva”, a cambio de una multa.

El colombiano se aventuró a calificar a Guatemala como un “estado narcocleptocrático”, repitiendo un estribillo propio de determinada tendencia político-ideológica.

Sin embargo, tanto la CC como el interponente y los dos abogados consultados (uno afín a la CICIG, el otro uno de sus opositores más connotados), coinciden en que la sentencia es coherente con los principios de constitucionalidad.

Para comprender un poco la naturaleza de la sentencia, así como para esclarecer mínimamente lo que según Rolando Alvarado fue una “distorsión intencional”, consultamos a los abogados Ortiz y Alvarado, además de revisar los dos comunicados mencionados.

“Devuelve a los jueces una función importante”: Ortiz

El asesor jurídico de la Fundación Libertad y Desarrollo, Edgar Ortiz, considera que:

“La CC resolvió sobre un texto impugnado, producto de las reformas al Código Penal en 2012 y relativo a delitos cometidos en la administración pública. No todos los delitos tienen la misma gravedad. Por ejemplo, cometer ultraje contra los símbolos patrios es un delito, pero no tiene la misma gravedad”.

Este es el aspecto central de la sentencia, según Ortiz, quien menciona: “en mi opinión hay un poco de confusión”, al señalar que algunos corruptos podrían ser favorecidos.

“Sin embargo, devuelve al juez la importante tarea de decidir”, señala y explica:

“En el ámbito del servicio público, el soborno se denomina cohecho activo (doy) o pasivo (recibo). Al juez le corresponde determinar la pena para ese tipo de delitos. Es una función brutal y se está hablando de un esquema grande. No significa que todos los acusados de corrupción vayan a salir a la calle a hacer fiesta. Es la devolución de una función muy importante a los jueces”.

“Distorsión intencional”, señala Alvarado

“Los medios utilizaron como medio de ataque un fallo de la CC que es acorde a los preceptos constitucionales, especialmente con relación a la proporcionalidad de la pena. El juez está obligado a atender a la proporcionalidad”, dice Alvarado.

El abogado también menciona que cuando delitos que ameriten penas menores de cinco años se convierten en inconmutables, se pierden principios como la igualdad y la proporcionalidad, desnaturalizando la ley.

Consultado sobre el motivo para que un equívoco tan relevante haya sido replicado por tantas voces, Alvarado dice:

“Fue una distorsión intencional. Incluso periodistas con conocimientos jurídicos replicaron esa versión. Es obvio que había una intención en atacar a la CC a través de este fallo, que es eminentemente resultado de una debida interpretación de la Constitución Política de la República”.

García-Merlos G: “Lo invito a que lea la sentencia completa”

El abogado interponente de la acción de inconstitucionalidad resuelta el 2 de septiembre, Julio Roberto García-Merlos García, compartió un comunicado en el que expone:

“Ante la desinformación promovida por varios medios de comunicación y por personas sin conocimiento especializado en Derecho Constitucional o Derecho Penal considero necesario explicar una sentencia que emitió la Corte de Constitucionalidad el 2 de septiembre de 2021 dentro del expediente 4099-2020, Inconstitucionalidad General Parcial de la que fui postulante”.

El comunicado contiene los siguientes puntos:

«1. La referida sentencia declaró inconstitucional el inciso séptimo del artículo 51 del Código Penal referente a la imposibilidad de conmuta para delitos contra la administración pública y la administración de justicia.

2. La conmuta es una institución en virtud de la cual una pena se sustituye por una pena menos grave. En este contexto, se trata de sustituir la pena de prisión por una pena de multa siempre y cuando la pena no sea mayor a cinco arios. La conmuta únicamente es admisible cuando la pena de prisión no supera los cinco arios.

3. La corrupción es tradicionalmente definida como utilizar el poder público para beneficio

propio. No todos los delitos contra la administración pública y la administración de justicia

son delitos contra la corrupción; a manera de ejemplo se citan los siguientes: Desobediencia, Desorden público, Ultraje a símbolos nacionales, Violación de sellos, Consumo ilícito de bebidas alcohólicas, Acusación y denuncia falsas, Simulación de delito, Autoimputación, Omisión de denuncia, Perjurio y Falso testimonio.

4. Por ende, el inciso séptimo del artículo 51 del Código Penal referente a la imposibilidad de conmuta para delitos contra la administración pública y la administración de justicia no era congruente con su finalidad: la lucha contra la corrupción.

5. La norma general del Código Penal que prohíbe la conmuta para delitos con una pena mayor a cinco años sigue vigente. Por lo tanto, cualquier condena que supere los cinco arios en estos delitos seguirá siendo inconmutable, como en los casos de los delitos que

tradicionalmente se asocian con la corrupción: cohecho, peculado, malversación, abuso de

autoridad, fraude y tráfico de influencias.

Los principios de razonabilidad y de proporcionalidad son principios fundamentales en un Estado de Derecho y su propósito es defender a los ciudadanos de abusos de poder, como lo son las penas desmedidas. Estos principios son internacionalmente reconocidos y no dependen de ideologías politicas.

No se deje llevar por quienes promueven la desinformación.

Lo invito a que lea la sentencia completa y forme su propia opinión», concluye el comunicado.

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Christians Castillo y Edgar Ortiz, jóvenes analistas políticos, comentan varios aspectos de la coyuntura actual, marcada por la cuestionada gestión gubernamental de la pandemia además de la falta de mediadores políticos entre la ciudadanía y el gobierno.

Roxana Orantes Córdova

El fin de semana, el #Renuncia Giammattei fue tendencia en redes, y circuló profusamente, con centenares de miles de réplicas y diversas reacciones, a favor y en contra.

Al mismo tiempo, grupos civiles como divulgaron comunicados, uno de ellos con una página de texto y otra página completa llena con los nombres de las organizaciones no gubernamentales firmantes.

El panorama pintaba a ser la antesala de una nueva versión del llamado “Despertar ciudadano”, añorado por quienes desde 2015 han intentado reeditar aquel momento sin lograr la defenestración de otro mandatario.

Por ejemplo, durante el gobierno de Jimmy Morales se sucedieron las manifestaciones pidiendo su renuncia. Algunas de estas marchas fueron multitudinarias pero de corta duración.

En el caso de Alejandro Giammattei, las protestas pidiendo renuncia tampoco son novedosas. La más concurrida e incluso violenta, fue la que cuestionaba la aprobación de un presupuesto exagerado, y que finalmente logró uno mucho más alto, cuando luego de vandalismos y detenciones, el Congreso dio marcha atrás y decidió dejar vigente el presupuesto del año anterior, mayor al que se criticaba por alto.

Este lunes al iniciar la tarde, unos diez activistas del grupo Justicia Ya, con papel protagónico en 2015, pintaron un enorme letrero en el suelo de la Plaza de la Constitución. Un analista que pidió no ser mencionado, comenta que estos letreros tienen como objetivo lograr tomas con drones para mostrar a los financistas que efectivamente existe un profundo descontento ciudadano.

En cualquier caso, la Plaza de la Constitución se ha convertido en un espacio hostil y poco atractivo, con el suelo cubierto por diversos letreros con diversas demandas.

Ello, pese a que la afluencia de inconformes sea apenas perceptible. Para entender esta dicotomía entre la realidad virtual de las redes y la cotidianidad en la Plaza de la Constitución, entrevistamos a Edgar Ortiz, representante legal de la Fundación Libertad y Desarrollo, y al analista político Christians Castillo, quienes expusieron su análisis a Perspectiva.

“En la ciudadanía hay más molestia que enojo”, afirma Ortiz

Según Edgar Ortiz, la escasa convocatoria de esta y otras manifestaciones que exigen la renuncia de Alejandro Giammattei, obedece a varias causas. “La plaza no se llena porque predomina la insatisfacción, no la cólera o rabia, como sucedió con la protesta contra el presupuesto”.

Al mismo tiempo, comenta que las manifestaciones son la expresión de la ciudadanía, ante la carencia de canales de diálogo, prácticamente inexistentes en Guatemala.

“Desde la apertura democrática, los partidos dejaron de ser intermediarios entre la ciudadanía y el gobierno, para convertirse en vehículos electorales de políticos. Hemos tenido el partido de Otto Pérez, el de Baldizón, el de Arzú…”

Esta carencia de organismos políticos mediadores y grupos ciudadanos (organizados o no), que carecen de una agenda política, motivan que los guatemaltecos se expresen a través de la protesta.

“Estamos en una crisis. Los números no mienten y el nivel de aprobación a la gestión de Alejandro Giammattei es bajo. A todos nos preocupa el mal manejo de la pandemia y la mayoría considera que el gobierno es inconsistente. La vacunación ha sido un fracaso. No digamos acercarnos al nivel de cobertura en Estados Unidos o Europa. En relación con Centroamérica tenemos un nivel muy bajo de vacunación”.

“Por el momento existe molestia, pero no enojo. Al llegar el enojo, la Plaza se llena”, concluye.

Castillo: la nostalgia del “Renuncia Ya”

“Veo muy poca creatividad. Cuando se trata de articular una protesta, se vuelve una y otra vez al “Renuncia Ya”. Parece como si solamente hubiéramos aprendido eso, y pese a que las condiciones sociales e incluso físicas son muy diferentes que en 2015, se busca presionar a la renuncia, en lugar de exigir a las autoridades que cumplan con su mandato”.

“En un contexto de pandemia mundial, se esperaría que el mandatario reaccione con una política de sanidad efectiva. Pero es importante encontrar mecanismos y ser creativos para hallar las soluciones y exigir al mandatario que cumpla cabalmente su mandato. Gritar que viene el lobo a cada momento no llevará a nada más. Cuando efectivamente llega el lobo, nadie lo creerá”.

“Si se sigue abusando del Renuncia Ya, cuando se necesite una convocatoria y acción nacional, no se producirá.  En 2015, el relevo secuencial salió bien por varias razones, entre otras porque no fue eminentemente nacional”.

“Existen acciones y mecanismos, como podría ser que se declare lesivo el contrato de Sputnik, aunque prácticamente nadie lo conoce y probablemente estemos atados a cláusulas que desconocemos pero inferimos deben existir”.

“Además, es deseable que el mandatario asuma un compromiso real para abordar la pandemia, tal como el que asumió al inicio, como presidente y como médico. Durante meses lo vimos activo, pronunciando conferencias y mostrando un liderazgo que debería retomar. Este papel político quedó relegado cuando llegó el ex comisionado Asturias, con un equipo de su confianza, mas no de la confianza de Giammattei.  Un equipo que llegó con la venia del sector empresarial, que suele comprar espejitos. Este equipo incluye a la actual ministra, quien ha demostrado ser técnica, pero no política. Y pese a que Amelia Flores no es del equipo de confianza del Presidente, es momento de que hagan mancuerna para abordar la pandemia”.

“Giammattei debe tomar decisiones aunque estas no gusten a muchos. Por ejemplo, los empresarios se oponen radicalmente a las restricciones, pero en los países más desarrollados, solamente las restricciones han logrado contener el avance de la pandemia. Los guatemaltecos debemos estar conscientes de que la escasez de vacunas es mundial, y aceptar que las políticas sanitarias no solamente se tratan de imponer medidas, sino de obediencia”.

“Además de la crítica situación por la falta de vacunas, la ampliación de la red sanitaria no fue suficiente y el sector privado se opone a las restricciones con el argumento de la economía. El presidente debe tener arrestos para tomar decisiones y manejar la situación, aunque esté triste por la partida de Miguelito”, finaliza.

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Por: Edgar Ortiz

Las acciones del Presidente Jimmy Morales en estos últimos días respecto de CICIG son no solo precipitadas sino que también pueden llegar a colisionar con el ordenamiento jurídico vigente. Es cierto que el artículo 183, inciso o, de la Constitución confiere la presidente la dirección de la política exterior y las relaciones internacionales. Pero también es cierto que el artículo 149 de la propia Constitución establece que «Guatemala normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales (…)».

Jimmy Morales ha procedido de forma tal que ha puesto su interés personal por encima de los intereses del Estado de Guatemala. CICIG es un esfuerzo en conjunto con la comunidad internacional para combatir la impunidad en un país que pidió auxilio a las Naciones Unidas para conseguir este fin. ¿Intervención extranjera? Si, desde su concepción lo es pero únicamente por que Guatemala así lo solicitó hace más de 12 años.

La cuestión se dificulta en el ámbito jurídico cuando evaluamos el mecanismo legal que empleó el gobierno para impedir el ingreso del comisionado Ivan Velásquez al país. El consejo nacional de seguridad (del cual no olvidemos el mismo presidente es parte) «recomendó» al mandatario aplicar el artículo 66 del Código de Migración para vedar el ingreso al comisionado por razones de «seguridad nacional». Esta medida abre la cuestión a la intervención de la justicia constitucional por dos motivos.

En primer lugar porque es una violación al convenio de CICIG. El artículo 10, inciso d, de dicho convenio establece que el comisionado goza de «Exención de disposiciones que restrinjan la inmigración y otros registros de extranjero». Recordemos que el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados establece que los tratados deben cumplirse y el 27 le impide a los Estados invocar normas de derecho interno para incumplir los convenios.

Pero hay un segundo problema: En agosto de 2017 el presidente Morales intentó declarar persona non grata a Iván Velásquez. En aquella oportunidad, en la resolución 4182-2017, la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto la declaratoria de persona non grata bajo el entendido que cualquier controversia debía resolverse en la vía directa entre Guatemala y la ONU de acuerdo con el artículo 12 del Convenio.

En octubre de ese mismo año, en otra acción legal que se presentó ante la negativa de la Cancillería de renovar la visa al comisionado, la Corte estableció que no renovar la visa implicaría un incumplimiento a su resolución de agosto ya que «la revocatoria de visa tiene los mismos efectos y objetivo que la declaratoria de persona non grata al Comisionado y la orden de expulsión del país». La nueva decisión del gobierno de impedir el ingreso del comisionado al país, podría decirse, tiene los mismos efectos que la declaratoria de persona non grata y que la no renovación de la visa. Quedará en manos de la Corte de Costitucionalidad resolver sobre este asunto.

En conclusión, el gobierno debe reflexionar sobre las acciones que ha tomado. Por una parte, las decisiones anteriores nos proyectan como trogloditas en el marco de las relaciones internacionales. El hacer caso omiso a los canales diplomáticos y la toma de decisiones unilaterales abonan a esta imagen. Pero en el ámbito nacional también debemos llamar la atención respecto de algunos pronunciamientos de funcionarios de alto rango que afirmaron que el gobierno no debe «acatar órdenes ilegales» y que la Corte de Constitucionalidad se ha «extralimitado» en sus funciones. Tales expresiones son desafortunadas y deben evitarse cuando vienen de funcionarios de otro organismo del Estado que por definición debe sujetarse a las resoluciones de las cortes.

Como referí en mi columna la semana pasada, un presidente no es un monarca y debe procurar mantener la unidad nacional y cumplir con la constitución, las leyes y las resoluciones de las cortes, aunque a veces se pueda estar en desacuerdo con estas últimas. El presidente está a tiempo de reflexionar sobre lo actuado y ventilar sus diferencias con la CICIG en el marco del diálogo y conforme a los usos y prácticas del derecho internacional. El Secretario de Estado del gobierno de EE.UU. ya envió el mensaje de que se trabajará en una CICIG renovada en el futuro. El camino está señalado.

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El último día de agosto el presidente Morales decidió informar a la población que no renovará el mandato de CICIG. En cualquier país democrático el pluralismo y la diversidad de ideas son parte fundamental de la vida política. Es válido presentar argumentos razonados a favor o en contra de CICIG. Es razonable que exista un debate en torno a la necesidad de renovar o no el mandato de la comisión. Sin embargo, reza un corolario que en política la forma es el fondo. Conviene entonces analizar las formas del presidente en su mensaje a la población.

El anunció no lo hizo rodeado únicamente de su gabinete, como hubiera sido propio de un presidente de un país democrático. Lo hizo rodeado de algunos ministros y de decenas de militares. Un detalle que dejó un mal sabor de boca ya que es impropio y solo trae recuerdos de las dictaduras militares del pasado.

Durante su discurso aseguró que ningún funcionario está obligado a “acatar órdenes manifiestamente ilegales”, lanzando un guiño al argumento que algunos esgrimen acerca de que determinadas decisiones de la Corte de Constitucionalidad son ilegales, especialmente aquella que le impidió consumar la declaratoria persona non grata al comisionado de CICIG. Arremeter contra la independencia de la Corte de Constitucionalidad de esta manera es un tema que no debe pasar inadvertido.

Luego acusa a la CICIG de proceder con un criterio “claramente ideológico”, de infundir un “terror judicial” (sic) y de violar los derechos fundamentales. Una acusación grave especialmente teniendo en cuenta que existe una denuncia en contra del presidente por financiamiento electoral ilícito. Lo que dijo el presidente puede leerse como una embestida contra la legitimidad de una de las entidades que lo acusan.

Por último, aclara que su gobierno está a favor del matrimonio tradicional y de la familia. Este es un tema que no venía a cuento en el evento de hoy. El presidente convocó a los medios para comunicar su decisión de no renovar el mandato de CICIG que vence dentro de un año. La única razón para esgrimir estas palabras en torno a una conversación que nada tenía que ver con el tema solo puede entenderse que lo hizo para insinuar que la comisión pertenece a una “facción ideológica” enemiga de la familiay las tradiciones y buscar con ello apelar al sector más conservador del país en busca de apoyo. Algo propio de los discursos populistas.

Explicación y análisis aparte merecen la presencia de vehículos tipo Jeep J8, donados por EEUU y bajo uso del Ministerio de Gobernación que patrullaron a inmediaciones de la sede de CICIG y de la embajada de los Estados Unidos horas antes de la conferencia de prensa. La propia embajada americana sacó un comunicado reprochando el uso de dichos vehículos que, según afirman, fueron donados para patrullar y luchar contra la actividad criminal y el narcotráfico en las fronteras.

El presidente ha tomado una decisión apresurada y comprometida. La comunidad internacional, y en particular diversas agencias del gobierno de los Estados Unidos, han afirmado reiteradamente que CICIG es un instrumento importante para la lucha contra la corrupción. Con la decisión de hoy se pone en entredicho el compromiso del Estado de Guatemala con la agenda en materia de lucha contra la corrupción.

La impresión que uno tiene después de lo acontecido es que el presidente ha antepuesto sus intereses personales al bien común y a la unidad nacional. Debe reflexionar sobre lo actuado: un jefe de Estado no es un monarca y está sujeto a la Constitución y leyes de la República y debe velar por el interés nacional. Su problema personal con CICIG, a raíz de las acusaciones que han formulado en su contra, parecen haber condicionado su imparcialidad para decidir sobre la materia en cuestión.

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El pasado miércoles, 16 de mayo, el secretario privado de la presidencia, Carlos Martínez, juramentó a la nueva fiscal general, María Consuelo Porras. Este 18 de mayo será el día que asuma oficialmente como nueva fiscal general.

No cabe duda que la gestión de Thelma Aldana ha sido notable por todo lo acontecido desde 2015. Entre la fiscal Aldana y el comisionado de CICIG, Iván Velásquez, emprendieron una serie de casos de alto impacto que pusieron Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti tras las rejas. A la lista hay que sumar que se encuentran procesados por delitos relacionados con casos de corrupción cuatro funcionarios de SAT, 25 diputados, 12 alcaldes, 4 ex magistrados de la CSJ y varios ex ministros. La cantidad y envergadura de los casos antes descritos deja una tarea titánica para la futura fiscal general.

Pero no hay que olvidar que uno de los grandes retos es fortalecer el Ministerio Publico como institución. Para hacer frente a una lista de casos de tal trascendencia se necesita un ente acusador independiente y sobre todo capaz. Durante las gestiones de Claudia Paz y Paz y de Thelma Aldana hubo avances en torno al fortalecimiento del recurso humano de dicha institución. La FECI ha sido la fiscalía estrella y de no ser por los fiscales que ocuparon esos mandos medios nada de lo acontecido habría sido posible. Es de esperar que la buena gestión de esta fiscalía se replique a otras fiscalías.

No es tarea fácil para la Dra. Consuelo Porras. La presión que afrontará al frente del MP será monumental y vendrá de todos los lados del espectro ideológico y de todos los grupos de poder. Pero como guatemaltecos debemos comprender que uno de los grandes anhelos es generar instituciones sólidas. En ese sentido interesa mucho que la labor de la institución acusadora tenga éxito bajo un nuevo equipo y con una nueva fiscal. Si los logros se mantienen y se multiplican podremos decir que hemos tenido avances importantes como Estado y como país.

La fiscal general Porras tiene el respaldo de que su nombramiento fue precedido por un proceso altamente vigilado en las comisiones de postulación. La transparencia que primó dentro del proceso, gracias a la vigilancia que ejercieron varios actores de la sociedad civil, es suficiente para que veamos con optimismo el relevo en el MP. La fiscal general Porras viene de ser magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad, antes fue magistrada de Sala y tuvo un cargo dentro del MP. Su trayectoria nos da indicios de que tiene la capacidad para asumir el reto y por ello la comisión de postulación la tuvo como la mejor calificada de los postulantes.

Como ciudadanía tenemos que ser maduros y exigentes. Maduros para aceptar que el relevo en los puestos es clave en el proceso de construcción de Estado y de instituciones sólidas y, por ende, parte del proceso de lucha contra la corrupción; exigentes para estar vigilantes a la nueva gestión para que los logros alcanzados se mantengan y para que podamos lograr otros objetivos que como nación debemos perseguir.

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Por: Redacción

Los vetos que objetan la participación de 14 juristas en el proceso que designará al Fiscal General de la República pueden interpretarse desde dos puntos de vista: en primer lugar, como el interés político en debilitar la imagen de un posible fiscal que no responda a las expectativas de quien interpone el veto, tal como señala Edgar Ortiz, analista del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES), de la Universidad Francisco Marroquín (UFM).

En segundo lugar, debe mencionarse que los vetos o tachas son recursos creados para que la ciudadanía independiente fiscalice el proceso y pueda evitarse el nombramiento de un personaje no idóneo como Fiscal General, afirma Carmen Aída Ibarra, del Movimiento pro Justicia (Fundación Myrna Mack, Madres Angustiadas y Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro-FADS).

Ibarra recuerda que antes de 2009 las elecciones de magistrados eran un proceso totalmente secreto para la ciudadanía. “Al aprobarse la Ley de Comisiones de Postulación se abrió una ventana que permitió constituir a los ciudadanos como monitores del proceso”, señala y agrega que es importante develar la identidad de los aspirantes.

Con lo anterior coincide Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, una de las organizaciones que veta a uno de los aspirantes. “Es muy sano que los ciudadanos presenten sus tachas. Los participantes en el proceso han sido jueces, han ejercido la abogacía. Es importante que estén bajo el escrutinio público. Y también es muy sano que los cuestionamientos estén fundamentados”.

Ortiz enfatiza en que la elección está polarizada y esto implica que podrían presentarse vetos sin fundamento contra determinados participantes. “Existen grupos que ejercen presión y pueden presentar denuncias no comprobadas, con el único fin de generar desgaste a los señalados, porque posteriormente la comisión indicada analizará las denuncias y de no ser procedentes, cualquiera de estos aspirantes podría estar entre los seis finalistas e incluso, llegar a ser Fiscal General”.

Por su parte, Ibarra señala que las tachas o vetos deben basarse en comportamientos poco éticos o vinculados a hechos irregulares en su desempeño anterior, que el denunciante conozca, pero afirma que no es válido interponer un veto por un fallo judicial que haya emitido alguno de los aspirantes.

Grupos organizados y tachas para los protagónicos

Los 15 candidatos a  encabezar el MP que no han sido cuestionados son poco conocidos y sus nombres probablemente han aparecido en alguna ocasión en los medios informativos, pero no puede decirse de ellos que se trate de “personajes mediáticos”, a diferencia de sus colegas que sí han recibido tachas y en algunos casos, hasta seis, como Roberto Molina Barreto, quien presidió la Corte de Constitucionalidad (CC).

Algunos de los señalamientos planteados exponen detalladamente la falta de idoneidad del aspirante. Por ejemplo, a Erick Álvarez se le señala “por el uso anómalo de recursos financieros del Organismo Judicial”. Esto lo amparan con informes de la Contraloría General de Cuentas.

Al Juez Miguel Ángel Gálvez, uno de los funcionarios judiciales que gozan de mejor prensa, lo señalan la Fundación contra el Terrorismo, Guatemala Inmortal y José Luis Quilo Ayuso, presidente de la Asociación Guatemalteca de Veteranos Militares (Avemilgua).

Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la citada fundación, dijo que la prueba presentada contra el juez se basa en una fotografía donde este aparece con Miguel Mohrt, un ciudadano alemán radicado en Guatemala, quien inicialmente trabajó en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), posteriormente en un equipo de antropólogos forenses y actualmente, dirige un bufete llamado Bufete Jurídico de Derechos Humanos.

Mohrt ha promovido casos contra veteranos militares y su relación con Gálvez podría ser inapropiada, dependiendo del momento en el que se haya tomado la fotografía, porque evidenciaría tráfico de influencias, de comprobarse que la reunión privada se realizó cuando Gálvez estaba llevando algún proceso contra militares retirados. Un detalle interesante, es que según los medios, el juez estaba reunido con “representantes de la comunidad internacional”, cuando Mohrt reside en el país por lo menos hace 20 años y no es diplomático ni funcionario de un organismo internacional.

Otras tachas se basan en fallos emitidos por los señalados cuando eran jueces o magistrados, lo cual pone en entredicho la independencia judicial, que otorga al juzgador la potestad de decidir.

Todo esto, como es evidente, apuntala lo expresado por Ortiz en cuanto a la polarización y el interés político por debilitar a algunos de estos personajes.

Y finalmente, cabe resaltar que la inmensa mayoría de vetos fueron interpuestos por organizaciones que pueden calificarse como “juez y parte” o por ciudadanos individuales vinculados con esas organizaciones.

Como ejemplo, la Convergencia por los Derechos Humanos, integrada por varias organizaciones que habrían sido afectadas por sus señalados; el Comité Campesino del Altiplano, grupo de choque (del cual es dirigente el diputado de Convergencia Leocadio Juracán), que suele hacer protestas y promover tomas de terrenos, así como por el otro lado, la Avemilgua y la Fundación contra el Terrorismo, ambas defensoras de los militares señalados por los aspirantes que ellos objetan.

Aspirantes, vetos y en qué se fundamentan los señalamientos

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Pagar gradualmente la deuda del Estado y llegar a un Presupuesto General de la Nación (PGN) equilibrado, en el cual los gastos no superen a los ingresos, es una de las propuestas del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES), de la Universidad Francisco Marroquín.

Equipo editorial Perspectiva

La recaudación fiscal es la principal fuente de ingresos del Gobierno, afirmó Edgar Ortiz, del CEES, en la presentación del análisis sobre el comportamiento del PGN en el período 2012-17 y del proyecto de presupuesto para 2018, que asciende a unos Q84,596 millones.

Esta entrada de dinero al Estado se incrementa a una tasa del 6 por ciento anual, señala el informe del CEES.  El 78.1 por ciento de los ingresos de la nación provienen de los tributos. Sin embargo, existe una brecha entre lo que el Estado proyecta recaudar y la recaudación real.

En promedio, indica el informe del CEES, se percibe únicamente el 92 por ciento de los ingresos estimados cuando se proyecta el PGN. Con base en estos ingresos se distribuye la proyección del gasto público.

Entre 2016 y 2017 pareciera que esta brecha fue superada. Sin embargo, el incremento en la recaudación fiscal se debió a cobros judiciales, especialmente los Q 789.2 millones que Aceros de Guatemala pagó a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en 2016.

“Este fue un ingreso extraordinario y el gobierno podría terminar devolviéndolo”, señaló Ortiz. Es decir, la brecha fiscal no se habría reducido y menos desaparecido, como plantean los datos oficiales.

Junto con la brecha fiscal, el endeudamiento a través de la emisión de bonos convierte al Estado en un eterno deudor que termina destinando parte de su presupuesto a pagar los intereses de la deuda. Entre 2012 y la fecha, el país se endeudó en más de Q. 33,000 millones, con una tasa de interés de 6 por ciento anual. La composición de la deuda en promedio es de 70 por ciento de bonos y 30 por ciento de préstamos externos. La firma Standard & Poor´s señaló que la deuda de Guatemala pasó de una perspectiva estable a una negativa.

Una característica recurrente, es que los ingresos de cada ejercicio fiscal son menores a las estimaciones, al igual que los préstamos y donaciones. “Llama la atención el hecho que, pese a no percibir los montos estimados en concepto de préstamos y donaciones, el presupuesto de ingresos se ha incrementado con cargos a esta fuente de financiamiento”, indica el documento del CEES.

¿Cómo y en qué se gasta el PGN?

La ejecución presupuestaria es otro de los aspectos que se mencionó en la presentación del informe. Actualmente, la ejecución se encuentra alrededor del 91.8 por ciento. Y la mayor parte de esa ejecución, un 33.7 por ciento, dice el CEES,  corresponde al rubro Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, que traslada recursos del gobierno central a entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas.

En 2017, el rubro ascendió a Q26,019.0 millones, divididos en cinco subprogramas que se desglosaron de la siguiente forma: Instituciones Estatales con Q11,701.6 millones; Municipalidades con Q6,788.9 millones; Consejos Departamentales de Desarrollo con Q2,159.8 millones; Clases Pasivas Civiles del Estado con Q4,855.2 millones y otras obligaciones del Estado con Q513.5 millones. (Separata del PGN aprobado en 2017, Ministerio de Finanzas Públicas).

Los gastos de funcionamiento acaparan la mayor parte del presupuesto. Es decir, el grueso del erario nacional, cerca de un 67 por ciento, se destina a pagar los salarios de una masa de empleados públicos de la cual, paradójicamente, no se tiene certeza del número, puesto que no existe un censo de los trabajadores del Estado, mientras la inversión pública ha caído desde 2015 hasta llegar a un aproximado del 19 por ciento.

La distribución del gasto es otro aspecto que merece observarse con atención. De los ministerios, el que tiene mayor asignación es el de Educación, con un 18.1 por ciento. De este porcentaje, el 89 por ciento corresponde a pagos de salarios. Este rubro, señaló Ortiz, se ha incrementado ostensiblemente debido a los pactos colectivos firmados por los sindicatos con diferentes administraciones.

Para paliar una deuda que crece cada año, el Estado se vuelve a endeudar, tal como cualquier persona que administra su dinero de forma irreal. De los ingresos por Bonos del Tesoro, un 14 por ciento se destina a funcionamiento, un 28 por ciento a inversión y el 58 por ciento es para deuda.

Las conclusiones del CEES son:

1. Las estimaciones de ingresos muestran una sobrevaloración, que repercute en el incremento del presupuesto de egresos sin recursos para sostener los gastos programados;
2. La estrategia de financiamiento refleja que la adquisición de la deuda es 70 por ciento bonos del tesoro y 30 por ciento préstamos externos, lo que implica obtener recursos más caros;
3. Los principales rubros de gastos corresponden a: pago de servicios personales (29.3 por ciento); transferencias a terceros 36 por ciento, transferencias de capital 14.5 por ciento y pagos de deuda pública, 15.1 por ciento;
4. En los recursos provenientes de ingresos tributarios se refleja rigidez presupuestaria superior al 92 por ciento, lo que limita el margen de acción del gobierno;
5. Debe analizarse el financiamiento de gastos con bonos del tesoro, especialmente porque existe una ley que lo prohíbe;
6. El Proyecto de Presupuesto de 2018 refleja la continuidad en la metodología de asignación. Esto evidencia que no se considera el comportamiento de los ingresos y los gastos.

Y las recomendaciones de este centro de estudios económicos fundado en 1958 son:

1. Readecuar las estimaciones de ingresos, de acuerdo con su comportamiento histórico;
2. Limitar la posibilidad de que se amplíe el techo presupuestario, especialmente en los recursos que muestran claras tendencias a la baja;
3. Promover una revisión de impuestos que presentan destino específico, con el fin de permitir más flexibilidad presupuestaria.

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Por: Edgar Ortiz  Romero

El 26 de octubre de 2017 quedará marcado como el día en que oficialmente se expulsó la pena de muerte de nuestro ordenamiento jurídico. La Corte de Constitucionalidad dictó una sentencia en una inconstitucionalidad que interpusieron dos particulares. Intentaré explicar, muy por encima, las razones que llevaron a la corte a tomar esta decisión.

En Guatemala había hasta el jueves seis casos donde podía aplicarse la pena de muerte: por delitos de parricidio, ejecución extrajudicial, secuestro, desaparición forzada, magnicidio y en los casos en que resultare la muerte de una víctima como consecuencia de la comisión de los delitos de la Ley Contra la Narcoactividad. Hay dos argumentos que la corte tiene en cuenta para declarar la pena de muerte inconstitucional: la peligrosidad como elemento para imponer la pena de muerte y las disposiciones del Pacto de San José y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Comencemos con la peligrosidad. Los delitos de parricidio, ejecución extrajudicial y magnicidio establecían que se aplicaría la pena de muerte cuando los medios empleados y los móviles hicieran ver que el agente mostraba “peligrosidad”. La corte considera, acertadamente, que la peligrosidad, como lo regulaba nuestra ley, se basa en un hecho probable, incierto y en función de lo que la persona culpable supuestamente es (peligroso) y no a partir del hecho que cometió.

Esto último es importante. La Corte reconoce que la pena no debe imponerse en función de la persona sino del acto que comete. En doctrina esto se conoce como derecho penal del acto que establece que se castiga la efectiva puesta en peligro y no la peligrosidad en abstracto como lo establecía nuestro Código Penal. Nuestro código pretendía castigar al delincuente peligroso a partir de un juicio subjetivo del juez que conociera el caso.

El otro tema se relaciona con los instrumentos en materia de derechos humanos que Guatemala ratificó, el caso del Pacto de San José y el Pato Internacional de derechos civiles y políticos. Recordemos que Guatemala suscribió el Pacto de San José en 1978. El artículo 4 de ese pacto establece que los países que tuvieran pena de muerte podrían mantener dicha sanción pero únicamente para  los delitos vigentes en el momento de suscribir el pacto. Se prohíbe en ese instrumento imponer la pena de muerte a delitos posteriores a la firma del mismo.

En ese sentido, la corte declara inconstitucional la pena de muerte para los delitos de ejecución extrajudicial (creado en 1995), desaparición forzada (creado en 1996) y los de la ley contra la narcoactividad (ley de 1992). No hay mucha discusión en ese sentido. Guatemala suscribió el Pacto de San José y no podía imponer pena de muerte a estos delitos promulgados con posterioridad a la firma del mismo.

Atención especial merece el secuestro. Este delito sí tenía pena de muerte en 1978, cuando se suscribe el Pacto de San José. Sin embargo, el delito original estipulaba que se aplicaría la pena de muerte cuando la víctima falleciera como consecuencia del secuestro. En 1996 se reformó el delito y se estableció que el simple secuestro sería castigado con pena de muerte. En ese caso, el hecho por el cual se aplicaba la pena de muerte se modificó y eso viola lo dispuesto en el Pacto de San José de suerte que por eso ahora tampoco el secuestro será castigado con pena de muerte.

He intentado hacer un esbozo muy general con fines meramente informativos. La sentencia debe ser objeto de análisis académicos más profundos. Por ahora destaco la buena fundamentación que hizo la magistrada ponente Dina Ochoa.

Personalmente soy contrario a la pena de muerte porque como liberal clásico no puedo reconocer al Estado el derecho a disponer de la vida de sus ciudadanos. Creo que no debemos olvidar que la Constitución, las leyes y los derechos humanos están para limitar el poder del Estado y proteger al individuo de las violaciones que éste pueda hacer a nuestras libertades individuales.

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