Alfredo García y Edgar Ortiz conversaron con Perspectiva sobre el Decreto 15-2020 y el veto presidencial. Ambos nos fallaron, afirma Ortiz, mientras García menciona que los legisladores no “saltaron la tranca” al votar para desconocer el veto, pero sí al incluir el tema del agua, que no es asunto del gobierno central sino de las municipalidades, las cuales gozan de autonomía.

Roxana Orantes Córdova

Más de un abogado asegura que el Decreto 15-2020, según el cual se deben diferir los servicios de “luz, agua y teléfono”, tiene errores de redacción que son inconcebibles en un documento tan breve, lo cual evidencia el desconocimiento de los legisladores que lo crearon y los asesores que seguramente lo redactaron y analizaron.

Sin embargo, también es cuestionado el veto del mandatario Alejandro Giammattei, puesto que tardó 25 días hábiles en tomar su decisión y lo hizo horas después de que la Corte de Constitucionalidad (CC), le diera 48 horas para vetar o sancionar el decreto citado.

En su cuenta de Twitter, Ortiz escribió: “Nos fallaron todos: el Congreso primero hace una ley con errores; luego el presidente tarda una ETERNIDAD en vetar algo que pudo vetar hace 20 días; el Congreso vuelve a fallar rechazando el veto e incumpliendo procedimiento. Mal, mal…”

Ayer, con 126 votos, los diputados rechazaron el veto presidencial. Para Ortiz, debieron someter el decreto a consulta de la CC, por lo que se habrían “saltado las trancas”. García, sin embargo, considera que la Ley de Amparo faculta a los legisladores para rechazar el veto con las dos terceras partes de votos.

Argumentos como “bien común” y “dar la espalda” abundaron entre quienes están a favor de la normativa, aunque presente errores que podrían convertirla en inconstitucional.

Poco después de que los diputados lograran revertir el veto del mandatario, un abogado interpuso un amparo ante la CC para que el texto sea revisado. Mientras los argumentos a favor del decreto insisten en el beneficio de las mayorías, quienes no lo avalan consideran que retardar los pagos por tres meses solamente lograría endeudar a los ciudadanos, al mismo tiempo que quedaría en duda quién asumirá la mora de los intereses por esas deudas.

Un comunicado de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), expresa su aval al veto presidencial, enfatizando en: 1. La falta de precisión o ambigüedades en la propuesta pueden tener efectos negativos; 2. El mandatario está facultado para el veto; 3. Las iniciativas de apoyo deben plantearse sobre bases técnicas y correctas; 4. Es necesario evitar la quiebra y cierre de las pequeñas y grandes empresas.

“El retraso en la decisión presidencial fue maliciosamente extemporáneo”

Ortiz, encargado del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, comenta:

“estoy de acuerdo con que es necesario ayudar a la gente ante el peligro de cortes de servicios por la crisis, pero en el Decreto no se acotó por ejemplo, a quienes se va a ayudar. Se limita a indicar personas vulnerables pero no se fijaron parámetros. Tampoco se incluyó un mecanismo de compensación. Ciertamente, la Empresa Eléctrica tiene mucho dinero, pero era necesario establecer los mecanismos del pago de intereses moratorios. ¿Quién asumirá el costo del impago, será el Estado y cómo lo hará?”.

Por otra parte, el entrevistado señala que si bien existían razones para el veto, no fue correcto que el Presidente tardara tanto en tomar una decisión sobre un texto de cinco párrafos. Esto, indica, parece indicar que sus asesores no son muy versados. Especialmente, porque al final presentaron un argumento legalista simple. No se trataba de un tema complicado y tardaron mucho, lo que hace pensar que hubo un retardo maliciosamente extemporáneo.

En cuanto a las bancadas que lograron revertir el veto, considera que “saltarse el paso de acudir a la CC por una opinión consultiva, vicia el procedimiento. Fue un error saltar el procedimiento sin pasar por la CC y ya hay un amparo en esa instancia. La CC no puede ir contra su propia jurisprudencia”

“La consulta a la CC no es obligatoria”

Alfredo García, dignatario de la Nación, considera que la opinión consultiva es un paso opcional en el procedimiento, puesto que la Ley de Amparo faculta a los diputados para rechazar el veto.

“Están ejerciendo la primacía legislativa, que les permite inclusive pasar leyes anticonstitucionales. Esto no significa que lo deban hacer” dice.

Además de la imprecisión al referirse a la energía eléctrica como “luz”, hay un tema de fondo cuando se refieren al agua. El Ejecutivo y el Congreso no pueden obligar a las municipalidades a ejecutar ninguna acción, puesto que son autónomas.

El resultado, dice García, podría ser que alcaldes tomen decisiones negativas, como dejar de clorar el agua o prestar un servicio irregular.

Para la CC la situación es una “prueba de fuego”, porque deberá resolver la consulta que le plantea el amparo interpuesto el jueves por la noche, concluye.

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A raíz de la encuesta de Cid Gallup, tres analistas exponen diferentes puntos de vista sobre el escenario hipotético planteado recientemente, en el cual el voto indeciso podría terminar favoreciendo a Sandra Torres. Mientras Héctor Rosada considera que la UNE retomaría una agenda legislativa positiva, Edgar Ortiz señala el prestigio de la firma encuestadora Cid Gallup y comenta que Alejandro Giammattei es el virtual ganador. Entretanto, Ricardo Méndez Ruiz llamó a la derecha a votar por el candidato que la representa, ante el riesgo de que la presidencia sea ocupada por una socialista.

Roxana Orantes Córdova

La reciente encuesta de Cid Gallup otorga la mayoría de intención de voto a Alejandro Giammattei. Aunque más de un analista coincide en afirmar que Giammattei no tiene la misma fortaleza política que su contendiente, Sandra Torres, cuenta con mejor imagen pública que ella, según la muestra de Cid Gallup, donde un 12.10% de los encuestados tiene “muy mala” opinión sobre la ex primera dama, frente a un 0.82% con la misma opinión sobre Giammattei.

Si la Unidad Nacional de la Esperanza, que obtuvo la mayor parte de curules en el Congreso, alcanza la presidencia, el escenario favorecerá que se retome la agenda legislativa que promovió la bancada de la UNE (UNE) en la legislatura pasada, afirma Héctor Rosada.

Quienes no se han decidido a votar, podrían terminar inclinándose hacia la UNE, han señalado varios analistas. Debido a esto, Ricardo Méndez Ruiz publicó un video en el cual exhorta a la ciudadanía a votar por la derecha, representada por el candidato de VAMOS.

Héctor Rosada: “La UNE está ganando espacios”

A pesar de los resultados de la encuesta, considera que Sandra Torres y la UNE están ganando espacio en esta contienda. De 160 diputados, 52 representarán a la UNE. Entre ellos, Orlando Blanco Lapola, Mario Taracena Díaz Sol y Carlos Barreda Taracena, quienes seguramente impulsarán la agenda que se quedó estancada en la legislatura que terminará en enero de 2020.

“El partido UNE tiene mucho más posibilidad de ejecutar política, más opciones de llevar propuestas partidarias al Congreso. Taracena podría volver a ser presidente y controlar el Congreso. Si Sandra Torres resulta electa, la UNE tendría el control de los tres organismos del Estado”, señala.

En el caso de un triunfo electoral para Torres, “Giammattei no haría una oposición de peso. Pero si resulta ganador, es muy probable que su vicepresidenciable, Guillermo Castillo, tenga un papel relevante en un gobierno que se enfrentará a un Congreso dominado por la oposición”.

Guillermo Castillo, vicepresidenciable de Giammattei, es director ejecutivo de la Cámara de Comercio y ha sido funcionario en diferentes dependencias: Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación y fue viceministro de Trabajo y Previsión Social.

En cualquiera de los dos casos, señala Rosada, el gobierno deberá reconstituir el gabinete y manejar una situación en la cual el Ejército podría volver a tener un papel beligerante, puesto que según afirma el analista, tratará de presionar para que se aprueben las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional. Recientemente, la Corte de Constitucionalidad (CC), amparó a un grupo de organizaciones que pretenden frenar la discusión de esa propuesta legislativa.

Ortiz: Cid Gallup es una firma de prestigio internacional

La Fundación Libertad y Desarrollo contrató a la prestigiosa firma encuestadora Cid Gallup para realizar la muestra. Es una empresa reconocida en América Latina que ha acertado más de una vez. La credibilidad de sus datos es reconocida en el continente, expresa el encargado del área jurídica de esa fundación, Edgar Ortiz.

Según indica, “la pregunta filtro para los encuestados fue si votarían o no. Evidentemente, a quienes manifestaron que no votarían no se les realizaron más preguntas. Los resultados del presente estudio dan un 52% de intención de voto a Alejandro Giammattei y un 45% a Sandra Torres”.

Virtualmente, Alejandro Giammattei es el ganador. Sin embargo, en un escenario hipotético, y considerando que existe un significativo número de indecisos, quienes además “no sabían” por quién votar, varios analistas plantearon ese escenario hipotético, en el cual los votos indecisos podrían inclinarse por Sandra Torres.

Méndez Ruiz: “seamos pragmáticos. Votemos por el candidato de derecha”

En un video divulgado en redes, el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FTC), Ricardo Méndez Ruiz, señala que es necesario ser pragmáticos y evitar el triunfo electoral de Torres, quien imprimiría un sesgo socialista al gobierno, con todo lo que eso implica.

“Si algo no sucederá es que se anulen las elecciones. Esto no va a pasar, aunque prosperen los antejuicios presentados por Guatemala Inmortal y la FTC, no se detendrá la segunda vuelta. Es una realidad que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), terminarán en la cárcel. De esto no me cabe duda. Además, el amparo del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), tiene que prosperar y la segunda vuelta deberá ser limpia”.

Sin embargo, añade, faltan menos de cuatro semanas para la segunda vuelta y por ello, pide a la ciudadanía que acuda a votar por la derecha, representada por Alejandro Giammattei.

“Sé que si Sandra Torres gana, Guatemala se hundiría en un pozo profundo. Torres tiene 22 denuncias penales y una solicitud de antejuicio por financiamiento electoral ilícito. Si no gana, perderá la inmunidad de la que goza como candidata y podría ir a la cárcel. No pierda su tiempo, exhorte a su familia a votar. Si no vota, está endosando el voto a Sandra Torres”.

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En medio de un panorama sumamente confuso, un elemento hace coincidir a opiniones provenientes de todo el espectro ideológico: el Tribunal Supremo Electoral (TSE), tiene un desempeño que socava una credibilidad que permanecía intacta desde que el ente electoral funcionó por primera vez, en 1985.

Roxana Orantes Córdova

Es difícil creer que personalidades tan opuestas como el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, y el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), Ricardo Méndez Ruiz, puedan coincidir en algún aspecto del panorama político. Sin embargo, ambos consideran que el TSE se extralimitó al emitir un polémico acuerdo que veda a los fiscales de mesa electoral el uso de dispositivos electrónicos durante el conteo de los votos.

Rodas Andrade ya interpuso un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), “esperando que deje sin efecto el acuerdo 319-2019, que restringe la libre emisión del pensamiento, derecho fundamental garantizado en la Constitución Política de la República”, informó el PDH en sus redes sociales.

El Mirador Electoral fue la primera voz crítica contra el acuerdo, a través de un comunicado emitido el 11 de junio. Según el texto, la medida ordena “el secuestro de los celulares y aparatos electrónicos de los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos, fiscales y observadores presentes al cierre de la votación y durante el escrutinio el día de las elecciones”.

En su comunicado, la mencionada organización solicita al TSE que derogue una disposición que atenta contra el artículo 35 de la Constitución Política de la República y demanda del ente electoral “apegarse a la normativa legal vigente y promover condiciones que faciliten la transparencia, el acceso a la información y la confianza en el proceso electoral”.

A la organización citada, se suman los comunicados del partido Semilla y de la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP), publicado en las primeras horas de esta noche y donde se demanda al TSE derogar la medida, lesiva a la libre expresión.

El segundo hecho que motiva dudas y cuestionamientos generalizados es la licencia por tres meses que la Fiscal General Consuelo Porras otorgó al fiscal de delitos electorales Oscar Schaad, quien denunció “amenazas tangibles” contra su vida y la de su familia. Al respecto, Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la FCT, señala que la situación es “tal como si el director de la CONRED se hubiera ido de vacaciones inmediatamente después del desastre del volcán de Fuego”.

Mientras tanto, Consuelo Porras no ha explicado a la ciudadanía el motivo de la licencia prolongada, en un momento crucial para la fiscalía que dirige Schaad, y el TSE decidió por mayoría que no analizará el polémico acuerdo, que se suma al 99-2019, derogado en marzo y que pretendió regular la labor de los medios sobre debates, entrevistas y foros con candidatos.

Al finalizar la tarde de hoy, se conoció que además de Schaad, Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), también solicitó diez días de licencia, por lo cual no participará en el plan operativo de las elecciones.

¿Democracia amenazada?

El 12 por la mañana, el partido Semilla dio a conocer su postura en conferencia de prensa. Un extenso comunicado de la agrupación inicia alertando sobre el riesgo que representa para la democracia la falta de confianza en las elecciones.

“De esta falta de confianza”, indica el comunicado, resultan procesos judiciales dudosos; una reforma inadecuada a la ley electoral y la implementación deficiente de dicha reforma por el TSE, que según Semilla, no ha dado certeza a las candidaturas ni ha garantizado la transparencia. “El TSE no instaló las capacidades requeridas para implementar la ley” ni tuvo fuerza y contundencia para contrarrestar las prácticas de los partidos tradicionales.

Como conclusión, Semilla expone tres hechos que considera retrocesos en el proceso democrático: 1. El pago a los ex patrulleros civiles, en el contexto electoral; 2. El permiso de tres meses a Oscar Schaad y 3. A cinco días de la elección, emite un acuerdo que restringe la libre expresión y viola la Constitución Política.

“Una medida inconveniente”

El encargado del área jurídica en la Fundación Libertad y Desarrollo, Edgar Ortiz, dijo a Perspectiva: “creo que no conviene tomar esa medida. Los medios electrónicos son una herramienta necesaria”.

Según Ortiz, la fundación que representa realizó un estudio de opinión según el cual el 20% de los consultados consideran que la elección no es imparcial. Además, un 31% manifestó temor ante posibles hechos de violencia política en el evento.

Para este analista, uno de los factores que inciden en el panorama electoral que se vive en este momento, es que se realizó un cambio de reglas muy importante que presentó retos complicados, los cuales generaron este caos, que “deteriora la imagen institucional del TSE”.

Celia Luna, politóloga de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), califica como “desafortunado” el tiempo en que el TSE salió con el acuerdo que se basa en la necesidad de resguardar la secretividad del voto. Sin embargo, en este aspecto también es desafortunada la temporalidad, puesto que la secretividad del voto se debe resguardar durante la votación, explica Luna.

Sin embargo, agrega, la respuesta de algunas organizaciones ha sido desproporcionada. Aparentemente, no hay una total comprensión sobre los alcances del acuerdo, que no afectará la presencia ni la labor de los observadores. El término secuestro tampoco es exacto,

Según Luna, la medida no es adecuada. Pretende evitar incidentes de violencia en centros de votación que tienen antecedentes de conflictividad electoral, pero finalmente resulta dañino para la fiscalización. “Los fiscales tienen que estar capacitados para saber qué hacer cuando existe algún indicio de irregularidad, y en ningún caso se esperaría que se comuniquen con sus respectivos partidos, sino con el jefe de mesa”, explica.

Una institución prestigiosa que pierde credibilidad

“Por primera vez en 34 años se critica al TSE con cuestionamientos tan serios. No recuerdo ninguna otra situación similar, aunque evidentemente se han producido algunos señalamientos”, afirma Méndez Ruiz, quien señala que “la guinda del pastel” en este proceso, es la reciente prohibición que impide el uso de dispositivos electrónicos a los fiscales de mesa.

“Es un resabio inaudito, que muestra las tendencias totalitarias que Iván Velásquez intentó implementar en Guatemala. Es la consecuencia de lo que inició cuando el TSE entregó la plataforma electoral a Velásquez, con un acuerdo espurio que no fue derogado. Hasta ahora, parece que el TSE no ha dado marcha atrás con el acuerdo que restringe el uso de celulares”.

En cuanto a la licencia de Schaad, Méndez Ruiz recuerda que

“Guatemala no es Colombia. No recuerdo la última vez que fue asesinado un juez. En 2011 fue trágico el asesinato del fiscal Allan Stowlinsky Vidaurre, pero estos hechos no son comunes en Guatemala, donde gracias a Dios, la violencia política se terminó hace mucho tiempo”.

Debido a que no existen antecedentes cercanos de hechos criminales contra operadores de justicia, Méndez Ruiz considera inaudito que Consuelo Porras otorgara ese prolongado permiso a Schaad. “Solamente podría explicarse en caso de una enfermedad grave. Si su integridad corre peligro, Porras debió asignarle a algunos de los 28 guardaespaldas que siguen protegiendo a la familia de la prófuga ex Fiscal Thelma Aldana. Si hay amenazas en su contra, debieran ser especificadas. Ya estamos cansados de que se denuncien falsas amenazas, como sucedió hace algunos años con el ex director de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Fredy Peccerelli, quien denunció falsas amenazas más de una vez”, concluye.

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Según datos del Ministerio de Gobernación, en 2015 las extorsiones se habían convertido en un negocio que generaba Q300 millones anualmente, dice Edgar Guerra, Defensor de los Usuarios de Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Economista de la Universidad de San Carlos de Guatemala, trabajó como consultor en reingeniería de procesos, mientras presidía la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano. Su labor como activista fue ad honorem y desarrolló varios monitoreos sobre el tema. Según dice, “lo que no se cuantifica no puede administrarse”.

Desde 2013 es defensor en la PDH y aunque el tema en el que se especializó es la defensa de los usuarios del transporte público, ha estado presente en varios de los momentos más críticos para los guatemaltecos: el deslave en El Cambray; la tragedia del Hogar Seguro; deslaves en el relleno sanitario de la zona 3 y el trágico hecho de tránsito en San Martín Jilotepeque, cuando un bus se precipitó a un barranco.

Todas estas experiencias, más su conocimiento de la economía, lo llevan a concluir que es necesario contar con todos los datos necesarios para analizar y resolver cualquier fenómeno de los que se presentan. Por ello, desde hace varios años inició un monitoreo sobre la violencia en buses urbanos y puede considerarse uno de los guatemaltecos que ha sistematizado más datos y números sobre todo lo relacionado con el transporte público y la seguridad vial.

Entrevistado por Perspectiva, Guerra habla del problema y plantea soluciones que, según dice, podrían implementarse si existiera voluntad política y decisión de terminar con prácticas corruptas.

Roxana Orantes Córdova

¿Qué formas de violencia se producen en el transporte público?

Son muchas y muy variadas. La violencia criminal va desde las extorsiones, que es la más divulgada y se ha diversificado (distribuidores de agua, mercados y otros rubros), hasta la violencia sexual (manoseos, obscenidades e incluso violaciones). Y evidentemente, están los asesinatos contra pilotos, que suman más de 2 mil fallecidos entre 2010 y la fecha.

En 2013, 102 pilotos de transporte colectivo fueron asesinados. Ese año, un reportaje del diario británico The Sun afirmó que la profesión más riesgosa del mundo era ser piloto de bus en Guatemala. Hay que añadir que también hay víctimas entre los ayudantes y pasajeros. Además, los taxistas y pilotos de mototaxis también son víctimas mortales de la delincuencia.

Los asaltos son otro hecho de violencia constante en el transporte colectivo. En el país se cometen entre 90 y 100 asaltos diarios en unidades de transporte urbano y extraurbano. Consideramos que este es un subregistro y reflejaría un 40% de la realidad.

¿Cuál es el impacto de esta violencia?

En todos los ámbitos. Tanto económico como social. Mucha gente ha optado por adquirir vehículos de bajo costo. En el país circula un millón de motocicletas, la mayor parte en la capital. Cada día se producen 30 incidentes viales que involucran a motociclistas. Muchos de estos, con víctimas fatales o que sufren secuelas permanentes.

Asimismo, han surgido diversidad de transportes “alternativos”, como los taxis colectivos, microbuses y taxis no autorizados.

En el ámbito social, el caos vehicular sumado a la violencia genera estrés y diferentes molestias psicológicas en los guatemaltecos.

También existe una gran cantidad de víctimas de accidentes, ¿qué comenta al respecto?

Un accidente es un hecho que escapa a cualquier previsión y se produce de forma fortuita. Por ejemplo, un alud que cayera sobre un bus puede considerarse accidental. En Guatemala, casi la mitad de muertes violentas son consecuencia de hechos de tránsito.

Los hechos de tránsito pueden prevenirse con diferentes acciones. Para empezar, muchos pilotos no están capacitados. Casi cualquiera puede obtener una licencia. Luego está el mantenimiento de los vehículos. Llantas reencauchadas varias veces, sistemas eléctricos en mal estado.

En el caso del transporte, especialmente el extraurbano, existen talleres que remodelan unidades diseñadas para ser transportes escolares en EE.UU. y los transforman en buses extraurbanos. Estas modificaciones, hechas por personas no especializadas, pueden generar daños que provoquen los mal llamados “accidentes”.

Un ejemplo dramático es el de San Martín Jilotepeque, donde el bus que se precipitó al vacío iba a una velocidad muy superior a su capacidad real.

¿Cree que existe una solución para esto?

Se puede parar. Se necesita la acción del Estado. Me niego a ver el Estado como un ente amorfo. Es cómodo que la población lo perciba como un ente amorfo, porque esto evita la deducción de responsabilidades.

El Estado tiene una estructura y una responsabilidad, moral y penal. El funcionario debiera ser un servidor público y no servirse de la población. Sean electos o no, se deben a la población, porque devengan sus salarios de los impuestos. Debieran tener resultados concretos.

Ya basta de tener funcionarios de protocolo, de esos que devengan grandes salarios y viajan al extranjero a cuenta del erario nacional. Debería haber más funcionarios de calle que de escritorio.

Es posible frenar la violencia en el transporte. El cobro prepago es una de las medidas que pueden favorecer la minimización de hechos criminales en los buses. También es necesario que se investiguen a fondo diversos casos de corrupción vinculados con el deterioro de las unidades y el servicio.

¿Por ejemplo?

El subsidio ha sido un tema vergonzoso. Es posible afirmar que quienes se beneficiaron de esto durante años no eran transportistas, sino camioneteros que se hicieron “de la vista gorda” ante la pésima calidad del servicio y el deterioro de las unidades.

El subsidio comenzó a entregarse en la década de los setenta, cuando sumaba unos Q600 mil mensuales. Poco a poco fue incrementándose y llegó a los Q24 millones.

El convenio de 2012 entre el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, entonces encabezado por Alejandro Sinibaldi, y la Asociación de Empresas de Transporte Urbano, destinaba Q70 millones del presupuesto nacional al subsidio. Por ejemplo, Q21 millones para el pago parcial del diésel y Q8 millones para sufragar el sueldo de Q4 mil mensuales a 2 mil agentes de seguridad privada que prestarían seguridad a los buses.

La Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano realizó monitoreos al respecto y encontramos que había un máximo de 700 agentes, quienes además facturaban por Q2 mil, la mitad de lo autorizado. El costo del diésel es variable, y cuando baja, debió ser devuelto el excedente. Sin embargo esto no sucedió nunca.

Otra situación es que propietarios de muchas unidades las alquilan a los pilotos, quienes llegan a pagar hasta Q300 diarios por bus a los transportistas. Se sabe que mucho del dinero obtenido por el manejo de los subsidios y las rentas de buses, hasta 2012, iba  a parar a sectores de poder, entre estos el Congreso, donde se aprobaba el incremento del subsidio cada año.

¿Cree que la situación ha mejorado?

El subsidio ha disminuido, pero sigue siendo un incentivo para los extorsionistas y permanece la estructura de corrupción relacionada con la entrega de fondos estatales a los transportistas. En circulación hay 2,695 buses rojos y alrededor de 450 Transurbanos. Las condiciones de deterioro de los rojos son dramáticas, pero siguen circulando y al mismo tiempo, envenenando a la ciudadanía con el smog.

Es un hecho que el sistema prepago reduce asaltos y extorsiones. El sistema de Transmetro puede considerarse una solución parcial, pero aún falta mucho para tener un transporte público que no sea uno de los peores a nivel mundial.

¿Cómo podría mejorarse esto?

En primer lugar, con tecnología. El GPS, las cámaras, el sistema prepago y la modernización de los vehículos. Por ejemplo, incorporarles un sistema que avise al piloto cuando la unidad ha alcanzado su capacidad máxima de ocupantes y de la misma manera, las multas y sanciones debieran imponerse automáticamente.

Una solución idónea sería un metro subterráneo para las distancias largas, Transmetro para las medianas y buses o microbuses para distancias cortas. Otro aspecto es la necesidad de legislar, pero también deslegislar.

La ley que regula el transporte data de 1944, cuando evidentemente no existía el prepago. Esto sirvió de asidero para no aprobar la obligatoriedad. Por ejemplo, legislar sobre el tema fiscal en el transporte público.

Finalmente, es necesario que el país cuente con una Superintendencia del Transporte Público, similar a la tributaria, que ejerza la rectoría del transporte público y logre sacarnos del atraso en el que se encuentra ese rubro tan importante en un país, y donde estamos en los lugares más atrasados a nivel mundial.

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La participación de Zury Ríos como candidata presidencial del partido VALOR significa para un sector la posibilidad de tener en segunda vuelta a una representante del liberalismo clásico, frente a una de las dos opciones de izquierda encarnadas en Sandra Torres y Thelma Aldana. Según muestreos de CID Gallup y Mitofsky, las tres candidatas encabezan las preferencias de voto. Sin embargo, a escasos 33 días de que cierre el plazo para inscribir candidatos, la mayoría de los encuestados no sabe por quién votaría.

Roxana Orantes Córdova

Durante la mañana de hoy, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), autorizó la inscripción de Zury Ríos. El ex presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto, vicepresidenciable de VALOR, dice:

“Nuestro binomio tiene grandes probabilidades de llegar a la segunda vuelta. Representamos a los liberales clásicos. Es un partido conservador y esto constituye una novedad en el ambiente actual Además, tenemos un verdadero plan de trabajo, que expondremos en su momento”.

La duda sobre la inscripción de Zury Ríos fue uno de los elementos que motivaron incertidumbre en un proceso donde la poca información sobre los candidatos y las limitaciones a la divulgación que impone la ley vigente, mantiene un panorama de dudas alrededor del proceso. Otro motivo de incertidumbre es la solicitud del Ministerio Público (MP), para que se retire el derecho de antejuicio a los presidenciables Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, y a Mauricio Radford, de la Unión del Centro Nacional (UCN).

En torno a esta situación, Molina señala: “Las denuncias contra los candidatos crean zozobra. Es lamentable que el MP, pese a que tiene un convenio firmado con el TSE, no haya realizado la denuncia antes de la inscripción, para no generar esa inestabilidad. Todos los candidatos que llenen los requisitos legales, deben participar sin discriminación. En cuanto a quienes ya fueron denunciados, debe mantenerse el principio de que son inocentes, mientras no se demuestre lo contrario. Es deseable que no se pongan en práctica criterios discrecionales. Que no se descalifique a ningún candidato que cumpla lo establecido por la ley”.

Todo apunta a que Zury Ríos tiene allanado el camino a la participación electoral, aunque también es posible que un contendiente rival pudiera interponer un amparo contra su candidatura ante la Corte de Constitucionalidad (CC), donde los resultados podrían ser diferentes que ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Comoquiera que sea, la inscripción de Ríos no está exenta de polémica, señala el encargado del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, Edgar Ortiz.

Encuestas: la mayoría indecisa

La cautela de candidatos e informativos es un elemento evidente en la elección que se avecina. Entre los 27 partidos inscritos, 10 tienen algún tipo de reparo, considerando que VALOR logró inscribir a su candidata presidencial.

Según Ortiz, el panorama político electoral en términos generales puede apreciarse en los resultados de las dos recientes muestras de opinión: CID Gallup y Mitofsky.

La primera concede un 17% de preferencia a Sandra Torres, Thelma Aldana se ubica en segundo lugar, con un 10% y Zury Ríos logra el 7% y Alejandro Giammattei, el 5%. La muestra fue de 1,800 personas en todo el país.

Entretanto, Mitofsky consultó a 1,000 ciudadanos capitalinos con acceso a Internet. El resultado señala que un 28% apostaría por Thelma Aldana; 18% por Zury Ríos y 6.1 se inclinaría por Sandra Torres, que ocupa el cuarto lugar, mientras Alejandro Giammattei, con el tercero, tiene un 14%.

En cuanto a los indecisos, CID Gallup muestra un 46% y según Mitofsky, 4 de cada 10 entre sus consultados no sabe por quién votará.

Para Ortiz, los resultados muestran que Aldana goza con el favor ciudadano. En cuanto a las diferencias que las dos encuestas presentan entre Torres y Ríos, pueden indicar que el voto rural se inclinaría por Torres, considerando que CID Gallup hizo consultas en todo el país. Entretanto, el voto urbano preferiría a Ríos.

Rumores de discrepancias e irregularidades pueden afectar a Semilla

En 33 días cerrará el plazo para la inscripción de candidatos ante el Registro de Ciudadanos. El partido Semilla, mencionado como probable vehículo electoral de Thelma Aldana, podría perder a su candidata o fraccionarse por esta candidatura, señalan varios indicios. Perspectiva intentó reiteradamente contactar a Samuel Pérez, secretario de Semilla, pero no respondió las llamadas.

Según rumores y especulaciones que circulan en las redes sociales, Semilla tiene algunos puntos de discrepancia interna, que podrían fragmentar a esa organización que comienza en la vida política.

Las discrepancias aparentes estarían en torno a la disputa por los puestos en el Comité Ejecutivo Nacional, que no ha sido nombrado oficialmente, pero sobre todo, en cierto recelo en torno a la figura de Aldana, que podrían llevar a la agrupación a prescindir de ella como candidata.

En Semilla hay por lo menos dos grupos: lo que podría considerarse “la vieja guardia”, radicalizado hacia la izquierda, y los “millenials”, donde estarían Samuel López, el secretario general, y la ex ministra de Salud Lucrecia Hernández Mack. Según una opinión, los “radicales” no tienen mucho poder de decisión interno.

Empero, es un hecho que hay por lo menos dos puntos de discrepancia en torno a la candidatura de Aldana: 1. Su acercamiento con el recién electo mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, a quien simpatizantes de Semilla señalan de misógino, despótico y corrupto; 2. Un mensaje de solidaridad que Aldana expresó en sus redes para Juan Guaidó.

Evidentemente, ambos cuestionamientos parten de la izquierda ortodoxa que se encuentra en Semilla, alineados con el salvadoreño FMLN y el dictador venezolano Nicolás Maduro.

Además, existe una denuncia de Guatemala Inmortal contra esa agrupación, que estaría incumpliendo algunos aspectos formales del proceso. Raúl Falla, abogado denunciante, señala:

“Claramente, desde que se inicia la campaña electoral, para el TSE todas las horas son hábiles. Sin embargo, las gestiones de los partidos deben regirse de acuerdo con lo establecido por la ley del Organismo Judicial, donde se omiten los feriados y días de descanso.

El grupo Semilla publicó la convocatoria para su asamblea en La Hora el 30 de enero recién pasado. De esa fecha a la asamblea, solamente median 22 días hábiles, y según la ley vigente, se precisan 30 o más días. Al mismo tiempo, las asambleas municipales y departamentales de Semilla fueron regidas por un Comité Ejecutivo provisional, figura que no existe en la normativa actual. Se pidió al TSE que analice estas dos falencias. El 18 de marzo cierra el padrón y si no se han enmendado estos errores, puede ser que Semilla no corra. Si el TSE está actuando de forma ecuánime, esas asambleas que se llevaron a cabo con un comité provisional, son nulas ipso jure”, concluye.

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La manifestación del magisterio organizado frente al Congreso, evidencia cómo el Presupuesto General de la Nación parece ser un botín codiciado por diferentes grupos de presión, que pueden convertirse en aliados políticos de quienes buscarán su reelección como diputados, señalan Edgar Ortiz, ex director del Centro de Estudios Económico-Sociales de la Universidad Francisco Marroquín. Un documento interno del Congreso, al que Perspectiva tuvo acceso, evidencia varias de las incongruencias de esta ley recién aprobada.

Roxana Orantes Córdova

Bajo una llovizna persistente que no logró ocultar el sol de mediodía, sindicalistas magisteriales de todo el país se congregaron alrededor del Congreso de la República, para exigir una ampliación presupuestaria de Q961.7 millones. Cualquier persona que conozca las condiciones del sistema educativo público podría pensar que los sindicalistas exigían el incremento para construir nuevos planteles, dotar a los estudiantes con materiales didácticos de calidad o por lo menos mejorar lo existente, bastante deteriorado.

El documento del Congreso, titulado Algunas consideraciones sobre el anteproyecto del Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio fiscal 2019, señala que los alumnos de preprimaria tienen una asignación de Q4.99 diarios y los de primaria, Q3.75.

“Sin embargo, en 2018, el Mineduc solamente destinó Q1.11 por alumno. Hasta el último desembolso, recientemente entregado, se realizó el aporte de Q3.00”, señala el texto, y agrega: “pese a que faltan Q93.6 millones para cumplir con el mínimo que se estableció”. Incluso, podrían no alcanzar la meta prevista, considerando el retardo en las entregas a las juntas escolares y que muchos establecimientos educativos serán utilizados para centros de votación, ya que 2019 es año electoral, dice el análisis referido.

Entre las situaciones vinculadas con el presupuesto nacional que terminan afectando a los estudiantes, está la falta de compromiso del Ministerio de Educación  no cumple puntualmente con los pagos de servicios básicos, como energía eléctrica, alquileres de inmuebles, agua y cuotas de seguridad social. Los directores y personal (docente y administrativo) deben cubrir este rubro al que tienen que sumar la reconexión del servicio.

Ninguna de las consignas de los docentes que protestaban el miércoles alrededor del Congreso menciona la situación de los estudiantes. Lejos de esto, el incremento solicitado por los sindicalistas es para financiar el pacto colectivo  entre los sindicalistas y el mandatario Jimmy Morales.

Además de varias prebendas incluidas en el pacto, los maestros y personal administrativo tendrían un incremento salarial del 5%, equivalente a Q522 millones 717 mil. Joviel Acevedo, sin presencia pública desde el 27 de agosto, cuando atropelló a un ciclista en Alta Verapaz mientras conducía un vehículo propiedad del Ministerio de Educación, reapareció en las manifestaciones para exigirle a Morales que cumpla su parte, o de lo contrario, “el inicio del ciclo escolar está en peligro”, aludiendo a que podrían parar labores.

Esto evidencia el interés docente de los sindicalistas, quienes enarbolando anacrónica parafernalia del tiempo de la “guerra fría” y acompañados por tonadas revolucionarias de hace más de cuatro décadas, adquirían diversos productos ofrecidos por vendedores callejeros en la improvisada feria que se formó alrededor del Congreso.

El “estira y encoge” entre el mandatario que se comprometió sin tener certeza de cumplir, y el sindicalista que no vacila en suspender las clases para lograr sus propósitos (que siempre son económicos), es solamente una de las tantas trampas y trucos que tiene el Presupuesto General de la Nación,

Edgar Ortiz, director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, quien fue director ejecutivo del, señala:

“Al cumplir las demandas de los sindicatos magisteriales y otros en torno a los pactos colectivos, se está eliminando la eficiencia de un buen gasto público a cambio de un aliado político importante, que es el magisterio”.

“Entretanto, afirma, se castigó a entidades que no han sido obsecuentes ante el gobierno de turno, como la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).

Un economista cercano al Congreso de la República que solicitó no ser identificado, indica que el proyecto de Presupuesto General de la Nación está muy manipulado. “Se sabe que algunos diputados vinculados con la Comisión de Educación buscan reelegirse, y por ello están avalando a Joviel Acevedo y su movimiento”.

“Veo un presupuesto excesivamente político. Es inevitable que el presupuesto sea un arma política, pero en esta ocasión, inevitablemente se castiga a determinados sectores, al tiempo que se realizó un “pacto con el diablo”, es decir, con Joviel Acevedo”, concluye Edgar Ortiz.

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Como una medida cautelar para garantizar su presencia en el país mientras se realizan las investigaciones, el Ministerio Público (MP) solicitó arraigo en contra de Edgar Baltazar Barquín Durán, el cual fue decretado por el Juez de Turno la tarde de este martes.

La medida se tomó, luego de perder materia la solicitud de antejuicio que el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron el pasado 15 de julio contra Barquín Durán por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias, cuando Barquín era candidato a la vicepresidencia.

La acción contra Edgar Barquín se derivó como parte de la investigación que el MP y la CICIG realizaron y en la que lograron identificar un grupo dedicado a desarrollar actividades de lavado de dinero en el departamento de Jutiapa, que contaba con el auxilio de autoridades locales y nacionales.

Con esta autorización, Barquín tiene prohibición de salir del país.

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