Guatemala ha dado un paso crucial hacia una mayor regulación del mercado con la aprobación de la Ley de Competencia (LDC), que incluye la creación de la Superintendencia de Competencia (SDC), cuyo proceso está actualmente en desarrollo.

Por Nicholas Virzi

El propósito oficial de una LDC es la optimización del bienestar del consumidor por medio de la maximización de la eficiencia económica que se logra por medio de mercados competitivos. El primer Directorio de la SDC y su primer Superintendente marcarán la trayectoria institucional de esta importante entidad que nace con enorme poder regulatorio. Si este poder se usa de manera errónea o malintencionada, los efectos económicos podrán ser desastrosos. 

Guatemala comienza su proceso de selección de su primer Directorio de la SDC y su Superintendente en casi en el peor de los casos. El proceso se desarrolla en un contexto de polarización política y desconfianza hacia las instituciones, exacerbada por la manipulación del sistema judicial guatemalteco durante el tiempo de los peores abusos de la CICIG (2015-2019). Dichos abusos fueron dirigidos especialmente en contra del sector privado, para presionar a empresarios a apoyar los fines políticos del Departamento de Estado de EEUU (DOS) y su arma, la CICIG. 

«La elección del Superintendente de Competencia debe ser un proceso transparente y basado en méritos, donde la independencia, formación, experiencia y prudencia sean criterios dominantes».

Aunque la CICIG y la regulación de la competencia podrían aparentar ser dos temas completamente distintos, es precisamente el temor que la SDC se podrá convertir en una “CICIG permanente” que genera desconfianza y preocupación entre la iniciativa privada. 

Tampoco ayuda la narrativa política y politizada en la que participan muchos que promovieron la LDC en Guatemala. Se ha promedito que la LDC va lograr cosas que ninguna LDC ha logrado en ningún otro país, nunca. Que se va transformar la estructura económica del país, que el desarrollo se va alcanzar con base a la LDC, que se va acabar con las élites económicas, que la inflación va a bajar, etc. Todo esto solo podría ser cierto si la intención es utilizar la LDC como instrumento político, y no técnico. 

La desconfianza racional del sector privado se podría mitigar si el primer Directorio de la SDC se conforma de la manera correcta. La conformación del primer Directorio de la SDC y la selección de su primer Superintendente serán muy importantes para marcar el rumbo institucional correcto de dicha instancia. 

Independencia y Neutralidad Política

La primera cualidad para integrar el Directorio de la SDC es la independencia política. Es crucial que los directores y el Superintendente, en particular sean vistos como actores neutrales, ajenos a pasiones y presiones políticas. Respecto al Superintendente, este individuo debe tener una reputación de competencia e integridad, demostrando en su historial profesional que no ha sido influenciado por agendas personales ni partidistas. 

La confianza del sector privado en la SDC será importante para mantener el ánimo de la iniciativa privada y, sobre todo, la inversión. Guatemala es un país donde la formación bruta de capital fijo (FBCF), que es básicamente inversión en infraestructura, es dada por el sector privado en un 90%. La FBCF del sector privado es más que nueve veces mayor que la inversión extranjera directa (IED) en el país, y más de 4 veces mayor que el nivel de ahorro bruto doméstico. Si el sector privado guatemalteco decide dirigir sus inversiones a otros países con autoridades de competencia que generan más confianza, se cae cualquier pretensión de desarrollo nacional para Guatemala. Esto lo deberían de entender las autoridades de la SDC que se está creando en Guatemala.

A final de cuentas, la confianza del sector privado en la SDC dependerá mucho de que su líder no sea percibido como una persona con agenda política propia, ni herramienta de ningún gobierno o partido.

Experiencia y Formación en Competencia

El Superintendente debe poseer una formación y experiencia básica en temas de competencia, economía o disciplinas relacionadas. Idealmente, el primer Superintendente no debería de ser un abogado con relativamente poco conocimiento de la materia económica pertinente a temas de competencia. 

Debe ser alguien que no solo ha estudiado microeconomía avanzada, organización industrial y métodos cuantitativo en profundidad, sino que también ha aplicado estos conocimientos en la práctica. La experiencia previa en organismos de competencia, ya sea a nivel nacional o internacional, haber trabajado en regulación de mercados, y haber organizado o participado en publicaciones y/o foros dedicados a temas de competencia sería ideal. Lo ideal es que sea una persona que tenga esta experiencia en diferentes gobiernos de distinto índole ideológico. 

Un Superintendente con esta experiencia ayudaría a generar la confianza que las decisiones de la nueva SDC no se van a basar en interpretaciones legales o económicas superficiales, erróneas y/o politizadas, sino en un entendimiento sólido de cómo funcionan los mercados y las leyes y políticas de competencia en un país como Guatemala que necesita elevar su ritmo de crecimiento económico como vía indispensable para lograr el desarrollo.

Dado la desconfianza que gira sobre la nueva ley y su aplicación, el Superintendente debe ser alguien con experiencia en la promoción de la competencia. Es esencial que pueda explicar complejas teorías de competencia de manera accesible tanto a los empresarios como al público general. Además, debe ser alguien que ha promovido la educación técnica sobre temas relacionados con la regulación de la competencia.

Conclusión

La creación de la SDC establecerá un nuevo estándar de regulación del mercado en Guatemala. Por ende, su potencial para ser mal usada es altísimo. Para mitigar los temores y desconfianza sobre esta nueva autoridad, la elección de su Directorio, y su Superintendente, debe ser un proceso transparente y basado en méritos, donde la independencia, formación, experiencia y prudencia sean criterios dominantes.

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Este viernes el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) elige a su nuevo presidente del CANG y de su tribunal de honor. Cabe mencionar que ambos profesionales serán parte de la comisión de postulación que seleccionará a los candidatos más idóneos para sustituir a Consuelo Porras como jefa del Ministerio Público (MP).

Redacción Perspectiva

Francis Arturo Peña Cifuentes, Presidente del Tribunal Electoral informó a Guatemala Visible que durante la jornada de la mañana no se reportaron incidentes entre los abogados que han acudido a ejercer su voto. 

Según dio a conocer Peña, suman más de 38 mil agremiados; sin embargo se espera que en esta edición esperan superar los 7,800 votantes que se presentaron en la elección anterior, así como profesionales afines que podrían acudir a emitir su voto. 

De momento, autoridades y funcionarios del Estado, diputadas, así como integrantes de planillas, han votado para elegir a la Junta Directiva y Tribunal de Honor del CANG.

Además, se observa presencia de propaganda de distintas planillas en los alrededores del centro de votación y espacios para recibir a los letrados afines a cada planilla. 

Las Planillas inscritas para la elección son: 

1. Avanza – Coalición Gremial
2. Alianza de Profesionales de Guatemala – Nueva Fuerza Gremial – Articulación Cívica Política
3. Agrupación Solidaria de Profesionales Afines (ASPA)
4. Unidos por el Derecho – Plataforma de Profesionales por la Justicia
5. Unión
6. Agrupación de Profesionales por la Excelencia Profesional (Apex)
7. Revolución Gremial
8. Dignificación Profesional
9. Bloque Salvemos el CANG
10. Unidad x Justicia
11. Unidad Gremial de Abogados (Ugap)

Al acudir a los centros de votación los profesionales colegiados activos reciben 3 boletas para votar en las elecciones del CANG .

• Azul: Junta Directiva
• Blanca: Tribunal de Honor
• Verde: Comité Asesor de Inversiones

Los requisitos para votar  son:

• Ser licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado, notario, politólogo, internacionalista, criminalista o sociólogo. 
• Estar colegiado en el CANG
• Ser colegiado activo
• Identificarse con DPI ó carné del CANG

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Salvador Paiz

Estamos a 72 horas que los ciudadanos ejerzamos uno de los derechos más importantes
de toda democracia: el de elegir. La elección de las personas que tendrán a su cargo la fundamental tarea de dirigir el curso de Guatemala durante los próximos cuatro años. Me refiero al binomio presidencia, alcaldes, diputados al Congreso y al Parlacen. No tomemos nuestro papel a la ligera.

Hoy quiero animarlos a que vayamos a las urnas el próximo domingo 25 de junio. Guatemaltecos ¡vamos a votar! El sufragio, o el derecho al voto, es uno de los pilares principales de todo sistema democrático, ya que representa el proceso mediante el cual el pueblo soberano, según sus preferencias, embiste de autoridad a los poderes legitimados. En Guatemala, al ser una república democrática, todos los ciudadanos tenemos la oportunidad de expresar nuestra opinión y contribuir al proceso político. El voto es libre e igualitario, por lo que absolutamente todos tenemos el mismo derecho de elegir nuestros representantes según nuestras preferencias y valores.

Pero este derecho está fuertemente vinculado con la obligación de informarnos. Nuestro deber es investigar, indagar y reflexionar sobre las propuestas políticas para conocer qué piensan hacer estos candidatos una vez lleguen al poder, cómo piensan lograrlo y cuánto nos costará. Investiguemos sobre las propuestas escritas y planes de gobierno de los candidatos, tanto a nivel presidencial como legislativo. Para ello, nos podemos apoyar en herramientas cívicas como yovotomejor.com, somosbuho.beehiiv.com, www.diestra.com.gt, entre tantas otras. Y recordemos todas estas promesas para exigirlas a quienes queden electos a los distintos cargos.

No desperdiciemos nuestro voto. En las últimas semanas, he dedicado este espacio al proceso electoral y me ha sorprendido la abrumante cantidad de comentarios, en mis redes, apoyando al voto nulo. Con respeto, me permito expresarles que votar nulo o abstenernos de votar es la salida fácil. Es abdicar nuestra responsabilidad como ciudadanos. En realidad, el voto nulo no beneficia nuestro proceso democrático. Quienes buscan promover el concepto del voto nulo son quienes buscan favorecer a las agrupaciones políticas que ya lideran en la preferencia de voto o que tienen capacidad de movilización. Sencillamente, votar nulo es permitir que alguien más elija por nosotros. Me parece mejor tomar la difícil decisión de elegir aquel candidato que nos parezca “menos peor”.

Habrá quienes argumenten que, en dado caso el voto nulo supere el 51 por ciento del conteo final, nuestros problemas se resolverán porque habría que repetir el proceso electoral. El argumento me parece débil dado que: (1) tendremos que gastar en un nuevo
proceso electoral, y (2) los candidatos probablemente serán de los mismos. Además, parece un escenario poco probable dado el contexto histórico donde el voto nulo alcanzó el 4.12 por ciento en el 2019 en la elección de binomio presidencial, y alrededor de 9 por ciento tanto en la elección de diputados nacionales como distritales. No obstante, si decidimos votar nulo, será a sabiendas que lo más probable es que logremos el efecto contrario a lo que en realidad buscamos.

Tenemos en nuestras manos el gran poder de elegir. Recordemos que los políticos son servidores públicos y el proceso electoral no es un concurso para ver quien se sirve del Estado, sino de quiénes estarán a cargo de servir al país, enderezando el rumbo y corrigiendo los vicios del pasado. Ojalá podamos exigir que se implementen propuestas técnicas de desarrollo incluyente (como Guatemala No Se Detiene). Y que, como pueblo soberano, podamos exigir que no se desvíen de nuestro plan de nación.

Seamos garantes del proceso electoral y defensores de nuestra democracia. Nadie nos puede obligar a votar de determinada manera, nadie puede ver como votamos, ni nos pueden obligar a votar en un lugar distinto al que nos corresponde. En dado caso, si presenciamos algún delito o irregularidad (acarreo, publicidad, compra de votos, coerción del voto, etc.) ¡denunciemos! Tenemos a nuestra disposición la aplicación de Elecciones Visibles, que nos ayudará a evidenciar irregularidades en este importante proceso.

Finalmente, quiero felicitar y animar a las personas que serán parte de las Juntas Electoras
y las Juntas Receptoras de Votos. Gracias por su servicio cívico, han asumido una gran
responsabilidad, así que les deseo todo el éxito este domingo.

Si somos realmente ciudadanos de bien y nos importa Guatemala, ejerzamos nuestro
sufragio y elijamos libremente. ¡Votemos Guatemala!

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José Enrique Urrutia Estrada decidió presentarse como candidato a la presidencia del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) de Guatemala, motivado por lo que considera una atención deficiente al agremiado, que se suma a diversos hechos anómalos en la administración del CANG.

En entrevista para Perspectiva, expone su experiencia académica y política, incluyendo la amenaza de muerte que denunció cuando fue candidato a Fiscal General, así como su activismo y participación en la fundación de Guatemala Inmortal.

Urrutia también narra cómo fue difamado y chantajeado por un medio cuyo propietario actualmente está en prisión por chantaje y lavado de dinero. Según afirma, los grupos que lo postulan para el CANG tienen años de existencia y su planilla está integrada por profesionales prestigiosos.

Roxana Orantes Córdova

¿Quién es José “Pepe” Urrutia?

Pues soy un hombre normal, cristiano, libre y de buenas costumbres, fiel a mis principios, un hombre de familia, notario y abogado litigante con más de 22 años de experiencia, consultor y asesor jurídico y empresarial. También soy pequeño caficultor en Fraijanes. Me gusta mucho el campo y practico el tiro deportivo.

¿Cuáles son sus credenciales académicas?

He sido profesor de Derecho de Propiedad intelectual en la URL. Abogado y Notario graduado de la misma universidad. Tengo postgrados en Derecho Mercantil y de Propiedad Intelectual en Salamanca, España; Suecia, Singapur y estudios completos de Maestría en la USAC. Actualmente estudio el último año del Doctorado en Criminología y Criminalística en la Northern International University. Pero ante todo, soy un hombre trabajador de sol a sol. Desde que me gradué del colegio empecé a trabajar para costearme mis estudios.

¿Que lo motiva a participar como candidato a la presidencia del CANG?

Mi compromiso como agremiado al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Decidí asumir mi responsabilidad ciudadana de participar, para trabajar por un mejor CANG, que actualmente se encuentra en un estado muy lamentable, sin transparencia en el gasto y manejado por el mismo grupo de siempre, que se ha acomodado y cuyo servicio al abogado deja mucho que desear. Como abogado litigante, he vivido la falta de apoyo del CANG en los tribunales, registros y oficinas públicas.

¿Que nos puede decir de las asociaciones de profesionales del derecho que lo apoyan, Coalición Gremial y Salvemos al CANG?

Coalición Gremial es quizás la asociación de profesionales del derecho y ciencias afines de más largo recorrido en la política gremial. No se trata de una más entre tantas plataformas que se organizan improvisadamente, meses o días antes de las elecciones, solo por participar.

Coalición Gremial y Salvemos al CANG, aglutinan a las asociaciones de abogados y criminólogos más importantes del país, y tienen presencia en todos los departamentos y municipios de Guatemala.

Salvemos al CANG es una organización que se formó en tiempos de pandemia, como un movimiento que ha luchado por las precarias condiciones en las que cayeron muchos colegas, al no poder trabajar. La pandemia, los encierros y las restricciones destruyeron la vida de muchos profesionales.

Ahora, ambas asociaciones hacemos una fuerza extraordinaria.

¿Quiénes conforman su equipo de trabajo?

Nuestra plataforma electoral está compuesta por profesionales del derecho y ciencias afines, de mucho prestigio y de distintos sectores. La Licenciada Marisol Morales Chew, académica con más de treinta años de experiencia en la USAC, lidera la planilla del Tribunal de Honor; la licenciada Nancy Paiz, fiscal de amplio caminar en varias agencias del MP, lidera la planilla del Tribunal Electoral.

Nuestro equipo, bastante heterogéneo, comprende colegas del sector privado, litigantes, consultores jurídicos, jueces, magistrados, fiscales, auxiliares del sector justicia y asesores de gobierno. Profesionales de toda la República. Le hemos dado mucho espacio a la mujer en nuestras planillas. Gente muy querida en el medio.

Usted participó como candidato a Fiscal General en el año 2022. ¿Cuál fue su experiencia en dicho proceso?

Fue un proceso que me dejó un sabor de boca agridulce. Me metí en aguas muy turbulentas. Fue una experiencia de vida que me ha enseñado mucho y me ha hecho más fuerte. Incluso fui amenazado de muerte y presenté la denuncia respectiva. Sabían que, si quedaba elegido, las mafias criminales que invaden propiedad privada, bloquean carreteras, queman hidroeléctricas y roban electricidad, por ejemplo, iban a ser perseguidas hasta el último rincón de Guatemala.

En dicho proceso fue señalado en algunos medios por estar vinculado con sobornos a funcionarios públicos durante el gobierno del PP. ¿Algún comentario al respecto?

Debo decir que quien me atacó mediáticamente, calumniándome y difamándome con noticias falsas, hoy se encuentra guardando prisión preventiva, acusado de graves delitos, como el chantaje, la extorsión y el lavado de dinero. Su pasquín va en picada y yo estoy libre. Descaradamente me pidió mucho dinero para no sacarme en su medio. No le di ni un centavo, y bueno, he allí las consecuencias.

En los procesos donde este personaje me quiso involucrar en su infame “medio de propaganda”, nunca fui señalado, acusado, citado, oído, ni vencido o condenado en juicio. Jamás fui parte de los mismos.

También me quiso involucrar con el presidente Giammattei (que era su “gallo tapado” para la Fiscalía General). Yo, al día de hoy, no tengo el gusto de conocer al presidente. Nunca le he hablado.

¿Cuál es su relación con la Fundación Contra el Terrorismo y otras asociaciones?

Yo no soy miembro de la FCT, mas Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla son buenos amigos. Soy de los fundadores de Guatemala Inmortal, allá por 2017, cuando fuerzas perversas y oscuras querían manosear la Constitución, creando un sistema de justicia paralelo y refundar el Estado de Guatemala, como un Estado Totalitario, tipo Cuba o Venezuela.

Creo que ser miembro de augustas instituciones como la Liga Pro Patria, la Cámara de Industria, ACDEPRO y ACTEPAR, reflejan que creo y apuesto por la libertad de industria y de comercio, por la justicia, la igualdad ante la ley, la vida, la libertad individual y la propiedad privada de todos los guatemaltecos.

¿Cuál es su plan de trabajo para el CANG?

En primer lugar, presentar cuentas claras de la ejecución del presupuesto a los agremiados. Algo básico, que debería de darse por sentado y no lo vemos actualmente. La máxima descentralización de los servicios al agremiado, tiene un lugar preponderante en nuestro plan. Llevaremos la academia a todos los rincones del país, a través de una Unidad Académica de primer nivel. Devolveremos al CANG, el prestigio y el poder que le corresponde, incidiendo en la defensa valiente del Estado de Derecho y la Certeza Jurídica, emitiendo comunicado y accionando ante los tribunales de justicia, cada vez que personas, el Estado o entes internacionales atenten contra la institucionalidad y la Constitución.

Promoveremos proyectos de ley para presentarlos a quienes tienen iniciativa. Pensamos que el CANG debe tener una Cooperativa de apoyo económico y social al agremiado, y si es posible una clínica médica de primera. Revisaremos, y en su caso, mejoraremos sustancialmente el plan de prestaciones, jubilaciones y seguros. Crearemos alianzas de cooperación con instituciones nacionales e internacionales para apoyo al agremiado y finalmente, eliminaremos el cobro obligatorio del polémico Congreso Jurídico, del cual casi ningún agremiado se beneficia, pero del que, las juntas directivas “hacen su agosto”.

¿Qué mensaje le manda a los profesionales del derecho y ciencias afines?

Que ejerzan su derecho y responsabilidad gremial, yendo a votar por la planilla número 4, dándonos su confianza en todas las papeletas y salvemos a nuestro querido CANG.

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Cinco puntos del ente fiscalizador que pueden marcar la diferencia entre una Contraloría General de Cuentas (CGC) inoperante y tolerante con la opacidad y un ente que cumpla a cabalidad la función para la que fue creado. En octubre, un nuevo Contralor asumirá el cargo, y de su probidad dependerán muchas cosas en Guatemala.

Roxana Orantes Córdova

El licenciado Edwin Humberto Salazar Jerez, titular de la Contraloría General de Cuentas, concluye su mandato el próximo 12 de octubre. Recientemente, Salazar en representación de la CGC firmó un convenio de coordinación interinstitucional con el Ministerio Público y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).

El objetivo del convenio es fiscalizar y dar seguimiento a las entidades públicas con obras no finalizadas, deduciendo responsabilidad penal cuando corresponda, informaron los medios de comunicación.

Durante el evento, Salazar expresó:

“Las instituciones que firmamos compartimos objetivos estratégicos para cooperar y unir esfuerzos que permitan la fiscalización de la infraestructura y obras no finalizadas. Se fortalecerán los canales de comunicación interna en el marco de la legalidad con apego a los principios y valores éticos que cada institución signataria promueve, estamos convencidos que la lucha contra la corrupción la opacidad y la impunidad es asunto de todos”.

Carencias y vacíos en el ejercicio de la CGC 2018-2022

Como antecedente, la CCG ha tenido titulares muy cuestionados y otros que pasaron por la institución sin marcar diferencias. Los casos dramáticos fueron Marco Tulio Abadío, quien estuvo preso por un millonario desfalco, y Carlos Mencos, actual diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza quien recientemente perdió la inmunidad por un caso de presunta corrupción durante su gestión como Contralor, luego de que la Corte de Constitucionalidad fallara en su contra.

En la administración de Salazar, se observa un interés manifiesto en mejorar diversas situaciones, aunque aparentemente tuvo algunos frenos que impidieron al ente fiscalizador actuar de forma más enérgica.

Por ejemplo, en 2020, el informe de hallazgos de la CGC libró al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), de responsabilidades y hallazgos relacionados con la entrega de obra pública a constructores, diputados y allegados al Ejecutivo.

El caso, posteriormente, se destapó mediáticamente con la noticia de que Fredy Chojolán, director de Caminos, era parte de una red familiar y que sus primos dirigían más de 40 constructoras favorecidas por el Estado. En 2020, Chojolán fue destituido.

Sumado a ello, los medios informan que la CGC cuenta con pocos funcionarios para fiscalizar las más de 360 alcaldías, lo que podría dificultar su labor. En 2021 se realizaron 342 auditorías y algunas municipalidades no fueron revisadas.

Cinco puntos que otorgan especial importancia a la CGC

1. Es la institución rectora de la fiscalización de los recursos públicos y control gubernamental.
2. Su acción busca mejorar la eficiencia del gasto público, impactando positivamente en los guatemaltecos.
3. Regula el régimen de calidad y probidad de los empleados públicos y sus funciones.
4. Corrige hechos que afecten los intereses del Estado.
5. Instituye procesos modernos para fiscalizar y promueve la auditoría social.

En plena elección de Contralor

Actualmente, el proceso de elección está entrampado por una disputa ante la Corte de Constitucionalidad entre la Junta Directiva y el Tribunal Electoral. Esto podría incidir en que la elección, programada para el 12 de agosto, pueda retrasarse.

El tema cobra especial relevancia con la cercanía del año electoral y el retraso podría incidir en temas como la entrega de finiquitos a los candidatos, dijo a los medios Francisco Quezada, del CIEN.

En cualquier caso, la disputa interna podría incidir negativamente, y es de esperarse que la CC resuelva pronto para evitar que se empañe un proceso tan relevante como este.

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Jordán Rodas avaló públicamente a los grupos que señalan fraude en la elección de Rector. Julio Valdez, antropólogo egresado y docente de la USAC, expone algunas variables de esta situación, que a su criterio, pudo resolverse apelando a los mecanismos legales que tiene la universidad nacional para estos casos.

Roxana Orantes Córdova

Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos (PDH), divulgó anoche un video en el que apoya la marcha realizada el 20 de mayo contra los resultados de la elección en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Rodas escribió:

En una jornada histórica estudiantes, docentes y profesionales alzarán su voz en contra del #FraudeUSAC, tienen derecho a manifestar de forma pacífica y las autoridades están obligadas a garantizarlo. #FlorecerasUSAC #DignaResistencia

Además, interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y coordinó con la Policía Nacional Civil (PNC), para garantizar la seguridad de los manifestantes. Todo ello parece muy natural, parte de sus obligaciones como PDH y apegado a la democracia. Exceptuando un detalle: Rodas es uno de los candidatos «perdedores» en la elección y entre los manifestantes de esta mañana está el grupo SOS USAC, que promovió la candidatura del funcionario.

Además del visible conflicto de interés en su aval a los manifestantes, que entre otros actos tomaron la Rectoría, Rodas tiene por lo menos tres meses de realizar campaña electoral aparentemente en horas laborales y sin un permiso o licencia.

La Fundación Contra el Terrorismo solicitó a la PDH la constancia de la licencia a Rodas y la entidad respondió´que no emitieron ninguna. Ello implicaría que Rodas utilizó su tiempo de trabajo para hacer campaña política y está por verse si además, se trasladó en vehículos institucionales y usó combustible u otros recursos de la PDH.

Otros elementos que afectan negativamente la imagen del PDH y los manifestantes de hoy son:

1. En redes circula una «lista de traidores», aparentemente para motivar la condena social a quienes aparecen ahí, por el «grave pecado» de avalar al Consejo Superior Universitario. La circulación de listados es un método totalitario, empleado por fascistas y comunistas, y busca destruir al enemigo ideológico.
2. La presencia del diputado Román Castellanos, de Semilla, en la manifestación, evidencia el carácter político de la acción. Aunque Castellanos afirma que acudió como egresado, este argumento es inválido, porque al ser un representante del pueblo, supuestamente se debe a sus votantes. Además, parece un acto de campaña anticipada.
3. La «toma de la Rectoría», protagonizada por manifestantes, incluyó la expulsión de otro grupo, afín a Walter Mazariegos, rector electo. Funcionarios de la PDH expulsaron a los «pro Mazariegos» y facilitaron la permanencia de los «anticorrupción». A esta incongruencia con el discurso de los derechos humanos, se suma que al tomar la Rectoría, se están violando los derechos de estudiantes que deben realizar trámites, entre otros la graduación y gestión de becas. Estos derechos no parecen ser prioritarios para el magistrado de conciencia, quien enfoca todas sus fuerzas en buscar que se repita la elección para eventualmente ganarla.
4. Diego Plutarco de León, fiscal electoral de SOS, también participó en la toma de la Rectoría hace cinco años. En esa ocasión hubo cuestionamientos contra quienes tomaron las instalaciones, porque se perdió valioso equipo. El grupo de hace cinco años negoció con el PDH y ahí habría iniciado la relación entre este y estudiantes universitarios.

Un grupo pequeño que hace «mucho ruido»

Aunque los medios mostraron largas columnas de manifestantes, la realidad es que no representan un porcentaje significativo del estudiantado, señala Julio Valdez, docente en la USAC.

«Es grave la participación de organizaciones ajenas a la USAC, como CODECA y otros grupos que se dicen indígenas pero son políticos. Es grave porque ningún político hace nada gratuitamente y seguro esperarán algo a cambio del apoyo.

Estos manifestantes no intentaron reclamos legales, los ganó la emoción y realizaron sus medidas de hecho, pero la realidad es que hay un Rector electo, Mazariegos, quien no abandonará el puesto fácilmente. Las autoridades universitarias tienen el tiempo a su favor y pueden esperar meses a que todo regrese a la normalidad».

«Por supuesto que hay corrupción en la USAC. Pero el problema no es Mazariegos sino el sistema putrefacto. También es corrupción cuando un funcionario usa su puesto para promoverse o la utilización de la PDH como instrumento de Jordán Rodas».

Jordán Rodas ¿carrera contra reloj?

Julio Valdez agrega:

«Parece un problema ético que el PDH y funcionarios de la institución que dirige hayan participado como observadores, porque hubo violencia de parte de quienes quieren repetir la elección, pero la PDH no señaló a los responsables. Llama la atención que siendo PDH, no haya promovido que se cumpliera con las normas establecidas para objetar la elección, en lugar de tomar medidas de hecho.

En el caso presente, quienes objetan la elección desecharon los mecanismos democráticos establecidos y esto es preocupante.

Cualquier proceso de elección puede impugnarse y la USAC, con 70 años de realizar elecciones, tiene normado todo esto. Hay varios decanos que tardaron más de un año en asumir, por cuestionamientos legales.

Rodas parece tener el tiempo en contra, porque le faltan tres meses para abandonar la PDH y entonces, debe volver a Quetzaltenango, para asumir su cátedra en el CUNOC, donde tiene licencia hace cuatro años.

Si no logra asumir en tres meses, a Rodas le habría ganado el tiempo y seguramente desistirá, lo que daría por terminado un movimiento similar a la anterior toma de la Rectoría, que se prolongó seis meses y afectó a los estudiantes, pero no a los docentes ni autoridades, quienes siguieron recibiendo sus salarios durante ese tiempo. No hubo sanciones ni acciones penales contra estos estudiantes que tomaron rectoría en aquella ocasión», finaliza Valdez.

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Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos y candidato a Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), denunció al secretario de la USAC, Gustavo Taracena, ante el Ministerio Público. Entretanto, otro grupo que postuló candidato a Rector, divulgó un comunicado llamando a la cordura.

Redacción Perspectiva

«Nos vemos hoy viernes 29 de abril, en la vigilia que se realizará a partir de las 18 horas en el MUSAC. ¡Los espero!, tuiteó el PDH, quien está de licencia para realizar sus actividades políticas.

El magistrado de conciencia, comisionado del Congreso, presentó una denuncia penal contra Taracena, por el supuesto delito de incumplimiento de deberes.

La elección de Rector se suspendió desde el 27, cuando partidarios de Rodas, agrupados en SOS USAC, tomaron el MUSAC por señalamientos de fraude en el proceso. Entre otros, los activistas entre quienes hay docentes, estudiantes y egresados, impidieron el ingreso a la sede de votaciones al Rector en funciones, Pablo Oliva, quien acudió a emitir su voto.

Los manifestantes aseguran que tuvieron muchos indicios de fraude para favorecer al candidato Walter Mazariegos, de INNOVA. Esto motivó la toma del MUSAC y la suspensión del proceso, además de acciones de amparo interpuestas por representantes de cuatro cuerpos electorales (de SOS USAC), quienes reivindican su derecho a elegir.

¿Hacia la ingobernabilidad institucional?

De forma inédita, la elección a Rector de la USAC pasó a ser, de actividad gremial y académica, a una lucha callejera en la que se produjo la toma del MUSAC y varias actividades lúdicas promovidas por los miembros de SOS USAC. Es interesante cómo organizaciones no relacionadas con la universidad estatal intervienen en la elección del académico que dirigirá esa casa de estudios superiores.

Entre los grupos que apoyan a Rodas están las organizaciones campesinas CODECA y CUC, así como los «Landivarianos» y otras agrupaciones de izquierda que suelen manifestar bajo las mismas consignas.

Además de quienes acuden a las protestas orgánicamente, se pudo ver frente al MUSAC a personajes como la «Pirulina» y el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa.

Al respecto de la situación, el grupo Nueva USAC y su candidato Erwin Calgua, publicaron un comunicado expresando que «el giro que tomó el proceso motiva desconfianza y puede generar ingobernabilidad institucional».

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El presidente Alejandro Giammattei iniciará las entrevistas para elegir al nuevo Fiscal General este martes 26 de abril. El proceso será transmitido en vivo en los canales oficiales del gobierno.

Redacción Perspectiva

El Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López Oliva dio a conocer el proceso detalles del proceso de elección de Fiscal General a cargo del presidente de la República, Alejandro Giammattei.

Giammattei entrevistará a dos candidatos por día a partir del próximo martes 26 de abril.  El proceso completo serán transmitidas por los canales oficiales del Gobierno de Guatemala y estarán a disposición de la población en general.

El funcionario  hizo un llamado a «evitar especulaciones al respecto” y aseguró que el proceso será transparente.

Calendario de entrevistas:

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A mediodía, la Corte de Constitucionalidad (CC), fijó un plazo de seis horas para que la comisión postuladora presente un informe circunstanciado sobre la elección de la nómina con los aspirantes a Fiscal General.

Redacción Perspectiva

Los abogados Erick Castillo y Maynor Caté presentaron un amparo ante la CC, ante la «amenaza de que entreguen una nómina que no responda a las ponderaciones establecidas por la ley», expresó el abogado Erick Castillo entrevistado por medios de comunicación.

El amparo interpuesto incluye a los integrantes de la comisión postuladora y al presidente Alejandro Giammattei ya que, según explicó Castillo en el video mencionado, existe la amenaza de que el mandatario reciba una nómina poco idónea, que estaría violando la Constitución y la Ley de Comisiones de Postulación, donde se establece que los integrantes de la nómina deben ser los que tengan mayor ponderación (en este caso, Consuelo Porras).

La interposición del amparo contra la postuladora y el mandatario alarmó a grupos de izquierda, que comienzan a considerar la posibilidad de «salir a las calles», ya que en este sector se avala la forma «poco ortodoxa» que dominó la selección de la nómina el 20 de abril.

Comisión postuladora: los vaivenes de una elección

La palabra que mejor podría definir la jornada del 20 de abril es «vaivén«. Inicialmente, Consuelo Porras fue calificada con 90 puntos. Esta ponderación no fue del agrado de algunos sectores y el hecho se agravó cuando únicamente Nector de León alcanzó 86 puntos y el resto ni siquiera llegó a los 75 requeridos.

En una extraña decisión, los comisionados decidieron bajar al mínimo el estándar (o «línea de corte»), a 60 puntos. Sumándose a esta medida, Consuelo Porras no logró los 10 votos necesarios.

La jornada del 20 parece salida de una novela de Franz Kafca. Durante 12 horas que parecieron eternas, los comisionados deliberaron, no sin antes aclarar que su principio es la reconocida honorabilidad y su decisión, técnica y no política.

Las 12 horas no fueron suficientes para decidir el nombre de un aspirante que faltaba para completar la nómina y la mañana de hoy inició con los mismos vaivenes e indecisiones. Interesante dato es que más de un honorable decano cambió su voto más de una vez.

Todo ello fue la antesala del amparo interpuesto por Castillo, quien también accionó contra el Presupuesto General de la Nación en 2020. La rápida respuesta de la CC obliga a la Comisión de Postulación a redactar inmediatamente el documento circunstanciado y al mismo tiempo, retarda más el proceso.

La lección de este proceso, sumado a casos similares cuando se eligieron magistrados a la CC, es que, como tantas veces ha mencionado más de un analista, la fórmula de comisiones postuladoras está agotada por la politización y el gran número de grupos externos que influyen en esos procesos.

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Elección de Fiscal General es un tema de discusión para muchos ciudadanos preocupados por el quehacer nacional. Para explicar lo que significa y qué podemos esperar, consultamos a Christians Castillo y Secil de León, analistas que aportan sus perspectivas sobre el tema.

Roxana Orantes Córdova

Elección de Fiscal General es un proceso que motivaba un mínimo interés de los guatemaltecos, hasta la nominación de Thelma Aldana por Otto Pérez Molina (hecho muy cuestionado por la sociedad civil).

Aldana llegó al puesto luego de ser señalada por la CICIG como operadora de mafias que influenciaban las elecciones en cortes, y pronto logró adherirse a las demandas de Ivan Velásquez.

En 2015, Aldana se convirtió en símbolo de la lucha por la transparencia y la figura del Fiscal General comenzó a ser relevante para la ciudadanía. Actualmente, la elección del fiscal que sustituirá a Consuelo Porras está en marcha y motiva interés y debate entre los ciudadanos que se interesan en la coyuntura nacional.

«El jefe del MP debe aplicar el principio de ingratitud», afirma Castillo

«Lo que está en juego cuando se elige al jefe del Ministerio Público (MP), es la calidad del debido proceso sobre actos presuntamente ilegales o delictivos. El MP es el único facultado para la persecución penal, aunque no debe olvidarse que la calidad de la justicia depende de varias instituciones, desde la Policía Nacional Civil (PNC), al Sistema Penitenciario», señala el analista Christians Castillo.

«Se esperaría que el funcionario electo aplique principios que también deben ser seguidos por los jueces, como el principio de ingratitud, que debería ser aplicado por el jefe del MP».

Según este principio, el funcionario electo no debe una lealtad ciega a quien lo elige, en este caso el Congreso y el Presidente, lo que obliga al Fiscal General a actuar con estos funcionarios apegado a la ley y realizar las indagaciones pertinentes, si hubiera indicios de que cometieron acciones fuera de la ley.

Además, señala Castillo, «se esperaría que haya independencia. La vida de seres humanos depende de la calidad de la justicia. El o la Fiscal General debe garantizar la independencia de los fiscales de sección, quienes realizan las investigaciones».

«El jefe del MP es un administrador, quien debe demostrar eficiencia y efectividad. Dirige y coordina la institución, por lo que también se espera que conozca ese campo.

«Se inscribe en la lucha por el control del aparato judicial»: De León

Para Secil de León, la elección de Fiscal General es una de las variables que evidencian «la lucha entre mafias guatemaltecas y mafias que responden a intereses estadounidenses».

«Sabemos que en 2015, EE.UU. tenía el control, pero Thelma Aldana se tuvo que asilar, argumentando que su vida corría peligro. Sus ex socios de la UCN la habían amenazado. Sin embargo, durante el gobierno de Jimmy Morales y también en el actual, los aliados de Estados Unidos perdió ese control».

«Veo difícil que los estadounidenses puedan colar a un candidato afín a ellos. Aun así, tienen el poder como para torcerle la mano a cualquier alto funcionario».

Entre los posibles efectos de esta coyuntura, el analista expresa:

«No tardan en declararnos Estado Fallido, como le llaman a los países que no responden a sus órdenes y por esto, consideran que representan un peligro para ellos. Estado Fallido no es un concepto que responda a la realidad, sino un término político creado en EE.UU. para estados que no le obedecen. La etiqueta nos pondría a la par de Rusia o Venezuela».

«La elección de Fiscal General pasa por la lucha entre mafias. Quien controle el aparato de justicia tendrá el control del Estado, a menos que los ciudadanos reaccionemos, lo que resulta difícil porque la ciudadanía se decepcionó luego de 2015».

«¿Cómo sería un Fiscal idóneo? Tomando en cuenta que el Congreso propone y el Presidente dispone, es difícil que sea independiente. Por lo menos, esperaríamos que sea independiente y con alta calidad académica, además de experiencia en temas de justicia y administrativos».

«Además, sería deseable un guatemalteco que tenga amor por su patria, que agradezca al pueblo que lo vio nacer», concluye De León.

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