Este lunes se publicó en el Diario de Centro América (DCA), el Estado de Calamidad decretado por el Gobierno de Guatemala en Consejo de Ministros, el cual aplicará en todo el territorio nacional por medio del Decreto Gubernativo Número 2-2024, que este estará vigente por un mes a partir de su entrada en vigor.

Redacción Perspectiva

Según dieron a conocer, la decisión del Ejecutivo tiene como base informes detallados del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). En estos se detalla información sobre las constantes lluvias que azotan al país, la saturación de los suelos y los daños que estas han causado en viviendas y en la infraestructura pública.

El Decreto señala que se limitarán las libertades civiles que establecen los artículos 5 y 26 de la Constitución Política de la República. Aclara que esto se hará solamente en los casos necesarios para implementar las medidas que se detalla esta norma temporal. También explica que durante la vigencia de esa norma ninguna persona podrá ser perseguida por sus opiniones o actos que no impliquen infracción a la ley.

Por ello, quedan restringidos los derechos de locomoción, limitación de la circulación de vehículos o salida y entrada de personas a las zonas, caminos o carreteras afectadas.

También podrán las autoridades ordenar evacuaciones de zonas en riesgo o afectadas por lluvias y daños causados por estas.

Además, señala que la Conred deberá llevar a cabo todas las acciones necesarias para prevenir o mitigar los daños causados por la temporada de lluvias. También deberá coordinar con los albergues la protección de personas afectadas.

Igualmente, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social atenderá a las personas afectadas por la temporada de lluvias con el apoyo de la Conred.

Según detallan,  el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) llevará a cabo todas las acciones necesarias para atender la circulación vial de todas las personas en las zonas afectadas.

Asimismo, se ordena a todos los servidores públicos del Organismo Ejecutivo a prestar el auxilio y la cooperación necesarias a las personas afectadas siempre que las circunstancias lo demanden. También se incluye el requerimiento de apoyo de particulares, municipalidades y otras entidades para controlar la situación en zonas afectadas.

El decreto también ordena a todas las autoridades militares y civiles, con el apoyo de la Conred, implementar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de las personas y sus bienes en las zonas afectadas por las lluvias.

También autoriza al CIV, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y a la Conred para adquirir los bienes y suministros necesarios, así como ejecutar las obras pertinentes para atender solucionar y mitigar los daños a la población e infraestructura afectada por las lluvias. Sin embargo, estas acciones deberán publicarse en las plataformas habilitadas para tal efecto.

Se decreta #EstadoDeCalamidad Pública en todo el territorio de la República de Guatemala con el fin de tomar las medidas oportunas para mitigar los efectos de la temporada de lluvias. pic.twitter.com/Y2coph0rOa

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) July 8, 2024

Se agrega que, una vez que concluya el estado de Calamidad, las entidades podrán continuar con los eventos de adquisición, siempre que la adjudicación de estos ya se haya publicado en Guatecompras.

Asimismo, todas las donaciones nacionales que se reciban deberán registrarse a nombre del Estado en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la Conred y todas las entidades involucradas deberán liquidar las donaciones en un plazo no mayor de 90 días a partir de su recepción.

Además, el decreto de estado de Calamidad para hacer las asignaciones necesarias a las entidades involucradas para atender la emergencia ocasionada por la temporada de lluvias.

Asimismo, ordena a la Academia de Lenguas Mayas que traduzca y publique el decreto sobre el estado de Calamidad a los principales idiomas mayas. Además, que se publique en las principales comunidades lingüísticas para que sea conocido por la mayoría de la población.

En cuanto a la transparencia, también señala que en su oportunidad se presentará al Congreso un informe circunstanciado de todas las acciones ejecutadas de acuerdo con lo que para el efecto estipula la ley.

CONGRESO DEBE CONOCER

Aunque la medida entra en vigor de forma inmediata, el Decreto también convoca al Congreso de la República para que apruebe, modifique o impruebe las acciones descritas , ya que el estado de Calamidad contenido en el documento mencionado debe ser aprobado por ese Organismo.

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El presidente Bernardo Arévalo, declaró este miércoles estado de calamidad a nivel nacional por un periodo de 30 días, esto con el fin de preservar la salud de los guatemaltecos, y combatir los incendios forestales a nivel nacional.

Redacción Perspectiva

En conferencia de prensa el mandatario junto a la vicepresidenta Karin Herrera, y miembros del Gabinete de Gobierno indicó que, el Estado de Calamidad tiene el propósito de enfrentar los incendios de una manera más ágil. Además, busca fortalecer con insumos materiales a las brigadas que combaten los incendios a través de la compra de equipo de protección personal y herramientas.

También permite hacer un llamamiento para recibir la colaboración internacional de aeronaves. Esto permitirá la más pronta liquidación de los incendios.

Esta medida fue solicitada por el sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), con el fin de poder contar con los recursos financieros, el equipo para sofocarlos y poder evitar la contaminación del ambiente.

“Como Gobierno rechazamos estos actos que ponen en peligro la vida de los guatemaltecos,

debido a que la alta contaminación y las partículas generadas por la combustión tienen efectos

adversos en la salud de las personas”, agregó el presidente Arévalo.

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#PerspectivaHOY
La @ConredGuatemala informó que, luego de una verificación en el vertedero de AMSA, se determinó que el incendio ocurrido en el área fue provocado por lo que accionaron en el MP. Conoce aquí más detalles: https://t.co/pyJnPQIITI pic.twitter.com/23O4Ope98U

— PERSPECTIVA (@PerspectivaGT) April 10, 2024

En búsqueda de la transparencia del uso de los fondos durante el estado de Calamidad, se delimita que solo las entidades que tienen un rol estratégico en el control de los fuegos pueden ejecutar los fondos. Asimismo, al finalizar el Estado de Calamidad, el Gobierno rendirá un informe financiero de lo actuado.

Según registros el 80 por ciento de los cuales son provocados, como en el volcán de Agua, el cerro Candelaria de Quetzaltenango, el vertedero de AMSA y en Petén, entre otros.

Esto ha provocado que esta semana el ministerio de Educación suspendiera las clases en los departamentos de Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez, las cuales permanecerán suspendidas hasta nuevo aviso.

#Comunicado | Consejo de Ministros decreta Estado de Calamidad en el territorio nacional. pic.twitter.com/9nV94MZIsT

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) April 10, 2024

Todas las fuerzas especializadas del Estado en materia de emergencias combaten los incendios de manera frontal. Mientras tanto se han presentado las denuncias ante los órganos competentes de investigación para dar con los responsables y llevarlos ante los tribunales.

En su mensaje el presidente resaltó que el Gobierno central velará por la transparencia de los recursos que sean utilizados durante este estado de calamidad.

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El Estado de Calamidad por 30 días fue propuesto ayer por Alejandro Giammattei y aprobado rápidamente hoy, con 110 votos a favor. Esto, pese a diversos cuestionamientos y dudas ciudadanas.

Redacción Perspectiva

El Estado de Calamidad fue aprobado en apenas dos horas, con el consenso de los legisladores y escasas objeciones.

Llama la atención que justamente hoy, la tormenta Julia se despidió de Guatemala, dejando inundaciones, lluvias aisladas y 13 fallecidos en deslaves.

Sin embargo, pese a que la tormenta amainó y bajo la conducción del oficialismo, los diputados avalaron el Decreto Gubernativo 5-022, que impone por 30 días el Estado de Calamidad que permitirá al gobierno realizar compras sin licitaciones, aprobar obras diversas y probablemente gestionar nuevos préstamos.

Esto, en el contexto preelectoral puede prestarse a suspicacias.

El gobierno de Alejandro Giammattei probablemente pase a la historia como el más inclinado a decretar diferentes formas y modalidades de los estados de excepción. Solo de Calamidad llevamos 10, entre 2020 y la fecha, señala el abogado Giovanni Fratti.

Las obras emprendidas en esos 9 estados de calamidad ya ejecutados, no se han visto hasta el momento, pese a los montos millonarios que cada una de esas situaciones significó para el Estado.

Y aunque nada ha variado en la infraestructura ni en la salud (pese a los miles de millones para el coronavirus), el Congreso eligió favorecer las pretensiones del mandatario, por lo que durante los próximos 30 días, los guatemaltecos tendremos restringidas las libertades básicas mientras el gobierno podrá comprar, contratar y pedir préstamos discrecionalmente.

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Alejandro Giammattei anunció un nuevo Estado de Calamidad por treinta días, a raíz de los destrozos ocasionados por Julia en el país.

Redacción Perspectiva

El mandatario realizó el anuncio a través de sus redes sociales e informó que la intención de la medida es implementar medidas urgentes «para salvaguardar la vida de los guatemaltecos».

Si este gobierno tiene un sello distintivo, son los Estados de Calamidad. La pandemia y eventos naturales diversos han justificado la medida, que permite al gobierno las compras directas o sin licitación y en muchos otros momentos ha sido fuente de opacidad.

El nuevo Estado de Calamidad se prolongaría por treinta días, anunció el presidente. El Ejecutivo envió la iniciativa al Congreso para que los diputados aprueben o imprueben el estado de Calamidad.

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El presidente de la República Alejandro Giammattei agradeció al Legislativo aprobar el Estado de Calamidad. El miércoles por la tarde, 111 diputados votaron a favor de ratificar la medida de emergencia solicitada por el gobierno.

Redacción Perspectiva

Giammattei agradeció por medio de una publicación en redes sociales al Congreso por ratificar el Estado de Calamidad.

«Agradecemos al Congreso por ratificar el Estado de Calamidad Pública, esta medida nos permitirá implementar acciones urgentes para salvaguardar la vida e integridad de los guatemaltecos ante los daños provocados por las lluvias en nuestro país», indicó el mandatario.

El estado de Calamidad fue aprobado por 111 diputados que extendieron la disposición a todo el territorio nacional. Aunque, el Ejecutivo había incluido únicamente ocho departamentos, entre ellos: Guatemala, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso, Sacatepéquez y Zacapa.

El estado de Calamidad permanecerá vigente los próximos 30 días  y tiene por objetivo permitir al gobierno controlar la crisis por lluvias. Además, permite a las autoridades limitar las libertades constitucionales y  realizar compras sin licitación.

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El estado de Calamidad Pública es una medida especial cuya función principal es evitar los daños posibles cuando el país es azotado por situaciones o desastres naturales como terremoto, inundaciones, deslaves, huracanes, lluvias y cualquier otro fenómeno natural o situación de emergencia.

Redacción Perspectiva

El estado de Calamidad contenida en el Artículo 15 de la Ley de Orden Público Orden que faculta al Presidente de la República para que en estos casos se tomen medidas como la centralización en la entidad o dependencia que el decreto señala todos los servicios públicos, estatales y privados, en la forma y circunstancias que el Estado de Calamidad Pública lo requiera.

Asimismo, cuando se trate de servicios que presten entidades de carácter internacional, se procederá de acuerdo con los convenios respectivos.

El Ejecutivo también podrá limitar las garantías constitucionales de libre locomoción, cambiando o manteniendo la residencia de la persona, estableciendo cordones sanitarios, limitando la circulación de vehículos o impidiendo la salida o entrada de personas en la zona afectada.

Además, entre otras medidas podrá exigir de los particulares el auxilio o cooperación que sea indispensable para el mejor control de la situación en la zona afectada; impedir concentraciones de personas y prohibir o suspender espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones; establecer precios máximos o mínimos para los artículos de primera necesidad y así evitar su acaparamiento.

Finalmente, en un Estado de Calamidad Pública el Estado también es facultado para ordenar la evacuación de los habitantes de las regiones afectadas o que estén en peligro; dictar las medidas adecuadas para el resguardo de las fronteras internacionales; y tomar todas las medidas necesarias para que la calamidad no se extienda a otras zonas para la protección de las personas y de sus bienes.

Durante 2020 y 2021 el Organismo Ejecutivo decretó Estados de Calamidad Pública enfocados en contener los contagios de la pandemia por la COVID-19, así como sus efectos a la economía, turismo, empleo y seguridad alimentaria de los guatemaltecos.  

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Estado de Calamidad es una de las medidas más socorridas para la administración gubernamental, que recurre a esta figura en cada oportunidad. Pero ¿quién gana y quién pierde con los Estados de Calamidad? Seguramente la ciudadanía no es la ganadora.

Roxana Orantes Córdova

El Estado de Calamidad aprobado hoy, sin dudas se destaca entre muchos aprobados durante este gobierno. En primer lugar, fue propuesto ayer por Alejandro Giammattei y su Consejo de Ministros. Menos de 24 horas después, había sido aprobado en el tiempo récord de media hora y con el aval de 111 diputados.

Llama la atención que mientras la infraestructura vial y social (escuelas y hospitales), se encuentran en condiciones deplorables, los diputados siguen insistiendo en que actúan para el bienestar de la población, que en momentos como este se convierten en la mayor preocupación de los «padres de la patria».

Argumentos como el anterior se invalidan al recordar el desastre que implicó el abordaje de la pandemia, además de que se mencionan manejos oscuros con fondos como las transferencias para facturas de luz eléctrica y la pobre ejecución del MAGA en programas de alimentos, en el primer semestre de la pandemia.

Sin reparar en estos antecedentes, los legisladores decidieron que el pueblo guatemalteco necesita nuevas transferencias y propusieron, a partir del Estado de Calamidad aprobado hoy, restar fondos al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para ingresarlos a obra gris de infraestructura y atención de los desastres que avizoran los precavidos legisladores.

Ello, pese a que ayer el Ejército realizó varios sobrevuelos en la Costa Sur (la más afectada por inundaciones), y determinó que no existen riesgos inmediatos para cultivos, personas ni infraestructura.

Evidentemente, se dieron casos como el enorme agujero en Villa Nueva, que está siendo atendido con cooperación estadounidense, y el derrumbe en el camino hacia Antigua Guatemala. Esto permite concluir que el gobierno guatemalteco es extremadamente precavido o que se está gestando una nueva piñata con los fondos estatales.

Y el mejor momento para usar de estos fondos discrecionalmente, comprando y realizando transferencias, es un Estado de Calamidad. Sobre todo, meses antes de que inicie el año electoral.

¿Qué derechos fueron restringidos?

Durante 30 días (y probablemente los políticos ya sueñan con la prórroga), los guatemaltecos de los departamentos en Estado de Calamidad tendremos restringidos varios derechos constitucionales.

Los departamentos son:

Guatemala, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso, Sacatepéquez y Zacapa.

Y los derechos constitucionales restringidos son:

Artículo 5. Libertad de acción

«Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohibe; no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma».

Artículo 26. Libertad de locomoción

«Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley.
No podrá expatriarse a ningún guatemalteco, ni prohibírsele la entrada al territorio nacional
o negársele pasaporte u otros documentos de identificación.
Los guatemaltecos pueden entrar y salir del país sin llenar el requisito de visa.
La ley determinará las responsabilidades en que incurran quienes infrinjan esta disposición».

Artículo 116, segundo párrafo. Derecho a huelga de trabajadores estatales

«Se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores del Estado y sus entidades
descentralizadas y autónomas. Este derecho únicamente podrá ejercitarse en la forma que
preceptúe la ley de la materia y en ningún caso deberá afectar la atención de los servicios
públicos esenciales».

Estado de Calamidad en la Casa Larrazábal

El pasado 10 de junio, el encargado de Despacho de la Dirección Administrativa del Congreso mandó una carta al encargado de despacho para solicitarle información sobre «las gestiones relacionadas al siniestro por lluvias» que afectaron la Casa Larrazábal (monumento nacional), por un valor total de Q. 148,526.44.

Mobiliario, equipo y otros enseres fueron dañados por las lluvias. Parece insólito que una situación como esta ocurra en una de las sedes históricas de los Padres de la Patria, previsores y preocupados por el bienestar de los guatemaltecos, pero que olvidan la preservación de un monumento nacional a cargo del Organismo Legislativo.

El deterioro parece más surrealista porque en 2020, la página del Congreso informaba:

«Karla Solórzano Landaverry, arquitecta y restauradora del Congreso de la República, detalla la restauración de la Casa Larrazábal, Patrimonio Cultural de la Nación ubicado en el Centro Histórico de la zona 1 capitalina, que inicialmente perteneció a doña Clara Larrazábal, quien en 1811 se la donó a su hermano, el jurista, diplomático y sacerdote Fray Antonio, para que la utilizara de residencia y donde hora funcionan oficinas del Organismo Legislativo». 

Larrazábal fue representante de Guatemala ante las Cortes de Cádiz (1808-12) y ante el Congreso Bolivariano (1826), además de ser presidente de la Asamblea Constituyente (1839)

El desastre ocurrido en la Casa Larrazábal resulta más incomprensible al observar que, en abril recién pasado, el Congreso destinó Q. 24,000,000.00 para el arrendamiento de edificios y locales; Q. 18,980,000.00 a mantenimiento y reparación de edificios y poco más de dos millones de quetzales al rubro: educacional, cultural y recreativo.

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El Congreso de la República aprobó el estado de Calamidad Pública por 30 días para todo el territorio nacional. Además, modificó el Presupuesto 2022 para otorgar Q1 mil millones al Fondo de Emergencia para atender los daños causados por las lluvias de los últimos días.

Redacción Perspectiva

Este miércoles 23 de junio, en sesión extraordinaria, el pleno del Congreso ratificó el estado de Calamidad Pública por un plazo de 30 días, mediante el decreto 35-2022.

El Ejecutivo había solicitado que fuese aplicado a ocho departamentos, sin embargo, el Legislativo decidió que sería aplicado a todo el territorio nacional.

Este nuevo estado de Calamidad, contó con 111 votos a favor, 10 diputados votaron en contra y 39 estuvieron ausentes.

La aprobación del decreto fue cuestionada por el diputado Álvaro Arzú Escobar, quien indicó que “en cuestión de 30 minutos, sin discusión y de urgencia nacional acaban de aprobar la transferencia de Q1,000 millones para que se ejecuten sin control alguno. Son un barril sin fondo”.

«No les bastaron 5 mil millones de quetzales que ya tenía asignado el CIV en el presupuesto, además de eso, en el mes de marzo aprobaron 3 mil millones de quetzales más, porque la excusa era el mantenimiento y reparación de carreteras», señaló el diputado Samuel Pérez Álvarez, quien votó en contra.

Mientras que la diputada Lucrecia Samayoa defendió el estado de Calamidad y aseguró que se aprobó “con el propósito que la ayuda llegue a las comunidades afectadas a causa de las lluvias y otros problemas que afectan a la población”.

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En Consejo de Ministros, el presidente Alejandro Giammattei decidió solicitar al Legislativo declarar un Estado de Calamidad Pública ante los daños provocados por las lluvias.

Redacción Perspectiva

Debido a las fuertes lluvias que afectan al país, el Consejo de Ministros solicitó que se declare Estado de Calamidad en los departamentos que han sufrido daños, estos son: Guatemala, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso, Sacatepéquez y Zacapa.

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López anunció la petición que el mandatario presentará de forma urgente al Congreso de la República.

De ser aprobado, el estado de Calamidad Público permitiría a las autoridades destinar fondos de forma inmediata para atender la emergencia.

“En Consejo de Ministros, el presidente Giammattei decidió solicitar al Congreso la declaratoria de un Estado de Calamidad Pública para salvaguardar la vida de los guatemaltecos ante los daños provocados por las lluvias, el cual estará vigente a partir de su publicación” dice el anuncio del gobierno.

La presidente del Congreso, Shirley Rivera y la Comisión Permanente del Congreso, convocaron de manera urgente a sesión extraordinaria, para conocer el Estado de Calamidad Publica trasladado por el Organismo Ejecutivo.

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Hoy inició el análisis de una ley que busca surtir al sistema de Salud Pública, luego de que fracasara la propuesta de un nuevo Estado de Calamidad. La diputada Sonia Gutiérrez, jefe de bloque de Winaq, expone sus primeras impresiones del proceso que se espera concluya mañana.

Roxana Orantes Córdova

Durante los tres días que duró el Estado de Calamidad, se subieron a la página de Guatecompras 569 eventos, de los cuales menos de 40 estaban relacionados con adquisiciones de medicamentos o insumos para COVID-19, observó el ex ministro Carlos Soto en sus redes sociales.

La propuesta gubernamental de sumar un nuevo estado de excepción a los seis reportados desde el inicio de la pandemia terminó en un evidente fracaso político para Alejandro Giammattei, según expresa Adrián Zapata en su columna de opinión.

Los cuestionamientos van desde el reclamo por el destino del dinero para las vacunas rusas que el Estado adquirió, hasta el retraso de la Junta Directiva del Congreso en cerrar la votación, alrededor de 30 minutos durante los que no se emitieron votos.

Esto le valió al presidente del Congreso, Allan Rodríguez, una denuncia interpuesta por Acción Ciudadana, que lo señala de cohecho activo y abuso de autoridad. La denuncia se produce en el contexto previo a que el Congreso viva dos de los eventos más relevantes del año: la elección de nueva Junta Directiva y la discusión del Presupuesto General de la Nación.

Mientras Rodríguez se apresuró a promover el proyecto de ley de emergencia, el mandatario Alejandro Giammattei ha reaccionado emotivamente. El presidente se ha tornado en un entusiasta promotor de la vacunación, que aplica personalmente en más de un municipio.

Contradiciendo las proyecciones que podrían derivar de las cifras sobre COVID existentes, Giammattei aseguró que probablemente, entre la fecha y diciembre, podríamos llegar a diez mil fallecidos. Entretanto, el viceministro de Hospitales, Antonio Coma, aseguró que la variante Delta podría implicar serias complicaciones.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, dijo: «de Q.1,500 millones, hay Q.748 millones desembolsados. Tenemos la mitad de los recursos disponibles» y agregó que «no tiene sentido promover un «sobre stock» de vacunas, porque estas se vencen. Por el momento se están vacunando 70 mil personas cada día».

Algunas propuestas de diputados se apartan de la realidad. Por ejemplo, Evelyn Morataya, de BIEN, pretende que los hospitales privados acojan hasta un 20% de enfermos de coronavirus sin costo, y otra diputada promueve que el Hospital Militar se abra a los pacientes de COVID-19. Ambas propuestas, con probable buena intención, seguramente serán inviables.

Entretanto, Orlando Blanco, de la UNE, opta por el totalitarismo y pretende emular al mandatario francés Emmanuel Macron, expresando de forma muy agresiva que es necesario impedir el acceso de «no vacunados» a ciertos espacios públicos.

«Es necesario oxigenar el sistema de salud», afirma Sonia Gutiérrez

«Estaba claro que el Estado de Calamidad iba con el propósito de realizar compras, más allá de las restricciones, cuya recomendación consideramos es más competencia de los médicos que de los diputados», señaló Sonia Gutiérrez, al salir de la reunión de jefes de bloque donde comenzó a analizarse la propuesta de ley.

«Definitivamente, los diputados estamos claros en la necesidad de crear mecanismos que agilicen las compras de insumos, pero especialmente, contratar nuevo personal hospitalario y atender adecuadamente la pandemia».

«La ley de emergencia es necesaria, para hacer más efectivo el sistema hospitalario, tema que no ha sido asumido por el gobierno. Tuvo seis estados de calamidad, tuvo recursos suficientes. De atenderse adecuadamente la pandemia, no estaríamos atravesando esta crisis».

«El proyecto de ley del que hoy apenas se leyó un artículo, puede contribuir a oxigenar el sistema de salud, aunque debe enfocarse en otros rubros que no son la compra de vacunas, para el que se destinaron Q.1,500 millones en el presupuesto de este año, y del que según el ICEFI, se ha ejecutado el 42%, del que Q.614 millones fueron para las vacunas rusas que no han sido entregadas», comentó.

Guatemala: 80% del pico y bajando, dice Reuters

La agencia noticiosa Reuters realiza un análisis diario del COVID-19 a nivel mundial. Según esos datos, Guatemala está entre los países donde comienza a bajar el “pico”, pese a que la media diaria de muertes relacionadas con la pandemia reporta más de 66, con datos actualizados a las dos de la tarde del 8 de septiembre.

“Los contagios por COVID-19 están decreciendo en Guatemala, con 3,184 reportados de media cada día. Esto representa un 80% del pico de la media más alta, reportada el 24 de agosto”, señala la agencia.

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