La batalla legal de Julian Assange se prolonga aún más. Un tribunal británico ha ordenado retrasar la extradición a Estados Unidos del fundador de ‘WikiLeaks’, acusado de espionaje. Aunque, su equipo legal temía que fuera a ser enviado rápidamente a Estados Unidos para ser acusado; pero al final no ha sido así. Assange está acusado de espionaje y según sus abogados se enfrentaría hasta 175 años de prisión.

Redacción Perspectiva
Assange, de 52 años, fue acusado de 17 cargos de espionaje y uno de uso indebido de ordenadores por la publicación en su sitio web de una colección de documentos clasificados estadounidenses hace casi 15 años.

Según detallan publicaciones de medios internacionales, los fiscales estadounidenses alegan que Assange animó y ayudó a la analista de inteligencia del ejército estadounidense Chelsea Manning a robar mensajes entre diplomáticos y archivos militares que ‘WikiLeaks’ publicó.

Durante una vista de dos días el mes pasado, los abogados de Assange argumentaron que era un periodista antisecreto que sacó a la luz las irregularidades cometidas por el Ejército estadounidense en Irak y Afganistán.

Según ellos, enviarlo a Estados Unidos supondría exponerlo a un procesamiento por motivos políticos y arriesgarse a una «flagrante denegación de justicia».
Además, el Gobierno estadounidense afirmó que las acciones de Assange iban mucho más allá de las de un periodista que recaba información y ponían vidas en peligro en su intento de solicitar, robar y publicar indiscriminadamente documentos gubernamentales clasificados.

El informático australiano lleva cinco años recluido en una prisión británica de alta seguridad. La familia y simpatizantes de Assange aseguran que su salud física y mental se ha resentido durante más de una década de batallas legales, incluyendo su refugio en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012 hasta 2019.

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Durante los últimos dos días Julian Assange ha librado su última batalla ante los tribunales británicos para frenar su extradición a Estados Unidos, en donde podría enfrentar una condena de 175 años de prisión por 17 delitos espionaje, conspiración y fraude informático, al ser fundador de “WikiLeaks”, plataforma en donde se difundió información clasificada del Departamento de Estado y de las guerras de Irak y Afganistán.

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Según documentaron medios internacionales, un alto tribunal deberá decidir, posiblemente esta misma semana, si Assange tiene capacidad de recurrir la orden de extradición emitida en junio del 2022 por la entonces secretaria de Interior Priti Patel.

También se conoció que, el abogado de Assange, Edward Fitzgerald, ha recalcado la «motivación política» del caso y ha advertido de que el fundador de WikiLeaks se enfrenta a «una flagrante negación de la justicia» si es extraditado a Estados Unidos. «En realidad, mi cliente está siendo procesado por una habitual práctica periodística: la publicación de información clasificada veraz y de interés público», recalcó Fitzgerald, con mención especial a los documentos e imágenes de las guerras de Irak y Afganistán.

En tanto, Stella Morris, abogada y esposa de Assange, llegó a los tribunales acompañada por el actual director de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson. «Por favor, seguid mostrando vuestro apoyo a Julian hasta que logremos su libertad», dijo ante decenas de manifestantes que proclamaron a gritos: «Solo hay una decisión: no a la extradición».

El propio Assange comparecerá por videoconferencia a la vista desde la prisión de Belmarsh, donde espera una decisión final sobre su caso desde que fue detenido en la embajada ecuatoriana en Londres en abril del 2019, tras siete años de encierro para evitar la extradición.

«La decisión del tribunal decidirá esencialmente si Julian vive o muere», declaró Morris, quien advirtió que la extradición equivaldría a la pena de muerte, dada la frágil salud del activista australiano de 52 años y las severas condiciones de aislamientos en las prisiones norteamericanas.

Cabe mencionar que si Assange perdiera la capacidad de apelar, el último recurso de sus abogados sería una interpelación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que intervino para detener la deportación de inmigrantes a Ruanda.

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El Ministerio Público (MP) informó que la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa resolvió retirar el derecho de antejuicio al alcalde de Cuilapa en Santa Rosa, Esvin Fernando Marroquín Tupas. El jefe edil es requerido en extradición por EE. UU., señalado de presuntamente cometer delitos vinculados al narcotráfico.

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La Corte Distrital de EE.UU. para el Distrito Este de Texas, le señala de tener vínculos con el Cartel de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación

La solicitud del ente investigador se realizó en diciembre del 2022, en donde además del retiro de antejuicio de Marroquín, también se mencionó a Freddy Arnoldo Salazar Flores, Diputado Suplente al Parlamento Centroamericano; José Armando Ubico Aguilar, Diputado al Congreso de la República de Guatemala, y Crystian Omar Escobar Ángel, alcalde municipal de El Rodeo, San Marcos, con los mismos señalamientos.

BUSCABA TERCER PERIODO EN LA ALCALDÍA

Marroquín Tupas fue electo en 2015 por el Partido Patriota (PP) y en 2019 se mantuvo en el cargo representando al partido Prosperidad Ciudadana. Además, en el 2020 fue fuertemente criticado, ya que en medio de la pandemia adjudicó un estadio con un costo de 7.4 millones de quetzales que dejaron de invertirse en proyectos de agua potable.

Esta vez, buscaba ser reelecto con el partido VAMOS; sin embargo, por no cumplir con el requisito de idoneidad, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), denegó su inscripción.

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Por tercera vez, la defensa de Ovidio Guzmán, hijo del «Chapo» logró suspender provisionalmente su entrega a Estados Unidos.

Redacción Perspectiva

Ovidio Guzmán, alias «El Ratón», fue detenido el pasado 5 de enero. El hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán frenó por tercera ocasión detener su extradición de Estados Unidos.

El proceso de extradición de Ovidio Guzmán parece complicarse cada vez más. Así lo dejó ver el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.

«Se concede la suspensión de plano y de oficio para que el promovente no sea extraditado del país y quede a disposición de este Juzgado de Distrito por cuanto hace a su libertad personal, en el lugar en el que se encuentra recluido. Dicha suspensión se concede siempre y cuando, no se trate del cumplimiento a una sentencia que haya causado ejecutoria» informó el juez Tercero de Distrito en materias de Amparo y Juicios Federales del Estado de México.

«La presente medida cautelar no surtirá efecto alguno si la orden de extradición reclamada fue emitida por autoridades diversas a las señaladas como responsables, o bien, si aquélla se emitió dentro de un procedimiento resuelto en su totalidad de manera definitiva, en el que se haya otorgado al quejoso la oportunidad de hacer valer su derecho fundamental de defensa», agregó.

Estados Unidos tiene menos de un mes para presentar su solicitud formal de entrega. La petición puede ser presentada hasta el próximo 5 de marzo, en esa fecha, el juez de control emite una opinión sobre si México debe o no entregarlo.

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Hoy se conoció que el Ministerio Público (MP), solicitó retirar la inmunidad a dos alcaldes y dos diputados, a quienes la justicia estadounidense considera vinculados con el narcotráfico. Uno de ellos, José Armando Ubico, ya purgó una condena por ese delito en EE.UU., lo que no impidió que el TSE lo inscribiera como candidato en 2015, cuando resultó electo.

Redacción Perspectiva

Este 28 de diciembre, el MP informó que solicitaron el retiro de antejuicio a José Armando Ubico Aguilar, diputado de TODOS; Freddy Arnoldo Salazar Flores, diputado suplente del Parlacen; Omar Escobar, alcalde de El Rodeo, San Marcos y Esvin Fernando Marroquín, alcalde de Santa Rosa.

Según lo divulgado por el MP en sus redes, el retiro de inmunidad se basa en que el gobierno estadounidense pidió a Guatemala la extradición de los cuatro personajes, presuntamente relacionados con el narcotráfico.

¿Narcopolíticos en Guatemala? EE.UU. lo afirma

José Ubico fue mencionado en un informe que la congresista Norma Torres presentó al Congreso de EE.UU., y en este documento se recuerda que en 2003, Ubico purgó 46 meses de prisión por tráfico de heroína.

Había sido detenido en 2001 en un aeropuerto estadounidense y reconoció el delito. Liberado y deportado en 2005, fue electo diputado en 2015.

El suplente en el Parlacen, Freddy Arnoldo Salazar Flores, es yerno de Baldomero Samayoa, alias Chicharra, señalado por EE.UU. de integrar el cartel Los Huista, que traslada cocaína de Huehuetenango a Chiapas, México.

Asimismo, el MP pidió que se retire la inmunidad a Crystian Omar Escobar Ángel, alcalde municipal de El Rodeo, San Marcos y Esvin Fernando Marroquín Tupas, alcalde municipal de Cuilapa, Santa Rosa.

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El caso conocido como Edificio Fantasma finalmente cobra factura y luego de varios años, la justicia guatemalteca solicitó la orden de captura internacional contra Thelma Aldana, quien reside en Estados Unidos, donde tiene vínculos cercanos con representantes demócratas y ONG´s con fuerte incidencia en Guatemala.

Roxana Orantes Córdova

Edificio Fantasma, como se conoció a la compra opaca que realizó el Ministerio Público (MP), dirigido por Thelma Aldana, con el aval de Mayra Véliz y otros funcionarios, es uno de los casos de corrupción más peculiares en los últimos años.

En primer lugar, porque lo habría ejecutado la adalid de la lucha contra la corrupción, quien además tenía evidente interés en postularse para la Presidencia de la República, lo que casi logra hacer usando como vehículo electoral al partido Movimiento Semilla, que la aclamó en su momento.

En segundo lugar, porque pese a las múltiples y exhaustivas pruebas, además de la amplia cobertura periodística, un sector de la ciudadanía nostálgico del «despertar ciudadano», sigue clamando la inocencia de la funcionaria, y pese a que se encuentra prófuga, la narrativa la presenta como una exiliada inocente, que huyó de un régimen represivo y cooptado por la corrupción.

Por ejemplo, la cuenta de Twitter heredera de la CICIG, llamada Ricig, insiste en considerar a Aldana un «referente del combate a la corrupción», y mantiene una constante ofensiva contra la fiscal Consuelo Porras.

Según la cuenta de Ricig:

«Consuelo Porras no descansa. El MP solicita la extradicción a EE.UU. de la ex fiscal Thelma Aldana por denuncias falsas. En el mundo del revés, Porras se olvida que ella es considerada corrupta por EEUU y Thelma Aldana una referente del combate a la corrupción. #SOSGuatemala»

Múltiples trabas a la justicia en caso de Edificio Fantasma

En 2017, el informativo Soy 502 dio a conocer algunos detalles de la compra que motivaba suspicacias al consultar la forma en que el negocio se cerró, según la página de Guatecompras.

A partir de ese momento, el Edificio Fantasma fue una sombra que pesó sobre la funcionaria, quien terminó huyendo del país, señalada de prevaricato, abuso de autoridad, falsedad ideológica y peculado por sustracción, como consecuencia de una denuncia interpuesta por Ricardo Méndez Ruiz.

Era un tiempo en que la CICIG ostentaba un poder omnímodo y su principal aliado era el MP dirigido por la hoy prófuga Aldana, por lo que casi cualquier denuncia en su contra corría el riesgo de perderse en un universo de papeles.

Aldana eligió vivir fuera de Guatemala aunque en el apogeo de su poder había dicho «el que nada debe nada teme», aludiendo a que algunos señalados por CICIG-FECI evadían la justicia. Además, aseguró que retornaría de El Salvador días después, aunque se dirigió a Estados Unidos.

La partida de esta ex funcionaria motiva varias dudas, ya que cuando los medios dieron la noticia de los allanamientos en sus propiedades, ella ya estaba en el Salvador, aparentemente alertada por operadores de justicia afines.

Después de que la fiscal salió de Guatemala, pasaron años sin que el MP solicitara formalmente la orden de extradición. Entretanto, Consuelo Porras extraditó a EEUU a decenas de presuntos narcotraficantes pedidos por ese país, lo que podría abonar en favor de la reciprocidad.

Sin embargo, es un hecho que Aldana está protegida por más de un congresista demócrata que mantiene una buena dosis de poder. Ejemplo de esta alianza son las reuniones que José Carlos Marroquín sostuvo con estos legisladores, como parte de una asesoría al MP también manchada por dudas sobre la legalidad, ya que Marroquín cobró más de un millón del estado que supuestamente lo perseguía. El ex asesor de Aldana sigue asilado en EE.UU.

Otros poderosos aliados de Aldana son ONG´s como Oxfam y la fundación Seattle, que seguramente incidirán hasta donde puedan para que la prófuga no enfrente la justicia. Curiosamente, mientras estuvo al frente del ente investigador, Aldana jamás mencionó los vicios, abusos y fallas en el sistema que hoy argumenta para no regresar a contarles a los guatemaltecos cómo y por qué compró en Q35 millones un edificio tan poco valioso que sigue deshabitado, cuyo representante legal era veinteañero. Y lo más insólito: Guatecompras otorgó la licitación en menos de 20 minutos.

Probablemente el caso quede donde está, pero que el MP finalmente se haya animado a pedir la extradición parece un buen signo para la justicia.

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Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, confirmó que el Ministerio Público (MP), ya inició el trámite para solicitar la captura internacional de Carmen Rosa de León Escribano, quien esta semana acudió a una cita que le hizo la Audiencia Nacional de España. Aunque Guatemala inició el trámite, que se realizaría vía la Cancillería, De León es hija de una española, lo que le da el estatus de «española de origen», según la ley de ese país, que según el tratado con Guatemala, no entrega a sus ciudadanos.

Roxana Orantes Córdova

Española de origen es el estatus que podría evitar la extradición de Carmen Rosa de León Escribano, a quien medios de comunicación en España y agencias noticiosas internacionales presentan como perseguida política por su oposición al gobierno guatemalteco, aunque se omite en cada una de estas informaciones que la orden de captura contra la profesional es resultado de una denuncia interpuesta por el gobierno estadounidense, a través del Homeland Security Investigations (HSI), debido a la presunta malversación de un donativo proveniente de USAID, cuyo destino era apoyar a agricultores y terminó convertido en acciones de Banrural.

La denuncia del gobierno estadounidense implica a por lo menos 13 personas y según menciona Curruchiche, «todos los capturados fueron ligados a proceso penal. No tiene sentido que se argumente persecución política».

En medios internacionales circula que De León aseguró ante la justicia española que en Guatemala fue acusada por «lavado de dinero». Sin embargo, los delitos que acá se le imputan son fraude, asociación ilícita y caso especial de estafa, en el caso Asodefir.

«No entregan a sus ciudadanos», dice jefe de la FECI

«El lunes recién pasado fuimos informados que Carmen Rosa de León había sido citada para el martes 15 por esa instancia. Nosotros no teníamos certeza de dónde estaba, e iniciamos el trámite, solicitando al Juzgado la certificación de la orden de aprehensión. Al tener este documento, y otro emitido por la Unidad Especial de Asuntos Internacionales del MP, los enviaremos a España, a través de la Cancillería, para solicitar la orden», dice Rafael Curruchiche, quien agrega:

«De León fue citada para ayer 15, a las 10 de la mañana, cuando se presentó ante esa instancia y se puso a disposición de la justicia española. Según el tratado entre España y Guatemala, ellos nunca entregan a sus ciudadanos. Al parecer, De León tiene doble nacionalidad. Lo que queremos dejar claro es que no existe persecución política en su contra, y que la orden de captura emitida por un tribunal guatemalteco, se basa en una denuncia estadounidense del 2019 que fue cuidadosamente ocultada por el ex jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval», concluye.

Española de origen

Según la legislación española, los «españoles de origen» son, entre otros, quienes tienen uno o dos padres nacidos en España. Este es el caso de Carmen Rosa de León, hija de Carmen Escribano, española radicada en Guatemala.

Carmen Rosa de León es licenciada en Sociología y Antropología en la Universidad Complutense, de Madrid. Tiene una maestría en Sociología del Desarrollo de Iberoamérica y estudios en Criminología. También en España se encontraba defendiendo su tesis de Doctorado, en marzo recién pasado, indican medios.

Aunque por ley le corresponde la ciudadanía española, De León goza de doble nacionalidad. En cualquier caso, se identificó como guatemalteca cuando fue testigo en el juicio contra tres militares por el caso Myrna Mack.

Acudir a ese país para defender su tesis doctoral fue una feliz casualidad para De León Escribano, quien como ciudadana española, no podrá ser enviada para responder ante la justicia guatemalteca, aunque cabe recordar que la Audiencia Nacional de España realiza investigaciones acuciosas y detalladas, que seguramente llegarán al origen de las acusaciones contra la ejecutiva de Banrural y miembro de la junta directiva de Asodefir.

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«Edificio fantasma» es como se conoce el caso que podría llevar a que las autoridades estadounidenses extraditen a la ex jefe del MP, Thelma Aldana. El juez Lesther Castellanos y Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, comentan la solicitud que, finalmente, el Ministerio Público (MP), formalizó ante un juzgado.

Roxana Orantes Córdova

La petición del MP para que Estados Unidos extradite a Thelma Aldana se fundamenta en el caso conocido como «edificio fantasma«, del cual la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), es querellante adhesivo, informa Méndez Ruiz, quien aplaude la acción del MP.

Para Castellanos, la solicitud de extradición es conforme a derecho. «Se canaliza por el Ministerio Público, pero es una acción del estado guatemalteco al estadounidense. Es normal que cuando existe un tratado de extradición entre dos países, se pida el retorno de personas acusadas penalmente».

Según Castellanos, la solicitud es pertinente

Durante el reinado de la CICIG-FECI, el gremio de abogados resultó satanizado y la profesión de defensor fue criminalizada, en un contexto de falsa lucha contra la corrupción del cual se derivaron varios casos graves de transgresión a las leyes, incluyendo los de corrupción, como muchos indicios apuntan a la compra de un edificio en la zona 5 por el MP a cargo de Aldana, indica el juez.

«La solicitud es conforme a derecho y lo normal es que se canalice por el MP. Aldana se niega a presentarse ante la justicia, a diferencia de otros señalados. Por ejemplo, el hijo del ex presidente Jimmy Morales abandonó sus estudios en Estados Unidos para volver a Guatemala y enfrentar la justicia».

«Aldana podría resultar completamente inocente de los señalamientos, pero no quiere venir es necesario que se implemente una medida de coerción, para que ella comparezca. En este caso, la medida sería la extradición», afirma.

Según Castellanos, el MP tardó demasiado en solicitar la extradición de Aldana. «Fue como brindarle impunidad. Al mismo tiempo, Guatemala mandó unos 60 extraditables a EE.UU. Que la doctora Consuelo Porras no haya realizado la solicitud antes, dejaba mucho que desear».

Edificio fantasma no es el único caso, afirma Méndez Ruiz

«No dudo que otorguen la solicitud. Existen demasiadas pruebas sobre este hecho de corrupción, pero además hay otros, como el premio de US$250 mil que Aldana recibió desde Qatar», indica el presidente de la FCT.

«Aldana se burla constantemente de la justicia guatemalteca y pone a un país extranjero sobre su propio país. Eso dice mucho sobre ella. En este momento es necesario volver a su frase quien nada debe, nada teme«.

«Espero verla retornar engrilletada, aunque me da lástima que una delincuente como ella viaje junto a gente trabajadora y honrada, como son los migrantes deportados».

En cuanto a la supuesta protección que Estados Unidos pueda otorgar a la ex funcionaria prófuga, considera que:

«EE.UU. no puede poner trabas. Las órdenes de captura internacional se gestionan a través de la INTERPOL, con sede en Francia. Sería un precedente nefasto que EE.UU. cobije a una supuesta delincuente en Washington. No creo que el fanatismo de los demócratas que avalan a Aldana llegue a esos extremos».

Por otro lado, Méndez Ruiz considera que en el contexto estadounidense, dominado por el conflicto con Ucrania, la situación de Aldana no es de relevancia.

«Espero verla retornar detenida, y también espero que en breve suceda lo mismo con Juan Francisco Sandoval, quien tiene dos órdenes de captura y al igual que Aldana, no deja de burlarse de la justicia guatemalteca en redes».

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Este viernes 10 de diciembre se concretó la extradición de Ricardo Alberto Martinelli, hijo mayor del expresidente panameño Ricardo Alberto Martinelli, quien enfrenta cargos por lavado de dinero.

Redacción Perspectiva

El hijo mayor del expresidente panameño, Ricardo Martinelli fue extraditado a Nueva York para enfrentar cargos por lavado de dinero. Anteriormente, su hermano, Luis Enrique Martinelli Linares, fue extraditado por los mismos cargos.

Ricardo Martinelli fue arrestado el 6 de julio de 2020 en Guatemala cuando intentaba abandonar el país junto a su hermano.

Junto a Martinelli Linares también fueron extraditados a Estados Unidos, Iram Adonis Mérida y los hermanos Haroldo Lorenzana Cordón y Marta Julia Lorenzana Cordón, los tres bajo cargos de narcotráfico.

Hermano se declara culpable en EE.UU.

Luis Enrique Martinelli Linares admitió haber conspirado junto a su hermano Ricardo y otros para “crear cuentas bancarias en paraísos fiscales en nombre de empresas fantasma para recibir y ocultar más de 28 millones de dólares de sobornos” de Odebrecht.

Martinelli Linares aceptó “ocultar más de 28 millones de dólares de sobornos” de Odebrecht con el objetivo de “beneficiar a un familiar cercano, un funcionario de alto rango en Panamá”.

Además, reconoció que utilizaron los fondos para comprar un yate y una propiedad inmobiliaria en Estados Unidos.

De acuerdo con el tribunal, la sentencia está prevista para el 20 de mayo de 2022.

Caso contra hermanos Martinelli

Los hijos del expresidente de Panamá habrían recibido dinero por parte de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de beneficiar a la empresa en una serie de concursos para la realización de obras en Panamá.

Los hermanos fueron detenidos el 6 de julio de 2020 en la Ciudad de Guatemala cuando intentaban abandonar el país en un avión privado después de casi un año en paradero desconocido.

La detención se llevó a cabo a solicitud de Estados Unidos y durante alrededor de 16 meses los hermanos permanecieron arrestados en la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala, en el noreste de Ciudad de Guatemala.

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El Tribunal Constitucional de Cabo Verde ha rechazado el último recurso del empresario colombiano Alex Saab, supuesto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, con lo que ha dado luz verde a su extradición a Estados Unidos.

Por DPA

«Juzgar improcedente el recurso interpuesto por el señor Alex Saab», señala el acuerdo 39/2021, de 194 páginas, firmado con fecha 30 de agosto y al que ha tenido acceso la agencia de noticias portuguesa Lusa. Saab será así enviado a Estados Unidos a pesar de haber sido designado Enviado Especial de Venezuela y de contar con pasaporte diplomático de ese país.

Saab fue detenido en junio de 2020 cuando realizaba escala de reabastecimiento en una isla caboverdiana. El país africano argumentaba que se valía de una solicitud dictada por Estados Unidos a través de Interpol y en la que el empresario figuraba señalado como presunto autor de un delito de blanqueo de capitales.

Por su parte, el Tribunal de Justicia la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) ha reafirmado que su arresto es ilegal y ha desestimado la petición del Gobierno de Cabo Verde para mantenerlo encarcelado. También la Comisión de Derechos Humanos de la ONU había pedido su liberación inmediata.

Washington acusa a Saab de blanquear 350 millones de dólares (295 millones de euros) para pagar corruptelas de Maduro a través del sistema financiero estadounidense.

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