El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), ha revelado en conferencia de prensa avances en la investigación por la compra de vacunas rusas Sputnik V durante la administración del Gobierno anterior. Además, se anunciaron múltiples órdenes de captura contra exfuncionarios implicados en la negociación y firma del contrato.

Redacción Perspectiva

La fiscalía detalló que se han gestionado órdenes de aprehensión por delitos que incluyen abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude. Entre los nombres destacados en el proceso se encuentran:

• Amelia Flores: Exministra de Salud Pública, señalada por la firma del contrato original que presentaba condiciones desfavorables para el Estado, incluyendo una cláusula de confidencialidad ilegal y la negociación con un intermediario en lugar del fabricante directo, los delitos que se le sindican son: por falsedad ideológica, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y malversación.
• Nancy Pezzarossi: Exviceministra administrativa de Salud, vinculada a los procesos de gestión y pago anticipado de las dosis, los delitos por los que se le acusan son: abuso de autoridad.
• Otros mandos medios: Se han solicitado capturas adicionales para personal técnico y legal del Ministerio de Salud y del Ministerio de Relaciones Exteriores que dictaminaron a favor del contrato a pesar de las inconsistencias.
  

  Hallazgos clave de la investigación

  El MP fundamenta estas acciones en diversas ilegalidades detectadas en el contrato firmado en 2021 por un valor de US$79.6 millones -aproximadamente, Q614.5 millones- (correspondientes al 50% de la compra inicial):

  1. Intermediación Ilegal: La compra no se hizo directamente con el Fondo Ruso de Inversión Directa, sino a través de la empresa Human Vaccine LLC.
  2. Idioma del Contrato: El documento fue suscrito únicamente en inglés, violando la Ley del Organismo Judicial que establece el español como idioma oficial para actos públicos.
  3. Condiciones Adversas: Se negociaron cláusulas que eximían al proveedor de responsabilidad por retrasos en las entregas.
  4. Pérdida de Recursos: De las dosis recibidas, una gran cantidad venció sin ser administrada, generando un desfalco económico y un riesgo para la salud pública.

  Posición del MP

  El MP sostiene que la investigación es objetiva e imparcial, desestimando las acusaciones de inacción o de favorecimiento a ciertos involucrados.

  A la fecha, la fiscalía señala que no se ha encontrado evidencia documental o comunicaciones electrónicas que vinculen de forma sólida a algunas personas mencionadas en el caso, como el expresidente Alejandro Giammattei o el exdirector del extinto Centro de Gobierno, Miguel Martínez; sin embargo, las investigaciones y diligencias aún están en desarrollo.

   

   

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  ¿Accionará el MP en contra del expresidente Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, exdirector del extinto Centro de Gobierno por el caso: Vacunas Sputnik? Esto dice el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche: #Guatemala #JusticiaGT #VacunasSputnik #MP #Giammattei

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La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) destapó una presunta red de corrupción vinculada a un memorándum de entendimiento suscrito entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). En conferencia de prensa, el fiscal de sección, Rafael Curruchiche, presentó los hallazgos de la investigación denominada “UNOPS: Corrupción Presidencial”, que revela graves anomalías en la gestión de fondos públicos y la compra de medicamentos.

Redacción Perspectiva

Casi en simultáneo, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, respondió con duras críticas a la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) sobre el caso “UNOPS: Corrupción Presidencial”, acusando al Ministerio Público (MP) de ser un ente dedicado a “fomentar la corrupción y la impunidad” en el país.

En sus declaraciones, el mandatario afirmó que el Ministerio Público se dedica a inventar casos y a perseguir a funcionarios inocentes mientras protege a los verdaderos culpables. “Son factores y promotores de corrupción que acusan a inocentes y dejan libres a culpables”, sentenció.

SOBRE EL CASO

El MP informó que la investigación se originó a raíz de denuncias presentadas en abril de 2024 por presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad. Según el agente fiscal Mario Véliz, los hallazgos evidencian una serie de violaciones a la ley y malas prácticas que han comprometido las finanzas del Estado y la salud de los guatemaltecos.

2025: 294 días de trabajo fuerte y firme

Caso UNOPS – Corrupción Presidencial: FECI revela irregularidades en convenio suscrito entre el Ministerio de Salud y UNOPS

En conferencia de prensa, el fiscal de sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI),… pic.twitter.com/SgfdMrIgMI

— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 21, 2025

Entre las principales irregularidades detectadas por la FECI se encuentran:

Violación Constitucional: El memorándum, que implicaba un gasto de USD$943,944,469.00 (más de Q7,230 millones), fue suscrito sin la aprobación del Congreso de la República, un requisito indispensable según el artículo 171 de la Constitución para convenios internacionales.

Falta de Fondos y Costos Excesivos: Se determinó que el MSPAS no contaba con la disponibilidad presupuestaria para cubrir el convenio. Además, un examen de la Contraloría General de Cuentas reveló que el proyecto generó USD$143,944,469.00 (más de Q1,115 millones) únicamente en comisiones, fortalecimiento institucional y otros gastos administrativos para UNOPS.

Ahorros Inexistentes y Sobreprecios: Los supuestos ahorros en la compra de medicamentos fueron mínimos, con descuentos de apenas entre 0% y 25%. En varios casos, se pagaron precios superiores a los que el MSPAS adquiría previamente.

Proveedores y Medicamentos Contaminados: UNOPS incumplió su compromiso de realizar procesos internacionales competitivos, comprando los medicamentos a los mismos proveedores nacionales. Se estableció que una parte significativa de los fármacos provenía de la India. Uno de los lotes del medicamento paracetamol (acetaminofén) presentó contaminación macroscópica, lo que llevó a la suspensión de la licencia sanitaria del proveedor Farmacofocus Internacional, S.A. el 21 de febrero de 2025.

Riesgo a la Salud Pública: A pesar de la suspensión, se constató que el medicamento contaminado continuó siendo distribuido durante meses en al menos diez hospitales del país. Algunos centros incluso reportaron falsamente que el retiro se debía a «vencimiento» y no a contaminación.

ACCIONES LEGALES Y ALLANAMIENTOS

Como parte del operativo, la FECI y la Policía Nacional Civil ejecutaron ocho allanamientos en sedes administrativas, empresas y domicilios, así como diez inspecciones en hospitales y bodegas.

El Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal ha girado órdenes de aprehensión en contra de:

Óscar Arnoldo Cordón Cruz, exministro de Salud, por asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción.

María Gabriela Chaulón Pérez, por asociación ilícita, peculado por sustracción y tráfico de influencias.

Edwin Romeo Sicán, por asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción.

Luis Felipe Aldana Cermeño, jefe de Presupuesto del MSPAS, por falsedad ideológica (captura ya ejecutada).

Adicionalmente, se presentó una solicitud de antejuicio contra el actual ministro de Salud, Joaquín Barnoya Pérez, para investigarlo por los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción.

El fiscal Curruchiche destacó que este caso no es un hecho aislado, ya que la FECI mantiene 24 investigaciones abiertas por denuncias de la Contraloría en ministerios como Desarrollo Social, Agricultura, Comunicaciones, Educación y la SOSEP. El Ministerio Público reafirmó su compromiso de investigar con firmeza todos los actos de corrupción para defender los intereses del Estado.

En contraste, Arévalo calificó las acusaciones como “ridículas” y una “ficción”. Además, atribuyó estas acciones a la “desesperación” de la actual administración del MP ante la proximidad del 16 de mayo, fecha en la que se espera un cambio en la dirección de la institución. “Están desesperados porque el 16 de mayo se les acaba la fiesta”, aseguró, sugiriendo que la cúpula actual intenta fabricar una crisis para detener un cambio que considera “irremediable”.

La fiscal de la corrupción y la impunidad sabe que se le acaba el tiempo.

Por más que den patadas de ahogado, la fecha se acerca. Un día a la vez. pic.twitter.com/Y2DN2B9YU3

— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) October 21, 2025

El presidente también se refirió directamente a la fiscal general María Consuelo Porras, describiéndola como una “proscrita internacional” a quien se le ha negado la entrada a más de 30 países y cuyo liderazgo, según informes internacionales no especificados por el mandatario,  representa uno de los principales obstáculos en la lucha contra la corrupción en Guatemala.

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La Sala Tercera de Apelaciones ha emitido órdenes de detención contra varios exfuncionarios y abogados vinculados al escándalo de corrupción. Entre los señalados figuran Iván Velásquez, exjefe de la otrora CICIG, y Luz Adriana Camargo, exfiscal en la CICIG y actual fiscal de Colombia.

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De acuerdo con lo informado,  también se ordenó la captura de los abogados Alfonso Carrillo y Juan Pablo Carrasco, así como de los exfuncionarios del Ministerio Público, Thelma Aldana, Mayra Véliz y Juan Francisco Sandoval. Además, se incluye a varios representantes de la constructora brasileña Odebrecht.

2025: 153 días de trabajo fuerte y firme

El licenciado Rafael Curruchiche, Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, se refiere a nuevas acciones judiciales solicitadas por la fiscalía, en el #CasoOdebrecht.#MPfuerteYfirme #FECI pic.twitter.com/vk4ikOTj6Q

— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 2, 2025

El titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, informó que se acusa a los implicados de asociación ilícita, tráfico de influencias, obstrucción de justicia, colusión y conspiración. La investigación revela una posible defraudación de casi GTQ3,000 millones, obtenidos mediante préstamos internacionales destinados a la construcción de una carretera que nunca se realizó.

Las órdenes de captura incluyen a David Gaitán, exmandatario de la CICIG, y a otros abogados y exfuncionarios que participaron en los acuerdos con Odebrecht. La FECI los acusa de favorecer a la constructora brasileña a cambio de sobornos y negociaciones irregulares. Pruebas presentadas por el fiscal Rafael Curruchiche incluyen correos electrónicos y comunicaciones que evidencian los acuerdos de colaboración eficaz con los empresarios brasileños.

Iván Velásquez, quien fue ministro de Defensa de Colombia y ahora es embajador en El Vaticano, cuenta con protección diplomática, lo que podría dificultar su extradición. A pesar de ello, el MP ha  manifestado su intención de continuar con las acciones legales en su contra y contra Luz Adriana Camargo.

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La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público ejecutó esta mañana diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en las oficinas de la empresa Moore Díaz Reyes y Asociados (propiedad de familiares del titular de la SAT). Según informó el ente investigador, la acción es parte de una investigación que se inició hace cuatro meses por denuncias de que en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) refirieron a muchas empresas a una firma de auditores para solventar su situación tributaria. Además, aclaró que el Superintendente Marco Livio Díaz Reyes no está siendo investigado en dicho caso.  

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El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, explicó que esta investigación “no tiene absolutamente nada que ver” con el caso B410, el cual es investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos, por lo que manifestó sentirse sorprendido por la actitud asumida por el licenciado Marco Livio Díaz Reyes, superintendente de la SAT, y por el Gobierno de la República, respecto de este caso.

“Marco Livio Díaz Reyes no está siendo investigado, la firma de auditores sí, por lo que me sorprende que el propio gobierno y muchas personas afines a él salgan a defender algo de lo cual no tienen conocimiento”, indicó Curruchiche.

Agregó “quiero dejar bien claro que son casos totalmente distintos. Es mentira que con esta diligencia se pretende que no se siga investigando el caso B410 como lo afirman personas afines al gobierno; de hecho, ayer el propio secretario de Comunicación Social de la Presidencia y hoy el presidente de la República hacen señalamientos con total desconocimiento de la investigación”.

Insistió en que la investigación a la firma de auditores Mooore Díaz Reyes y Asociados surge derivado de que se tuvo conocimiento de que, a través de esta, algunas empresas estaban logrando descuentos en la SAT. “Si en el curso de la investigación no existe mayor sustento, se tomará la decisión que corresponda”, apuntó.

Curruchiche afirmó que contra Marco Livio Díaz Reyes -quien este jueves solicitó licencia para ausentarse del cargo de superintendente de la SAT, el cual ahora ocupa temporalmente Armando Gabriel Pokus Yaquián- no hay orden de captura ni está siendo investigado, por lo que le asombra la actitud que ha tomado al respecto.

“Yo lo esperaría a él hoy o mañana, por si quiere conocer qué es lo que hay, nosotros dentro del marco de la ley vamos a darle la información”, puntualizó.

¿QUÉ DIJO EL SUPERINTENDENTE?

El Superintendente manifestó en un comunicado que,  de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala: «Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido». 

Además, mencionó que  presentó una acción de amparo constitucional de orden preventivo ante la Corte de Constitucionalidad, con el propósito de que se garantice su derecho legítimo de presunción de inocencia, así como el respeto a sus derechos de defensa y debido proceso. Sobre este tema, la alta Corte manifestó que la acción se admitió para trámite pero por cuestión de competencia fue remitido a la Corte Suprema de Justicia.

Según Díaz, la acción fue interpuesta ante la negativa de la FECI de poner en conocimiento de los abogados de la SAT el expediente en el que obra la supuesta investigación y persecución penal en su contra.

Cabe mencionar que el titular de la SAT obtuvo este jueves 5 de diciembre una licencia para ausentarse de sus labores por un periodo aún no confirmado. Por lo que el intendente de Atención al Contribuyente, Armando Pokus, estará al frente del ente recaudador como titular interino, hasta que se conozcan más detalles sobre el futuro de Díaz.

DÍAZ ES RESPALDADO POR ARÉVALO
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), compartió la postura del presidente Bernardo Arévalo al respecto, en donde expresa que,  “más que lamentable, es indignante. La manera como la corrupción sigue reaccionando e intentando detener a quienes persiguen la corrupción”.

Agregan “Lo que hay es un interés de frenar a la SAT en su función fiscalizadora y que ha venido desarrollando desde hace años con excelencia ya que se ha mejorado los niveles de recaudación fiscal, limitado los niveles de fraude y evasión”. 

También menciona que “eso se ha logrado gracias a la capacidad que tienen de trabajar. El Ministerio Público lo que está haciendo es amenazando a la SAT en esa función, lo que es sumamente peligroso”. 

Finalmente, manifiesta su apoyo al Superintendente y al personal de la SAT. “Es realmente vergonzoso que se opere de esta manera contra una institución tan fundamental para el Estado de Derecho del país”.

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El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), realizó este lunes un allanamiento en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex). Esta diligencia se dio en seguimiento a la investigación relacionada a las posibles irregularidades en la adquisición de las vacunas de origen ruso Sputnik V.

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Durante la diligencia realizada en compañía de la Policía Nacional Civil (PNC), el ente investigador informó que inspeccionó, registró y secuestró evidencia en la Cancillería
Cabe recordar que el pasado miércoles 22 de mayo, la FECI también allanó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), donde obtuvieron información gracias a «correos electrónicos de personas vinculadas».

Además, el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, indicó que más adelante se informará si el MP tomará la decisión de realizar «algunas órdenes de aprehensión».

EL CASO
En el año 2021, el Gobierno de Guatemala y Rusia suscribieron un contrato con el propósito de adquirir 16 millones de dosis del biológico. Este contrato fue firmado por la exministra Amelia Flores, con la empresa Human Vaccine, subsidiaria de Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, siglas en inglés).

#CasoSputnik #Allanamientos #MPfuerteYfirme
El licenciado Rafael Curruchiche, Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, amplía detalles sobre la diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia que se realiza en el Ministerio de… pic.twitter.com/2UyA6nlNCm

— MP de Guatemala (@MPguatemala) May 27, 2024

El 5 de abril de ese año, el Ministerio de Salud informó que había comenzado el proceso de pago de 614.5 millones de quetzales (unos 79 millones 600 mil dólares) que correspondían al 50 % del total para la compra de vacunas rusa Sputnik V.

Según la entonces ministra de Salud, el fin de esta compra era inmunizar a 8 millones de habitantes. Además, las proyecciones eran suministrar las dos dosis a finales de ese mismo año. Sin embargo, distintos sectores cuestionaron el mencionado contrato por la lenta entrega de las dosis.

Derivado a que el ingreso de vacunas no se cumplió, en julio del 2021, el Ministerio de Salud informó sobre una renegociación de contrato, con la que el país tomaría ocho millones de dosis como el total comprado.

La ministra afirmó que el miércoles 28 de julio habría una nueva entrega de cien mil dosis de la vacuna Sputnik V. También afirmó que a partir de agosto, y hasta diciembre, se tenían formalizadas las entregas para cumplir con la totalidad de la vacuna ya pagada. Sin embargo esas dosis ya no ingresaron al país.

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Este viernes se conoció que, el titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP), Rafael Curruchiche, interpuso en la Corte de Constitucionalidad (CC) una apelación al amparo que garantiza la alternabilidad de autoridades para el próximo 14 de enero.

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La acción legal que se presentó ante la CC busca revertir la sentencia que emitió en diciembre el Juzgado Noveno Plurispersonal, al otorgar un amparo a varios profesionales en donde se garantiza la democracia en Guatemala, en la resolución se le ordena directamente a la FECI que “deben proceder diligentemente en apego a los principios que rigen el proceso penal y cuidando de cumplir estrictamente con los plazos procesales establecidos en la ley”.

En el documento también se ordena, que pese a que es una entidad encargada de procesos de investigación para la averiguación de la verdad, deben de garantizar la alternabilidad de mando, que según la Constitución Política de la República de Guatemala será el próximo 14 de enero.

“Deben velar, en su función de hacer cumplir las leyes y su vinculación a la Constitución; por la preservación de la institucionalidad, la defensa del régimen democrático, y velar por la plena vigencia y efectividad del principio de alternabilidad en el ejercicio del poder”, indica la resolución.

La apelación de la FECI señala que a su juicio, no existen argumentos reales que atenten contra la alternabilidad de las autoridades, y que eviten que los ciudadanos electos tomen posesión este 14 y 15 de enero.

EN CONTEXTO:

“El amparo es planteado con argumentaciones que son ineficaces para crear siquiera remotamente, un mínimo grado de convicción que llegue a hacer creer que existe el riesgo y amenaza que alegan”, señala Curruchiche.

Esto, porque en la acción de amparo señala que las acciones de ciertas instituciones, incluida la FECI del MP, podrían atentar contra el régimen democrático, extremo que Curruchiche, refuta en el documento.

“Los amparistas no puntualizan, desarrollan ni sustentan en forma razonable, de acuerdo al correcto entendimiento humano, que las diligencias de investigación que efectúa la FECI constituyan alguna amenaza cierta e inminente a alguno de sus derechos”.

Agrega que los argumentos del amparo son basados en mensajes replicados en las redes sociales. “La ineficacia de los argumentos infundados de los amparistas para sustentar la amenaza que alegan su falsedad, falta de seriedad y de respaldo objetivo, se revela en su origen dudoso, ya que indican que sus fuentes son las “redes sociales”.

Cabe recordar que, la FECI presentó una investigación contra el partido político Movimiento Semilla, agrupación política que ganó las elecciones presidenciales en segunda vuelta, quedando como presidente electo, Bernardo Arévalo.

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El Tribunal Octavo de Sentencia Penal dio cumplimiento a la orden de Cámara Penal de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otorgó medida sustitutiva a la ex fiscal del Ministerio Público (MP), Virginia Laparra: arresto domiciliar en Quetzaltenango, arraigo y la obligación de presentarse cada 15 días al MP de ese departamento para colocar su huella y asegurar su presencia en los procesos en los que se encuentra vinculada.

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Durante su gestión como jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Laparra presentó cuatro denuncias administrativas contra el juez Lesther Castellanos, supuestamente sin cumplir con los requisitos legales establecidos por el Ministerio Público.

Las acciones legales no prosperaron, pero fue denunciada por Castellanos quien consideró que la fiscal abusó de su autoridad y supuestas irregularidades en la gestión de un caso. Además, se le acusó de obstrucción de la justicia, usurpación de funciones y filtración de información. Por ello, la exfiscal fue detenida en febrero de 2022

En consecuencia, en diciembre de 2022 la jueza González impuso a Laparra la pena de cuatro años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios. No obstante, la Cámara Penal notificó al equipo de abogados de Laparra, que se ordena la libertad de la abogada por haber cumplido un 45% de la condena por el delito de abuso de autoridad en forma continuada.

La resolución de dicha Cámara ordenaba que cesara el encarcelamiento de Laparra toda vez no contara con prisión preventiva en cualquier otro proceso abierto y aunque la exfiscal cuenta con un segundo caso que se dilucida en Quetzaltenango, el Organismo Judicial (OJ) señaló que no está privada de libertad.  La medida fue otorgada, luego de permanecer casi dos años privada de libertad en el centro preventivo Mariscal Zavala, ubicado en la ciudad capital.

En la audiencia realizada este miércoles, la fiscal del MP, Brenda Maribel Guzmán solicitó que a Laparra se le impusiera el pago de una multa de Q15 mil, control telemático y la prohibición de salir del país; sin embargo, el Tribunal no accedió a todas las peticiones.

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Ante las acciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en las instalaciones del Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), señaló que, el Ministerio Público (MP), en atención a su responsabilidad legal de promover la persecución penal, debe ejercer dicha facultad con absoluto apego a la ley, por lo que destacan que, «la democracia y sistema de votación de nuestro país deben preservarse».

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De acuerdo con el sector empresarial, los funcionarios que intervienen en esta investigación deben desarrollar su actuar dentro de lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala y leyes aplicables, haciendo prevalecer, en todo momento, la voluntad popular manifestada a través de las elecciones y respetando el resultado de un proceso del que el Tribunal Supremo Electoral ya ha declarado su validez.

Agregan que, la democracia y sistema de votación de nuestro país deben preservarse. Por lo tanto, solicitamos a los tres poderes del Estado y Órganos de control constitucional, la protección del sistema republicano, el cumplimiento del orden constitucional y el respeto a las instituciones democráticas.

“Exhortamos a las partes a retomar el proceso ordenado de transición ya iniciado, de manera que se realice la entrega de mando a las autoridades electas el próximo 14 de enero”, señala el comunicado.

MP ASEGURA QUE DILIGENCIAS NO ALTERAN CUSTODIA DEL VOTO

El MP, señaló que, las diligencias que se llevan a cabo en el COPE se están realizando al amparo de una orden judicial, no invaden facultades del Tribunal Supremo Electoral y tampoco configuran una alteración de la custodia del voto, como equívocamente se ha manifestado en distintas publicaciones.

“El artículo 187 del Código Procesal Penal establece que cuando fuere necesario inspeccionar lugares, cosas o personas, porque existen motivos suficientes para sospechar que se encontrarán vesligios del delito, se procederá a su registro, con autorización judicial, pudiendo en caso necesario efectuar el secuestro de indicios para evitar que los mismos puedan menoscabarse.

Agregan que, según la Ley Electoral y de Partidos Políticos, una vez realizado el escrutinio de los votos emilidos en la elección, los votos quedan contabilizados en las actas de cada una de las mesas electorales y luego del procedimiento de impugnaciones la contabilización general de las mismas conlleva a los resultados oficiales.

“Las diligencias que se están llevando a cabo, habiendo finalizado la elección, no representan recuentos de votos, alteraciones de votos ni cuestionamientos a los resultados electorales y tampoco se está violentando la voluntad popular como terceras personas han pronunciado”, señala el MP.

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A través de medios oficiales, se conoció que, este miércoles se realizó una llamada entre el presidente Alejandro Giammattei y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para oficializarle la decisión unilateral del presidente electo Bernardo Arévalo de suspender la transición por motivos ajenos al Organismo Ejecutivo.

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Además, afirmaron que, “en aras de la veeduría internacional de la OEA, liderada por el secretario Almagro, se hizo del conocimiento que todo retraso del proceso de transición como ejercicio de fortalecimiento democrático va en detrimento de la institucionalidad del gobierno electo”,

Por lo que reafirman el llamado a la reflexión para reanudar el proceso de transición en el menor tiempo posible.

“Reiteramos la firme disposición del Organismo Ejecutivo de retomar inmediatamente el proceso de transición en el momento en que las autoridades electas lo soliciten”, afirma el Ejecutivo.

LA DECISIÓN DE ARÉVALO

El presidente electo Bernardo Arévalo de León, anunció ayer en rueda de prensa que suspendería «momentáneamente» las mesas de diálogo para la transición democrática con la administración del actual jefe de Estado, Alejandro Giammattei, debido a los “constantes ataques de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), contra los resultados de las pasadas elecciones.

Esto luego que, durante un operativo el ente investigador abriera 160 urnas electorales por parte de la autoridad judicial sin la aprobación del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

EN CONTEXTO:

Tras conocer la noticia, el Gobierno emitió un comunicado en donde lamentó la decisión del funcionario electo, ya que consideran que las diligencias judiciales son ajenas al Organismo Ejecutivo.

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Salvador Paiz

A pocas semanas de la segunda vuelta electoral el ambiente está cargado de tensión y la atención volcada a los procesos judiciales. Los preparativos en estas próximas semanas serán cruciales para lograr un evento electoral exitoso. Sin embargo, los actores se encuentran distraídos, arriesgando dichos preparativos y hasta el proceso electoral. Derivado de la atención requerida para dar respuesta a los requerimientos del Ministerio Público en relación con los casos que se encuentran en investigación.

En las últimas semanas, nuestro Tribunal Supremo Electoral (TSE), ente rector y máxima autoridad en materia electoral en nuestra nación, ha sido el centro de atención. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y el Ministerio Público (MP) le han hecho múltiples
solicitudes al TSE que lo distraen de su mandato. En realidad, todos deberían estar al
servicio del TSE para garantizar un proceso electoral íntegro, en paz y con la mayor
participación ciudadana posible. Esto no debería estar en duda nunca.

No obstante, vemos cómo esta segunda vuelta está en riesgo. El panorama ha afectado enormemente la salud mental y motivación de los voluntarios del proceso electoral, me refiero específicamente a las Juntas Receptoras de Votos y las Juntas Electorales. La incertidumbre en el ambiente genera miedo y pone en riesgo su participación, se sabe que incluso algunos de ellos han decidido renunciar. ¿Qué pasa si alguna de las Juntas Electorales decide no participar por acoso? ¿O si los digitadores del TSE no se presentan ese día por miedo e intimidaciones?.

Ayer empezó a circular por redes sociales una encuesta de CID Gallup que da a conocer detalles de la percepción de la ciudadanía ante el panorama electoral. Preocupa que el 73 por ciento de los encuestados piensen que nuestra democracia está en amenaza. En ese sentido, hay un factor adicional que pone en riesgo nuestra segunda vuelta. Y es que, en un extremo, se institucionalice la judicialización de la política, y en el otro extremo, que se promuevan reformas apresuradas para tratar de limitar dicho fenómeno a futuro. En otras palabras, las acciones del MP (percibidas por 46% de la población como incorrectas según la misma encuesta) tendrán una reacción y consecuencias. Lo que no podemos predecir es cuáles.

Sobre todas las cosas, preocupa el futuro de nuestra nación. Hemos tenido importantes victorias en los últimos años. Si bien también nos hemos caído, estos golpes han representado un inmenso aprendizaje. Sería una pena retroceder. Tenemos tanto por ofrecerle al mundo, y tenemos todo para convertirnos en un referente a nivel mundial. Preocupa que, quede quien quede, gane quien gane, tendrá que gobernar en un ambiente de incertidumbre y dudas. Además, le tocará gobernar con un mandato débil gracias a la preponderancia del voto nulo en la primera vuelta y posible baja participación para la segunda vuelta.

El debido proceso debe ser respetado. Nuestra Constitución es clara, al igual que nuestra Ley Electoral y de Partidos Políticos. Los roles que cada una de los involucrados, están elimitados. A pocos días de un momento crucial en nuestra democracia, ojalá nuestros partidos políticos participen en esta fiesta cívica de manera pacífica y respetuosa. Ciudadanos, abramos bien los ojos. Recuerden que cualquier acción realizada por entidades de gobierno, partidos políticos o sociedad civil, no puede, en ninguna circunstancia, alterar el orden público, entorpecer, arriesgar ni frenar las últimas semanas del actual proceso electoral. Ante todo, nuestra institucionalidad debe prevalecer.

Ciudadanos, velemos por una jornada electoral pacífica, en la cual podamos ejercer nuestro derecho al voto con plena libertad.

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