El exdiputado Fernando Linares Beltranena tiene la intención de regresar al Congreso, está vez con el Partido Cambio.

Renée Saravia

El Registro de Ciudadanos acptó la candidatura de Fernando Linares Beltranena como candidato a diputado por el partido Cambio.

Linares Beltranena es recordado como uno de los diputados más controversiales. En 2015, cobró relevancia por ser uno de los congresistas que más cuestionó el trabajo de la CICIG. Además, llegó a denunciar a la exFiscal General Thelma Aldana.

El partido de Manuel Baldizón, eligió al constituyente y polémico abogado como candidato a diputado por el listado nacional.

Mientras que el hijo menor del excandidato presidenciable, Manuel Antonio Baldizón Vargas, busca una curul en el Congreso de la República por el distrito de Petén. 

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Linares Beltranena presentó esta mañana su expediente ante la comisión que elegirá al próximo titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos. El abogado genera anticuerpos entre la izquierda globalista y tiene la simpatía de la derecha republicana.

Redacción Perspectiva

El audio que la vocera de Linares Beltranena compartió a los medios de comunicación, indica:

“Soy Fernando Linares Beltranena. Me presenté con mi expediente para ser considerado por la comisión como Procurador de los Derechos Humanos. Esta es una institución nueva, de 1985. La incluimos en la Constitución y es una institución noble”.

“Fui cuatro años miembro titular de la Comisión en el Congreso, por lo que conozco el tema de los derechos humanos y espero ser considerado por la comisión y los diputados para honrar este noble puesto”, dijo el abogado.

Linares Beltranena, trayectoria de varias décadas

Tal como expresa en su declaración, Linares Beltranena fue constituyente en 1985, cuando se diseñaron instituciones como la PDH. Como constituyente, su participación en crear dicha entidad fue bastante activa.

Como diputado, investigó exhaustivamente la compra del «edificio fantasma» de Thelma Aldana y se negó a obedecer los mandatos del ex embajador estadounidense Todd Robinson, lo que le valió perder la visa estadounidense.

Recientemente fue eliminado como aspirante a Fiscal General, con el argumento de que en alguna ocasión habría sido defensor de narcotraficantes.

Esta negativa resulta interesante y plantea la pregunta: si un penalista es criminalizado por defender a presuntos delincuentes ¿tendrá sentido la existencia del Derecho Penal y el ejercicio de la defensa a los señalados por cualquier crimen?

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El expediente de Fernando Linares Beltranena fue excluido por la Comisión de Postulación para integrar la nómina de candidatos de Fiscal General 2022-2026.

Redacción Perspectiva

Por decisión unánime, la Comisión de Postulación para Fiscal General rechazó el expediente del exdiputado Fernando Linares Beltranena.

De acuerdo con la Comisón, Linares Beltranena tiene una amonestación privada del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados en 2003.

Con esta constancia de amonestación, Linares Beltranena incumple el requisitos solicitados por la postuladora respecto a la carencia de haber sido amonestado.

El constituyente podrá presentar pruebas de descargo, en un intento por seguir como aspirante.  

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Seis abogados se expresan sobre la reciente denuncia de Erika Aifán, quien por lo menos desde 2019 ha señalado la pérdida de documentos en el juzgado D de Mayor Riesgo que preside. Según Amanda Santizo, si la juez todavía lleva expedientes en formato papel, estaría transgrediendo lo establecido en el Código Procesal Penal.

Roxana Orantes Córdova

Desde hace dos años, la juez Erika Aifán denunció por primera vez el extravío de documentos en un caso de alto impacto. El hecho volvió a repetirse y a la fecha, se han perdido papeles de cinco casos en ese juzgado. El miércoles recién pasado, la juez volvió a mencionar el tema, al comentar que las investigaciones no han tenido resultado.

Desde el inicio, Aifán denunció y responsabilizó a sus ex auxiliares e incluso afirmó que en su juzgado podría haber infiltración del crimen organizado.

Consultamos a varios abogados quienes respondieron a dos preguntas: 1. ¿Quién es el responsable de los documentos? y 2. ¿Cuál es el significado de que en un juzgado se extravíen partes de procesos importantes?

En cuanto a la responsabilidad sobre los documentos, el abogado Fernando Linares Beltranena y otros entrevistados, coinciden en afirmar que la responsabilidad en primer lugar corresponde a la juez, así como el secretario y oficiales encargados de cada expediente.

Para Rafael Maldonado, “El manejo y custodia de los expedientes es responsabilidad directa de los oficiales, “supervisados” por el o la secretaria del juzgado. En el caso que se menciona, es un exceso que incluso haya desaparecido el duplicado, que se usa para reponer actuaciones cuando hay extravío”.

¿Quién responde por los documentos?

Según explica Rolando Alvarado:

“No existe justificación legal para no cumplir disposiciones legales con base al supuesto extravío de expedientes que contienen actuaciones judiciales.  Los jueces son los responsables directos por el extravío o pérdida de los expedientes a su cargo. 

Existen mecanismos legales que garantizan la reposición inmediata de las actuaciones mediante el duplicado del expediente o mediante el Sistema de Tribunales, donde los jueces, por virtud del Acuerdo 20-2010 de Presidencia del Organismo Judicial, están obligados a digitalizar y subir todas las actuaciones del proceso.   

Actualmente se ha utilizado la artimaña de ocultar expedientes para justificar la suspensión del proceso judicial, perjudicando gravemente a las partes procesales, o para negarse a rendir información a Tribunales superiores, lo cual es notoriamente ilegal y debe sancionarse”.

Victoria Sandoval comenta que legalmente, los responsables por la conservación de los expedientes son la juez y el secretario. Además, señala:

“Esto significa ya sea desorden injustificable en la judicatura o bien que esconden o hacen «perdedizos» los expedientes”.

Jose Luis González Dubón expresa:

“Es gravísimo. Ese hecho merece la destitución de Erika Aifán, quien es legalmente la responsable de todo lo que pasa en el Tribunal. Los expedientes no caminan solos, es innegable que esto es parte de una maniobra estructurada para cubrir manipulaciones de estos expedientes por parte de los fiscales  acusadores y la Juez. Además del despido de la Juez debe procesársele criminalmente”.

Si eran expedientes en papel, la juez habría violado la ley, afirma Amanda Santizo

Amanda Santizo remonta su explicación a la obligatoriedad del proceso oral en Guatemala, establecida mucho antes de que funcionaran los juzgados de Mayor Riesgo. Al respecto, comenta:

«El proceso penal estaba integrado en su mayoría por actuaciones en formato papel. A raíz de las reformas que fueron implementadas en el proceso penal, en aras de agilizar los procesos y respetar los derechos humanos de los sindicados, se implementó el sistema de audiencias o sistema oral.

Esto, con el apoyo de USAID que es el cooperante del gobierno estadounidense. Se viabilizó que en los juzgados todo se llevara a través de audiencias. La mayor parte de juzgados penales tuvieron este gran cambio, de pasar del sistema escrito, donde las actuaciones eran en formato papel, al sistema de audio, donde todas las actuaciones del proceso constan en grabaciones de audio.

Estas grabaciones se cargan al sistema de gestión de tribunales, que las almacena en los servidores del Organismo Judicial (OJ). Estas reformas ya estaban implementadas y trabajando al cien por ciento cuando fueron creados los juzgados de Mayor Riesgo.

El Código Procesal Penal establece que todas las solicitudes en el proceso se harán oralmente.

La juez Aifán ha argumentado que se han perdido piezas de expedientes. Sin embargo, si ella en su gestión como juez ha tramitado solicitudes escritas, está violando flagrantemente la ley y lo está reconociendo, porque el proceso es oralizado y todas las gestiones deben hacerse en audiencias, según la normativa vigente.

Entonces, si la juez está en dos situaciones: si ella acepta que tramitaba el proceso por medios escritos, ella misma está afirmando que no cumplía con sus obligaciones como juez, escritas en el Artículo 109 del Código Procesal Penal, donde se indica que todas las audiencias o todos los requerimientos se deben hacer en forma oral.

Si ella dice que se le perdieron expedientes, está confirmando que ha tramitado los procesos violando la ley. Ahora, si ella dice que cumple la ley, eso significaría que no existirían piezas en formato papel, o piezas de expedientes físicas, porque según la ley, el proceso se debe tramitar oralmente.

Si ella tuviera ciertas actuaciones archivadas, por ejemplo oficios al Sistema Penitenciario, esas incidencias también está regulado que se carguen al sistema de gestión de tribunales, que almacena los audios y las actuaciones en formato papel. Es decir, todo tendría que estar cargado al sistema de gestión de tribunales.

Esta es una obligación que está contenida en un reglamento, incluso los auxiliares o jueces que no carguen al sistema las actuaciones judiciales de los procesos incurren en falta administrativa que amerita una sanción por ese incumplimiento. En ese sentido, la juez está afirmando que vulneró la ley y tramitaba los procesos en forma escrita, lo que causaría la nulidad de los supuestos expedientes que menciona, porque la Ley del Organismo Judicial indica que las actuaciones que se hagan con infracción a la ley son nulas (Artículo 4).

Y si dice que cumple con la ley, tendría que tener todo digitalizado, en el sistema de gestión de tribunales. Entonces, no entiendo cuál es la alarma de una juez de Mayor Riesgo, juzgados creados cuando ya estaba oralizado el proceso penal.

No entiendo la alarma ante la pérdida de los supuestos expedientes. Porque el Ministerio Público resguarda la prueba, y el proceso penal con su tramitación, deben estar cargados en formato digital, en los servidores del OJ. No se entiende la denuncia que hace la juez.

Personalmente, me he dado cuenta de que la juez ha hecho varias expresiones sobre eventos que ella considera anómalos, por ejemplo cuando denunció que había drones sobrevolando el nivel catorce nivel del juzgado donde ella se encuentra y dio a entender que dichos drones la espiaban.

Mi comentario para eso fue que…pues yo he usado drones, para grabar paisajes y temas así. Las cámaras de los drones tienen bastantes limitaciones. Por ejemplo, no pueden grabar en ventanas con vidrios no polarizados cuando el reflejo del sol es muy fuerte. Pero además, en el OJ los vidrios de las ventanas están polarizados, es imposible ver de fuera para dentro.

Estas denuncias las considero misteriosas o incluso sospechosas. Hasta podría decirse que se trata de invenciones para dar a entender que hay alguna persecución contra ella, aunque podría ser resultado de alguna paranoia. Al final estas denuncias terminan siendo muy confusas y contradictorias. Y volvemos a los expedientes.

Si afirma que se le perdieron, está reconociendo que actúa fuera del marco legal y es grave que ella reconozca que no cumple con la oralidad a la que está obligada. Y por otro lado, si ella dice que cumple con la ley, no debiera preocuparse ni causar revuelo, porque las actuaciones tendrían que estar cargadas en el sistema de tribunales. Digitalizadas, tanto las actuaciones como oficios, resoluciones, autos y disposiciones que ella dicte.

No entiendo el revuelo de esta afirmación, como tampoco entiendo el revuelo de que un dron vuele alrededor de su juzgado, misteriosamente con capacidad de atravesar la película de polarizado. Parecen invenciones de la imaginación para provocar y hacer creer falsas narrativas a población que carece de conocimientos«, finaliza.

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Empujones e insultos recibió el constituyente Fernando Linares Beltranena al intentar ingresar a la Corte de Constitucionalidad. Un grupo de inconformes por la no juramentación de Gloria Porras, aprovecharon la llegada de Linares Beltranena para demostrar su enojo ante el inminente cambio que vendrá para la CC.

Redacción Perspectiva

El exdiputado Fernando Linares Beltranena acudió este miércoles 14 de abril a la Corte de Constitucionalidad (CC) para celebrar el cambio de magistrados, sin embargo, un grupo de manifestantes impidieron su paso. El constituyente indicó que el motivo de su visita por el cambio de magistrados.

El desagradable incidente, no impidió que el exlegislador celebrará quemando cohetillos para festejar la salida de los magistrados a los que durante años ha cuestionado por los fallos y amparos.

Los manifestantes se han expresado en contra de la decisión del Congreso de la República de no juramentar a Gloria Porras por un amparo provisional en contra de en contra del proceso por el que fue electa ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos.

De momento, este miércoles asumieron siete de los diez magistrados que integran la CC. Mientras que Gloria Porras, Néster Vásquez y Claudia Paniagua están  pendientes hasta resolver su situación.

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El abogado Fernando Linares Beltranena anunció en sus redes que fue gestionado el permiso para que mañana jueves, la caravana #NoquebremosGuate pueda transitar libremente.

Redacción Perspectiva

El documento fue presentado por el jurista ante las autoridades y su contenido se notificó a la Policía Nacional Civil (PNC) y Empresa Municipal de Tránsito (EMETRA), a fin de “darle protección a los integrantes, garantizar el libre tránsito y que se perjudique a la población lo menos posible”.

Linares señala en el escrito que si bien existe un estado de calamidad que restringe la Libertad de Acción, Locomoción y Reunión, “habrá una caravana convocada en redes sociales para expresar el pensamiento y crítica al gobierno y Congreso de la República, por el Estado de Calamidad que limita el derecho al trabajo, locomoción y recreación”.

El abogado también detalla la ruta de la caravana, que irá del Obelisco al Congreso por la séptima avenida hasta el Legislativo y concluirá en la Plaza de la Constitución.

El grupo de descontentos con las políticas gubernamentales está integrado por guatemaltecos “que no viven de un sueldo público sino de su trabajo”, señala el escrito de aviso a Gobernación Departamental, y agrega que en la marcha participarán grupos civiles como Víctimas del Terrorismo, ACTEPAR, GI, Abogados y Aliados, Movimiento Libertad y otros”.

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En seguimiento a la investigación sobre la compra del Edificio que ocupa el Ministerio Público en la zona 5, adquirida en la administración de Thelma Aldana, los diputados Fernando Linares-Beltranena y Juan Ramón Lau Quan presentaron un memorial ante la Fiscalia del Ministerio Público (MP).

Los diputados solicitaron a Copreca, la constructora del edificio en Gerona, una cotización para hacer una comparación sobre el valor de la construcción de una torre en el edificio de Gerona y la compra del edificio de zona 5.

En la cotización, encontraron, según Linares-Beltranena nueva información que apunta a corrupción, y es una sobre valoración del edificio adquirido por el MP, comparado con el edificio en Gerona. Encontraron una diferencia de Q450.00 por metro cuadrado más barato que en el edificio de la zona 5. 

«Este edificio tiene una particularidad no cumple con la exigencia  de la Ley de Contrataciones que dice que cuando se hace una compra tiene que justificarse la localización indispensable.  La localización no es conveniente ni indispensable» recalca el diputado.

Thelma Aldana pagó Q35 millones por el edificio de la zona 5 pudiendo haberlo hecho en el edificio de Gerona por un precio más barato lo que obedece según los diputados a corrupción, porque en zona 5 «nunca se justificó la localización indispensable sino que se hizo porque apuntaba a un negocio, a una comisión» dijo Linares

Con los medios de prueba aportados, los diputados solicitan las órdenes de captura a las personas que resulten responsables de esa compra anómala.

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Este viernes, el diputado Fernando Linares-Beltranena, del bloque Partido de Avanzada Nacional (PAN), presentó una iniciativa de ley que propone una reforma al Código de Migración.

Actualmente la vigencia de los pasaportes tanto para adultos como para niños es de cinco años, y la propuesta es que la vigencia para adultos sea de 10 años y para los menores de edad sea de cinco.

Además que los pasaportes ordinarios, a solicitud del usuarios, puedan extenderse, con un costo adicional para beneficiar a los viajeros frecuentes. 

Beltranena señaló que esto ayudaría a los guatemaltecos ya que reduciría el costo del pasaporte.

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Después de celebrar la consulta popular en Guatemala para el diferendo territorial el diputado Fernando Linares Beltranena presenta una iniciativa de Ley que pretende que el Estado cumpla con la orden constitucional de promover las relaciones sociales, económicas y culturales con la población de Belice.

El diputado menciona dos párrafos en el artículo transitorio 19 de la Constitución Política de la República de Guatemala:

El primer párrafo faculta al Organismo Ejecutivo para realizar las gestiones para resolver el litigio territorial con Belice.

El segundo párrafo establece que “el Gobierno de Guatemala promoverá relaciones sociales, económicas y culturales con la población de Belice”.  Que no se ha cumplido desde la transición democrática.

La iniciativa de Ley propone:

• Establecer políticas pacíficas de buena vecindad.
• Mejorar las relaciones comerciales potenciando el crecimiento económico de ambas partes (hacer un tratado de libre comercio).
• Crear esquemas bilaterales para aprovechar el turismo.
• Mejorar las vías de comunicación.
• Mejorar los servicios públicos en la zona adyacente (hacer jornadas médicas, crear centros de salud en la zona)
• Promover intercambios estudiantiles, de grupos culturales y étnicos (crear programas de becas, mejorar la educación en la zona).
• Promover estudios científicos conjuntos

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Por: Roxana Orantes Córdova

En esta entrevista, el economista Jorge Lavarreda, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN),  explica las implicaciones de que el país se endeude sin aplicar los mecanismos necesarios para garantizar el manejo transparente de los fondos públicos.

Hace unos días, el Congreso aprobó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  por US$ 150 millones, que se destinarán a la educación. Se pretende construir dos mil aulas modulares, equipar bibliotecas y escuelas, capacitar maestros y remozar tres mil escuelas.

Uno de los opositores al préstamo, Fernando Linares Beltranena, considera que idealmente, el dinero de la ejecución debiera salir del presupuesto del Estado. Aunque votó a favor, la también legisladora Nineth Montenegro coincide en que lo deseable es que el remozamiento y equipamiento de escuelas debiera salir de los gastos de funcionamiento.

Sin embargo, esto no es así y los gastos de funcionamiento del Estado nunca son suficientes para equipamiento de escuelas, hospitales o investigación científica. De ser gestionados con transparencia, los fondos resultarán un valioso apoyo a la educación.

Los campos de investigación de Lavarreda son: políticas de presupuesto y gasto público, políticas anticorrupción y transparencia, y políticas sociales. Según afirma, aunque “cada institución financiera tiene sus mecanismos para velar por la transparencia de sus operaciones crediticias, es nuestra propia institucionalidad la que debe velar por los intereses de los ciudadanos”.

Entre otros temas, el economista también explica las implicaciones de la emisión de bonos y las transferencias institucionales como una muestra de una débil capacidad de planificación institucional.

¿En qué consiste la deuda de un país?

En la suma de la deuda interna y la deuda externa de un país.  La deuda interna es la contraída con residentes del país en moneda nacional.  La segunda es la contraída con los no residentes del país y está denominada en una moneda extranjera.

¿Cuantos tipos de deuda puede contraer un país?

Dependiendo de quién emita la deuda la podemos clasificar en deuda pública o deuda privada.  La primera corresponde a todas las deudas de un estado con inversores nacionales o internacionales.  La segunda son las deudas que adquieren entes privados (hogares, empresas, etc.) sin ningún tipo de garantía pública.

¿Qué implicaciones tiene la deuda nacional para los ciudadanos, cuando estos fondos no se manejan con transparencia?

Si entendemos “deuda nacional” como deuda pública que se utiliza para financiar inversión pública sin transparencia podemos decir que los ciudadanos sufren un doble golpe: 1) Reciben inversiones públicas con baja o nula rentabilidad social; y 2) Generaciones futuras adquieren compromisos de pagar una deuda pública a través de sus impuestos.  Obviamente los ciudadanos más afectados son los que se encuentran en situación de pobreza.

¿Las instituciones financieras internacionales tienen mecanismos de verificación de transparencia en el manejo de los préstamos?

Cada institución financiera internacional tiene sus propias políticas y mecanismos para velar por la transparencia de sus operaciones crediticias pero en definitiva es nuestra propia institucionalidad la que debe velar por los intereses de los ciudadanos.

¿Qué es la emisión de bonos del tesoro, como funciona, y qué consecuencias tiene para la economía de un país?

El Ministerio de Finanzas Públicas ofrece dos tipos de títulos de valores públicos: Letras de Tesorería (corto plazo) y Bonos del Tesoro (largo plazo) como formas de endeudamiento público para financiar parte del presupuesto anual.

Las consecuencias para la economía de un país dependen de muchos factores.  Por ejemplo, dependiendo de las condiciones de los mercados financieros el costo de esta modalidad de endeudamiento (tasa de interés) podría ser mayor que a través de otras modalidades como la deuda multilateral o podría generar un efecto de desplazamiento de la inversión privada si ofrece intereses suficientemente atractivos.

En todo caso, el endeudamiento a través de Bonos del Tesoro permite mayor flexibilidad en su uso pero con mayor riesgo de manipulación política.  En fin, se debe analizar caso por caso a lo largo del tiempo para sacar conclusiones sobre el impacto que han tenido los Bonos del Tesoro en la economía.

¿Considera que la deuda de Guatemala es manejable y que el país puede seguir endeudándose?

Desde el punto de vista macroeconómico nos encontramos en una trayectoria de sostenibilidad financiera.  Sin embargo, me parece que la decisión de seguir endeudándonos no debe tomarse en función de nuestra capacidad de endeudamiento sino que en función de la calidad del gasto público; es decir, si lograríamos verdaderamente obtener una alta rentabilidad social con este financiamiento adicional.

¿Las transferencias de presupuesto de una institución a otra, o la inyección de fondos a Defensa, como sucedió recientemente, como incide en el funcionamiento del Estado?

Me parece que, en general, las transferencias interinstitucionales son el resultado de la debilidad en la planificación, los cambios de prioridades, de la capacidad de gestión institucional, y otros factores.  Para el caso particular del ejercicio fiscal 2018 tienen que ver con la no aprobación del proyecto de presupuesto por parte del Congreso de la República.  Por lo tanto, es más bien el funcionamiento del Estado el que genera estas transferencias.

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