El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó hace dos semanas el artículo IV, el informe más importante de las multilaterales para los países. Se llama así debido a que es un reporte que deviene de dicho artículo en los estatutos del FMI, y es una parte fundamental del marco de trabajo para la supervisión de la economía de sus países miembros. Tal y como lo establece el FMI, “en estas consultas, se discuten las políticas económicas y las perspectivas del país con sus autoridades”.

Redacción Perspectiva

Para el caso de Guatemala, las prioridades están sumamente claras: mejorar la calidad del gasto público y continuar las reformas estructurales que le permitan al país mejorar su gobernabilidad, así como un mejor clima de negocios. El artículo IV establece que se reconoce la resiliencia del sistema financiero y recomendaron a las autoridades fortalecer la regulación y supervisión bancaria, algo que ya ha sido también remarcado por varios actores de la banca, al promover la nueva ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo, que ya está en discusión en el Congreso de la República.

Claramente se hace una alerta importante de los riesgos que existen a la corrupción en la inversión municipal por los proyectos que se ejecutan a través de los Codedes, así como la necesidad de fortalecer la capacidad del Gobierno de mejorar el seguimiento a los proyectos y las capacidades de ejecución.

Un dato que llama la atención es que el país está en claro crecimiento, de ser una economía de US$120.9 millardos al finalizar 2025, se estima que va a crecer a US$176.4 millardos para finales del 2030. Sin embargo, también es evidente que la agenda de infraestructura debe mejorar, el análisis detalla la mala calidad de la infraestructura vial, el país está en la posición 114 de 116 países en cuanto a calidad de la infraestructura vial, según el Foro Económico Mundial (solo mejor que Yemen y la República Democrática del Congo).

El país debe implementar los estudios presentados de infraestructura.

Mejorar la infraestructura, especialmente la infraestructura vial es clave, con lo cual se recomienda implementar de forma eficiente, ágil y transparente la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, que fue aprobada el año pasado por el Congreso de la República y cuya institución la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (Dipp) carece, a la fecha, de recursos para poder operar. Por el tamaño de la brecha que tiene Guatemala para contar con más y mejores carreteras, el FMI también recomiendan aprobar la reforma a la Ley de Alianzas Público-Privadas, que ya está también en el Congreso.

Si bien las autoridades de Gobierno reconocen que tienen una agenda importante y ambiciosa de proyectos estratégicos, como lo que se está haciendo en puerto Quetzal con la ampliación de las operaciones, trabajando de la mano con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, también se menciona la construcción del Metro de la Ciudad de Guatemala, algo que todavía está lejos de concretarse al no existir claridad de la unidad ejecutora o un cronograma establecido para su ejecución. Además, la recomendación del estudio presentado por Koica la semana pasada, junto al CIV y la Anadie, está más que clara: “El apoyo financiero del Gobierno de Guatemala resulta indispensable para desarrollar el sistema de transporte público integral en el Área Metropolitana de Guatemala”.

Guatemala está en su mejor momento para apostarle a una agenda agresiva de infraestructura que fomente el desarrollo productivo, pero la prioridad debe ser un enfoque claro hacia mejorar el sistema de ejecución y la operación de la infraestructura productiva.

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó recientemente que Guatemala crecerá un 4,1% este año, a pesar de las sombrías expectativas de decrecimiento de hasta un 2,8 por ciento para otros países, debido a los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Redacción Perspectiva

El Diario de Centro América publicó el 23 de abril que estos datos confirman lo publicado por el FMI en enero en Perspectivas de la economía mundial, que indicó que 2025 estará marcado por la llamada «guerra de aranceles», lo que supondrá un shock negativo y bajas considerables en el crecimiento a escala mundial.

El presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, informó que el rango estimado de crecimiento para el país está entre 3 y 5 por ciento, con un rango medio de 4 por ciento. A la luz de las nuevas cifras de crecimiento de Estados Unidos, principal socio comercial de Guatemala, las proyecciones deberán ser revisadas.

Guatemala continúa con el crecimiento económico proyectado. Las estimaciones para 2025 reflejan una evolución positiva del PIB, impulsada principalmente por sectores como la industria manufacturera, el comercio y los servicios. #Macroeconomía #BanguatCuenta pic.twitter.com/DVB0vxlYDk

— Banco de Guatemala (@Banguat) April 23, 2025

No obstante, González Ricci señaló que los factores que explican el crecimiento local para el presente año son fundamentalmente internos, incluyendo el consumo privado, el aumento en la inversión y el gasto público. Estas acciones podrían compensar, en parte, el menor ritmo previsto para Estados Unidos.

Los costos en las exportaciones se dejarán sentir para Guatemala y el resto de Centroamérica, lo cual causará desaceleración. Sin embargo, el crecimiento del Istmo será estable, cercano al 4 %, es decir, con efectos manejables y sostenibles.

El FMI redujo de 2.5 % a 2 % el crecimiento para América Latina, derivado de la incertidumbre comercial y el endurecimiento de las condiciones financieras.

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El Fondo Monetario Internacional publicó la semana pasada el Artículo IV para Guatemala.  En medio de lo que la BBC de Londres ha catalogado como una semana de incertidumbre, en la cual “las bolsas de Asia, Europa y el país norteamericano se desplomaron el lunes pasado”.

Por Juan Carlos Zapata

El reporte del FMI establece que “la economía guatemalteca continúa mostrando estabilidad y solidez gracias a un legado de políticas monetarias y fiscales prudentes, con la tasa de inflación dentro del objetivo, amplias reservas internacionales, déficits fiscales contenidos y una baja relación deuda pública/PIB.  Sin embargo, de acuerdo con los objetivos del país, la administración del presidente Arévalo debe avanzar en la agenda de reformas estructurales para seguir apoyando el crecimiento económico e incrementarlo en el mediano plazo.  La implementación de reformas urgentes en las áreas de infraestructura, inversión en capital humano y certeza jurídica no pueden esperar, si se quiere apoyar a los sectores productivos del país y asegurar una mayor sostenibilidad e inclusión y crecimiento. La desaceleración de las exportaciones y la limitada inversión extranjera subrayan la urgencia de reformas”.

Esto es importante, porque precisamente ha sido el enfoque de la iniciativa Guatemala No Se Detiene.  La urgente necesidad de aprobar iniciativas como la ley de infraestructura vial prioritaria, retomar la agenda de reformas de la ley de Anadie, para promover más alianzas público-privadas —especialmente urgente ahora que vemos los estragos que ocurren en la autopista Palín-Escuintla, en contraste con lo bien que se mantuvo durante 25 años mientras estaba concesionada— y una ley de la autoridad normativa portuaria hacen evidente que el país necesita avanzar hacia cambios estructurales en materia de infraestructura.

En el caso del eje de capital humano, se requiere seguir impulsando los programas de inglés, programación y habilidades gerenciales, con un fuerte apoyo por parte del Ministerio de Economía.  Estos programas han mostrado ser eficientes para acompañar de manera estratégica la agenda de atracción de inversión extranjera.

En cuanto a certeza jurídica y gobernanza, los esfuerzos que el Gobierno de Guatemala está trabajando en digitalizar al país son fundamentales; la agenda de gobierno abierto y electrónico debe continuar implementando la estrategia de interoperabilidad que logre que finalmente no se le pida al ciudadano copias de documentos que las mismas instituciones públicas emiten y quitar la cultura del sello y la discrecionalidad, como el famoso sello de Migración o la discrecionalidad de la SAT en el aeropuerto, e implementar los pagos digitales en todas las instituciones públicas, especialmente en los registros, eliminando la necesidad de llevar todo en papel.

Según el reporte de la Comisión de Gobierno Abierto y Electrónico, la interoperabilidad, en un sentido amplio, “es la capacidad de las instituciones públicas para trabajar juntas. A nivel técnico, es la capacidad de dos o más sistemas o componentes de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para intercambiar información y utilizar la información intercambiada para mejorar la gobernanza”.

La administración del presidente Arévalo tiene claro que es importante lograr una agenda de cambios que permitan que Guatemala sea grado de inversión.  Sin embargo, esto no será posible si queremos seguir usando las mismas herramientas de gobernanza que han usado todos los demás gobiernos. El impacto en la productividad no va a cambiar sin una agenda legislativa que impulse la inversión pública.

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó positivamente el programa económico puesto en marcha por Javier Milei hace cinco meses, cuando asumió el poder en Argentina.  Según anunció el FMI, el Ejecutivo argentino ha tenido “unos resultados mejores de lo esperado” en la octava revisión técnica del programa pactado para el primer trimestre del año.

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Según detallaron queda solo una formalidad, que el directorio dé luz verde, para que Argentina reciba 800 millones de dólares como parte del programa de refinanciación de la abultada deuda contraída por Argentina en 2018.  “Todos los criterios de desempeño se sobrecumplieron”, informó el FMI en un comunicado.

Además, destacan que, se alcanzaron entendimientos sobre políticas para seguir reduciendo la inflación, reconstituir las reservas internacionales, apoyar la recuperación y mantener el programa firmemente encauzado.

El organismo refirió entre los logros el primer superávit fiscal trimestral del país en 16 años: 3,8 billones de pesos (unos 4.250 millones de dólares), que equivalen al 0,6% del PIB argentino.

Además, destacó que las autoridades argentinas “han realizado esfuerzos significativos para ampliar la asistencia social a madres y niños vulnerables, así como proteger el poder adquisitivo de las pensiones” y vieron avances para ampliar “el apoyo político y social” al ajuste fiscal y a la “lucha contra intereses arraigados”.

El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas llegan a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la octava revisión del acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo. Lea el comunicado aquí: https://t.co/VH0tHSwqld pic.twitter.com/FUIWpL7LUH

— FMI (@FMInoticias) May 13, 2024

Argentina recibió un préstamo de 44.000 millones de dólares del FMI en 2018, bajo el gobierno del conservador Mauricio Macri, y no lo pudo devolver en los tiempos pactados. En marzo de 2022, su sucesor, el peronista Alberto Fernández firmó un acuerdo para refinanciar la deuda que incluyó metas de reducción del déficit fiscal, acumulación de reservas y límites a la emisión monetaria.

Según medios internacionales, los desembolsos están condicionados al cumplimiento de las metas y su destino principal es el pago de los vencimientos de deuda. En enero, Milei recibió un primer desembolso de 4.700 millones de dólares, comprometidos de antemano al nuevo Gobierno.

Cabe recordar que Milei asumió el poder en medio de graves desequilibrios económicos, entre ellos alta inflación, déficit fiscal y numerosas restricciones cambiarias. Ahora, según el FMI, la “firme implementación del plan de estabilización de las autoridades ha permitido avanzar más rápido de lo previsto en el restablecimiento de la estabilidad macroeconómica.

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La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva, antes de partir al Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, un evento anual en donde los países hablan de los desafíos de las tendencias económicas globales, señaló que, el desarrollo tecnológico ha llevado a que la inteligencia artificial avance a pasos agigantados y aunque es una “tremenda oportunidad” para impulsar los niveles de productividad existe el riesgo de que muchas personas pierdan sus puestos de trabajo.

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“Las economías avanzadas y algunos mercados emergentes verán afectados sus puestos de trabajo”, dijo en una entrevista en Washington, al citar un nuevo informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el tema.

Según lo expuesto por la experta a medios internacionales, las economías avanzadas y algunos mercados emergentes verán afectados el 60% de sus puestos de trabajo, esta cifra baja a 40% en los mercados emergentes y 26% para los países de bajos ingresos en donde los avances tecnológicos llegan más tarde.

Esto en referencia al informe del FMI, que señala que, en conjunto, casi el 40% del empleo mundial está expuesto a la IA.

La inteligencia artificial (IA) plantea riesgos para la seguridad laboral en todo el mundo, pero también ofrece una “tremenda oportunidad” para impulsar los decaídos niveles de productividad y alimentar el crecimiento mundial, declaró a la AFP la funcionaria del ente multilateral.

Eso significa que la IA tendrá un menor impacto en los mercados emergentes y las economías en desarrollo más pobres, pero también es menos probable que se beneficien de las ventajas tecnológicas que ofrece la IA, según el FMI. Esto conlleva a que haya menos presencia de la IA en estos países, pero se sigan conservando más empleos.

Esto podría exacerbar la brecha digital y la disparidad de ingresos entre países, revela el informe, citado por Georgieva, que añade que los trabajadores de más edad serán probablemente más vulnerables al cambio que supondrá la IA.

“Puede que tu trabajo desaparezca por completo, lo cual no es bueno, o que la inteligencia artificial mejore tu trabajo, de modo que seas más productivo y tu nivel de ingresos aumente”, agregó Georgieva para poner en el radar un tema de alto impacto en ese Foro Mundial en Davos.

El FMI ve una oportunidad importante para que las recetas políticas ayuden a abordar estas preocupaciones. “Debemos enfocarnos en ayudar a los países de bajos ingresos, en particular, a moverse más rápido para poder aprovechar las oportunidades que presentará la inteligencia artificial”, dijo.

Remarcó que a la inteligencia artificial “hay que abrazarla… “sí, asusta un poco. Pero también es una tremenda oportunidad para todos”. A la economía mundial le vendría bien un impulso de la productividad relacionado con la IA, ya que el FMI prevé que seguirá creciendo a niveles históricamente bajos a medio plazo.

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Juan Carlos Zapata

Con un margen de victoria importante, el binomio electo del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, tienen una gran oportunidad en sus manos a partir de enero del próximo año. Mientras esperamos que el Tribunal Supremo Electoral pueda certificar los resultados finales, que mostraron que nuestro sistema electoral es infalible, gracias a todos los voluntarios que custodian el voto a través de las Juntas Electorales y los cientos de observadores que participan en el proceso, el binomio electo ya ha dado ciertas luces de por dónde enfocarían sus prioridades.

Sin lugar a duda, tienen un mandato de luchar contra la corrupción y eso debe ser una estrategia clara para digitalizar procesos y lograr avanzar en dotar de mayores servicios a una población ávida de que se pueda no solo aumentar la inversión pública, sino que se haga de manera responsable, a tiempo, transparente y eficiente. Esto va a ser un gran reto, porque se necesita capacitar a más funcionarios en mecanismos que ayuden por ejemplo a aumentar el número de estudios de preinversión, así como a utilizar de mejor manera el mecanismo de diseño y construcción, detallado en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Esta forma de contratar, según el Dr. Luis Fernando Alarcón, PHD de la Universidad de California, Berkeley, “permite minimizar los motivos que generan sobrecostos en dos sentidos. Por un lado, la colaboración de diseñadores y constructores facilita la constructibilidad y la optimización del diseño. Por otro lado, el tiempo que transcurre entre las fases se minimiza, lo que conlleva eliminar problemas en construcción asociados a la falta de actualización del diseño”. Para el caso de Guatemala esto es muy importante, especialmente en infraestructura vial, algo que se ha visto recientemente con todos los problemas y fallas que se han visto en el Libramiento de Chimaltenango, que, si se hubiera usado el método de diseño y construcción, se pudieron haber evitado.

Esto se debe a que en gran medida en la fase de diseño es posible “asumir cambios en cálculos, planos y especificaciones a un costo reducido, en comparación con el sobrecosto que supondrían en la fase de construcción”. Utilizar este tipo de mecanismos para aumentar la inversión pública tan baja que tiene nuestro país, es un gran reto para el próximo gobierno. Según datos del FMI Guatemala podría crecer 3.5% en el 2024, una cifra que puede ser más si se logra aumentar la inversión pública.

A finales del 2022, Guatemala invirtió 1.7% del PIB en inversión pública, cuando deberíamos por lo menos subir a 4% la inversión pública en los próximos cuatro años. Esto implica contar con la voluntad política para darle continuidad a los 64 proyectos identificados en Guatemala No Se Detiene, en el componente de infraestructura, dotando de recursos a 26 proyectos clave que ya cuentas con estudios de preinversión, pero que necesitan de financiamiento para poderse llevar a cabo y lograr que el país tenga mejores carreteras, puertos y aeropuertos.

Apoyar para que exista una transición lo más técnica posible es algo en lo que todos los sectores podemos acompañar, para lo cual esperamos que a partir de la certificación de los resultados oficiales, se pueda conocer más sobre quiénes serían las personas encargadas de parte del Gobierno electo y unificar criterios que ayuden a que se logre optimizar los procesos que ayuden a clarificar transferencias internas y muchos de los préstamos que están en proceso de aprobación, que seguramente van a ayudar al próximo gobierno a cumplir sus promesas de campaña.

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer que trabaja en una plataforma para lograr que las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC, por sus siglas en inglés) permitan transacciones internacionales. Medios especializados explicaron que, el concepto del FMI se traduce en una plataforma que busca generar consenso sobre un marco regulatorio común para las monedas digitales.

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 “Las CBDC no deben ser propuestas nacionales fragmentadas (…). Para tener transacciones más eficientes y justas necesitamos sistemas que conecten a los países: necesitamos interoperabilidad”, dijo la directora del FMI, Kristalina Georgieva

DIFERENCIA ENTRE MONEDAS DIGITALES Y CRIPTOMONEDAS

Según detallaron, la diferencia entre una CBDC y una criptomoneda, es que la primera es controlada por un banco central, lo que otorga ciertas garantías a los inversores y usuarios de la misma. En el segundo caso, la mayoría de las criptomonedas están descentralizadas, situación que ha generado grandes dudas sobre su estabilidad en el mercado y las garantías a futuro para inversores y usuarios.

De acuerdo con Georgieva, las CBDC siempre deben estar respaldadas por activos, y aunque las criptomonedas son una oportunidad de inversión, al no siempre estar respaldadas por activos se convierten en una “inversión especulativa”.

EL FUTURO DE LAS CBDC

Según medios internacionales, en la actualidad existen 114 bancos centrales en el mundo que se encuentran en alguna fase de exploración de CBDC, “con unos 10 que ya han cruzado la línea de meta”, aseguró la directiva del Fondo Monetario Internacional.

De acuerdo con un estudio de Chainalysis Latinoamérica es la segunda región que registra aceleración de crecimiento en el volumen de transacciones realizadas con criptomonedas. Entre julio de 2021 y junio de 2022, LATAM recibió US$562 mil millones de dólares en criptodivisas, un aumento interanual de 40%. Con esto, América Latina es considerada como el séptimo mercado de criptomonedas en el globo.

Cabe mencionar que, en 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Sin embargo, en aquel momento, el Fondo Monetario Internacional advirtió que la medida podía incrementar los riesgos regulatorios y sentenció que son diversas las cuestiones financieras y jurídicas que deben analizarse al tomar una decisión de esta índole.

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer las perspectivas económicas de China para el 2023. Aunque, estima una mejora en algunos factores, no descarta  que el nuevo año será mucho más complicado.

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De acuerdo con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, para la mayoría de países, el 2023 será un año difícil. Esto debido a que las principales potencias como: Estados Unidos, Europa y China, experimentarán una desaceleración.

El 2023 será “más duro que el año que dejamos atrás”, dijo Georgieva durante una entrevista a la cadena CBS. “¿Por qué? Porque las tres principales economías, Estados Unidos, la Unión Europea y China, se están desacelerando simultáneamente”, aseguró.

 “Por primera vez en 40 años, es probable que el crecimiento de China en 2022 sea igual o inferior al crecimiento mundial”, agregó Georgieva.

 “Estuve en China la semana pasada, en una burbuja en una ciudad donde no hay COVID”, dijo. “Pero eso no va a durar una vez que la gente empiece a viajar”.

“Durante los próximos meses, será difícil para China y el impacto en el crecimiento chino será negativo, el impacto en la región será negativo, el impacto en el crecimiento global será negativo”, afirmó.

El informe de octubre del FMI resaltó los efectos de la guerra en Ucrania, así como las presiones inflacionarias y las altas tasas de interés bancarias.

Por otro lado, advierte que más de la mitad de los países de la Unión Europea, se verán “severamente impactada” por la guerra en Ucrania, que podría acelerar que entre en recesión en 2023.

Por otro lado, la economía estadounidense podría “evitar la recesión” gracias a su economía más resiliente.

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Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe sobre la situación económica en Europa divisa una recesión económica que afectará a la región.

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La posible interrupción en el suministro de energía y los conflictos sociales incrementan la posibilidad de una recesión económica, destacó el FMI.

Los costos de los productos básicos han aumentado entre un siete y nueve por ciento.

Según el último informe del FMI se prevé que la inflación en el continente alcance el 8.3 por ciento en 2022, pero bajará hasta el 6.2 el próximo año.

“La perspectiva europea se oscurece considerablemente, con un crecimiento que se desacelerará bruscamente y la inflación que se mantendrá elevada», detalló el FMI.

Las primeras naciones que podrían registrar un decrecimiento serán Alemania e Italia, ambas muy dependientes de las importaciones de gas.

Además, se prevé un invierno frío, que podría provocar mayor escasez de ese combustible, racionamiento y un declive económico más profundo.

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Juan Carlos Zapata

La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional publicó su informe del Artículo IV, el más reciente informe internacional de la economía del país, con un mensaje positivo y esperanzador sobre el futuro y los retos a los que nos enfrentamos en materia de reducción de pobreza, mayor certeza jurídica, infraestructura y reducción de la desnutrición crónica.

El reporte menciona el importante crecimiento en el 2021 de un 8%, las expectativas de un incremento en el PIB para el 2022, de 4%, y una proyección de aumento de la economía del 3.6% para el 2023. Se muestra un incremento del 3.7% en la formación bruta de capital fijo, cerrando con una inversión de 17% respecto del PIB para el 2021, y una proyección de 16.2% para este año y 15.1% para el 2023. Con un promedio de formación bruta de capital fijo en América Latina y el Caribe de 18%, esto demuestra que el sistema con que contamos para invertir necesita reformas hacia mayor certeza jurídica.

Desde un punto de vista positivo se resalta la estabilidad macroeconómica, que ha permitido al país reaccionar de mejor forma ante los cambios internacionales, como resultado de los efectos de la pandemia del covid-19, la guerra entre Rusia y Ucrania y la disrupción de las cadenas de abastecimiento en Asia.Artículo IV demuestra la importancia del trabajo público-privado.Juan Carlos Zapata

Esto ha generado una inflación importada que ya está afectando varios de los precios de los alimentos, combustibles e insumos productivos. El índice de precios al consumidor presentó una variación interanual de 5.82% a mayo, lo cual podría tener un impacto en la economía. Ahora bien, el gran desafío para Guatemala es transformar el marco jurídico sobre la inversión pública en infraestructura, la cual es baja, apenas 1.2% del PIB para el 2022, si lo comparamos con el promedio de los países de Centroamérica, que invierten 3.76% de su PIB.

El Artículo IV acertadamente reconoce la implementación de la Política Nacional de Competitividad en que el gobierno apunta a mejorar el clima de negocios y promover la inversión. La aprobación de la ley de insolvencias, la ventanilla única para la construcción y el marco jurídico de la ley de interés preferencial para la vivienda fueron aspectos positivos mencionados hacia la generación de nuevas oportunidades. Otro logro importante que reconoce el informe es que el gobierno está apoyando la formalización del trabajo a tiempo parcial, que va a generar beneficios a millones de mujeres que tendrán acceso a un trabajo digno.

En materia de política económica se insta al gobierno a seguir impulsando los ejes de la iniciativa Guatemala No se Detiene, enfocados en aumentar el capital humano, mejorar la inversión en infraestructura, atraer más inversión y fortalecer la certeza jurídica, a través de la digitalización con un claro enfoque basado en resultados, que podría ayudar a garantizar que estos y otros esfuerzos se traduzcan plenamente en resultados sostenibles y concretos para todos los guatemaltecos.

El FMI también recomienda la rápida implementación del marco legal para Fintech y dinero electrónico, que a esto le agregaría la urgente necesidad del país de aprobar el préstamo del BID (GU-L1175), pendiente en la Secretaría General de la Presidencia, para que pueda llegar al Congreso y contar con recursos para la transformación inclusiva digital y con ello incrementar el acceso a mayor banda ancha, mejorando la conectividad mediante la inversión en infraestructura; mejorar las condiciones para la adopción de soluciones de infraestructura digital y fortalecer la capacidad institucional y operativa para facilitar el desarrollo de una agenda digital.

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