El Ministerio Publico por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, realizó el pasado lunes la audiencia de etapa intermedia en contra de los sindicados en el caso defraudación aduanera, conocido como La Línea.

En el proceso judicial se encuentran involucrados altos funcionarios de gobierno, entre ellos, el expresidente Otto Pérez Molina, la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

La diligencia se realizó en el Juzgado “B” de Mayor Riesgo a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, donde la Fiscalía presentó diversas escuchas telefónicas que fueron realizadas entre los sindicados.

El MP durante la intervención detalló que cuenta con los suficientes elementos de prueba y mostró por medio de diapositivas la forma de operar de la  estructura criminal, la que supuestamente era liderada por Pérez Molina y Baldetti Elías.

La estructura estaba conformada en cinco rutas: Importadores, tramitadores aduaneros, parte de la estructura, vistas aduaneras, estructura externa media, funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, estructura externa superior.  Este grupo presuntamente tenía contacto con una red de tramitadores aduaneros que facilitaban el objetivo de pagar menos impuestos, que además facilitaban contactos de importadores con la estructura criminal a través de suministro de un número de teléfono conocido como La Línea.

Las investigaciones llevaron a detectar que el grupo de funcionarios públicos en colusión con los tramitadores, diseñaron una tabla paralela que contenía parámetros para el pago de los impuestos, posteriormente realizaban una verificación falsa de contenedores que les permitía realizar un ajuste irregular al impuesto a pagar.

Las investigaciones iniciaron en mayo de 2014 a partir del desarrollo de líneas de trabajo de un hallazgo realizado en contra de un grupo de importadores de quienes se sospechó estaban involucrados en acciones de contrabando.

Los sindicados

1. Giovanni Marroquín Navas
2. Francisco Javier Ortiz Arriaga
3. Miguel Ángel Lemus Aldana
4. Osama Ezzat Azis Aranki
5. Byron Antonio Izquierdo
6. Julio César Aldana Sosa
7. Julio Stuardo González De León
8. Herberth Francisco Cabrera Castellanos
9. Mónica Patricia Jáuregui Zamora
10. Álvaro Omar Franco Chacón
11. Carlos Enrique Muñoz Roldán
12. Sebastián Herrera Carrera
13. Gustavo Adolfo Morales Pinzón
14. Anthony Segura Franco
15. Julio Rogelio Robles Palma
16. Mynor Eduardo Martínez Castellanos
17. Melvin Gudiel Alvarado De León
18. Karla Mireya Herrera España
19. Adolfo Sebastián Batz
20. Carlos Ixtuc Cuc
21. Edgar Armando Sac Coyoy
22. José Rolando Gil Monterroso
23. Juan Carlos Ávila Morán
24. Gustavo Adolfo Peña
25. Obdulio Horacio Barrios Vásquez
26. Ingrid Roxana Baldetti Elías
27. Otto Fernando Pérez Molina
28. Claudia Azucena Méndez Asencio

En este caso hay tres colaboradores eficaces.

Fuente: MP

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La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal dejó sin efecto las medidas sustitutivas a favor de Ruth Emilza Higueros Alay, Francisco Javier Ortiz Arriaga (en prisión por caso ”la línea”), Miguel Ángel Lemus Aldana (en prisión por caso ”la línea”), Luis Fernando Zapata Mendoza, Jorge Luis Escobar Gómez, José Luis Montenegro Santos y José Arturo Morales Rodríguez, sindicados de los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo en el caso “bufete de la impunidad”.

El fallo de la Sala se deriva de la apelación que presentó la CICIG y el Ministerio Público contra la resolución del juez Tercero de Primera Instancia Penal, Mynor Moto Morataya, quien el pasado 9 de junio otorgó arresto domiciliario y arraigo a los sindicados, quienes guardaban prisión preventiva desde mayo de 2015.

Los magistrados de dicha Sala argumentaron en su resolución que aunque se hubiesen presentado las conclusiones de la investigación no significaba que ya no existiera el peligro de fuga u obstaculización a la averiguación de la verdad, por el contrario, estos riesgos podrían acentuarse aún más en la fase de juicio. Por estas razones, ordenaron al juez Moto Morataya emitir una nueva resolución para dejar sin efecto dichas medidas.

Antecedentes

Por este caso están ligados a proceso diez personas, entre ellas la jueza Marta Sierra de Stalling y abogados integrantes de la estructura criminal “bufete de la impunidad”, quienes operaban en el sistema de justicia ofreciendo a sus usuarios servicios ilegales, con la promesa de utilizar todas sus influencias y conexiones con funcionarios judiciales para garantizar resultados favorables a cambio de una suma de dinero.

El 1 de diciembre de 2015, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal también revocó las medidas sustitutivas a la jueza Sierra de Stalling, sindicada de los delitos de cohecho pasivo y prevaricato. Sin embargo a la fecha el juez Mynor Morataya no ha ejecutado la orden de dicha Sala.

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