Guatemala Inmortal protestó contra el embajador sueco Hans Magnusson, presidente del G13, en respuesta a la invitación de ese grupo a los miembros de la comisión postuladora de Fiscal General. Según GI, este es un asunto interno y los embajadores no tienen derecho a intervenir, según la Convención de Viena.

Redacción Perspectiva

«Magnusson es un non grato y el ex canciller Brolo, un hombre sin pantalones, además de un gobierno sin los arrestos para expulsar no a Magnusson, sino a la embajada sueca, y retirar a la embajada guatemalteca en Estocolmo», afirma Giovanni Fratti en un vídeo que muestra el inicio de la protesta.

Fratti también menciona que la ruptura de relaciones es lo deseable, luego de que la embajada sueca apoyó a ACOGUATE en el vandalismo contra el monumento de José María Reyna Barrios.

Guatemala Inmortal pide respeto a las leyes guatemaltecas

Guatemala Inmortal surgió como respuesta a la intromisión del ex embajador estadounidense Todd Robinson, la CICIG y ONGs internacionales, en política nacional.

En esa línea, miembros de la agrupación se presentaron hoy frente a la residencia del embajador. En su intervención, Fratti enfatizó en que, a diferencia de los izquierdistas, ellos no divulgarían la dirección del diplomático, para evitar inconvenientes a sus familiares.

El abogado enfatizó en que el G13 es responsable de intervenir en Guatemala, por lo que GI y grupos afines a esta organización exigen que sea declarado non grato.

A continuación, el vídeo de Guatemala Inmortal

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Organizaciones sociales que integran la Alianza por Reformas enviaron una carta al presidente pro tempore del G13, el embajador de Italia en Guatemala, Paolo de Nicolo, para solicitar que suspenda el apoyo al Ministerio del Público (MP).

Redacción Perspectiva

En la misiva, la Alianza por las Reformas expresa su preocupación por la labor de Consuelo Porras al frente del MP. Por lo cual consideran conveniente que los miembros del G13 suspendan la cooperación con la institución.

“Nos parece que este sería un mensaje importante de la comunidad internacional para confirmar que no tolerarán la corrupción ni la destrucción del Estado de Derecho en Guatemala. Es importante seguir respaldando los esfuerzos de lucha contra la corrupción y la impunidad en el país y trabajar únicamente con funcionarios probos y comprometidos con la justicia, la transparencia y los valores democráticos”, remarcó la Alianza.

Las organizaciones consideran que la autonomía y decisiones de la Fiscal General deben ser “examinada” por los recientes cambios que ha realizado en los últimos meses especialmente los relacionados con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la destitución de Juan Francisco Sandoval como fiscal de sección.

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La excedencia otorgada al Juez Mynor Moto por el Consejo de la Carrera Judicial vence el 13 de abril, fecha en la que el juez retomará sus actividades al frente del juzgado a su cargo. Raúl Falla, abogado de la Fundación Contra el Terrorismo, explica por qué fueron violentados los derechos del juez.

Roxana Orantes Córdova

Entrevistado por Perspectiva, el abogado Raúl Falla comenta: «hoy se dio a conocer que el juez Maynor Moto fue notificado de que el plazo de su excedencia vence el 13 de abril, por lo que deberá presentarse el 14 al Juzgado Tercero de Instancia Penal a su cargo».

Según comenta Falla, no es de sorprender la revocación de la excedencia, luego de concluido el plazo que Moto había solicitado como ganador de la elección en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y posteriormente, la juramentación como magistrado en el Congreso.

Era un hecho que Moto sería magistrados durante los tres meses para finalizar el plazo correspondiente a Bonerge Mejía, fallecido. Sin embargo, una orden de captura emitida por la juez de Mayor Riesgo Erika Aifán, solicitada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), motivó que Moto se escondiera y fuera declarado prófugo.

Además, narra Falla, hubo varios allanamientos en su contra, sus bienes podrían ser sometidos a extinción de dominio y se realizó persecución contra su familia. Todas estas acciones quedan desvirtuadas con la acción del Consejo de la Carrera Judicial, máxima autoridad en temas laborales del Organismo Judicial.

«Hoy estamos contentos, porque la decisión del Consejo significa que Moto nunca perdió su calidad judicial y en todo momento gozó del derecho al antejuicio. Es decir, las investigaciones y acciones penales en su contra fueron ilegales», señala.

El punto álgido de esta situación es cómo quedan el fiscal Juan Francisco Sandoval y la juez Erika Aifán. «Como personas conscientes de la ley, sabían que Moto tiene derecho de antejuicio. No solo él, sino cualquier otro funcionario judicial».

La actuación de Aifán y Sandoval implica un delito llamado infracción de privilegios, lo que motivará a la FCT a presentar una nueva denuncia contra ambos funcionarios judiciales mañana 8 de abril.

«EE.UU. desconoce la realidad o avala a los enemigos del país»

«Por más fotos que se tomen con funcionarios estadounidenses o del G13, cometieron varias violaciones contra los derechos del juez Mynor Moto, cuyo único delito si es que lo hubo, fue reunirse con otros abogados. En la reciente foto de la embajada estadounidense, vemos a varios abogados y funcionarios judiciales reunidos con funcionarios estadounidenses. La acción que se reprocha a Moto fue estar en una reunión entre abogados», señala Falla y agrega:

«Nosotros no nos vamos a plegar a las exigencias de EE.UU. o del G13, tal como ya dijeron los presidentes de México y El Salvador».

Según narra el abogado, la FCT ha presentado más de 25 demandas contra Juan Francisco Sandoval, y les parece extraño que en cada reunión, el jefe de la Fiscalía de Asuntos Internos, Marlon Pacheco, les hable de avances, pero sin que se de una sola medida real.

Para Falla, hay muchos factores que pueden originar esta aparente desidia o falta de acción. «Por ejemplo el caso Oderbrecht tiene suficientes pruebas, dictámenes de la Contraloría General de Cuentas, de la Procuraduría General de la Nación y otros documentos, pero no avanza. Por un tiempo se nombró una fiscal especial, pero no duró mucho y consideramos necesario que se nombre un fiscal que no tenga impedimentos de ningún tipo para hacer avanzar estos casos», concluyó.

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Amanda Santizo, la abogada que interpuso una denuncia por la vía diplomática contra los embajadores del G13, explica que entre injerencia y cooperación existe una línea muy difusa y peligrosa. Esto, luego de que una declaración del Canciller Pedro Brolo motivara reacciones encontradas por expresiones de preocupación y “recomendaciones” de los países donantes sobre la elección de magistrados en la Corte de Constitucionalidad (CC), percibida por algunos como legítima preocupación de “países amigos” y por otros, una injerencia que viola abiertamente el artículo 41 de la Convención de Viena para Asuntos Diplomáticos.

Roxana Orantes Córdova

La elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC), sigue desatando pasiones. Esta semana, las opiniones se dividieron entre quienes demandan respeto a la soberanía nacional por parte de los “países donantes” y los que son obsecuentes aliados de este grupo, en nombre de la lucha contra la corrupción.

Para mencionar este debate es obligatorio citar la Convención de Viena para Asuntos Diplomáticos, en su Artículo 41:

“1. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado.

2. Todos los asuntos oficiales de que la misión esté encargada por el Estado acreditante han de ser tratados con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor por conducto de él, o con el Ministerio que se haya convenido.

3. Los locales de la misión no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión tal como están enunciadas en la presente Convención, en otras normas del derecho internacional general o en los acuerdos particulares que estén en vigor entre el Estado acreditante y el Estado receptor”.

El documento de dicha convención puede ser consultado en el siguiente enlace: https://bit.ly/2OWdi3R.

En cuanto a los actores, cabe mencionar al G13, cuya página oficial señala que: “El Grupo de Donantes G13 es una instancia de coordinación entre países, agencias bilaterales y multilaterales, conformada por los nueve países que destinan más recursos de cooperación a Guatemala: Canadá, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Estados Unidos, y por los siguientes organismos multilaterales: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA)”.

Creado a partir de seis países que decidieron apoyar luego del huracán Mitch, en estas dos décadas creció significativamente. Según la página citada

“La meta del G13, desde el inicio ha sido apoyar a Guatemala en su desarrollo por alcanzar una sociedad equitativa, un crecimiento económico sostenible y un Estado de Derecho”. Los sectores que aborda este grupo de instancias y países son: seguridad y justicia; salud, educación, ambiente y agua y seguridad alimentaria.

No es primera vez que el G13 ha sido señalado de transgredir los principios diplomáticos y atentar contra la soberanía de Guatemala. Sus aliados más notables en el país son varias ONG´s que siguen fielmente la agenda globalista y no ocultan su filiación de izquierda, en ocasiones históricas, como el caso de UNAMG, que surgió a partir de la URNG.

Además, un sector de la prensa corporativa tiene afinidad con este grupo,  que destina varios millones de euros al año para las ONG´s que trabajan bajo la supervisión, estándares y guía de sus donantes, que fueron los principales socios financieros de la CICIG.

Recientemente se conoció que el Ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, pidió a los embajadores del G13 que gestionaran las reuniones con funcionarios y diputados guatemaltecos a través de la Cancillería, lo que ha motivado reacciones airadas de los “amigos” de estos diplomáticos, pero según Santizo, responde a lo establecido en el país y evita malas interpretaciones. Especialmente, si se recuerda el papel de abierta injerencia mostrado por diplomáticos como los ex embajadores  Todd Robinson y Anders Kompass.

“Cada quien decide lo que hace en su casa”

Según lo expresado por Santizo: “existen varios acuerdos en los que se basa el Minex, relativos a las delegaciones y agentes diplomáticos de países cooperantes en Guatemala. Según estas normativas, pueden tener contacto con funcionarios y otros ciudadanos. Sin embargo, la Constitución establece las funciones del Minex y supera jerárquicamente a cualquier acuerdo suscrito por el gobierno, y los diplomáticos deben regirse por la Convención de Viena”.

“No es aceptable que con el pretexto de contribuir con el desarrollo, se intente imponer la agenda globalista. La cooperación es aceptable, siempre y cuando sea respetuosa del orden público y las creencias del país. Por ejemplo, el aborto es un tema que no se percibe igual en EE.UU. que en Guatemala”.

“Entonces, al intervenir en temas como este, o leyes como la del Organismo Judicial, se está alterando el orden público. Hace años se debió poner límites a este tipo de intervenciones. Algunos diplomáticos como el ex embajador estadounidense han llegado al extremo de amenazar a diputados con el retiro de visas, si no accedían a reformas a la Ley del Organismo Judicial que él y el G13 avalaban”.

“Aunque algunos abogados justifican esta intervención abierta en asuntos internos del país argumentando derechos humanos difusos, es necesario mencionar que esta es una forma antojadiza de encubrir que no se está hablando de derechos humanos. No existe ningún derecho que permita a un agente extranjero intervenir en temas internos de otra nación”.

“Dicho en forma simple: cada quien decide lo que se hace en su casa, y no es válido argumentar la intromisión con un criterio erróneo, sacado de la manga cuando no encuentran un asidero”.

Finalmente, la abogada expone:

“Me llamó la atención la columna de Jose Rubén Zamora, criticando al ministro de Relaciones Exteriores por hacer su trabajo y pedir a los embajadores que no se entromentan en asuntos internos o serán declarados non gratos. Y sobre su insistencia en recurrir al “pacto de corruptos”, es necesario mencionar que distorsionar la ley es una forma de corrupción”.

“También me llama la atención como aparece el embajador de Alemania y otros del mismo grupo entrometiéndose cada vez que se discuten temas como la elección en la CC, pero jamás los hemos visto en temas de educación, desarrollo o salud”.

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