Las principales organizaciones del sector productivo, industrial y comercial del país han manifestado una postura firme y unánime en torno a las actuales condiciones operativas, financieras y legales que enfrenta la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC). 

Redacción Perspectiva

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG), la Asociación de Exportadores de Guatemala (AGEXPORT), la Cámara de Comercio de Guatemala y la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), han externado su preocupación por el impacto que esta situación podría tener en la estabilidad económica nacional,  tras ordenarse judicialmente la inmovilización de una partida presupuestaria clave de la institución por un reclamo de Q209 millones. 

A través de comunicados emitidos de forma independiente, las entidades empresariales coincidieron en que el puerto de Santo Tomás de Castilla es una infraestructura de carácter estratégico para el comercio exterior. Por lo tanto, cualquier escenario de congestionamiento prolongado o una eventual parálisis de actividades afectaría directamente el dinamismo logístico, interrumpiendo tanto el despacho de las exportaciones guatemaltecas hacia los mercados internacionales como el ingreso de mercancías esenciales, maquinaria y materias primas destinadas al aparato productivo.

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Las gremiales enfatizaron la necesidad de implementar soluciones a corto plazo que aborden las limitantes actuales de la terminal marítima. Entre las medidas propuestas, señalaron la urgencia de ejecutar inversiones enfocadas en la modernización de la infraestructura portuaria y la adquisición de maquinaria especializada, lo cual permitiría elevar los niveles de eficiencia en la carga y descarga de buques, optimizar los tiempos de atención y asegurar el flujo continuo de las cadenas de suministro.

Llamado a la certeza jurídica y estabilidad de mercado

Un punto central en las declaraciones de las cinco organizaciones del sector privado es la preservación del clima de negocios y la confianza de las líneas navieras internacionales. Según explicaron, el incremento de las demoras logísticas genera sobrecostos que inciden de manera directa en la competitividad del país y que podrían derivar en el desvío de buques hacia otros puertos de la región centroamericana, afectando la reputación comercial de Guatemala.

En ese sentido, las cámaras empresariales y el CACIF dirigieron un llamado respetuoso pero enérgico a las máximas autoridades del Organismo Judicial y a las entidades gubernamentales competentes. Las organizaciones insistieron en la importancia de que cualquier proceso legal o administrativo activo que involucra al recinto portuario se desarrolle con estricto apego al principio de legalidad, observando con rigurosidad el debido proceso, el Estado de derecho y la certeza jurídica, elementos que consideran indispensables para salvaguardar la estabilidad de las inversiones y el sostenimiento del empleo formal.

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