La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) se sumó a la petición de diferentes sectores que solicitan al presidente Alejandro Giammattei vetar el Decreto 18-2023, que contiene la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024, ya que en algunos casos, las asignaciones limitan la capacidad de fiscalización y fomentarían la corrupción.

Redacción Perspectiva

Los medios de comunicación han solicitado a Presidencia una respuesta respecto al análisis que el Giammattei podría hacer del Decreto referido y las peticiones de los distintos sectores para su veto.  Además, Perspectiva consultó sobre cuándo podría pronunciarse el mandatario al respecto, sin que al cierre de esta publicación se haya obtenido una respuesta por parte de las autoridades de Gobierno o la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

LAS PETICIONES DE DISTINTOS SECTORES

En el caso de Fundesa, señalan que, dentro de las propuestas técnicas presentadas en el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) se ha recalcado la importante necesidad de eliminar la asignación a proyectos específicos que no tengan estudios de preinversión, así como la urgencia de contar con contratos de pagos por indicadores, que ayuden a transparentar la calidad de la inversión.

“El presupuesto aprobado, asigna fondos a proyectos específicos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con readecuaciones presupuestarias, por montos significativos, para financiar obras y proyectos que no estaban en los planes del Ministerio según el proyecto de presupuesto enviado originalmente por el Organismo Ejecutivo, por lo que el uso de tales recursos puede ser cuestionable y opaco”, señalan.

Además, enfatizan que, el presupuesto aprobado, atenta contra la estabilidad macroeconómica, ya que no se reintegró el pago al Banco de Guatemala por sus deficiencias netas, razón por la cual el déficit fiscal sería cerca del 2% del PIB, esto es sumamente preocupante.

Adicionalmente, señalan que se dejó en riesgo al Estado de Guatemala de caer en una parálisis en la colocación o recolocación de deuda, ya que el Gobierno debe contar con la aprobación previa del Congreso de la República, para emitir, negociar o colocar Bonos del Tesoro, hasta por un monto igual al de los vencimientos que se produzcan durante el ejercicio fiscal vigente. Esto afecta negativamente la calificación de riesgo país, ya que no se podría recolocar los bonos que vencen el próximo año por un monto cercano a los Q6,260.9 millones, según el propio Ministerio de Finanzas Públicas.

Por otro lado, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) pide corregir errores en el Presupuesto y su aprobación puede dañar a la población guatemalteca.  A este pronunciamiento se sumó la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), en donde replican la postura del Cacif y señalan que: “Como sector industrial, apoyamos la exhortación a corregir los errores en el Presupuesto 2024 aprobado por el Congreso de la República”.

A decir la Cámara de Comercio, el Presupuesto aprobado es “poco técnico e inefectivo” además, promueve la corrupción y despilfarro de los recursos públicos, por lo que debe ser reestructurado y enfocado en las áreas prioritarias para el desarrollo del país.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) a través de un comunicado, señaló que analizó el Decreto número 18-2023 y el  Instituto constató que esta versión aprobada no corrigió el error de subestimación en la proyección de ingresos tributarios incluido en la versión original del proyecto de presupuesto para 2024 y mantiene las alteraciones y anomalías que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) introdujo en su dictamen; pero, además, las enmiendas aprobadas empeoran aún más los efectos dañinos que la vigencia de este presupuesto provocaría.

Entre otros aspectos, el Icefi advierte que la vigencia del presupuesto para 2024, tal como fue aprobado en el Decreto número 18-2023, generará “daños a varios y diversos sectores económicos y sociales, y dificultará la gestión del nuevo gobierno, por lo que, en la situación actual, el escenario menos perjudicial es que, luego de vetar el presupuesto aprobado, tal como lo establece la literal b del artículo 171 constitucional, en 2024 se ejecute el presupuesto vigente de 2023”.

En esa línea, recomiendan que, con la mayor urgencia y celeridad, el gobierno en funciones presidido por Alejandro Giammattei, y el equipo de transición del presidente electo Bernardo Arévalo, conformen una mesa de diálogo y discusión para corregir el problema del presupuesto. Les insta a que este sea un espacio transparente y abierto, en el que se incluya a la sociedad civil organizada, a la academia, a los centros de pensamiento y todo sector con capacidad e interés en pronunciarse sobre la necesidad y la conveniencia de vetar el decreto con el que el Congreso aprobó el presupuesto para 2024.

¿QUÉ APROBÓ EL CONGRESO?

El 30 de noviembre, el Pleno del Congreso de la República, con el voto favorable de más de las dos terceras partes del número del total diputados, (115 votos), aprobó el Decreto 18-2023, que contiene la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024, el cual asciende a Q124,879, 970.

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Por Salvador Paiz

Se estima que nuestra economía tendrá una contracción de -4.1% en el 2020, la más fuerte en 38 años. La reactivación económica es un tema que debemos poner sobre la mesa. Sin embargo, esa discusión debe basarse en elementos técnicos y fundamentados.

La semana pasada el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), presentó el documento “Reactivar la economía protegiendo a las personas: una propuesta para mantener y ampliar el bono familia en 2021”. En su informe, Icefi propone transformar el actual Bono Familia a un ingreso mensual para hogares en condiciones de pobreza durante el próximo año. Icefi específicamente rechaza medidas como el desarrollo de infraestructura. Según estos analistas, la infraestructura “no tiene(n) la capacidad de mejorar rápidamente el bienestar de las personas más afectadas por la crisis, ni la actividad económica en los territorios y, ciertamente, contribuyen muy poco a crear condiciones para elevar la producción de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, unidades económicas que generan cerca del ochenta por ciento del empleo nacional”. Me pregunto, ¿de dónde sacan ellos estos argumentos y cómo los fundamentan?

La realidad es que hasta Cuba y Venezuela tienen más infraestructura que Guatemala. Así que esto parece que no es un tema ideológico sino simplemente el hecho de llevar la contraria. De acuerdo con datos de CEPAL, somos uno de los países de la región que menos invierte en infraestructura, 1.55 por ciento del PIB, y con apenas 1 metro de red vial por habitante. Esto contrasta fuertemente con la situación en países vecinos, como Costa Rica. Allí invierten cerca del 6 por ciento del PIB y cuentan con 8.7 metros de red vial pavimentada por habitante.

Nuestra infraestructura es tan deplorable que, en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, sobresale como uno de los 5 factores más problemáticos para hacer negocios en nuestro país. Las micro, pequeñas y medianas empresas sufren esas deficiencias en infraestructura. La falta de infraestructura vial adecuada no sólo trunca su potencial de crecimiento, sino que también incrementa innecesariamente el costo de sus productos debido a la pobre logística, siniestralidad y pérdida de tiempo. Fundesa estima que, en Guatemala, la porción del costo del producto asociado a infraestructura es 29 por ciento, mientras que en países de la OECD es 9 por ciento, y en el resto de Latinoamérica es 18 por ciento. ¡Una diferencia abrumadora! ¡Un sobreprecio injusto que afecta principalmente a los más pobres!

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el desarrollo de infraestructura es vital para el crecimiento económico y la igualdad en América Latina y el Caribe. Sus servicios son clave para la competitividad de las economías y la calidad de vida de sus habitantes. Aumentar la inversión en infraestructura en 1 por ciento del PIB, incrementaría el crecimiento del PIB en 1.2 por ciento (la inversión se pagaría sola y tiene 20 por ciento de retorno) y podría reducir los niveles de pobreza extrema de 23 por ciento a un 18 por ciento en 5 años.

Requerimos de un nuevo modelo para desarrollar nuestra infraestructura a la escala y niveles de transparencia requeridos. El retorno del ex ministro de comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y su entrega a la justicia, nos recuerdan la rampante corrupción del sistema actual. Se requiere un nuevo sistema de contratación de Infraestructura que remueva los incentivos perversos que fomentan dicha corrupción.

El rechazo de Icefi a la infraestructura como motor de desarrollo me es incomprensible. La infraestructura no solo nos permitiría conectar todos los rincones de nuestro país, sino que también nos permitiría tener un mejor acceso a servicios de salud y educación, a la vez que se generan innumerables puestos de empleo. El sector construcción, después del turismo, es el sector económico que mayor huella económica tiene, lo cual se traduce no sólo en actividad en otros sectores, sino en empleos indirectos. Fuera del turismo, no existe otra industria que genere tanto derrame en la economía. No sabemos cuándo se reactivará el turismo, pero sí sabemos que hoy la pobre infraestructura es una de las quejas y detractores para lograr dicha atracción turística al país. En pocas palabras, podemos pensar en otras iniciativas para lograr la reactivación económica de nuestro país, pero ninguna agenda de reactivación estará completa sin incluir el tema de Infraestructura en una modalidad que asegure transparencia.

¿Por qué pelear contra una iniciativa que resolvería uno de los principales cuellos de botella para lograr el desarrollo incluyente de nuestro país? ¿Qué opinarán esas micro, pequeñas y medianas empresas sobre el nivel de urgencia en que debe de atenderse nuestro déficit vial? Nos invito a hacer una revisión de los datos y priorizar las iniciativas de reactivación según su impacto esperado. Ciertamente es momento de unirnos tras las grandes iniciativas de transformación nacional, y dejar atrás la polarización. Solo unidos lograremos los cambios que tanto necesitamos.

www.salvadorpaiz.com

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El Ministerio Público (MP), anunció que investigará de oficio la compra de dos aviones Pampa III al gobierno argentino. Sin embargo, el dignatario de la Nación Alfredo García, afirma “no existe delito porque no se ha realizado la compra. Los fondos para ese gasto no están presupuestados y no hay registro en Guatecompras”.  Para un sector de la población, el tema desvía la atención de un hecho crucial: estamos a las puertas de la segunda vuelta electoral y persiste la incertidumbre sobre la elección recién pasada, de la que todavía no se tienen datos oficiales.

Roxana Orantes Córdova

En un contexto enrarecido por las dudas de un sector ciudadano sobre los resultados electorales, la negociación del gobierno guatemalteco con el argentino, para adquirir dos aviones de entrenamiento Pampa III, acapara la discusión ciudadana y la atención de los medios.

La negociación entre Jimmy Morales y su homólogo Mauricio Macri ha desatado diversidad de comentarios, que van desde quienes abogan por la adquisición, que consideran fundamental para combatir el narcotráfico, hasta los que opinan que “Es inaceptable que un país como Guatemala fije como una prioridad o urgencia la adquisición pública de armas y equipo bélico, ya que desvía recursos de los esfuerzos para solucionar los gravísimos problemas estructurales que enfrenta”, como afirma un comunicado del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

La opacidad es uno de los aspectos más fuertes de quienes están en desacuerdo con esta adquisición, que pese a todo, está lejos de ser un hecho, puesto que ni siquiera tiene partida presupuestaria, señala García, quien agrega que por el momento estamos como aquellos que adquieren cualquier objeto con un cheque sin fondos.

El asidero legal de esta acción es un convenio de cooperación técnica bilateral entre Argentina y Guatemala, que entró en vigencia en 1983. “Pero no hay licitación y la compra no está apegada a la Ley de Compras y Contrataciones. Es algo sin pies ni cabeza”, expresa García.

Sin embargo, si el Estado guatemalteco realizara esta erogación calculada en Q 215 millones, constituirá un duro golpe para las finanzas del Estado, señala Ricardo Méndez Ruiz. Desde otra perspectiva, Jonathan Menkos, economista del ICEFI, expresa en redes sociales:

“Es inaceptable que en una sociedad con tantas necesidades insatisfechas se priorice la compra de aviones militares y equipo bélico. Los presupuestos públicos deben basarse en un ordenamiento de prioridades dirigido al bien común y no a satisfacer los caprichos de quien gobierna”.

La lucha contra el narcotráfico debe ser financiada por EE.UU.

Según comenta Méndez Ruiz: “mi cuestionamiento en referencia a la compra de los aviones se dirige en el sentido que esa adquisición golpea fuertemente las finanzas del ejército en un rubro en el que la institución armada no debería gastar dinero, o debería gastar muy poco, porque los llamados a financiar la lucha contra el narcotráfico, son los Estados Unidos”.

Y agrega: “esos fondos habrían sido mejora canalizados si se hubieran utilizado para la adquisición de helicópteros para aerotransportar tropas a cualquier punto del territorio nacional (que también habrían servido en caso de desastres naturales), o para el correcto equipamiento de nuestras tropas, lo que incluye desde botas y uniformes, hasta tecnología de punta para nuestras fuerzas especiales, en aspectos que don muy variados y  escasos, como visores nocturnos y rifles para francotirador y equipo de radio transmisión moderno”.

Si los Estados Unidos presionó al presidente de la República hasta un punto en el que él se vio forzado a adquirir los dos aviones a Argentina, antes se debió analizar ofertas como la de Chile, que hace un par de años vendió 10 aviones Cessna A37 a El Salvador por US$ 8 millones. No eran aeronaves nuevas, pero sí en perfecto estado y con características superiores a los Pampa que adquirió la Fuerza Aérea Guatemalteca.

Financiar este gasto considerable podría implicar la necesidad de transferencias presupuestarias, señala Méndez Ruiz, quien comenta que existen varias debilidades en la ejecución presupuestaria de diferentes instituciones, de las cuales “la que lo ejecuta de forma más eficiente y transparente es el ejército”.

Finalmente, comenta que entre algunos mandos medios del ejército, se defiende la compra con ese argumento, sumado a que otros ministerios destinan gran parte de sus fondos a financiar pactos colectivos lesivos. Sin embargo, concluye, en el interior de la institución armada, también hay muchos que adversan esa compra.

ICEFI: gobierno debe desistir de comprar equipos bélicos

Perspectiva intentó contactar a Jonathan Menkos pero fue imposible. Sin embargo, el ICEFI divulgó un comunicado en el que se expresa claramente la posición de esa entidad. Los puntos que sintetizan esa posición son:

1. Demanda al Gobierno de Guatemala desistir de la compra de aviones militares y de otros equipos bélicos e insta a la Contraloría General de Cuentas y al Ministerio Público a realizar cuanto antes las investigaciones, sancionar y deducir las responsabilidades que tanto en materia administrativa como penal, respectivamente, correspondan.
2. Como una de las principales herramientas para el desarrollo, el presupuesto público debe seguir un ordenamiento de prioridades dirigido al bien común y la solución de los graves problemas socioeconómicos que enfrenta Guatemala y que limitan el bienestar de sus ciudadanos y, en consecuencia, el desarrollo democrático.
3. La acción choca con realidades alarmantes, como la desnutrición crónica del 46.5% de la niñez y la falta de cobertura educativa y la salud pública tiene la misma capacidad de atención que existía en 1955.

A todo lo anterior, indica el pronunciamiento del instituto citado, se suman los hechos de violencia extrema y el deterioro de la infraestructura económica y social. Y todo esto, “sin una respuesta gubernamental apropiada y contundente”.

A grandes rasgos, estos son algunos de los elementos del contexto socioeconómico que presenta el ICEFI para argumentar que “la compra de aviones militares y otro equipo bélico no puede constituir una urgencia superior a la obligada atención de inversiones sociales. Además de la ilegitimidad de priorizar la compra de equipo militar en el contexto antes descrito, las negociaciones para estas adquisiciones se han realizado con opacidad.”

¿Cortina de humo?

El debate sobre la compra de los aviones Pampa III es interesante y evidencia, desde diversos puntos de vista, los graves problemas de la administración pública en el país. Sin embargo, una gran pregunta circula en las redes sociales: ¿por qué se investigará con tanta inmediatez un negocio que aparentemente no se ha concretado, mientras permanece la total incertidumbre sobre el proceso electoral?

El sábado 13, los ciudadanos descontentos ya convocaron a otra manifestación para exigir que se esclarezcan las dudas sobre el proceso. Entretanto, los dos candidatos punteros están en plena campaña.

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El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y Acción Ciudadana (AC) rechazan «que el Gobierno anteponga la voluntad de anonimato de los patrocinadores del viaje, a la obligación de cumplir con las leyes vigentes en Guatemala y que obligan a la publicación de su identidad”.

Icefi y AC confirmaron en un comunicado que solicitaron datos del viaje del presidente Jimmy Morales y acompañantes a Israel para el traslado de la embajada guatemalteca de Tel Aviv hacia Jerusalén, pero que el Gobierno pretende ocultar la información. 

Por lo que instaron al mandatario a despejar las dudas y le exigieron cumplir con su obligación de rendir cuentas y respetar el derecho del pueblo a acceder a la información pública.   Y exhortaron también a la canciller Sandra Jovel a recapacitar y dar la información sobre el origen del financiamiento de dicho viaje.

El pasado miércoles los congresistas Sandrá Morán, Jean Paul Briere, Enrique Álvarez y Andrea Villagrán solicitaron a la canciller entregar el detalle de la información solicitada, en un plazo de 72 horas,  de lo contrario presentarán una denuncia penal en su contra por retención de la información pública.

La información solicitada es la siguiente: 

• ¿Quién cubrió los costos del vuelo?
• Identidad del propietario del avión
• Donantes o financistas que cubrieron el traslado
• Detalles completos de la delegación que viajó a Israel
• ¿Qué beneficios se obtuvieron para el país por el viaje y el traslado de la embajada?
• Gastos efectuados
• Y toda la información que contribuya a transparentar la rendición de cuentas.

Fuente Fotográfica: Prensa Libre

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Invitados por la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República, el Ministro de Economía Rubén Morales y el Viceministro Giovanni Verbena participan en las audiencias públicas sobre la Iniciativa 5074: Ley de Competencia.

Estas se realizan para escuchar, analizar y, eventualmente, incorporar las opiniones de diversas organizaciones a la iniciativa de Ley de Competencia.  En ellas han participado funcionarios y representantes de tanques de pensamiento. Del primer grupo, destacan expertos de la Superintendencia de Telecomunicaciones, Superintendencia de Bancos, Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Ministerio de Finanzas y Ministerio de Economía.

Del segundo, de la firma de consultores CDC, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales –Icefi–, Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala –Ipnusac–, Universidad Rafael Landívar, Instituto de Derecho Mercantil, Centro de Investigaciones Económicas Nacionales –CIEN–, Asociación de Investigación y Estudios Sociales –Asíes–, Colegio de Abogados, Fundación para el Desarrollo de Guatemala, entre otros.

El Ministro Morales manifestó que “vemos muy favorable que se estén llevando a cabo estas audiencias organizadas por la Comisión de Economía, presidida por el Diputado José Alejandro De León. Es importante tener cierto tipo de discusión sobre esta iniciativa de ley y esperamos que ayuden a compartir las experiencias y las opiniones de diversos sectores del país”.

El objeto de este proyecto de ley es proteger y elevar el bienestar del consumidor mediante la defensa de la libre competencia y la sana concurrencia de oferentes en el mercado. Esta ley logrará elevar la eficiencia económica de los mercados de bienes y servicios.

Fuente: MINECO 

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El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) lamenta la falta de una participativa y transparente discusión del Presupuesto General de la República, así como la forma poco democrática y sin debate como fue aprobado por el Congreso Nacional de Honduras.

Anteriormente, el Icefi había advertido que en la elaboración del presupuesto y en su necesaria discusión en el Congreso, no se había contado con la participación ciudadana, lo cual hacía que éste no reflejase las aspiraciones de la mayoría de los hondureños y hondureñas. Esta actitud opaca y lejana a la práctica democrática se ha visto confirmada por la decisión de dispensarle dos debates.

El análisis del proyecto de Presupuesto General para el 2016, presentado por el Instituto en su momento, evidenció tanto una estimación ambiciosa de la recaudación tributaria, como una distribución poco equilibrada del gasto, destacando el peso en la deuda pública, cuyo servicio para 2016 ascenderá a treinta y dos mil millones de lempiras (7% del PIB), equivalentes a cuarenta por ciento de los impuestos recibidos; a lo que se suma la significativa reducción de la inversión pública y el detrimento de las inversiones en educación, salud y seguridad social en favor de más recursos para defensa y seguridad.

Icefi también alertó sobre el manejo irregular de fideicomisos con recursos públicos, por alrededor de diez mil millones de lempiras (2% del PIB), que introducen opacidad en la administración y rendición de cuentas de los impuestos y préstamos que obtiene el gobierno. Otro tema importante es el manejo de las alianzas público-privadas, concebidas inicialmente para aliviar la carga financiera del Estado, pero en donde el gobierno ha comprometido al Estado hondureño a colocar por adelantado recursos financieros. Por ejemplo, en el caso de la construcción de la terminal aérea en Palmerola, en donde el gobierno invertirá cerca de cincuenta millones de dólares (más de un mil millones de lempiras), mientras que la empresa ganadora de la concesión por 30 años invertirá hasta después.

A pesar de la significativa importancia de estos hallazgos y sus implicaciones para la democracia y el desarrollo, los diferentes sectores de la sociedad hondureña no han tenido la oportunidad de participar e incidir en una discusión abierta y basada en fundamentos técnicos que ponga en primer lugar los intereses colectivos.

Ante esta situación, el Icefi hace un respetuoso llamado al gobierno de la República, y a los partidos políticos que lo han apoyado en el Congreso, a renunciar a prácticas que los deslegitiman frente a una sociedad que exige el manejo transparente de lo público, una mayor participación y una mejor rendición de cuentas. El presupuesto de una Nación que apuesta por la democracia, debe ser diseñado para cumplir resultados en materia de desarrollo y debe ser sometido al debate público.

Fuente: ICEFI

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Durante la presentación del informe “Costos y desafíos del combate a la impunidad en Guatemala”, el Comisionado Iván Velásquez Gómez y representantes de diversos sectores señalaron la necesidad de inyectar recursos para fortalecer al sector justicia con el fin de luchar contra la corrupción e impunidad en el país.

El documento fue presentado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), con el apoyo de la Embajada de Suecia y de UNICEF. Fueron invitados en la mesa principal: Mayra Veliz, Secretaria General del Ministerio Público, Iván Velásquez Gómez, Comisionado de la CICIG; Christian Skoog, Representante de UNICEF; Jonathan Menkos, Director Ejecutivo del ICEFI; y Ranulfo Rafael Rojas Cetina, presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial.

El Comisionado resaltó que el actual momento histórico que vive Guatemala debe ser aprovechado para que la sociedad actúe e incida en la transformación de la realidad guatemalteca. “La sociedad ahora cree que la lucha contra la impunidad sí es posible, que la corrupción no es una situación normal con la que hay que saber convivir, y que nadie está por encima de la ley”, aseveró el Comisionado.

Agregó que el Ministerio Público (MP) ha dado muestras en el combate de este flagelo y en procurar su fortalecimiento, el cual no es suficiente con extender sus fiscalías o aumentar el número de fiscales, sino que es necesario integrar un fuerte aparato de investigación criminal que incorpore los avances tecnológicos que le permita realizar investigaciones de calidad.

Impuesto temporal
Señaló que para llevar a cabo este proyecto sería indispensable contar con recursos económicos de los cuales no dispone el MP, por lo que considera necesario que el sector empresarial se involucre en el tema: “En esto puede contribuir el empresariado que se ha pronunciado reclamando justicia contra las estructuras del Estado que han desangrado las finanzas públicas, y se podría pensar en la discusión de un impuesto de vigencia temporal dirigido a gravar patrimonios que superen un determinado monto con el objetivo de fortalecer al MP, al Organismo Judicial, al Instituto de la Defensa Pública Penal y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala”.

Buscar soluciones de esta naturaleza revelaría que la lucha contra la impunidad no es un discurso sino una verdadera decisión del país, y que debe existir la voluntad de sus dirigentes, tanto del sector público como privado”, enfatizó el jefe de la CICIG.

Factores de la impunidad
Jonathan Menkos, Director Ejecutivo del ICEFI, en la presentación del estudio detalló cinco elementos cuando se habla de impunidad: El 73.2% de los hechos delictivos no son denunciados; El MP está sobrepasado y con poca presencia nacional; el sistema de justicia está limitado en sus capacidades de operación; el Sistema Penitenciario está limitado en su capacidad de albergar a los privados de libertad; y existe un bajo financiamiento para la justicia y la seguridad ciudadana.

Para luchar contra la impunidad es necesario hablar sobre cambios en el marco jurídico; que exista independencia judicial e imparcialidad, así como voluntad institucional”, manifestó Menkos.

Christian Skoog, Representante de UNICEF, destacó que la voluntad política en relación al cumplimiento de los derechos de la niñez se refleja principalmente en el presupuesto asignado a las instituciones a cargo de la protección infantil. “Es indispensable la eficiencia en el gasto y la transparencia de la gestión pública para garantizar resultados concretos en la vida de las niñas y niños”.

Mayra Véliz, Secretaria General del MP, señaló que en la medida en que las personas tengan confianza en la justicia se acercarán a denunciar sobre algún hecho delictivo. Por ello dijo que pese al limitado presupuesto del MP, las diferentes fiscalías no detienen su trabajo para esclarecer los casos asignados.

Véliz detalló la situación presupuestaria del MP, y señaló que a pesar que el Congreso aprobó Q1,100.00 millones para el año 2015,sólo recibieron Q718 millones, por lo cual el MP trabaja con dificultades en su labor investigativa e impulso de nuevos proyectos.

En su intervención Ranulfo Rafael Rojas Cetina, presidente de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial, destacó que trabajan en la ampliación de diversos juzgados y tribunales en el país para agilizar la resolución de los casos, y de esta manera “contribuir en la lucha contra la impunidad y construir un sistema íntegro e independiente”.

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En seguimiento a la hoja de ruta que propuso el 14 de mayo pasado, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales analizó las medidas implementadas a la fecha, orientadas a la recuperación de la administración tributaria guatemalteca.

…. la Cicig ha investigado la hoja de vida de los candidatos a superintendente, la publicación de cifras y se ha solicitado que entes externos investiguen a los funcionarios actuales de la SAT, y se anunció la destitución o rotación del personal aduanero con señalamientos de corrupción».

Consultando fuentes de información de acceso público, el Icefi encontró que la SAT ha reportado algunos avances en la implementación de las medidas de corto plazo incluidas en la propuesta de hoja de ruta presentada por el instituto. Medios de prensa y el portal de Internet de la SAT han informado de acciones para reducir la discrecionalidad en el despacho aduanero, publicación de requisitos y procedimientos, y la Agencia Virtual, nueva herramienta virtual para que los importadores y exportadores conozcan en tiempo real, la etapa del proceso de despacho aduanero en la que se encuentran las mercancías que ingresan o salen de Guatemala y la consulta de expedientes presentados ante la Intendencia de Aduanas. También se ha reportado que la Cicig ha investigado la hoja de vida de los candidatos a superintendente, la publicación de cifras y se ha solicitado que entes externos investiguen a los funcionarios actuales de la SAT, y se anunció la destitución o rotación del personal aduanero con señalamientos de corrupción.

Aunque el Icefi saludó estos esfuerzos, resaltó que son insuficientes, y que muchas de las urgentes acciones anticorrupción de corto plazo continúan sin implementarse: publicación en orden cronológico de solicitudes de devolución de crédito fiscal; publicación de requisitos, procedimientos; publicación de programa de auditorías, notas de cobranza u otras acciones de fiscalización o acción jurídica; restablecimiento del buzón de quejas y retoma del Pacto de Integridad; publicación de indicadores de gestión, por dependencia; cumplimiento estricto del plan de carrera; publicación de las calidades técnicas y profesionales de funcionarios y empleados; definición de la política de combate a la defraudación; y la optimización de los recursos disponibles en la contratación y capacitación del recurso humano.

El Icefi reportó que no se registra avance alguno en la implementación de ninguna de las propuestas de mediano y largo plazo expresadas en la hoja de ruta para el rescate de la SAT. El Icefi también analizó la implementación de acciones propuestas por la propia SAT y por el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala. El 2 de junio la SAT reportó que había avanzado en la evaluación de 800 empleados mediante pruebas de polígrafo y la realización de estudios socioeconómicos del personal, el inicio del rediseño de las políticas de selección de personal, reducción en la discrecionalidad en el despacho aduanero y la optimización de cámaras de circuito cerrado. Sin embargo, el Icefi lamenta que la SAT está demostrando incumplimiento incluso de sus propias propuestas de acción. El Icefi encontró que, con excepción de algunas medidas en cuanto a política de recursos humanos, no ha implementado las recomendaciones del colegio de contadores y auditores.

El Icefi se encuentra realizando consultas y recopilando propuestas de sectores diversos que complementen y mejoren su propuesta inicial presentada el 14 de mayo, y espera presentar una propuesta final durante el mes de julio. Enfatizó que la implementación de todas sus propuestas de corto plazo no requiere reformas legislativas, por lo que demandó de las autoridades voluntad política para implementarlas.

Fuente: ICEFI

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Guatemala, 2 de junio de 2015. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) se sumó a un grupo diverso de más de veinte organizaciones sociales que integran el Movimiento Ciudadano Contra la Corrupción, el cual realizó un congreso con la participación de personalidades nacionales y extranjeras.

… la corrupción es un problema transversal que debe enfrentarse, y que la crisis política desatada luego de las investigaciones y capturas recientes en escándalos mayúsculos de corrupción».

El Icefi sostiene que en Guatemala existen varios problemas muy graves y cuya solución es urgente, tal el caso de: la desigualdad, la exclusión y la discriminación del pueblo maya, las mujeres y otros grupos marginados históricamente; la lucha por el territorio; la defensa del ambiente natural y el uso racional de los recursos no renovables; la mortalidad materna; la persistencia de niñez y adolescencia excluida del sistema educativo; la desnutrición infantil; el derecho al trabajo digno; la violencia en todas sus formas; la explotación y trata de personas, y la migración forzada, entre muchos otros. En este contexto, reconoce que la corrupción es un problema transversal que debe enfrentarse, y que la crisis política desatada luego de las investigaciones y capturas recientes en escándalos mayúsculos de corrupción, constituyen una coyuntura muy oportuna para buscar consensos ciudadanos para combatir ese cáncer social.

El movimiento que el Icefi ha decidido apoyar expresa su indignación y rechazo por la corrupción y el abuso de funcionarios públicos, sectores políticos y personas jurídicas y privadas. Se perfila como un instrumento permanente, institucional y de largo plazo, con el objetivo único de tomar acciones para combatir la corrupción, y cuyas líneas de trabajo son: promover un cambio cultural que rescate valores de decencia y honestidad; lograr movilización social; monitorear el uso de recursos públicos; denunciar públicamente casos de corrupción; y, presentar propuestas específicas sobre el combate a la corrupción y la promoción de la transparencia.

Sin embargo, el Icefi advierte que este grupo tan diverso de organizaciones y ciudadanos debe hacer esfuerzos significativos para demostrar la legitimidad y solvencia que exige la lucha contra la corrupción, para lo cual propuso reglas de gobernanza interna que incluyen demostraciones de transparencia y honestidad, según las cuales sus miembros deben sentirse obligados a demostrar públicamente anuencia y disposición para rendir cuentas. Si los integrantes son entidades estatales, deben demostrar que cumplen con todos los requisitos y controles que exige la legislación vigente, y mucho más (por ejemplo, que los servidores públicos publiquen voluntariamente sus declaraciones patrimoniales). Si son organizaciones de la sociedad civil, incluyendo el sector privado empresarial, deben publicar sus fuentes de financiamiento y los nombres de sus autoridades o los integrantes de sus órganos directivos.

Para ello, el Icefi promueve, y el movimiento acepta la necesidad de un cambio de cultura en cuanto a la corrupción, a través de la educación y concientización en la ciudadanía que rescate los valores de la decencia y honestidad. En lo concreto, el Icefi apoyó que uno de los puntos concretos en la agenda de trabajo de corto plazo para este movimiento ciudadano lo constituya el esfuerzo por lograr que el Congreso de la República apruebe reformas legítimas y técnicamente correctas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, reconociendo que el combate a la corrupción en la coyuntura política actual, pasa por denunciar y perseguir penalmente el financiamiento electoral espurio.

Fuente: ICEFI

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