El presidente Alejandro Giammattei, durante su intervención en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), realizada en Nueva York, aseguró que entregará el poder el próximo 14 de enero a Bernardo Arévalo, quien ganó las elecciones presidenciales el pasado 20 de agosto.

Redacción Perspectiva

“Este es mi último discurso ante esta Asamblea general como jefe de estado, y distinto a la falta a la verdad que hemos escuchado hoy, entregaré el poder a quien resultó electo por la soberana voluntad mayoritaria del pueblo de Guatemala, el próximo 14 de enero que se cumple mi mandato electoral”, dijo Giammattei.

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Además, el mandatario guatemalteco criticó una supuesta injerencia de “organismos internacionales”, ya que, a decir del jefe del Ejecutivo, realizaron una intervención “innecesaria”, durante las elecciones que se desarrollaron el 25 de junio y el 20 de agosto pasado.

La respuesta del Presidente se deriva de las críticas que Guatemala ha recibido por la judicialización del proceso electoral y las alertas sobre un posible “golpe de Estado”, para evitar que el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, tome posesión el próximo 14 de enero.

En este contexto, Giammattei aseguró que “algunos Presidentes luchan por quedarse, perpetuarse y aferrarse a los puestos, permitiendo reelecciones aún en contra de sus propias constituciones, en Guatemala se cumple a cabalidad el principio de alternabilidad en el poder, cada 4 años”.

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Ante la publicación de la Lista Engel emitida por el Departamento de Estado de EE. UU., el Gobierno de Guatemala expresó su rechazo “a la subjetividad de la publicación realizada” y afirman que esta lista no puede ser considerada como un instrumento vinculante bajo ninguna circunstancia en la legislación guatemalteca, por derivarse de “acusaciones mediáticas infundadas”.

Redacción Perspectiva

Según el comunicado emitido por el Gobierno encabezado por el Presidente Alejandro Giammattei, en dicha lista se incluye a personas de origen guatemalteco, quienes son señaladas a través de juicios de valor y sin garantía de legítima defensa a través de debido proceso judicial, situación que viola el principio universal de presunción de inocencia.

Para el Gobierno, estas acciones constituyen una clara violación a los derechos fundamentales de las personas señaladas y la califican como una herramienta política en contra de operadores de justicia que no responden a intereses de una agenda ideológica propia que se quiere imponer en el país.

En este sentido, el Gobierno exige respeto a la independencia de los poderes del Estado y, sobre todo, a la soberanía de la nación.

Añaden que, esta herramienta que, a criterio de expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, “se está utilizando por los Estados Unidos para imponer su jurisdicción a personas en el extranjero, perjudicando los derechos humanos de los señalados y quebrantando su presunción de inocencia y derecho al debido proceso”.

 “Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por la defensa de la soberanía de nuestro país, ante la injerencia externa en asuntos internos y la utilización de herramientas políticas abusivas en contra de los guatemaltecos”, finaliza el pronunciamiento.

LA PUBLICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO

La Lista Engel publicada este miércoles, detalla a los ciudadanos señalados de presunta corrupción relacionada con contratos gubernamentales; soborno y extorsión; la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso a través del lavado de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales.

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Omar Barrios, en su cuenta de Twitter, publicó un hilo en el cual detalla que las organizaciones @WOLA_org, @ImpunityWatchGt, @DPLFinfo y @ajws transgredieron la normativa guatemalteca al tratar de intervenir como Amicus Curiae. Según Barrios, esto sucede porque dichos grupos no tienen asesores jurídicos pertinentes.

Redacción Perspectiva

Las organizaciones mencionadas por Barrios en su hilo informativo, presentaron un memorial a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, afirmando que “comparecerán en calidad de Amicus Curiae en recurso de apelación”.

Barrios se pregunta si la CIDH y la Corte IDH están enteradas de esta pretensión, que viola garantías de independencia judicial, debido proceso, legalidad y tutela judicial de afectados, además de encubrir ilegalidades de ex fiscal.

Omar Barrios: solo los sujetos procesales tienen legitimación

“En proceso penal, solo los sujetos procesales tienen legitimación en recurso de apelación: juez, acusada, defensor, MP, querellantes, civilmente demandado, víctima con derecho a reparación digna (incluso consultor técnico)”, indica el abogado.

Sin embargo, en Guatemala no existe la institución de Amicus Curiae en proceso penal. Dicha figura se aplica cuando se juzgan normas o disposiciones de aplicación a toda la sociedad, señala.

“Que deba garantizarse DDHH a los imputados, no significa que el proceso penal se transforme en proceso Internacional o Constitucional”, indica y agrega: “puede ser que ahí se confundieron mis patojos de las organizaciones”.

Además, señala: “Organizaciones internacionales con agenda específica NO deben tener ninguna clase de injerencia en jueces o magistrados en proceso penal, es flagrante violación a objetividad e imparcialidad en administración de justicia”.

“No es mi culpa, ni de la administración de justicia en Guatemala, que los representantes de estas organizaciones no cuenten con asesoría legal pertinente”, concluye.

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William Popp acudió al juzgado que conoce el caso de Erika Aifán, hace dos días. Para los partidarios de la juez, incondicionales admiradores de los Estados Unidos, la visita es un importante espaldarazo a la funcionaria que califican como defensora de derechos humanos. Sin embargo, la organización querellante en el caso Oderbrecht-Sandoval y el grupo cívico Guatemala Inmortal, tienen otra percepción del hecho, que consideran una clara y abusiva injerencia extranjera.

Roxana Orantes Córdova

Crista Salazar, de Guatemala Inmortal, señala que los guatemaltecos que defienden el Estado de Derecho, ya no toleran las intromisiones extranjeras en varios ámbitos del quehacer nacional.

Entretanto, Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), señala que más allá de la injerencia denunciada varias veces por dicha fundación, la visita de Popp a Aifán evidencia el temor de que la juez, a quien define como una persona frágil psicológicamente, podría declarar detalles que comprometan a la embajada estadounidense durante la gestión de Todd Robinson.

Crista Salazar: “amedrentan con la táctica que saben: quitar la visa americana”

Es molesto para los ciudadanos. No es primera o segunda vez que lo hacen, es una forma sistemática y reiterada, abusiva y prepotente. Llevamos varios años con este tipo de injerencia, aquí nadie les pone un alto.

No solo Popp, todo el G13 se va a meter a los juzgados, al Congreso para presionar a los diputados, tratan de amedrentar a la Fiscal General. Tratan de manipularlos y amedrentarlos con la táctica que saben: quitar la visa americana.

De verdad, ya estamos cansados- El canciller Mario Búcaro solicitó el cese de la injerencia y Alenandro Giammattei dijo que ya no tolerará este tipo de injerencias. Ojalá sea verdad.

En Guatemala Inmortal ya estamos cansados de esto. Hemos hecho cartas, enviado denuncias. Hemos hecho todo lo necesario y nos permite la ley como ciudadanos y como grupo cívico, pero llega un momento en que la injerencia y la abusivez de estos ciudadanos es exagerada.

Es vergonzoso ver que los embajadores se metan a los juzgados como si fuera el patio de atrás de su casa. Es momento de poner un alto y es cuestión del presidente y el canciller defender la Constitución, hacer valer el artículo 41 de la Convención de Viena y demostrarles a los guatemaltecos de qué lado están y que no le tienen miedo a estos embajadores abusivos.

Méndez Ruiz: “claramente, Popp quiere proteger a su país del escándalo”

“Para mí resulta muy claro que lo que busca el embajador Popp es proteger a su país del escándalo que resultaría de las declaraciones de Aifán al ser sometida a la presión de un proceso judicial en el que ella revelaría su complicidad con la agenda de desestabilización que manejaron Todd Robinson e Iván Velásquez, fungiendo ella como una empleada de la embajada y no como una servidora pública del Organismo Judicial.

El perfil sicológico de la jueza revela una inestabilidad extrema, y una resistencia muy baja a la presión.

Hace 2 años, la FCT pidió a un sicólogo que asistiera a varias audiencias en la judicatura de Aifán, y de su comportamiento en las mismas concluyó que la jueza sufre serios desórdenes emocionales.

Hay que recordar que en su oportunidad no aprobó la prueba sicométrica para poder ser jueza de alto riesgo, y el cargo lo asumió por medio de un amparo promovido por el magistrado de izquierda Cesar Barrientos Pellecer, que fue dado con lugar por la CC de Gloria Porras”, concluye Méndez Ruiz.

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Liga pro Patria y Fundación Contra el Terrorismo (FCT), develaron hoy el intento de injerencia en el sistema de justicia, cuando a través de videos y comunicados en redes, dieron a conocer que el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y un grupo de extranjeros, acudieron al tribunal que conoce el caso Cooptación y corrupción judicial, a conversar con el juez, lo que según los denunciantes, atenta contra la independencia judicial.

Redacción Perspectiva

Hoy, representantes diplomáticos de Suecia, Canadá, Reino Unido, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y otros países del G13 se arrogaron la potestad de injerencia en el sistema de justicia guatemalteco, cuando acudieron al tribunal que conoce el caso Cooptación y corrupción judicial, donde están procesadas Leily Santizo y Siomara Sosa.

Además, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, acudió a hablar con el juez. Según afirma en un vídeo que la FCT circuló en redes, intentaba verificar las garantías procesales, aunque las dos organizaciones que cuestionan esto, explican que se trata de un hecho ilegal que no puede ser tolerado.

«Liga pro Patria: el juez no expulsó a estos entrometidos»

El comunicado de la Liga pro Patria especifica que la visita de los diplomáticos es un claro acto de injerencia que transgrede la Convención de Viena, reguladora de las relaciones entre países.

La Liga también solicita al mandatario Alejandro Giammattei que declare non grato al embajador estadounidense William Popp, de forma impostergable, debido a los varios actos de injerencia en la política interna e incluso en la administración de justicia, en que ha incurrido el diplomático estadounidense.

Asimismo, el comunicado alude a los premios que estos países extranjeros han otorgado a jueces nacionales, cuando la ley guatemalteca impide que los funcionarios reciban premios por su servicio civil.

Liga pro Patria también menciona que «el grupúsculo» de donantes conocido como G13, es avalado por organizaciones y medios de comunicación que según dicha organización son afines a la izquierda.

Audiencia para el 24 de febrero

Siomara Sosa, quien como funcionaria de la CICIG siempre se congratuló por las postergaciones de audiencias judiciales y la «prisión preventiva», hoy recibe el mismo tratamiento.

Según dijo a los medios de comunicación al salir de la audiencia, hoy «solo se le informó el motivo de su detención» y la audiencia de primera declaración, será el 24 de febrero. Sosa también comentó que siente temor por su vida en la cárcel de Mariscal Zavala.

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A través de un comunicado, la Asociación de Amigos del País, sociedad cultural, científica y educativa que además edita libros, expuso su indignación ante las acusaciones contra la Fiscal General Consuelo Porras, especialmente las provenientes de funcionarios estadounidenses que omiten el debido proceso, el derecho de defensa y la soberanía de Guatemala.

Redacción Perspectiva

Recientemente circuló una información según la cual, muchas cuentas aparentemente bots o falsas, con menos de dos seguidores, defendían a Consuelo Porras. Sin embargo, ayer terció en la polémica la Asociación de Amigos del País, un referente académico de los más relevantes en Guatemala desde su fundación en 1966.

Evidentemente, esta sociedad con personería jurídica, prestigio internacional y editora de importantes textos de historia guatemalteca, no puede ser tachada de ser un «bot o netcenter».

El comunicado expone la necesidad imperativa de «luchar contra todos los actos colonialistas» y recuerda a los funcionarios estadounidenses el derecho al debido proceso de la señora Fiscal General.

En esa línea, exige al mandatario Alejandro Giammattei y al Ministerio de Relaciones Exteriores, que expresen su rechazo por este acto de abierta intromisión extranjera. A continuación, el comunicado que circuló ayer:

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Julio Abdel Aziz Valdez

Corrían los últimos años del siglo XIX, cuando el dictador, nombrado por el Nobel de literatura como el Señor Presidente, recibía en su despacho a los personeros del gobierno de Garret Hobart (24 presidente de EEUU) quien por cierto acababa de acabar con los españoles en Cuba y con gran fuerza se erigía como el presidente que llevaría a cabo la Doctrina Monroe de América para los americanos, pues bien dichos personeros planteaban la necesidad de la modernización y apertura de la economía  y para ello exigían la apertura a los contratos con empresas norteamericanas ferrocarrileras y otras inversiones que en efecto contribuirían a fortalecer la economía nacional pero iniciarían el largo proceso de imposición de la voluntad del imperialismo norteamericano a lo largo del siglo XX y ahora en el XXI

Las comisiones se convirtieron en una forma permanente de encuadrar a los gobiernos de la esfera política norteamericana, a sus intereses geopolíticos, ejemplo las presiones dadas al gobierno de Jorge Ubico para declarar la Guerra a Alemania en 1941 con todo y que era uno de nuestros principales socios comerciales, expulsar ciudadanos de aquel país y la terrible expropiación. Con la misma vehemencia se dan las presiones en el gobierno de Arbenz para que expulse a los comunistas de su gobierno, pero finalmente aquellas presiones no rindieron frutos y se pasó a la intervención militar indirecta, tan propia de la Guerra Fría.

En fin, sobre este tema hay estudios completos, realizados en su mayoría por aquellos que ahora aplauden la renovada política intervencionista de Estados Unidos en la región, los que antes no dudaban de calificar como lo era y es, de imperialistas, pero al parecer la condición de imperialistas se ha ido blanqueando en la medida que esos mismos han cambiado el orden de sus prioridades para el siglo XXI. Los antifascistas y luego los anticomunistas han dado paso a quienes se asumen como los galantes luchadores contra la corrupción, un discurso renovado con las mismas intenciones.

El tema de la soberanía, laxo, por cierto, en las relaciones con Estados Unidos ha estado al vaivén de los tiempos, lo mismo pasó entre las décadas de los sesenta hasta los ochenta con la lucha contra el comunismo, toda la primera década del nuevo milenio con la lucha contra el terrorismo y ahora en su último desplante en su lucha contra la migración irregular lo que ha servido para renovar la vieja doctrina del Big Stick que popularizó Teddy Rooselvet a inicios del siglo XX. ¿Qué esperar de los norteamericanos con su idea manipulada de la buena vecindad? Pues nada diferente a lo mostrado a lo largo de más de cien años.

La sociedad civil a la que constantemente hacen alusión como si fueran la voz de la virtud y solvencia moral, en realidad son agentes de contrapeso frente al Estado, al apoyarlos financiera y políticamente tiran por la borda todo el sistema de partidos políticos financiados tanto por el Estado, empresarios como por la misma ciudadanía. La contradicción mas grande de la manipulación radica en que las instituciones creadas o fortalecidas por los norteamericanos que hicieron frente al fascismo, comunismo, al narco y terminando con los terroristas ahora por enésima vez no les sirve y necesitan de sus operadores de confianza que una vez quemados los compensan con una green card express y vacaciones todo pagado en Disneyland.

El apoyo a las agendas feministas y a los extremistas etnicistas responde claramente a los objetivos de hacer inviable cualquier idea de Estado democrático y republicano, al mismo tiempo que rechazan al migrante irregular apoyan con dinero a su sociedad civil como si en ella se encontrase la solución al flujo migratorio, todo lo contrario, alimentan la ingobernabilidad que luego estas delegaciones interpretan en forma superficial como pobreza y marginalidad y luego afirman que estas son las  únicas razones   para explicar  la migración, vaya paradoja, en la que los delegados caen cuando al oído solo reciben los monólogos del victimismo eterno de sus nativos de confianza.

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Amanda Santizo, la abogada que interpuso una denuncia por la vía diplomática contra los embajadores del G13, explica que entre injerencia y cooperación existe una línea muy difusa y peligrosa. Esto, luego de que una declaración del Canciller Pedro Brolo motivara reacciones encontradas por expresiones de preocupación y “recomendaciones” de los países donantes sobre la elección de magistrados en la Corte de Constitucionalidad (CC), percibida por algunos como legítima preocupación de “países amigos” y por otros, una injerencia que viola abiertamente el artículo 41 de la Convención de Viena para Asuntos Diplomáticos.

Roxana Orantes Córdova

La elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC), sigue desatando pasiones. Esta semana, las opiniones se dividieron entre quienes demandan respeto a la soberanía nacional por parte de los “países donantes” y los que son obsecuentes aliados de este grupo, en nombre de la lucha contra la corrupción.

Para mencionar este debate es obligatorio citar la Convención de Viena para Asuntos Diplomáticos, en su Artículo 41:

“1. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado.

2. Todos los asuntos oficiales de que la misión esté encargada por el Estado acreditante han de ser tratados con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor por conducto de él, o con el Ministerio que se haya convenido.

3. Los locales de la misión no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión tal como están enunciadas en la presente Convención, en otras normas del derecho internacional general o en los acuerdos particulares que estén en vigor entre el Estado acreditante y el Estado receptor”.

El documento de dicha convención puede ser consultado en el siguiente enlace: https://bit.ly/2OWdi3R.

En cuanto a los actores, cabe mencionar al G13, cuya página oficial señala que: “El Grupo de Donantes G13 es una instancia de coordinación entre países, agencias bilaterales y multilaterales, conformada por los nueve países que destinan más recursos de cooperación a Guatemala: Canadá, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Estados Unidos, y por los siguientes organismos multilaterales: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA)”.

Creado a partir de seis países que decidieron apoyar luego del huracán Mitch, en estas dos décadas creció significativamente. Según la página citada

“La meta del G13, desde el inicio ha sido apoyar a Guatemala en su desarrollo por alcanzar una sociedad equitativa, un crecimiento económico sostenible y un Estado de Derecho”. Los sectores que aborda este grupo de instancias y países son: seguridad y justicia; salud, educación, ambiente y agua y seguridad alimentaria.

No es primera vez que el G13 ha sido señalado de transgredir los principios diplomáticos y atentar contra la soberanía de Guatemala. Sus aliados más notables en el país son varias ONG´s que siguen fielmente la agenda globalista y no ocultan su filiación de izquierda, en ocasiones históricas, como el caso de UNAMG, que surgió a partir de la URNG.

Además, un sector de la prensa corporativa tiene afinidad con este grupo,  que destina varios millones de euros al año para las ONG´s que trabajan bajo la supervisión, estándares y guía de sus donantes, que fueron los principales socios financieros de la CICIG.

Recientemente se conoció que el Ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, pidió a los embajadores del G13 que gestionaran las reuniones con funcionarios y diputados guatemaltecos a través de la Cancillería, lo que ha motivado reacciones airadas de los “amigos” de estos diplomáticos, pero según Santizo, responde a lo establecido en el país y evita malas interpretaciones. Especialmente, si se recuerda el papel de abierta injerencia mostrado por diplomáticos como los ex embajadores  Todd Robinson y Anders Kompass.

“Cada quien decide lo que hace en su casa”

Según lo expresado por Santizo: “existen varios acuerdos en los que se basa el Minex, relativos a las delegaciones y agentes diplomáticos de países cooperantes en Guatemala. Según estas normativas, pueden tener contacto con funcionarios y otros ciudadanos. Sin embargo, la Constitución establece las funciones del Minex y supera jerárquicamente a cualquier acuerdo suscrito por el gobierno, y los diplomáticos deben regirse por la Convención de Viena”.

“No es aceptable que con el pretexto de contribuir con el desarrollo, se intente imponer la agenda globalista. La cooperación es aceptable, siempre y cuando sea respetuosa del orden público y las creencias del país. Por ejemplo, el aborto es un tema que no se percibe igual en EE.UU. que en Guatemala”.

“Entonces, al intervenir en temas como este, o leyes como la del Organismo Judicial, se está alterando el orden público. Hace años se debió poner límites a este tipo de intervenciones. Algunos diplomáticos como el ex embajador estadounidense han llegado al extremo de amenazar a diputados con el retiro de visas, si no accedían a reformas a la Ley del Organismo Judicial que él y el G13 avalaban”.

“Aunque algunos abogados justifican esta intervención abierta en asuntos internos del país argumentando derechos humanos difusos, es necesario mencionar que esta es una forma antojadiza de encubrir que no se está hablando de derechos humanos. No existe ningún derecho que permita a un agente extranjero intervenir en temas internos de otra nación”.

“Dicho en forma simple: cada quien decide lo que se hace en su casa, y no es válido argumentar la intromisión con un criterio erróneo, sacado de la manga cuando no encuentran un asidero”.

Finalmente, la abogada expone:

“Me llamó la atención la columna de Jose Rubén Zamora, criticando al ministro de Relaciones Exteriores por hacer su trabajo y pedir a los embajadores que no se entromentan en asuntos internos o serán declarados non gratos. Y sobre su insistencia en recurrir al “pacto de corruptos”, es necesario mencionar que distorsionar la ley es una forma de corrupción”.

“También me llama la atención como aparece el embajador de Alemania y otros del mismo grupo entrometiéndose cada vez que se discuten temas como la elección en la CC, pero jamás los hemos visto en temas de educación, desarrollo o salud”.

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Hoy se conoció que la organización Judicial Watch interpuso una demanda civil contra el Departamento de Estado, a fin de conocer la correspondencia entre el ex embajador estadounidense Todd Robinson e Iván Velásquez, para determinar si existió injerencia de estos funcionarios en la política de Guatemala, lo cual es un “secreto a voces para los chapines”, dijo a Perspectiva un dignatario de la Nación. Dos abogados entrevistados añadieron que, de comprobarse dicha injerencia, Robinson deberá enfrentar las consecuencias.

Roxana Orantes Córdova

Judicial Watch es una organización catalogada como conservadora. Se fundó en 1994 y su principal actividad ha sido investigar denuncias de irregularidades en la conducta de funcionarios públicos exigiendo el cumplimiento de la Ley de Libertad de Información estadounidense o Freedom Information (FOIA, por sus siglas en inglés).

La referida organización ha presentado demandas relacionadas con el acceso a información a los gobiernos de Bill Clinton y Barack Obama, así como sobre los correos de la ex funcionaria Hillary Clinton, pero también ha demandado a gobiernos republicanos, incluyendo al de George Bush en 2003, por un caso que involucró al ex vicepresidente Dick Cheney.

La candidata vicepresidencial del partido oficial, Betty Marroquín, dio a conocer el tema en sus redes y desde ese momento, generó expectativas, dudas y comentarios. Para comprender la situación y sus implicaciones, Perspectiva consultó con el dignatario de la Nación Alfredo García, el constitucionalista José Luis González Dubón y el abogado de la familia Bitkov, Rolando Alvarado, quienes analizaron el tema.

Un secreto a voces para los chapines

Según García, Judicial Watch pidió al Departamento de Estado información sobre la correspondencia oficial de Todd Robinson con Iván Velásquez y con la ex Fiscal General Thelma Aldana.

La intención de esta solicitud de acceso a la información es determinar si existió injerencia de Robinson para favorecer acciones relacionadas con la política del país. “Nosotros lo sabemos claramente. Por lo menos se entrometió en dos temas: las fallidas reformas constitucionales y las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. El asunto es ver si el señor dejó una estela de evidencias y si esto sucedió, serán las autoridades de EE.UU. las que definan su situación”, afirmó.

Robinson se atrevió a calificar de “idiotas” a legisladores guatemaltecos que acudieron a EE.UU. a hacer lobby, señala. Y agrega: “a la larga, el lobby rindió frutos y gracias a esto y los esfuerzos de buenos guatemaltecos Robinson debió salir de Guatemala antes de tiempo. Ahí se demostró quien era el idiota”, concluye.

“Judicial Watch estuvo en Guatemala y se dio cuenta lo que aquí es un secreto a voces. Remanentes del gobierno de Obama en el Departamento de Estado han interferido en la entrega de los documentos y de ahí se deriva la demanda civil que la organización interpuso, al amparo de la FOIA”, dijo González Dubón.

Según el constitucionalista, la verdad está surgiendo y cuando eso suceda, se podrán deducir responsabilidades. “Esperamos que esto suceda. Se trata de un embajador que avaló abiertamente la aprobación de reformas constitucionales, en abierta violación al artículo 41 de la Convención de Viena. En ese momento, se evidenció la falta de acción del Ejecutivo. Fue inexplicable que no lo declararan non grato. Pero ahora deberá afrontar la verdad, que sale como un diamante a flote cuando se tira en el lodo pero sigue brillando”, dijo.

El defensor de la familia Bitkov, José Rolando Alvarado, expresó que entre los puntos que están por determinarse con este tema, es si hay una relación con Rusia (en el caso de los Bitkov se menciona que Rusia habría incidido en las acciones de la CICIG).

Alvarado recordó que el congresista Smith, vicepresidente de la Comisión Helsinki, envió una carta al Departamento de Estado para conocer si en el caso Bitkov existió injerencia de Rusia en las acciones de la justicia guatemalteca. “Persiste la duda sobre cuál es la finalidad judicial en este caso concreto, por lo que se espera conocerlo más a fondo”, concluyó.

Link de Judicial Watch

https://www.judicialwatch.org/document-archive/jw-v-state-guatemala-complaint-00968/

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En una conferencia de prensa, los jefes de las diferentes unidades especializadas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), explicaron a los medios de comunicación los diferentes mecanismos y herramientas que están implementando para organizar el proceso electoral, con muchos aspectos inéditos que derivan de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

Roxana Orantes Córdova

El TSE está en una carrera contrarreloj, considerando que en menos de seis meses inicia la primera elección y que la mayor parte de innovaciones introducidas en el proceso electoral conllevan esfuerzos organizativos y logísticos considerables.

Una de las actividades más relevantes es la fiscalización, para lo cual existe una mesa de coordinación con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Contraloría General de Cuentas (CGC), la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) y la Superintendencia de Bancos (SB), dijo Giovanni Rodríguez, jefe de la Unidad de Fiscalización.

Esa unidad contabilizará los gastos de campaña, que deberán diferenciar de los gastos permanentes de cada organización política, dijo Rodríguez.

La directora electoral Gloria López afirmó que se está actualizando la base geo electoral y dio a conocer que habrá 183 centros en comunidades rurales. También se están identificando los lugares donde puede haber disturbios, dijo a los medios.

Otro de los aspectos complicados es la capacitación de los órganos electorales, cuyo plan está en marcha, según informó el director del Instituto Electoral del TSE, Eddie Fernández, quien dijo que llegarán a 150 mil personas con 2,500 eventos de capacitación.

El voto de los guatemaltecos residentes en el extranjero ha motivado suspicacias similares a la de las monitorizaciones a medios, redes e incluso teléfonos (Whatsapp), que se plantean. Sobre esta modalidad de voto, la ingeniera Claudia Rojas, jefe de la Unidad de Voto en el Extranjero, dijo que desde junio se habilitó una aplicación, actualizada en diciembre, con el nombre “Voto por Guate”.

De los 183 mil guatemaltecos que residen en el extranjero, 63 mil están empadronados y el TSE está implementando un mecanismo para comunicarse con cada uno de ellos, a fin de verificar su lugar de residencia.

Los únicos países mencionados como sitios donde residen los que votarían en el extranjero son México, España y EE.UU. De este país se empadronaron 370 migrantes hasta el 29 de enero recién pasado, dijo Rojas.

El padrón electoral no se modificó sustancialmente respecto a la elección de 2015. Al 29 de enero, se habían empadronado 13 mil ciudadanos, indicó Leonel Escobar, jefe del DICE del TSE.

Aspectos como la penalización del transfuguismo no están del todo claros, puesto que este delito se tipificó en las últimas reformas a la LEPP. En cuanto al tema, Leopoldo Guerra, del Registro de Ciudadanos, aseguró que los partidos tienen prohibido incorporar a diputados de otros partidos.

De unos 35 mil guatemaltecos que pretenden participar como candidatos, hoy miércoles solamente había inscritos 225. Los partidos con más postulantes son UCN, Todos y Vamos, dijo Guerra, quien añadió que han entregado 71 formularios para inscribir aspirantes a puestos municipales, binomios presidenciales y diputaciones.

Algunos de estos esfuerzos podrían lindar con transgresiones contra libertades fundamentales, como la de emisión del pensamiento. Tal es el caso del monitoreo de propaganda ilícita o extemporánea, que abarcará, además del monitoreo de medios, el control de redes sociales.

Al respecto, la directora de la Unidad Especializada en Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, dio a conocer que ya se reunieron con los departamentos jurídicos de Twitter y Facebook.

Consultada sobre “el monitoreo de campaña por medio del Whatsapp”, afirmó que esto “requiere de una estrategia distinta”, aunque no especificó cómo lo harán. Y la posible injerencia en algo tan privado como el Whatsapp, podría motivar algún tipo de reacción por parte de grupos ciudadanos que comenzaron a cuestionar la transparencia y legitimidad del proceso, a partir del convenio entre el TSE y la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

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