La prohibición de Florida de las ciudades santuario acaba de entrar en vigencia.   ¿Qué significará eso en un estado que los demógrafos estiman que es el hogar de casi 800.000 inmigrantes indocumentados?  Eso depende de a quién se le pregunte.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien planteó la prohibición como una promesa de campaña, argumenta que hará que las comunidades sean más seguras al requerir que la policía ayude al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La ciudad de South Miami y varios grupos de derechos de los inmigrantes, que presentaron una demanda impugnando la prohibición, dicen que pone en peligro la seguridad pública al alimentar el miedo a las autoridades en las comunidades de inmigrantes.

La medida de Florida prohíbe que las agencias de aplicación de la ley y los gobiernos locales adopten las llamadas políticas de santuario que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

Pero hay un detalle clave a tener en cuenta: ningún municipio de Florida se había designado a sí mismo como ciudad santuario antes de que pasara la ley SB 168. Entonces, el efecto real de la prohibición, más allá del simbolismo político, aún está por verse.

La medida requiere que las jurisdicciones locales retengan a los inmigrantes indocumentados que han sido encarcelados por hasta dos días adicionales para dar a los agentes de ICE la oportunidad de recogerlos y dice que las agencias locales de orden público deben hacer su “mejor esfuerzo para apoyar la aplicación de la ley federal de inmigración”. El lunes, un juez federal bloqueó parte de la ley que decía que los oficiales de policía locales podrían transportar a los detenidos de inmigración a través de las fronteras estatales si ICE lo solicita, pero permitió que el resto de la ley entrara en vigencia.

Muchas de las ciudades más grandes de Estados Unidos tienen políticas de santuario. Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, hay más de 30 proyectos de ley relacionados con políticas de santuario, tanto a favor como en contra de ellos.

Fuente: CNN

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Se les vio caminando en la noche del lunes. Algunos llevaban bebés y niños. La mayoría cargaba bolsos en sus espaldas y, en medio de la oscuridad, una bandera de Honduras también se podía ver avanzando.  Casi todos estaban vestidos con ropa muy ligera y zapatos deportivos. Le espera un camino largo.

Su plan es pasar por Guatemala y México, como lo hizo la previa movilización de inmigrantes hondureños y que como ellos dicen huir de la violencia, la pobreza y el desempleo en su país.

El gobierno de Juan Orlando Hernández les ha advertido sobre los riesgos de la travesía y pedido que desistan de sus intenciones de llegar a la frontera entre México y Estados Unidos, donde las autoridades estadounidenses evitarán que pasen.

Así lo ha ordenado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, desde que llegara la primera caravana, ha prometido desplegar a miles de soldados para reforzar esa zona fronteriza.

Un mensaje

De acuerdo con la prensa hondureña, un grupo anónimo compartió en las redes sociales una convocatoria: «Caravana migrante 15 de enero».  La primera caravana que estaba integrada por miles de personas, salió el 13 de octubre.

De acuerdo con autoridades de Honduras, unas 2.500 personas de ese primer grupo aún se encuentran en Tijuana y otras 7.270 regresaron al país, informó la agencia de noticias Reuters.  Pocos días después salió otra con un número menor de migrantes.

«Yo voy decidido a encontrar un buen trabajo a Estados Unidos,» le dijo Darwin Pérez, de 24 años, a la agencia de noticias Reuters.  «Este es un camino difícil pero espero que al presidente Trump se le ablande el corazón y que no sea tan duro y nos permita entrar a los Estados Unidos», añadió.

Es posible que la caravana llegue el fin de semana a la frontera entre Guatemala y México, donde las autoridades estarían preparándose para que sus miembros ingresen en orden.

«Es una locura»

El embajador de Honduras en México, Alden Rivera, indicó que emprender una nueva caravana era «una locura».  «Yo les pido de corazón, como hermano hondureño, que analicen lo que les sucede a los miembros de la primera caravana», indicó el lunes.

«Esa primera caravana significó dolor y pena para miles de familias hondureñas, tenemos 11 ciudadanos muertos y el 50% de la población en albergues, padeciendo enfermedades respiratorias», señaló en declaraciones que reproduce la presidencia de Honduras.

De acuerdo con el funcionario, sus compatriotas pasaron por tres semanas de sufrimiento, en las que tuvieron que dormir en las calles y enfrentarse a temperaturas bajas.

El gobierno hondureño ha insistido en que los migrantes no se deben exponer a esos riesgos y mucho menos a los niños.

La posición de EE.UU.

Lejos de cambiar su posición frete a los migrantes centroamericanos, el gobierno de Estados Unidos la ha endurecido.  A inicios del año, agentes fronterizos lanzaron gases lacrimógenos contra 150 personas que querían ingresar a su territorio desde Tijuana, México.

Las autoridades estadounidenses dijeron que apuntaron contra aquellos inmigrantes que lanzaban piedras y que impedían que los agentes ayudaran a las personas que pasaban niños sobre el alambre de púas que hay en la frontera.  Pero no era la primera vez que la patrulla fronteriza se enfrentaba a los inmigrantes. Imágenes de caos se vieron también a finales de noviembre.

Una de las pancartas que se pueden ver en esta nueva caravana es la de un hombre que le pide al presidente Donald Trump asilo humanitario porque huye de las maras y las pandillas, la extorsión y la violencia, entre otras razones.  Sin embargo, en noviembre, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para prohibir que los migrantes que entren al país de forma ilegal por la frontera puedan pedir asilo.

Y en estos momentos, el país enfrenta un cierre parcial del gobierno debido a que la oposición demócrata en el Congreso se niega a otorgarle financiación a Trump para construir el muro fronterizo con México.

Fuente: BBC

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Un juez federal bloqueó la orden emitida por el presidente Donald Trump para negar asilo a los inmigrantes que cruzan de forma ilegal la frontera sur de Estados Unidos.

El juez de distrito Jon Tigar, de San Francisco, California, bloqueó temporalmente la orden que emitió el presidente después de escuchar los argumentos de grupos de derechos civiles.

Trump firmó la orden a principios de este mes como respuesta a la caravana de migrantes centroamericanos que intenta entrar al país.

El presidente citó «preocupaciones de interés nacional» al emitir su orden, pero los grupos de derechos civiles se oponen al argumento.  Los defensores de derechos civiles presentaron el caso en San Francisco porque, dijeron, la decisión del presidente era ilegal.

Fuente: BBC

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El Congreso de los Diputados de España aprobó este jueves el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, una de las primeras medidas instauradas por el Gobierno de Pedro Sánchez pero que aún necesitaba de la revalidación por parte del Congreso. El resultado es que los inmigrantes que vivan en el país vuelven a tener acceso a la cobertura de salud pagada por el Estado, independientemente de si trabajan o no.

Con este decreto el Gobierno busca «garantizar el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el Estado Español», según explicó la nota de prensa del Congreso.

En julio, el Gobierno español aprobó un Real Decreto Ley para instaurar el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, que ha sido revalidado este jueves en el Congreso. La nueva norma eliminaba una ley anterior, de 2012 (bajo mandato del anterior presidente del país, Mariano Rajoy), que dejó fuera de la atención sanitaria pública a «personas adultas no registradas ni autorizadas a residir en España», tal y como publicó el Boletín Oficial del Estado el 27 de julio de este año.

En el mencionado decreto ley de 2012, se limitó la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a las personas aseguradas, es decir, aquellos que trabajaban y cotizaban a la Seguridad Social, los pensionistas, los perceptores de prestaciones de la Seguridad Social (como el subsidio por desempleo) o los acreditados como demandantes de empleo, así como quienes están a su cargo (hijos, etc.).

Con este cambio, tendrán acceso a la sanidad pública pagada por el Estado todas las personas (de cualquier nacionalidad) que residan en España; quienes, pese a no residir habitualmente en España, tengan reconocido el derecho a la asistencia sanitaria (como pensionistas que vivan en otro país o trabajadores desplazados), así como colectivos «no registrados ni autorizados como residentes en España», explicó en rueda de prensa en julio la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón.

En este último caso, los colectivos no registrados en España podrán recibir asistencia pública, pero deberán pagar la contraprestación. Aún así, el Gobierno incluyó tres casos en los que la atención sanitaria se hará con cargo a dinero público, según explicó la ministra en rueda de prensa:

.- Ciudadanos que no tengan la obligación de acreditar la cobertura de la prestación sanitaria por otra vía, en virtud de lo dispuesto en el derecho de la UE, los convenios bilaterales y demás normas aplicables.
.- Quienes no puedan exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen o procedencia.
.- Quienes no tengan a una tercera persona que realice el pago.

Montón aseguró en ese momento que «lo esencial de la norma, y lo que justifica la urgencia de abordar la universalidad de la atención sanitaria, es por la mejora de la salud individual de las personas excluidas y de la salud colectiva de toda la población. Una sociedad justa no deja a nadie atrás».

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La inmigración puede ser un tema “decisivo” para la Unión Europea, alertó este jueves la canciller de Alemania, Angela Merkel, en un ferviente discurso antes de una crucial cumbre europea en Bruselas.

Merkel presionó al Parlamento alemán para que respaldara una política de asilo e inmigración dura pero humana en la Unión Europea, alertando que si Alemania no la apoya, los temas migratorios podrían definir el destino de Europa.

El punto crucial llega en un momento en que Europa ya está lidiando con una crisis de deuda persistente, el aumento del populismo en Europa, la escalada de una guerra comercial con Estados Unidos, dudas sobre el compromiso de Washington con la OTAN, y unas vacilantes negociaciones del Brexit.

Los líderes europeos están en Bruselas este jueves y viernes para una cumbre del Consejo Europeo que se suponía debía enfocarse en el Brexit. En cambio, con poco progreso en ese frente y desacuerdos de alto perfil sobre el destino de los inmigrantes que son rescatados en el mar, la inmigración ha pasado a primer plano.

En un impresionante llamado a su propio Parlamento a favor de la solidaridad europea, Merkel desmontó algunos de los problemas más polémicos que enfrentaban a los miembros de la Unión Europea.

“Aquellos que vienen a Europa no pueden elegir en qué país de la Unión Europea quieren buscar asilo”, dijo Merkel. “Segundo, no podemos dejar que esos países a donde llegan los que buscan asilo lidien con este problema solos”.

“Si no tenemos un acuerdo con los 28 estados miembros de la Unión Europea, entonces necesitaremos considerar una coalición de quienes estamos dispuestos a una política migratoria. Necesitamos encontrar mejores soluciones”, añadió Merkel.

Macron pide que haya una solución Europea

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se hizo eco del mensaje de cooperación que hizo Merkel al llegar a la cumbre de Bruselas.

“El tema no es nuevo ahora”, dijo Macron. “Ha sido un tema vivo en Europa desde 2015. Hay una alternativa que quiero proponer hoy: ¿quieren una solución nacional o una solución europea, que es corporativa?”.

Entre tanto, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, urgió a los líderes europeos para que se enfoquen en la frontera externa del bloque, incluyendo una propuesta de las llamadas “plataformas regionales de desembarco” fuera de Europa para ayudar a detener el flujo de inmigrantes que intentan cruces marítimos peligrosos.

La cooperación de Europa con terceros ya ha ayudado a reducir el flujo inmigratorio en un 96% desde 2015, según Tusk.  “La alternativa a esta solución sería un cierre caótico de las fronteras, también dentro la Unión Europea, así como conflictos crecientes entre los estados miembros de la Unión Europea“, dijo Tusk.

“Algunos pueden pensar que soy muy duro en mis propuestas sobre inmigración. Pero créanme, si no llegamos a un acuerdo con esto, luego verán propuestas realmente duras de tipos realmente duros”, agregó.

Uno de los que han tomado un enfoque de línea dura sobre la inmigración es el primer ministro de Hungría, Viktor Orban. “La invasión debe ser detenida. Y parar la invasión significa tener un fuerte control fronterizo, y lo tenemos”, dijo al llegar a Bruselas.

Orban, que también se opone al sistema de cuotas para distribuir a los inmigrantes en todos los países de la Unión Europea, dijo que el bloque debe aprobar “lo que la gente realmente pida” sobre el tema inmigratorio, con el fin de restaurar la democracia europea.

El Parlamento húngaro aprobó una ley la semana pasada que criminaliza la ayuda a los inmigrantes indocumentados, incluso a quienes buscan asilo.

Merkel: un nuevo caminio

Más temprano en Berlín, Merkel habló contra los estados que actúan de manera unilateral en temas de inmigración, insistiendo en que Europa necesita permanecer fiel a sus valores multilaterales. Es un enfoque que puede ser visto como el polo opuesto al mensaje del presidente Donald Trump de “Estados Unidos primero”.

“Mi máxima es: no unilateral, no sin consentimiento, pero con el consentimiento de los estados socios”, dijo Merkel. “Que es precisamente lo que hemos estado discutiendo en las últimas semanas. Y sobre lo que estaré hablando cuando regrese. No seré perfecta, pero este es el inicio de un nuevo camino”.

La canciller alemana argumentó que la llamada política de inmigración abierta de Alemania en 2015 —cuando más de un millón de inmigrantes ingresaron al país— fue un evento excepcional y una decisión que Alemania no tomó por sí misma.

“Nuestra decisión de abrir las puertas a los refugiados en 2015 no fue unilateral. Actuamos para ayudar a Austria y a Hungría”, dijo ella.

Merkel también señaló que el número de personas que buscan asilo al llegar a Europa cayó dramáticamente y que ahora era tiempo para Europa para regresar a la política de inmigración que tenía antes de 2015.  Alemania presionaría para fortalecer las fronteras externas de Europa y para buscar acuerdos con países africanos «similares al acuerdo alcanzado con Turquía» sobre el regreso de los solicitantes de asilo rechazados, dijo.

Merkel admitió que su ministro del Interior, Horst Seehofer, estaba en lo correcto al impulsar un plan para reducir la inmigración irregular y que los casos de criminales de alto perfil que involucraban a personas que buscan asilo mostró la necesidad de deportaciones más duras.  “Aún no estamos donde queremos estar”, dijo ella.

Seehofer —cuyos desacuerdos con Merkel sobre la política inmigratoria amenazaron con hacer caer su Gobierno a principio de este mes— no estuvo presente en el discurso.   Al dar este discurso antes y no después de la cumbre, Merkel espera haber cortado las alas de sus críticos de línea dura como Seehofer.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva para detener la polémica medida de separación de familias en la frontera, ante la creciente presión nacional e internacional.

«Considero esta orden ejecutiva como muy importante. Se trata de mantener a las familias juntas mientras nos aseguramos de tener una frontera fuerte», dijo el mandatario desde la Oficina Oval.

«No me gustaba la imagen de ver a familias siendo separadas», agregó aunque luego reiteró que seguirá manteniendo la «tolerancia cero» hacia quienes entren ilegalmente al país.  Por el momento no está claro cuándo comenzará a implementarse la nueva orden ejecutiva, que revierte la cuestionada política aplicada desde abril en la frontera.

Sólo desde mayo unos 2.300 menores de edad han sido separados de sus padres al cruzar la frontera, según datos de las autoridades migratorias estadounidenses.

Los audios e imágenes de decenas de niños llorandoen una especie de jaulasdifundidos por los medios en días recientes han generado fuertes críticas al gobierno contra esta medida, tanto de demócratas como desde el propio partido Republicano, así como de representantes de sectores sociales, económicos y religiosos.

Qué cambia

La nueva orden establece que los inmigrantes seguirán siendo detenidos al cruzar la frontera, pero las familias permanecerán juntas, excepto en los casos en los que exista preocupación por el bienestar de los niños.  Sin embargo, no está claro cuánto tiempo durarán estas detenciones.

En todo caso, la decisión presidencial llama a dar prioridad a los casos migratorios que afecten a familias detenidas.

Trump firmó el documento en compañía del vicepresidente Mike Pence y de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.  Dijo que su esposa, Melania, y su hija Ivanka, quienes según algunas informaciones le habían estado presionando para que abandonara esa política, eran fuertes partidarias de poner fin a la separación de las familias migrantes.

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, anunció que este jueves votarán sobre una «legislación para mantener a las familias juntas».

Ryan no ofreció detalles sobre la ley pero dijo que servirá para solucionar «de una forma muy elegante» la situación de los llamados Dreamers, jóvenes inmigrantes indocumentados que entraron a Estados Unidos siendo niños.

Este miércoles, las compañías American Airlines, United Airlines y Frontier Airlines anunciaron que no quieren que sus aviones puestos al servicio del gobierno sean utilizados para transportar a niños inmigrantes.  «No queremos ser parte de esto», dijo el director ejecutivo de United, Oscar Munoz.

«Prefiero ser fuerte»

Pocas horas antes de firmar la orden ejecutiva, el presidente pidió al Congreso que aprobara una ley poniendo fin a la separación de familias, aunque también expresó su deseo de que cualquier cambio legal signifique un endurecimiento de las normas migratorias.

«Si eres muy, muy débil, a un nivel patético, el país será invadido por millones de personas. Y si eres fuerte, entonces no tienes corazón. Es un difícil dilema. Quizá prefiero ser fuerte».

La medida de separar a los padres inmigrantes de sus hijos formaba parte de la campaña «tolerancia cero» impulsada por el gobierno de Trump este año.

El presidente ha responsabilizado de esta medida al partido Demócrata, al que acusa de haber aprobado una ley migratoria que causa estas separaciones.  Sin embargo, no existe una ley federal que establezca la obligatoriedad de aplicar este tipo de medidas.

El incremento notable de las separaciones se inició en abril pasado, después de que el fiscal general, Jeff Sessions, anunciara la aplicación de la política de «tolerancia cero» con la inmigración ilegal que incluye medidas como el procesamiento por vía penal de todos los adultos que entren al país sin documentación.

Como los menores no son imputados, entonces tampoco pueden ser enviados a la cárcel junto a sus padres, lo que deriva en la separación familiar.

Fuente: BBC

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Los planes de Donald Trump de poner fin a las protecciones contra la deportación de miles de jóvenes indocumentados recibieron este martes un nuevo golpe.

Un juez de distrito del estado de Washington ordenó que el gobierno de Estados Unidos deberá reactivar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés).

El juez John Bates dio un plazo de 90 días para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) explique las razones por las que consideraron que DACA era ilegal y llevaron a su eliminación.

DACA, cuya eliminación es una promesa de campaña de Trump, fue creado en la era de Barack Obama para amparar a inmigrantes que entraron ilegalmente al país durante su infancia.  Bates consideró que la decisión del gobierno de poner fin a DACA se realizó sin explicaciones ni se ofrecieron justificaciones, por lo que la consideró «arbitraria», «caprichosa» e «ilegal».

De acuerdo con la disposición del juez, si las autoridades de inmigración no presentan novedades relevantes cumplido el plazo, el gobierno «deberá aceptar y procesar nuevas solicitudes de DACA, así como las renovaciones».

De ahí que conminó a las autoridades a que retomen la renovación de beneficios a los llamados «dreamers» o «soñadores», como se le conoce a estos jóvenes.

Bates es el tercer juez que falla en contra de los intentos de la Casa Blanca de poner fin a DACA: antes lo hicieron otros jueces federales de California y Nueva York, quienes bloquearon el fin de la renovación en esos estados y ordenaron renovar los permisos de trabajo para los inmigrantes inscritos en el programa.  Sin embargo, la decisión de Bates fue más allá, ya que amenaza con la reapertura total del programa si el gobierno no presenta una explicación convincente para su eliminación.

Qué es DACA

El programa fue implementado hace cinco años por el gobierno de Obama y proporciona permisos de trabajo renovables por dos años y protecciones de deportación para más de 690.000 «soñadores».

Este plan migratorio no ofrece un estatus legal permanente ni supone un paso para obtener la ciudadanía estadounidense.  Pero quienes se oponen a él argumentan que este esquema supone una amnistía para los inmigrantes indocumentados, que gracias al programa, obtienen empleos que podrían ser aprovechados por estadounidenses o inmigrantes con estatus legal.

Trump asumió el tema como uno de los focos de su campaña en 2016 y aseguró que planeaba «terminar inmediatamente» el programa de resultar elegido.

Sin embargo, una vez en la Oficina Oval, reconoció que su eliminación era un tema «muy, muy complicado».

Entonces comenzó la presión de sectores conservadores para que cumpliera la promesa, al punto que fiscales generales de nueve estados conservadores, encabezados por Texas, amenazaron con interponer una demanda si no derogaba el programa.  Finalmente, la Casa Blanca puso fin a DACA en septiembre de 2017, tras considerarlo «un ejercicio inconstitucional de autoridad por parte del Poder Ejecutivo» de Obama.

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Primero fueron los nicaragüenses. Y ahora Estados Unidos cierra las puertas a los haitianos.  Washington decidió poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que protege a miles de inmigrantes haitianos contra la deportación.

Cerca de 59.000 personas dejarán de tener ese estatus especial a partir del 22 de julio de 2019, según anunció el Departamento de Seguridad Nacional este lunes.

El gobierno de Trump consideró que Haití ha experimentado un «progreso significativo» desde el terremoto que devastó el país en 2010, el suceso que motivó que EE.UU. concediera a los haitianos el TPS.  EE.UU. puso en marcha este programa migratorio en los años 90 con el objetivo de conceder permisos extraordinarios a ciudadanos de naciones que sufrieron conflictos bélicos o desastres naturales.

Washington considera que Haití ya puede gestionar la vuelta de sus nacionales de manera adecuada, según precisa el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado.  «Las condiciones extraordinarias pero temporales provocadas por el terremoto de 2010 ya no se dan», aseguró el organismo.

A principios de este mes, el DHS ya anunció la finalización del programa de protección para Nicaragua y ahora queda por saber la decisión que tomará sobre Honduras, ya que el TPS para este país se extendió pero sólo por unos meses; y El Salvador, cuyo programa expira próximamente.

18 meses para «legalizarse» o marcharse

Según las investigaciones realizadas por Estados Unidos, el número de desplazados en Haití desde el terremoto ha caído alrededor de un 97%.  «Haití es capaz de recibir de manera segura los niveles habituales de ciudadanos retornados. Haití también ha demostrado su voluntad de prepararse adecuadamente para cuando la designación del TPS termine», destacó el DHS.

El gobierno de Estados Unidos, no obstante, no obligará a los haitianos a salir de forma inmediata del país.  La Casa Blanca concede 18 meses a los haitianos para que gestionen su salida o busquen la manera de quedarse de forma legal, con otro estatus.  Además, este período, destaca el DHS, permite que Haití se prepare para acoger a sus nacionales y Estados Unidos se compromete a ayudar en este proceso para conseguir «una transición ordenada».

Medidas similares

A partir del 5 de enero de 2019, más de 5.300 inmigrantes nicaragüenses también se quedarán sin sus permisos especiales para estar en Estados Unidos.  En su caso, el gobierno de Donald Trump valoró que las condiciones causadas por el huracán Mitch ya no existen.

Honduras por su parte, que también entró en la lista de protegidos tras el paso de ese mismo huracán por el país, está a la espera de la decisión que tome el DHS.

Cuando se anunció la decisión sobre Nicaragua, el organismo dejó en suspenso la de Honduras ante «la falta de información definitiva sobre las condiciones sobre el terreno comparadas con las de antes del huracán».

Y El Salvador también aguarda. En enero, Estados Unidos tiene que tomar una decisión sobre el TPS para esta nación, del que actualmente se benefician 263.282 personas.

Fuente: BBC

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Más de 5.300 inmigrantes nicaragüenses se quedarán sin sus permisos para vivir y trabajar en Estados Unidos dentro de poco más de un año puesto que el gobierno de Donald Trump decidió poner fin al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Nicaragua.

La decisión fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) este lunes.

Además, se mantiene en suspenso la situación de 86.163 inmigrantes hondureños, según cifras oficiales, dado que el TPS de ese país fue extendido, pero apenas por unos meses, hasta el 5 de julio de 2018.

El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.

El DHS indicó que el programa de protección para Nicaragua estará concluido el 5 de enero de 2019, con un retraso de un año respecto a la fecha inicialmente prevista para «permitir una transición ordenada» de sus beneficiarios y que puedan solicitar «un estatus alternativo» o para que «preparen su regreso y reintegración» a su país.

Nicaragua y Honduras

En su decisión para Nicaragua, el DHS «determinó que las condiciones substanciales, pero temporales, causadas por el huracán Mitch ya no existen».  «Por lo tanto, la designación actual de TPS debe darse por terminada», señala el DHS en un comunicado.

En Honduras, sin embargo, pese a ser también Mitch el desastre que motivó el programa, Seguridad Nacional dejó en suspenso su decisión final «por la falta de información definitiva sobre las condiciones sobre el terreno comparadas con las de antes del huracán».  «No obstante, dada la información de la que se dispone, es posible que la designación de TPS para Honduras termine al final de la extensión automática de seis meses, con su debido retraso«, apuntó el DHS.

La secretaria interina de Seguridad Nacional de EE.UU., Elaine Duke, pidió asimismo al Congreso que promulgue «una solución permanente para este programa temporal» al reconocer «la dificultad que enfrentan los ciudadanos de Nicaragua y potencialmente de otros países».

El TPS

Por otro lado, el Gobierno de Estados Unidos no anunció decisión alguna sobre los TPS para Haití y El Salvador, cuyas fechas de expiración están programadas dentro de las próximas semanas.  De acuerdo a cifras oficiales, 58.706 haitianos y 263.282 salvadoreños son beneficiados por el programa de Estatus de Protección Temporal.

En los últimos años, los beneficiarios del TPS han visto cómo su permiso se renovaba de manera automática por periodos de 18 meses. Sin embargo, el Gobierno de Donald Trump decidió reevaluar las condiciones que justifican la concesión del programa.

En el caso de Honduras y Nicaragua, EE.UU. concedió el TPS en 1998 tras el paso del devastador huracán Mitch por Centroamérica.  El Salvador lo recibió en 2001 producto de una serie de sismos y Haití en 2010 por su catastrófico terremoto.

Fuente: BBC

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Un juez federal en Maryland bloqueó la nueva prohibición de viajes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el argumento de que sigue viciada con discriminación religiosa. 

El juez de distrito Theodore D. Chuang – quien también bloqueó la prohibición de viaje 2.0 –  no fue tan lejos como un juez de Hawai el martes y solo extendió su orden a «individuos con una relación bona fide con un individuo o entidad en Estados Unidos».

Chuang no fue persuadido por la afirmación del gobierno de Donald Trump de que la nueva prohibición de viaje estaba «curada» de «ánimo religioso» concluyendo que sus varias menciones positivas sobre el Islam no «repudiaban en ninguna forma la intención inicial del presidente de imponer una prohibición a musulmanes. Particularmente donde, en agosto de 2017, el presidente Trump tuiteó un comentario sobre que un método hostil al Islam – disparar a musulmanes con balas bañadas en sangre de cerdo – debería ser usado para frenar terrorismo futuro, no hay registro de comentarios públicos que muestren algún cambio en las intenciones del presidente respecto a la prohibición a musulmanes».

Chuang también encontró que una nueva prohibición de viajes «impuso una permanente, en lugar de una temporal, prohibición a inmigrantes de los Países Designados, y ha detenido efectivamente la emisión de visas de inmigrantes indefinidamente», y dice «el límite de entradas es el equivalente a la prohibición de emitir visas de inmigrante basadas en la nacionalidad».

Chuang emitió una orden judicial preliminar, que también es distinta desde el punto de vista procesal de la orden del juez Watson en Hawai y no tiene fecha de caducidad.

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, defendió la prohibición de viajes en su testimonio ante el Senado. Dijo que «el decreto del presidente es un importante paso para asegurar que sabemos quién viene a nuestro país. Es un decreto legal y necesario al que estamos orgullosos de defender».  También predijo que la Suprema Corte decidirá a favor del gobierno. «Confiamos en que prevaleceremos a medida que pase el tiempo en la Suprema Corte».

Fuente: CNN

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