Ante los procesos de designaciones institucionales, el sector empresarial manifestó la importancia de fortalecer los procesos y que se elijan las personas más idóneas para ocupar los puestos.

Redacción Perspectiva

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) manifestó la importancia de la designación de los titulares de importantes instituciones.

Ante la necesidad de una institucionalidad fuerte y sólida, es fundamental que se lleve de una forma idónea.

El Cacif se refirió a las “elecciones clave”, entre las cuales mencionó:

Rector de la Universidad de San Carlos.

Procurador General de la Nación.

Jefe del Ministerio Público.

Procurador de los Derechos Humanos.

Miembros de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.

Director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

De acuerdo con el sector empresarial es necesario considerar tres puntos sobre las elecciones:

• Reafirmamos nuestras convicción de que Guatemala necesita de una institucionalidad fuerte y sólida, por lo cual es fundamental que estas designaciones concluyan en los plazos programados en ley.

• Conscientes de los retos que los distintos procesos han experimentado en los últimos años, es importante generar una discusión pública sobre propuestas de reforma y mejora a los procedimientos de designación institucionales.

El objetivo de las reformas debe estar encaminado a:

– Revalorizar la gestión pública.

– Asegurar la participación amplía de profesionales en dichos procesos.

– Crear mecanismos más efectivos y transparentes de designación y de cuentadancia.

• Ponemos a disposición las propuestas que hemos formulado a la opinión pública desde el año pasado y en las que hemos planteado modificaciones para las instituciones de justicia.

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El presente artículo, no pretende contrariar las ideas y criterios sobre el tema abordado, por el contrario, intenta promover la reflexión acerca de la importancia de la solidez y sensates de quienes tienen bajo su responsabilidad la administración del Estado y el conglomerado de actores propios de la gobernanza democrática; responsables de promover y contribuir con el desarrollo económico social. Para ello, es importante concordar con las definiciones de institucionalidad, gobernanza y estructura administrativa, no por desconocimiento, sino para coincidir conceptualmente.

Mario Mérida. Comunicador, escritor y docente universitario

Institucionalidad

M. Domenech, F. J. Tirado, S. Traveset, y A. Vitores (1918)[1], sugieren dos sentidos para el término institución. El primero es de carácter sociológico, y es utilizado para referirse a: “un conjunto de reglas y convenciones socialmente aceptadas en un momento determinado. Se habla de institucionalización como del proceso por el cual estas reglas y convenciones se convierten en pautas tipificadas y estables”. Esto confiere a las instituciones una imagen de entidades que: “existen por sobre y más allá de los individuos, de tal manera que parecería que acaban proporcionando la calidad y la imagen de objetividad”.

El segundo sentido más reducido opera en el ámbito de la psicología y del lenguaje cotidiano, más específico y restringido para “designar cierto tipo de establecimientos especializados en el proceso o la modificación de las personas. Una característica fundamental de éstos es su relación directa con disciplinas como la pedagogía, la psiquiatría y las ciencias humanas en general”. Que se representan por medio de “hospitales psiquiátricos, prisiones, geriátricos o escuelas son fácilmente identificables como pertenecientes a esta categoría”.

Por institucionalización, también se entiende: “… el proceso con que las personas usuarias se vuelven dependientes de las formas de vida que imperan y muestran una clara incapacidad para vivir fuera de ellas” Los autores demandan recordar que la palabra institución: “es un viejo término, la etimología del cual describe un equilibro estable en o sobre una plaza: “Religiosa, política, judicial, científica, pero también militar, financiera, comercial, industrial, deportiva”. Además, es de resaltar que: “la institución tiene su sede en un edificio: templo, catedral, ayuntamiento o cabildo, escuela, palacio de justicia, cuartel”

El término institución es más amplio desde la sociología. Schoek (1981)[2], establece su origen en la sociología americana y cita la definición propuesta por F.H Hankins: “Se entiende por institución, no solo cualquier medio,  sino también cualquier sector de actividades que está orientado intencionalmente por un grupo  mayor a un fin determinado” Un componente interesante es la explicación acerca de su  “funcionamiento y conservación de la Institución, la cual debe  estar respaldada por el derecho o  por la costumbre”

La reflexión de Hauriou (1925)[3], da validez a la importancia que tienen las instituciones en la gobernanza que refleja el viacrucis de los países: “Tanto en el derecho como en la historia las instituciones representan la categoría de la duración, de la continuidad y de aquello real; la operación de fundarlas constituye el fundamento jurídico de la sociedad y del Estado”. Citado por M. Domenech y otros.

Administración pública

En cuanto a la función administrativa -Administración Pública (A.P)-, llamada también función ejecutiva, según el Breve Compendio de la Administración Pública en Guatemala (2008)[4]: “…consiste en el actuar del Estado promoviendo la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y fomentando el bienestar y el progreso de la colectividad; en ella se encuentra comprendida la función gubernamental o alta dirección del Estado”. En otras palabras, su función es dirigir las instituciones.

En otra parte del compendio se establecen los principios de la administración, entre estos La Participación Ciudadana, que plantea la “necesidad que el ordenamiento jurídico propicie la participación ciudadana, como un proceso por el cual los ciudadanos se involucren en la toma de decisiones sobre políticas y acciones públicas y en la provisión de servicios de su interés, así como en la fiscalización ciudadana de la Administración Pública”.

Los esfuerzos orientados a buscar una mejor manera de administrar lo público, llevo a la academia a proponer “La Nueva Gestión Pública” NGP, como un nuevo concepto de servicio, que a criterio de Pollit y Bouckaert, (2000), citado por López A. (2004)[5]: “… serie de cambios intencionales de las estructuras y procesos de organizaciones del sector público con el objetivo de que funcionen mejor -en algún sentido-”

Gobernanza

Es un concepto en proceso de construcción, relacionado con la participación de la sociedad en la identificación de la problemática socio-económica de un país en particular y la propuesta desde el ámbito ciudadano, que indudablemente apunta a la transformación burocrática del Estado, obligado a crear espacios de participación reales y no solamente normativos.

En el caso de nuestro país el Acuerdo Gubernativo No. 24-2002, creo la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, la Descentralización y la Participación Ciudadana, con el fin de fortalecer el sistema democrático mediante la modernización política e institucional, la descentralización y la apertura de espacios de participación ciudadana en la gestión pública. Dos años más tarde (2004), este fue ampliado mediante el Acuerdo Gubernativo No. 346, que concibe: “… la participación ciudadana, como uno de los elementos fundamentales para favorecer la gobernabilidad democrática”. complementado con otras leyes, que sustentan la participación ciudadana, entre estas: La Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto No. 11-2002), La Ley de General de Descentralización (Decreto Número 14-2002); el Código Municipal (Decreto No. 12-2002), ley de Desarrollo Social (Decreto 42-2001) y la Ley de Dignificación y Promoción de la Mujer (Decreto 7-99).

La dinámica de los acontecimientos delinea temporalmente la coyuntura, favoreciendo las agendas sectoriales, gremiales y políticas, pero los efectos colaterales permanecen en el tiempo, lo que requerirá cambios en la estructura administrada del Estado y sus instituciones, proceso que solo pueden realizarse en un ambiente de gobernanza sólida, condición inexistente por el momento en nuestro terruño, ante la ausencia de un buen gobierno, que asegure periodos extensos de gobernabilidad. Dicho de manera concreta, “un gobierno capaz”[6] de concretar en políticas públicas su promesa de campaña, que respondan a las aspiraciones de cada ciudadano y a las expectativas de la sociedad en general (27/03/2022)

[1] M. Domenech, F. J. Tirado, S. Traveset, y A. Vitores La desinstitucionalización y la crisis de las instituciones. 12 educación Social. Barcelona. file:///C:/Users/Mario%20M%C3%A9rida/Downloads/144294-Text%20de%20l’article-411078-1-10-20150702.pdf

[2] Diccionario de Sociología. Helmut Schoek. 1981. Barcelona. Editorial Herder

[3] Vea Hauriou, R. (1925) Teoría de la institución. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. Pág. 54.

[4] www.inap.gob.gt

[5] http://biblioteca.municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/INAPngpfinal.pdf

[6] Aguilar Villanueva, Luis F., Gobernanza y gestión pública, México, Fondo de Cultura Económica, 2008, p. 38.

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Juan Carlos Zapata

Luego de los diferentes informes y presentaciones del Gobierno, ahora se comienzan a presentar los planes para los próximos dos años. En estas semanas vamos a ver muchas propuestas, y también críticas, sobre cuáles deberían ser las acciones más importantes o aquellas que se deberían dejar de lado.

El Organismo Legislativo también ha tenido un cambio importante en su Junta Directiva, con lo cual aprovecho para felicitar a la Junta Directiva saliente por su enfoque en la agenda económica y de recuperación, y le deseo el mejor de los éxitos a la Junta Directiva entrante, en especial por abrir brecha y haber electo a la tercera mujer que preside este alto poder del Estado en toda la historia del país; todo el mejor de los éxitos en su gestión.

Ahora bien, es más importante en estos momentos pensar si las acciones que tomen quienes conducen la política de nuestro país hoy tendrán un impacto positivo o negativo para la posteridad. Por eso es importante no pensar en dos o tres años, sino en quince o veinte años. Como un mero ejercicio, cierre los ojos por un momento e imagínese la Guatemala del 2040, ¿cómo la ve? ¿Hay una mejora importante en la salud, la educación, la seguridad o la infraestructura productiva que utilizan las personas? ¿Cómo son los servicios públicos hacia la población?

Al hacer esta reflexión, automáticamente comparamos los últimos veinte años, y si lo hacemos, podemos reconocer mejoras en ciertos ámbitos y desafíos en algunos otros. Por ejemplo, Guatemala hace veinte años era un país más peligroso. Es más, la inseguridad se aceleró del año 2000 al 2009, y luego ha venido cayendo en los últimos años, tanto así que, del 2009 a la fecha, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes se ha reducido en 64%. Esto ha sido gracias al fortalecimiento de muchas instituciones, que dependen de muchas personas y no solo de una.

Por eso es importante que las acciones que tomen las personas en el Gobierno, el Organismo Legislativo, el Poder Judicial y en todas las diferentes instituciones autónomas del país veamos qué tanto están impactando positivamente en la tendencia de mejora hacia el desarrollo y la prosperidad, que debería ser un anhelo compartido. Hay acciones importantes que deberá finalmente tomar el Pleno del Congreso de la República este año, como elegir al Contralor General de Cuentas o al Procurador de los Derechos Humanos. También el Presidente de la República deberá designar, de una nómina de seis candidatos propuestos por una Comisión de Postulación, quién estará dirigiendo el Ministerio Público. Este tipo de decisiones que son trascendentales en una república democrática como lo es Guatemala, nos hace solo pensar que como sociedad debemos apoyar a que se fortalezcan las instituciones.

Fukuyama comentó en su libro Orden y decadencia de la Política, que “la construcción del Estado requiere más que simplemente pasar de un sector público patrimonial y clientelar a una burocracia impersonal; también depende de la creación de capacidades y competencias organizativas”. Esto solo se logra si todos trabajamos juntos como sociedad.

Acemoglu y Robinson, en su libro El pasillo estrecho, mencionan que “se debe trabajar siempre en crear un balance entre el poder público representado en el Estado y la sociedad, entre aquellos que ostentan el poder y los que no”. Por eso es tan importante el diálogo y la concertación, para que entre diferentes sectores pensemos en la salud, la seguridad y la justicia, los desafíos y oportunidades de la multiculturalidad y el desarrollo económico que requerimos para los próximos veinte años.

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Entrevistado por Perspectiva, el fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, informa que en este momento está realizando una auditoría para determinar las acciones que tomará a partir de los resultados. Curruchiche ha sido denigrado en redes y considera que se trata de “ataques directos, sin sustento ni profesionalismo”.

Roxana Orantes Córdova

Hace casi dos décadas, Rafael Curruchiche llegó al Ministerio Público como oficial de fiscalía. En esos años, logró llegar a fiscal de sección, en la Fiscalía de Delitos Electorales. Recientemente, la Fiscal General Consuelo Porras lo nombró jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), lo que ha desatado múltiples reacciones, que incluyen ataques personales y denigrantes para Curruchiche.

Curiosamente, muchos de esos ataques que cabe calificar de ruines, parten de quienes promueven el “lenguaje inclusivo”, la “identidad de los pueblos” y se autodenominan defensores de derechos humanos.

Evidentemente, el nuevo jefe de la FECI no cederá a ese tipo de ataques, que considera tendientes a socavar la institucionalidad del MP, ente investigador que bajo la coordinación de Porras, ha logrado establecer fiscalías y agencias en los más de 300 municipios. Cuando Porras llegó, únicamente había poco más de 60 en todo el país.

A continuación, la entrevista con el fiscal Curruchiche.

¿Cómo llega al MP? ¿Desde cuándo labora ahí y cuál fue su experiencia en Delitos Electorales?

Tengo 17 años en la institución, inicié como oficial de fiscalía y he logrado ascender hasta llegar a ser fiscal de sección. En la Fiscalía de Delitos Electorales siempre me desempeñé de manera objetiva, imparcial y apegado a la ley, observando el principio de legalidad.

Es a raíz de ese actuar en la Fiscalía de Delitos Electorales que estoy actualmente en la FECI. Soy un fiscal de carrera y conozco la institución. Por ello, estimo que la señora Fiscal General me propuso llegar a la FECI.

Acá estoy, asumiendo un reto personal y profesional.

Antes de ser nombrado en la FECI ¿cómo era la cobertura mediática a su persona?

En la Fiscalía de Delitos Electorales era menor, derivado de dinámica, pues a la FECI se le ha dado una cobertura mediática particular durante muchos años. Mi finalidad es trabajar con objetividad e imparcialidad. Sé que por la trascendencia de los casos que lleva, FECI despierta el interés ciudadano.

Pero mi objetivo principal es garantizar el estricto cumplimiento de la ley mediante investigaciones sólidas, imparciales y apegadas al principio de legalidad.

¿Cómo califica las expresiones racistas y denigrantes contra su honorabilidad a partir de su nombramiento en la FECI?

Respeto el derecho a la expresión de todas las personas, pero he visto con preocupación un ataque directo para desprestigiar, no solo a mí sino también a la Fiscal General y a la institución.

Es lamentable que sucedan estas situaciones. Las decisiones de la Fiscal General son institucionales. Yo me centro en mi trabajo, sé de mi capacidad y de mi experiencia. Los señalamientos para demeritarme o atacarme carecen de sustento y profesionalismo.

Tengo mis principios y valores bien sólidos y cimentados. Siempre me voy a mantener en esa línea.

¿La exposición de las investigaciones a la opinión pública, en este caso redes o medios, contamina las investigaciones?

Nosotros como fiscales debemos ser cuidadosos y mantener un balance. No por ganar una primera plana para ser una imagen, vulnerar esas investigaciones y violentar el derecho de las personas, especialmente la presunción de inocencia, que es inherente a todos los habitantes de este país.

Un fiscal del Ministerio Público aquí en Guatemala, en Colombia, en Estados Unidos, en la China, en México etcétera, debe ser garante de la verdad y la justicia y basar sus acciones en principios constitucionales y procesales tan sagrados como la presunción de inocencia, el debido proceso y el principio de legalidad. Yo debo garantizar esos principios, no caer en arbitrariedades ni que se vulneren los derechos de la población guatemalteca.

¿La FECI es necesaria?

Por supuesto. Definitivamente es indispensable.

¿Por qué?

Porque el combate contra la corrupción e impunidad son compromisos del Estado. Al incorporar la FECI al esquema organizacional del Ministerio Público se le dotó de una unidad de apoyo técnico. Esto demuestra la continuidad y el interés de la señora Fiscal General en apoyar esos esfuerzos.

El Ministerio Público no es una sola fiscalía, sino todas las que están en todo el país. Porque en menor o mayor grado, todas tratan de llevar justicia. Y eso es luchar contra la corrupción y la impunidad.

Por ello es importante la cobertura a nivel nacional, ya que anteriormente en el Ministerio Público había menos fiscalías, si no recuerdo mal, 64. Actualmente ya hay fiscalías en los 340 municipios. Agencias fiscales, fiscalías distritales etcétera.

Esas son algunas de las acciones que se han implementado para luchar contra la corrupción y la impunidad.

¿Cuáles son sus planes para la FECI?

Actualmente me encuentro realizando una auditoría, no solo de personal sino de todas las mesas de trabajo, los expedientes. Esto para tener un panorama amplio y generar las acciones que correspondan, con imparcialidad y objetividad.

¿Cree que la FECI debe dejar de ser una fiscalía especial y convertirse en una más de las que ya existen en el Ministerio Público?

Desde el momento en que la señora Fiscal General decidió adherir la FECI al esquema organizacional del Ministerio Público, al finalizar el mandato de la CICIG, la FECI adquirió la categoría de fiscalía de sección, tal como el resto de fiscalías que actualmente integran el Ministerio Público.

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El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) por medio de un comunicado solicitó al Ministerio Púbico (MP) que las investigaciones de alto impacto social y económico avancen sin obstáculo para obtener resultados contundentes.

Redacción Perspectiva

El CACIF se refirió a la importancia de fortalecer al institucionalización y fortalecer a las entidades que velan por hacer cumplir la ley en todo momento. En este sentido, el comité empresarial mencionó la labor del MP.

«Combatir la impunidad en nuestro país requiere del esfuerzo concertado del MP en su conjunto y el apoyo unificado de todos los guatemaltecos y sobre todo, de los actores políticos que con sus acciones y decisiones determinan el futuro de nuestra República», indica el comunicado.

Asimismo, el CACIF manifestó la responsabilidad del ente investigador de actuar con responsabilidad en todo momento, por lo cual espera que la decisión de destituir a Juan Francisco Sandoval haya sido una acción clara y transparente.

«La decisión tomada en el seno del MP el pasado viernes, deberá ser debidamente fundamentada en su momento, ante las instancias correspondientes», enfatiza el documento.

Además, el CACIF exigió al MP brindar resultados concretos en los casos de corrupción que han judicializado, logrando sentencias condenatorias cuando se establezcan responsabilidades.

Finalmente, el sector empresarial solicita que se realice una investigación de las denuncias que en los últimos días se han hecho públicos, los cuales  ameritan acciones determinadas por parte del MP.

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Juan Carlos Zapata

En Guatemala el concepto de certeza jurídica dista mucho de los preceptos constitucionales o principios y normas establecidas en nuestro marco legal. Por ello es importante que el crecimiento económico inclusivo sea una prioridad nacional, donde se unan esfuerzos públicos y privados para impulsar una agenda de cambio y transformación política y de fortalecimiento institucional.

Para analizar la certeza jurídica es útil ver en la práctica cómo el ciudadano enfrenta diferentes procesos a lo largo de sus actividades, en cuanto al sistema de gobernanza del sistema jurídico, cómo es el proceso de creación de las normas en el país, qué calidad normativa existe y cómo se aplican y ejecutan dichas normas.

Según diferentes índices de comparación internacional, nuestro país necesita enfocarse en dos grandes áreas para mejorar la atracción de inversión, especialmente en aquellos temas relacionados con los procesos de creación de normas y la aplicación y ejecución de la normativa. En cuanto a la creación, a que el proceso de elaboración de leyes, reglamentos o acuerdos estén orientadas al interés público y respecto de la aplicación, que las disputas comerciales y civiles sean resueltas de forma eficiente y transparente.

Otras consideraciones importantes resaltan sobre los derechos de propiedad. Si bien Guatemala pareciera contar con un marco de protección de los derechos de propiedad, el país tiene relativamente un buen registro, pero la protección y uso de esos derechos están rezagados, especialmente cuando vemos el registro y la titulación de la propiedad privada, hay todavía mucha propiedad física que está en posesión, pero sin los títulos de propiedad necesarios para demostrarlo, lo cual impide el poder utilizar las propiedades para inversión.

Según el Banco Mundial, nuestro país tiene retos en cuanto a la certeza jurídica que, si se abordan, pudieran mejorar sustancialmente las inversiones. Esto está muy bien delimitado en el índice Haciendo Negocios (Doing Business), el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, el índice de Estado de Derecho del Proyecto de Justicia Global y el índice global de innovación.

En estos indicadores hay cuatro áreas de mejora importantes en temas relacionados con el tiempo que toma resolver las disputas comerciales (pueden tardar hasta 1,402 días en resolver una disputa de este tipo), la protección de la propiedad intelectual, la gestión de conflictos de interés en la creación de normas y la protección de inversionistas minoritarios.

Por ello es importante generar un seguimiento constante a los temas de certeza jurídica, con un enfoque claro hacia los grandes acuerdos que como sociedad se pueden trabajar. Diferentes fuentes internacionales mencionan la importancia de que el país cuente con procesos de selección de cargos judiciales que sean objetivos y transparentes, resaltando la importancia de separar aquellos procesos administrativos.

Esto, sin duda, va a ser el centro de muchas discusiones en las próximas semanas en preparación a la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, donde Guatemala tiene la gran oportunidad de trabajar junto a diferentes instituciones públicas y privadas con el gobierno de los Estados Unidos para fortalecer el estado de Derecho y la certeza jurídica, sin olvidar, claro, la urgente necesidad de poder contar con más vacunas para la población más vulnerable. Este esfuerzo puede ser el inicio de un proceso gradual de acuerdos en beneficio de un país con mayores oportunidades de desarrollo.

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Por Juan Carlos Zapata

Las manifestaciones pacíficas frente al Palacio Nacional contrastaron este sábado con las turbas violentas frente al Congreso de la República, donde claramente se veían personas con bates, gasolina y actitudes completamente distintas a lo que ocurría en la Plaza de la Constitución. El descontento generalizado por la manera tan burda y opaca en que se aprobó el Presupuesto del 2021 en la madrugada del 18 de noviembre por parte del Congreso de la República encendió las redes sociales y diferentes medios que hicieron el llamado para que, de manera pacífica, las personas pudieran manifestar su descontento el sábado por la tarde.

Guatemala ha vivido varias manifestaciones pacíficas. En el 2015 fuimos un ejemplo para el mundo, sobre la forma cívica en que se pueden conducir diferentes expresiones para buscar un objetivo común. La lucha contra la corrupción y el hartazgo de ver cómo millones de quetzales se roban descaradamente en obras que nunca se concluyen o que se terminan de muy mala calidad resalta perfectamente con los tristes indicadores sociales que tenemos como país.

No es posible que en pleno siglo 21, todavía 47% de los niños menores de cinco años sufran desnutrición crónica, que tengamos una tasa de 88.6 denuncias por extorsiones por cada 100,000 habitantes, que solo el 13.56% de los graduandos aprueben las evaluaciones estandarizadas de matemática, que tengamos las peores carreteras en América Latina o que 8.8% de la población viva con menos de US$1.90 al día.

Estas son las necesidades que el Estado debe atender con urgencia. Los hechos violentos en contra de activos públicos y privados, así como contra las fuerzas de seguridad, no representan el sentir de la mayoría y los individuos que hayan cometido delitos, deben ser condenados según lo estipula la ley. Esto es totalmente válido, como también lo es que, una manifestación pacífica, donde había niños, mujeres y personas de la tercera edad, haya sido violentada con gas pimienta. Debe existir una investigación penal a lo interno de las fuerzas de seguridad, para conocer los protocolos que están utilizando.

Hay cambios claros que el Congreso debe realizar al Presupuesto 2021, que pueden ayudar a dar mayor confianza a la población, por ejemplo: proteger los recursos para la reactivación económica y social, limitar y reducir el déficit fiscal en los años venideros, no destinar deuda pública para gasto corriente, supresión total del artículo 7, que contradice la ley orgánica del presupuesto, supresión total del artículo 69 pues no puede contradecirse en la Ley Anual un proceso regulado en leyes ordinarias y constitucionales, enmienda por supresión total al artículo 71 acuerdo de pago por reducción de emisiones, transparencia de los programas sociales obligando a informar sobre el listado de beneficiarios, obligar a publicar un reglamento sobre la figura del rescate de los títulos valores.

Estas consideraciones no exhaustivas, son temas que se pudieron analizar públicamente si el Congreso de la República no hubiera aprobado de forma acelerada y sin debate técnico la ley. Estoy seguro de que muchos diputados todavía desconocen lo que aprobaron.

A futuro es importante pensar en un mecanismo de diálogo social que permita comenzar a discutir reformas más profundas para el Estado como los cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la reforma a la ley de Servicio Civil, dos temas sobre los cuales existe suficiente consenso desde diferentes sectores que permitiría comenzar a fortalecer la capacidad del Estado y darle un impulso al país.

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Por Juan Carlos Zapata

Atrás quedaron las imágenes del autodenominado “presidente cool” y líder millennial que ha logrado cautivar en redes a más de 1.2 millones de cuentas en su red social de Twitter. El presidente Bukele, en los últimos días, ha generado una crisis institucional al invocar una insurrección contra la Asamblea Legislativa. Utilizando un subterfugio legal del artículo 87 de la Constitución de la República, convocó “al pueblo” a que se pronuncie en contra de los diputados por no aprobar un préstamo de seguridad, llegando al extremo de militarizar la Asamblea, al estilo del presidente Maduro, y removiendo temporalmente de sus cargos a la seguridad de los diputados, como una medida de presión.

Mientras escribo esta columna de opinión, varias organizaciones sociales le piden respeto al orden constitucional y le recuerdan al presidente Bukele que debe procurar la armonía social, conservar la paz y la tranquilidad nacional. Comprendo que en nuestros países, muchas veces, los diputados no legislan a favor de las necesidades de la población. Lo vivimos nosotros en Guatemala con todo lo que se tardaron en aprobar el préstamo para la nutrición o cuando improbaron el contrato de la carretera Escuintla-Puerto Quetzal, y decenas de iniciativas que se han quedado varadas por falta de voluntad política para resolver temas como la infraestructura vial, mejorar el clima de negocios, una ley de aguas; sin embargo, nada justifica la intromisión utilizando la fuerza y la presión militar.

Como en cualquier país democrático, hay que hacer un trabajo político de convencimiento a los partidos para mostrar los beneficios del préstamo y generar los consensos para su aprobación. Centros de investigación como Fusades y otras organizaciones de la sociedad civil han hecho un llamado al diálogo sobre la base de la libertad, la institucionalidad y el respeto al Estado de Derecho. Esto es un mensaje claro para respetar la Constitución y garantizar que El Salvador siga por el camino de fortalecer sus instituciones, respetando uno de los preceptos republicanos más importantes “la separación o división de poderes”.

Centroamérica es una región que ha sufrido crisis institucionales a lo largo de su historia, resalta claramente en las pésimas evaluaciones de los países del triángulo norte de Centroamérica, en el Índice de Estado de Derecho, en el caso de El Salvador en la posición 84 de 126 países, Guatemala en la 96 y Honduras en la 115. No hay una visión clara de apego a la ley y este tipo de acciones que atentan contra la institucionalidad solo limitan la competitividad de nuestras naciones.

Por eso es clave el llamado a la cordura por parte de diferentes organizaciones, desde varias tendencias de pensamiento, a que se respete la independencia de poderes y el Estado de Derecho.

En la teoría general de la separación de los poderes del Estado de Montesquieu, “todo hombre que tiene el poder se inclina a abusar de él, va hasta donde encuentra límites, por lo que, para que no se pueda abusar del poder, es necesario que el poder detenga al poder”.

La popularidad de personajes como el presidente Bukele no debe hacernos olvidar a los líderes de opinión de la región que la única manera de garantizar mayor prosperidad capaz de atraer inversión y oportunidades a nuestros países es que exista transparencia, libertad de expresión, calidad institucional incuestionable, respeto por las reglas y que se garantice la certeza jurídica, en pleno apego al Estado de Derecho, lo cual incluye la independencia de los poderes del Estado.

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Por Ivan Buitron 

No nos deja de impresionar el descaro y la defensa a ultranza de prácticas de corrupción y del modelo de la política clientelar, que sacrifica el desarrollo del país y malgasta el presupuesto que con tanto sacrificio se logra a través de quiénes si pagan impuestos. Se malgastan los préstamos al país, que por mal ejecutados se convierten en deuda externa sin que se hayan cumplido los objetivos para los que fueron gestionados y que tenemos que pagar todos los ciudadanos. Impuestos y préstamos que terminan subsidiando y enriqueciendo a los corruptos a vista y observación complaciente de contralores, fiscales y jueces.

También nos impresiona el descaro y el cinismo para hablar de Dios, de valores, de la lucha anticorrupción de los propios corruptos que día a día están saqueando las arcas del Estado. El mayor impacto que esto ocasiona tiene que ver con la pérdida acelerada de valores, situación peligrosa y cuyos efectos son muy difíciles de revertir en el corto y mediano plazo.  

A pesar de esto existe una Guatemala que sigue luchando y trabajando el día a día por lograr cambios, innovaciones y generación de nuevos modelos para lograr un desarrollo digno y sostenible para todos.

Los obstáculos son muy grandes. En muchos sectores no se están tomando en cuenta las lecciones aprendidas que nos han llevado a la lamentable situación por la que hoy atraviesa el país. Para generar cambios es de suma importancia no seguir cometiendo los mismos errores. El atrincheramiento de todos los sectores, defendiendo a ultranza “supuestas” posiciones ideológicas, totalmente distorsionadas y acomodadas a conveniencia, no nos permite renovar propuestas, ver futuro y construir un mejor país.

El estado y su institucionalidad se encuentra en uno de momentos más débiles de su historia. Un sistema de EDUCACION está cooptado por la política clientelar, nos ha conducido a sacrificar cobertura y calidad, con resultados nefastos para el desarrollo de las futuras generaciones. Un pueblo sin educación de calidad no tiene futuro. Prioridad. Reconversión del sistema de educación nacional, infraestructura y conocimiento en base a los retos del futuro, acceso a información, tecnología y demanda de conocimientos para la generación de empleo sostenible. Eliminar sindicatos corruptos y pactos colectivos que se convierten en los principales factores que no permiten el cambio.

Sin embargo, uno de los principales problemas es la falta de liderazgos claros en la necesidad de priorizar una visión de desarrollo país. Los diferentes sectores no han logrado visualizar que se requieren líderes que pueden llevarnos hacia un diálogo, que nos lleven a la concertación y que nos obliguen a propiciar una agenda país.

Si seguimos como estamos, ningún sector productivo podrá continuar generando oportunidades de desarrollo económico ante la inviabilidad de la situación actual. Con los problemas antes mencionados ningún sector puede tener un futuro exitoso. La falta de acceso a educación y salud no permite a la población acceder a un empleo, a lograr oportunidades de generación de ingresos, ocasiona la fractura del tejido social, descomposición social, indicadores lamentables de desarrollo humano, conflictividad y escasas condiciones de competitividad. Las inversiones no llegan, escasean las fuentes de trabajo y sigue creciendo la espiral de pobreza.

La buena noticia es que Guatemala tiene todas las condiciones para ser un país rico y exitoso. Por supuesto, esto requiere de un urgente cambio en la política clientelar y de saqueo del Estado. Necesitamos un Estado que promueva y apoye el desarrollo, que fortalezca sus instituciones, con una ley de servicio civil que asegure la calidad y las inversiones estratégicas de infraestructura que se requieren de urgencia.

Si a un sector le va mal, nos va mal a todos. Si le va mal al sector privado este país se cae, si le va mal al gobierno como hasta ahora las consecuencias están claras, si la sociedad civil sigue tan polarizada nos va mal a todos, estamos viviendo las consecuencias del caos, del desorden que le sirve a las mafias y a los corruptos que tienen cooptado al gobierno.

La inmadurez y los EGOS de muchos liderazgos, todos atrincherados sin pensar en el futuro de sus próximas generaciones, nos están llevando al abismo. Apoyemos el diálogo y la construcción de una agenda prioritaria para el país que disminuyan las inequidades y nos permitan lograr una vida digna y de calidad para todos.

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Arzú Escobar resultó electo presidente de la Junta Directiva del Congreso “por segunda vez en dos semanas”. El hecho es percibido como el triunfo de la institucionalidad por un sector, mientras otras voces mencionan que se consolidó el “pacto de corruptos”.

Equipo editorial Perspectiva

El grupo de ciudadanos que consideraba un golpe de Estado al Legislativo el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que obligó a repetir la elección de Junta Directiva en el Congreso, muestra su satisfacción porque volvió a resultar favorecida la mayor parte de la planilla encabezada por Álvaro Arzú.

Mientras, quienes tenían sus esperanzas en la designación de una nueva junta, señalan que este hecho mantendrá vigente el “pacto de corruptos” y pondrá freno a una agenda legislativa que podría poner freno a la corrupción enraizada en todos los organismos del Estado.

Edward Coyoy, analista de Acción Ciudadana, la organización que interpuso el recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), considera que, independientemente del resultado de la elección, es positivo que el proceso se haya repetido.

“Como centro de asistencia legal anticorrupción, denunciamos que existía una irregularidad en la elección de la Junta Directiva, con base en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Al determinarse que el proceso estaba viciado, la CC otorgó el amparo y ordenó al pleno repetir el proceso”, dice Coyoy.

Sobre el resultado de la elección, Coyoy afirma: “somos respetuosos y esperamos que los diputados valoren lo que va acorde a la lucha que la ciudadanía proponen contra la corrupción”.

Elección en el Congreso: un día después

La directora de Seguridad en Democracia (Sedem), Iduvina Hernández, resume la coyuntura planteada por los resultados de la elección de la siguiente forma:

“Básicamente, lo que significa la designación del hijo de Arzú, es que se concreta lo que se ha dado en denominar “pacto de corruptos”. Álvaro Arzú Escobar representa a una bancada unipersonal. Esto implica que no tiene peso político y necesariamente, la votación expresa que se llegó a un tipo de arreglo. Entre ellos, se procuran la impunidad”.

Según esta opinión, los resultados pueden equipararse a un golpe de Estado, puesto que un grupo de legisladores estaría actuando bajo la conducción del alcalde capitalino, Álvaro Arzú.

En el otro extremo, el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, expresó en su cuenta de Twitter: “Se conjuró el golpe de Estado en el organismo Legislativo. Pasó cerca el zarpazo del pacto de terroristas; hay que permanecer alertas”.

Un elemento que comienza a mencionarse y debiera tomarse en cuenta, es que si la sentencia de la CC fue en función de hacer que se cumpla lo que la ley establece sobre los diputados tránsfugas después de la vigencia de esa normativa, entonces esto puede plantear el tema de la prohibición para integrar las presidencias de las Comisiones de Trabajo para los diputados que hayan cambiado de bancada después de la fecha en que la ley entró en vigencia. Porque es preciso anotar que la mayor parte de los legisladores han representado a más de un partido en diferentes épocas.

“En todas partes se cuecen habas”

Entre las muchas opiniones que se expresan a través de las redes, un ciudadano aseguraba el 2 de febrero por la mañana: “Que haya quedado esa JD no quiere decir que sea la mejor o que dejemos de observar el actuar de la misma, ni que dejemos actuar a quienes con sus ansias de poder destruyen el país, Taracena al bote, Orlando Blanco al bote, todo corrupto hallado culpable, al bote”.

En septiembre de 2017, la Alianza por las Reformas solicitó antejuicio contra los 105 diputados que aprobaron una propuesta que aumentaba la conmutación de penas a diversos delitos y daba luz verde al financiamiento electoral ilícito.

La propuesta quedó archivada por el revuelo que motivó, pero el hecho fue registrado por la opinión pública como “pacto de corruptos”. Y cabe recalcar que, de los 158 diputados, fueron los 105 que se requieren para una mayoría calificada quienes firmaron este intento de garantizar la impunidad.

Otro dato que es importante mencionar es el enorme número de diputados que enfrentan antejuicios por diferentes motivos. De los 37 integrantes de la bancada oficialista, 12 están en esa situación. Además, este bloque está integrado por una mayoría de tránsfugas. Inicialmente, el Frente de Convergencia Nacional (FCN), logró 11 curules, pero pronto se incrementó con los tránsfugas que se convirtieron en miembros del partido gobernante.

De la misma manera, el nepotismo, las contrataciones irregulares, diputados que son contratistas del Estado y otros vicios, enlodan al Organismo Legislativo. Por ello, no resulta extraño que, tanto en las presidencias de las comisiones como en las juntas directivas haya legisladores señalados.

La Junta Directiva que fue electa el 1 de febrero es fuertemente cuestionada por organizaciones de la sociedad civil que consideran la elección como consecuencia de un pacto perverso.

Al presidente, Álvaro Arzú Escobar, se le cuestiona que llegó a la curul y al puesto actual por ser hijo del alcalde. El primer vicepresidente, Felipe Alejos, es señalado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por su presunta participación en el caso llamado Traficantes de Influencias, que como la mayor parte de las investigaciones de la CICIG, se basa en los testimonios de informantes.

Javier Hernández Ovalle, quien ha sido legislador por los partidos CASA y GANA, es padre de Javier Hernández Franco, contratista del Estado. Estuardo Galdámez, ha sido investigado por varios delitos: tráfico de influencias, amenazas, lavado de dinero, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y violencia contra la mujer.

Sin embargo, es importante señalar que la planilla 2, que los grupos civiles consideran era la idónea para sustituir a la junta ganadora, tiene similares cuestionamientos.

En julio del año pasado, una conocida publicación mencionó que los diputados Oscar Argueta (UNE) y Carlos Chavarría (CREO) intentaban reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos para controlar el Tribunal Supremo Electoral. Argueta fue propuesto como vicepresidente de la junta por la planilla 2, en la cual Chavarría estaba postulado como secretario.

Fidel Reyes Lee (UNE), otro integrante de esa planilla, tiene solicitud de antejuicio por falsedad material, usurpación de funciones y falsificación de documentos. Walter Félix, de la URNG, tiene un hijo llamado Otto René Félix, quien trabaja como camarógrafo presupuestado del Congreso.

Y finalmente, Andrea Villagrán (TODOS) y Ranfery Montúfar (EG), llegaron a sus curules sustituyendo a Christian Boussinot, detenido por el caso Plazas Fantasma y Fernando de León, quien renunció a su curul.

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