En el marco de la inauguración del Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos (CLADIT 2026), autoridades y expertos del sector financiero lanzaron una severa advertencia: la falta de aprobación de la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo provocará repercusiones directas en la economía diaria de la población, afectando de forma medular el flujo de las remesas familiares, la inversión y el empleo formal.

Redacción Perspectiva

El encuentro regional, organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) bajo el lema “Guatemala ante una nueva era de cumplimiento”, congregó a los principales tomadores de decisión del sistema bancario, regulatorio y legislativo del país para analizar el estancamiento de esta normativa en el Congreso de la República.

El riesgo inminente de la «Lista Gris» del GAFI

Los especialistas internacionales señalaron que si Guatemala no moderniza su legislación antes de su próxima evaluación técnica, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) podría reincorporar al país en su lista gris, catalogándolo como una jurisdicción con deficiencias estratégicas.

Entrar a este listado elevaría de inmediato el perfil de riesgo del país ante los bancos corresponsales internacionales, lo que se traduciría en:

• Trámites más lentos y costosos para recibir remesas familiares.
• Mayores comisiones y controles en transferencias bancarias internacionales.
• Obstáculos operativos para abrir cuentas y actualizar datos financieros.
• Incremento de precios en productos importados, debido a las demoras y sobrecostos logísticos que enfrentarían las empresas, los cuales terminarían trasladándose al consumidor final.

“Desde la Asociación Bancaria de Guatemala consideramos fundamental avanzar hacia un sistema moderno y con reglas claras. El costo de no aprobar esta ley podría terminar afectando el bolsillo, las oportunidades y la estabilidad económica de los guatemaltecos”, trascendió como el mensaje central de la jornada de apertura.

Protección de la economía, no persecución tributaria

Durante los paneles de discusión, los funcionarios aclararon que el propósito del proyecto de ley no es perseguir a los ciudadanos que trabajan honradamente, prohibir el uso de dinero en efectivo ni operar como un instrumento de fiscalización tributaria. El fin estricto de la reforma es blindar la economía formal frente al flujo de capitales ilícitos provenientes del narcotráfico, las extorsiones, el contrabando, la corrupción y el tráfico de personas.

En el acto protocolario y técnico participaron figuras clave del sector como Juan Luis Fonseca (vicepresidente de la ABG y gerente general de Banrural), Álvaro González Ricci (presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria), Saulo de León Durán (superintendente de Bancos), Luis Alberto Contreras (presidente del Congreso de la República) y Juan Carlos Monroy (intendente de la IVE). Las autoridades concluyeron que la aprobación de la ley en el pleno legislativo es un asunto de urgencia nacional para salvaguardar la competitividad del país.

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La Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público, Thelma Esperanza Aldana Hernández, solicitó a esta Comisión realizar un análisis del expediente número MP001/2014/60949 con el fin de determinar la existencia de indicios que indiquen algún retardo en la tramitación de dicho expediente.

La CICIG realizó el análisis para determinar la pertinencia, eficiencia y temporalidad de la investigación criminal en el caso; el trabajo de los fiscales e investigadores y la existencia de órdenes o instrucciones a los mismos en el manejo de las diligencias dentro del expediente.

Al realizar la revisión solicitada se determinó lo siguiente:

En el mes de octubre del año 2014 el Ministerio Público conoció de las actividades de una estructura criminal dedicada al contrabando de productos provenientes de México, la cual evadía controles aduaneros y sanitarios. Esta investigación surgió de otra que se venía desarrollando conocida como caso “agua-miel”, cuya estructura criminal fue desarticulada el 5 de marzo del año 2015.

El Ministerio Público, en esta nueva investigación (MP001/2014/60949), ha venido profundizando en las formas de operar de la estructura. Se pudo determinar que se han realizado diligencias policiales de campo, análisis documental, análisis financiero, requerimiento de informes a la Contraloría General de Cuentas -CGC-; la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, y la Superintendencia de Administración Tributaria, -SAT-.

Los más de 15 expedientes del caso aparecen en orden, con información recientemente obtenida e incorporada.

El Agente Fiscal y el Auxiliar Fiscal de la causa manifestaron nunca haber recibido instrucción alguna de la Fiscal General o de cualquier otra persona para detener el caso que sigue su curso.

Se detectó que uno de los hechos que causó retardo en el ritmo de la investigación fue el cambio del equipo de investigadores policiales de la División Especializada en Investigación Criminal -DEIC-, quienes son reemplazados después de haberse desarticulado la estructura criminal del caso “agua-miel”.

Se pudo verificar que se solicitaron varias auditorías y apoyos a entidades externas (auditoría de la SAT, IVE, auditoría de la CGC, análisis financiero, entre otros), y que cada una de ellas se demoró algunos meses en brindar los resultados. Por ejemplo, el informe solicitado por el Ministerio Público a la SAT sobre una de las empresas involucradas, tardó 8 meses en ser entregado con la información requerida.

Puede afirmarse entonces que la investigación criminal de la causa examinada se ha desarrollado con pertinencia en su planificación; que se ha diligenciado un alto número de actividades policiales, que se han solicitado los informes necesarios a otras dependencias competentes del Estado de Guatemala y que los tiempos utilizados se enmarcan dentro de los parámetros regulares del Ministerio Público de Guatemala.

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