Horst Spitzke, Director General Ejecutivo de la Asociación Para la Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO), comenta dos sucesos recientes que muestran cómo los grupos del crimen organizado que promueven invasiones, evitan que el Estado actúe con eficacia y efectividad para terminar con el flagelo de las usurpaciones de propiedad, que atenta contra la Constitución y convenios internacionales.

Roxana Orantes Córdova

El domingo 26 de septiembre, un grupo cercano a 70 hombres armados intentó invadir una propiedad de 125 manzanas en Cobán, Alta Verapaz. El predicador evangélico y yerno del propietario, Oscar Vic Macz, fue uno de los que defendió la finca de los delincuentes que pretendían desalojar a los dueños, y murió a consecuencia de los balazos.

Los defensores de la propiedad lograron capturar a dos maleantes, quienes fueron entregados a agentes de la policía que llegaron al lugar. Según narra el director de ACDEPRO:

«Este es el segundo evento en la zona. Hace poco, autoridades se presentaron en una propiedad aledaña, invadida con fines de usurpación, hace año y medio. Las fuerzas de seguridad llevaban las órdenes pertinentes para el desalojo pero fueron sacados a balazos del lugar».

Asimismo, en mayo recién pasado se produjo un enfrentamiento entre invasores y pobladores de una comunidad conocida como La Hulera en la finca Cubilguitz, con el saldo de seis heridos. En esa fecha, los vecinos de La Hulera pidieron apoyo a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y a las autoridades.

Un problema de seguridad nacional

Spitzke comenta que los grupos de usurpadores se han convertido en un problema de seguridad nacional y están avalados por una poderosa red delictiva que abarca desde abogados y pasa por Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) como el Comité de Unidad Campesina (CUC, que inició a finales de los 70 como organización del grupo guerrillero EGP); CODECA, con el partido MLP que los representa en el Congreso, y el CCDA, al que pertenece el ex diputado de Convergencia Leocadio Juracán.

Además de estas organizaciones que operan como ONG´s, hay grupos paramilitares como los «batallones» del ex guerrillero César Montes, preso por la muerte de tres soldados en la aldea Semuy II y por un caso de usurpación, señala Spitzke.

«Hemos levantado más que alerta. A nivel nacional hay más de cuatro mil casos de usurpación, que ya es un problema de seguridad nacional, porque involucra narcotráfico, tala de bosques, destrucción de fauna y falsificación de documentos legales. Es incomprensible que el Estado no tenga poder para actuar en este tipo de situaciones que ponen a las autoridades en jaque. Por ejemplo, en San Marcos hay un área protegida invadida, que es propiedad del CONAP y pese a ser del Estado, es imposible desalojar. Urge una reacción».

El entrevistado señala que existen centenares de órdenes de captura no ejecutadas, y resulta incomprensible que las autoridades no actúen. En ocasiones, estos grupos logran ampararse apelando al discurso de que se trata de propiedades ancestrales, pero es un hecho que muchos las venden casi inmediatamente después de tener los títulos de propiedad (casi siempre derivados de las falsificaciones que han realizado las mafias de abogados, quienes a sus vez son protegidos por bufetes poderosos).

Actualmente, el problema se ha agravado por el uso de armas y la situación podría derivar hacia una conflictividad que puede tener consecuencias muy dramáticas, además de la ya evidente percepción sobre la falta de certeza jurídica que existe en inversionistas y ciudadanos en general.

«En el valle del Polochic hay por lo menos cuatro invasiones en propiedades que conocemos como fincas, pero son empresas agroindustriales. También se sabe que muchos de los invasores actúan amparados por ONG´s, que con fondos provenientes de donantes, que supuestamente debieran servir para el desarrollo de las comunidades, realizan esos actos delictivos», señala.

Por ello, ACDEPRO apuesta a que se implementen normativas como la ley que permitiría fiscalizar a las ONG´s, actualmente detenida por un amparo que interpuso el PDH Jordán Rodas. Además, señala, es urgente que se retome la ley Anti invasiones, archivada con el número 5522 e interpuesta por el ex diputado Fernando Linares Beltranena.

El Estado debe solventar esta situación, que podría llegar a niveles más graves de los ya alcanzados (muertos y heridos, entre otros saldos), indica Spitzke. Esto, en cumplimiento de normativas nacionales e internacionales, como la Constitución Política de la República, el Artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y convenciones internacionales.

Finalmente, Spitzke recuerda que la usurpación es un delito tipificado en el Código Penal de Guatemala, y llama a las autoridades a tomar cartas en el asunto porque: «me preocupa que esto se ponga peor. Hay uso de armas por los invasores, quienes seguramente no cuentan con permiso de portación. La situación puede agravarse».

El Artículo 256 del Código Penal señala:

«Comete delito de usurpación quien, con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícitos, despojare o pretendiere despojar a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble o un derecho real constituido sobre el mismo, o quien, ilícitamente, con cualquier propósito, invada u ocupe un bien inmueble».

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La empresa Duwest, en Tecún Umán, San Marcos denunció que un grupo de personas invadió una reserva natural privada desde el pasado martes 13 de enero.

Redacción Perspectiva

La compañía ha presentado una denuncia por la invasión que pone en riesgo además de la reserva natural, la planta de producción que se encuentra dentro de la misma finca.

Las personas han talado y quemado árboles en el área, lo que aumenta la amenaza de un desastre debido a que los terrenos invadidos colindan con fabricas de gas.

Además el representante legal de Duwest, Ricardo Santamarina indicó en conferencia de prensa que el grupo de invasores a reaccionado de forma violenta en contra de trabajadores de la compañía y agentes de la PNC que intentaron iniciar un diálogo.

«Su reacción hacia nosotros y a las autoridades como la PNC ha sido sacarnos a palos y pedradas, amenazándonos ayer con quemar la planta de producción», aseguró Santamarina.

Duwest  solicitó apoyó a la Policía Nacional Civil (PNC), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) para lograr que los invasores se retiren de forma pacifica, sin embargo hasta ahora no lo han conseguido.

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Dos expertos en temática agraria exponen sus puntos de vista sobre las perspectivas para el desarrollo agrícola del país y mencionan los principales problemas.

Adrián Zapata, profesor retirado de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), fue militante del movimiento revolucionario guatemalteco. Abogado, con maestría en Políticas Públicas y doctorado en Ciencias Sociales, fue director y fundador del IPNUSAC, donde está a cargo del área Desarrollo Rural. Temporalmente, es asesor en el tema de tierras para la reincorporación de los ex combatientes, en la misión verificadora de Naciones Unidas en Colombia.

Nils Leporowski es un empresario productor y exportador de café. Actualmente, preside la Cámara del Agro y es vicepresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). Ha presidido la Asociación Nacional del Café (ANACAFE) y la Fundación de la Caficultura para el Desarrollo Rural (FUNCAFE).

Roxana Orantes Córdova

Adrián Zapata: “Por difícil que sea, tenemos que ponernos de acuerdo para impulsar el desarrollo rural integral, de manera concertada”

¿Cuál es el origen histórico de la conflictividad agraria?

Hay tres hitos históricos que son las raíces de la conflictividad agraria en Guatemala. Primero, el despojo de tierras a los pueblos indígenas durante la conquista, concretado durante la colonia mediante las instituciones de la encomienda y el repartimiento. Tierra e indios para que la trabajaran fue la motivación de la conquista y luego de la colonización.

El segundo fue la reforma liberal, con don Justo Rufino Barrios. Así nació la oligarquía cafetalera, con el modelo de hacienda, que significaba la concentración de las tierras en pocas manos y la mano de obra abundante, desposeída, para trabajarla. Allí está un origen del perverso modelo latifundio/minifundio.

El tercer hito fue la contrarrevolución de 1954, con la CIA como el actor fundamental, que dio al traste con la reforma agraria decretada por el gobierno de Árbenz, mediante la cual se intentaba modernizar el campo guatemalteco, superando las estructuras pre capitalistas existentes y construir un mercado interno que fuera la base de una economía capitalista moderna que produjera prosperidad, cerrando la brecha entre lo urbano y lo rural. Abortar este proceso creó las condiciones de fondo para la dramática historia de guerra que vivimos los guatemaltecos durante 36 años.

¿Y los principales problemas del agro?

Se derivan de la situación referida en la pregunta anterior. Se constituyó una estructura agraria groseramente concentradora, un modelo económico donde la agroexportación fue un eje fundamental, en beneficio de los dueños  y concentradores de la tierra y en perjuicio de la inmensa mayoría de la población rural que no tuvo acceso a ese recurso productivo y se vio sometida a la pobreza y la exclusión.

El catastro nacional fue una demanda hace décadas, ¿sigue siendo un tema no resuelto?

El catastro sigue siendo un tema pendiente, los avances logrados son aún insuficientes. Sigue habiendo un aspecto medular y controversial, como los excesos que se evidencian con el catastro y que deberían servirle al Estado para alimentar una política de acceso a la tierra para quienes no la tienen.

Conjuntamente con la realización del catastro y debido, entre otras cosas, a las posibles situaciones conflictivas que de allí se derivan, se hace necesaria una legislación y jurisdicción agraria, que no se ha emitido. El catastro requiere de la existencia de lo referido. Lamentablemente, hay prejuicios en los sectores conservadores del agro y estos han evitado que se cumpla con ello, a pesar de que la constitución de dicha legislación y jurisdicción están previstas.

¿Qué efectos tiene la agroindustria en la economía campesina?

La agroindustria, que está ligada a los monocultivos, hace un aporte importante al Producto Interno Bruto del país, posibilita cierta producción de empleo y algún aporte a la fiscalidad. Pero, paralelamente, no se pueden desconocer los efectos negativos en lo referido a la sostenibilidad ambiental, así como la absorción de tierras que podrían estar dedicadas a la producción de alimentos, lo cual es una actividad que es propia de la agricultura familiar.

Hace aproximadamente seis años planteamos lo que denominamos “la estrategia de las dos puertas”, que pretendía compatibilizar la agroindustria y la economía campesina, de la cual la agricultura familiar es su componente principal. Me parece que esta vía debería volverse a considerar, pero siempre teniendo en cuenta que lo principal es garantizar la producción de alimentos para la población guatemalteca, función que cumple la agricultura familiar.

¿En qué situación están los minifundios frente a los latifundios?

Aunque no tenemos un censo agropecuario confiable, el existente tiene ya un excesivo tiempo de haberse elaborado, la información con que se cuenta nos dice que, en lo fundamental, la estructura de tenencia de la tierra no se ha modificado, persistiendo la concentración de este estratégico recurso en pocas manos, mientras la gran mayoría de campesinos permanecen sin tierra o con tierra insuficiente.

Sigue siendo importante modificar esta perversa estructura, teniendo para el efecto como guía las llamadas “Directrices Voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra…”, signada por los estados miembros de la ONU, entre ellos, obviamente, Guatemala, cuyo impulso está a cargo de la FAO.

Es importante mencionar que ya existe, formalmente, una Política Agraria, cuya implementación es responsabilidad de la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), política que es una concreción de las mencionadas directrices voluntarias a la realidad nacional.

¿Cuál es la situación actual de las ocupaciones y los desalojos?

La situación actual de las llamadas ocupaciones de tierras y la ejecución de desalojos, constituyen un riesgo para la estabilidad social y política del país. Muchas de estas se deben a causas laborales (prestaciones no cumplidas por los empleadores), aunque también hay de orden agrario.

La solución de esta problemática no debe, ni puede, ser represiva.  Como ya se ha demostrado en Guatemala y en muchos otros países, la represión estatal mediante la ejecución de desalojos, solo aviva la llama de la conflictividad social y la inestabilidad. El argumento de la legalidad, una impuesta por los intereses de los sectores hegemónicos, no puede resolver esta problemática estructural.

En todo caso, aun aplicando mecánicamente normas del derecho penal (ocupación agravada) para resolver una situación conflictiva de orden social (la ocupación de tierras no puede ser entendida, y menos resuelta, mediante argumentos jurídicos que criminaliza una problemática social), deberían observarse todas las normas y protocolos nacionales e internacionales a la hora que se pretendiera ejecutar desalojos.

¿Existen propuestas viables para el desarrollo agrario?

Lo primero que debe entenderse es que la modificación de la estructura agraria del país, aunque necesaria, no es “la solución” para lograr el desarrollo de esos territorios y el alcance de una vida digna para quienes los habitan. Como lo hemos dichos anteriormente, la tierra no es el camino, pero no hay camino sin tierra.

La reforma agraria de la Revolución de Octubre respondió a un contexto histórico determinado, que obviamente ya no es el actual, nacional, ni internacional. Lamentablemente, en el imaginario de sectores enfrentados por esta problemática, dicha reforma es “la tarea histórica pendiente” o bien el “fantasma comunista” que continúa amenazando la democracia y la propiedad privada. Ninguna de las dos angustias es real. El contexto histórico ha cambiado y el Decreto 900 ya murió en su viabilidad política y socioeconómica.

A mi juicio, el camino correcto y único posible, es retomar el espíritu del Acuerdo de Paz sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria y la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI), derivada de ese acuerdo y que está formalmente vigente, porque fue aprobada por el órgano competente.

La política agraria es sólo un componente de la multi e inter sectorialidad que caracteriza la PNDRI. Es una aberración pretender reducir el desarrollo rural a la problemática agraria, como también lo es enarbolar la bandera del desarrollo rural para ocultar la necesidad de transformar la estructura agraria prevaleciente.

La PNDRI contiene políticas sectoriales como educación, salud, infraestructura (caminos rurales, básicamente), protección social, laboral, ambiental, agropecuaria y otras. La agraria es solo una más. En esencia, el desarrollo rural es el desarrollo humano de quienes habitan en el área rural.

Alrededor de la problemática rural debe haber un acuerdo nacional. Es imposible pensar en el desarrollo nacional sin resolverla. Debe romperse el círculo vicioso de las contradicciones que impiden avanzar hacia una priorización que nos indique por dónde empezar.

Impulsar la agricultura familiar, como una política prioritaria de Estado, puede ser el camino viable. Para ello, es determinante que se apruebe la Ley de Agricultura Familiar, pendiente de aprobarse en tercera lectura.  El actor gubernamental fundamental para impulsar esta propuesta que planteo, es el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, que tiene como responsabilidad fundamental garantizar los alimentos a la población. Esta tarea la cumple la agricultura familiar, a la cual se dedican unas 800 mil familias.

Alrededor de esta prioridad, debe articularse la construcción de infraestructura productiva y programas de protección social, salud y educación. En espíritu conciliatorio entre propuestas que pueden ser complementarias, cabe mencionar que el planteamiento de impulsar ciudades intermedias es acertado, siempre y cuando no se hagan con el propósito insano y perverso de invisibilizar la necesidad de impulsar el desarrollo rural.

Esas ciudades intermedias pueden llegar a ser espacios territoriales donde se avance en la articulación de lo urbano y lo rural. Si se insiste en sustituir el desarrollo rural integral con el impuso de ciudades intermedias, sólo se producirán nuevos asentamientos de pobreza, porque a ellas llegarán los pobres y excluidos expulsados del campo por falta de oportunidades.

Los empresarios del agro tienen la inmensa responsabilidad de flexibilizar sus posiciones y superar esquematismos y prejuicios. Si no lo hacen, están contribuyendo a acortar la mecha del estallido social, así como a favorecer el surgimiento de opciones que ellos denominan populistas, a las cuales les tienen terror.

Los liderazgos campesinos también tienen la inmensa tarea de romper esquemas y entender la gradualidad de los procesos. Por último, quiero decir que el dramático vacío de ejercicio gubernamental que caracteriza al actual gobierno, podría ser visto como una oportunidad para concertar una agenda mínima que incorpore el desarrollo rural integral del país como uno de sus temas fundamentales.  Esta agenda podría ser la propuesta que, desde la sociedad civil, se haga al próximo gobierno que sea producto de elecciones o de la defenestración de la fracasada y agotada administración de Jimmy Morales.

Con los niveles de pobreza, pobreza extrema, exclusión, atraso y desigualdad que priva en el campo guatemalteco, no será posible avanzar en un camino de desarrollo nacional y en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, que son la agenda mundial de desarrollo.  Incluso el angustiante tema de la migración, principalmente a los Estados Unidos, tiene en el desarrollo rural, el camino de abordaje para las causas estructurales que lo provocan. La gente migra expulsada de sus territorios, por falta de oportunidades para tener una vida digna.

Por difícil que sea, tenemos que ponernos de acuerdo para impulsar el desarrollo rural integral, con enfoque territorial, de una manera concertada.

Nils Leporowsky: “Guatemala tiene el primer lugar de productividad por hectárea a nivel mundial, en muchos subsectores de agricultura comercial”

¿Cuál es el origen histórico de la conflictividad agraria?

Es más adecuado decir que en Guatemala existe un problema de certeza de la propiedad, más que conflictividad agraria. Y debido a ese problema de falta de regularización y certeza de la propiedad, se han dado históricamente una serie de disputas legales, pero también una serie de abusos que resultan en invasiones.

Esta apreciación se confirma al verificar los registros de la Secretaría de Asuntos Agrarios a lo largo de los años.

¿Y los principales problemas del agro?

El principal problema es la falta de certeza y seguridad jurídica sobre la propiedad. Según la SAA en Guatemala existen más de 700 mil familias que son poseedoras legítimas de tierra en el área rural, pero carecen de la documentación que acredite la propiedad a su nombre en el Registro de la Propiedad.

Según la SAA, disputa de derechos de propiedad y regularización, son los dos principales motivos de los casos de conflictividad registrados en esa entidad. En segundo lugar, están las invasiones.

Cada año, la SAA registra unos mil doscientos casos como conflictos agrarios. Aproximadamente la tercera parte de estos, se origina en causas externas a la propiedad de la tierra. Por ejemplo, problemas laborales o comerciales. En realidad, estos conflictos no debieran registrarse como agrarios, porque no están vinculados con la propiedad de la tierra.

¿El catastro nacional fue una demanda de décadas, sigue siendo un tema no resuelto?

La Ley del Registro de Información Catastral (RIC), está vigente desde hace más de 10 años.  Sin embargo, el proceso de levantar el catastro ha sido lento. Hemos observado, de acuerdo con procesos de conocimiento público que se encuentran en investigación penal, que algunos funcionarios y políticos han utilizado al RIC como bolsón de corrupción por parte de algunos funcionarios y políticos.

El adecuado funcionamiento y fortalecimiento institucional del RIC es fundamental para avanzar en la ruta de la certeza de la propiedad en el país.  Que el registro avance con el catastro, no solo disminuirá la conflictividad relacionada con disputas de derechos, sino contribuirá a mejorar el clima de negocios.

¿Qué efectos tiene la agroindustria en la economía campesina?

La agricultura comercial en general, incluyendo a la agroindustria y la agroexportación, integra a todos los productores a cadenas mundiales transfiriendo buenas prácticas agrícolas que incrementan la productividad y permiten cumplir con los estándares de calidad e inocuidad de los alimentos, así como contribuyen con la implementación de buenas prácticas de sostenibilidad ambiental y laboral.

Prueba de ello, es que en muchos de los subsectores de la agricultura comercial, Guatemala ocupa los primeros puestos de productividad por hectárea a nivel mundial.

Además, la agricultura comercial permite la diversificación agrícola hacia cultivos que permiten mayores y mejores ingresos.

¿En qué situación están los minifundios frente a los latifundios?

Hablar en esos términos es un tanto anacrónico.  Es más adecuado referirse a las capacidades productivas, y así clasificar a los productores en pequeños, medianos o grandes.

Existen diversos cultivos que, debido a sus características, son más rentables para los pequeños productores, quienes a su vez se integran a cadenas productivas. Por economías de escala, otros requieren una integración a mayor escala.

¿Cuál es la situación actual de las ocupaciones y los desalojos?

El primer punto que es necesario resaltar, es que invadir propiedad privada es un delito penado por la ley con varios años de cárcel. Además de ser un derecho humano universal, la propiedad es un derecho contemplado en la Constitución Política de la República y las leyes guatemaltecas. Por ello, lo apropiado no es llamar ocupación al delito de invasión y quien invade la propiedad de otra persona, comete un delito que debe ser tratado como tal por el sistema de justicia.

En Guatemala hay dos tipos de propiedades invadidas en este momento:  por un lado están las invasiones a propiedad del Estado, principalmente en lugares considerados como áreas protegidas; y el segundo son las invasiones a la propiedad privada de productores y empresarios de actividades agroindustriales, principalmente de los sectores hidroeléctrico y minero.

En el caso de productores agropecuarios, tenemos registro de más de 40 fincas invadidas, principalmente en Izabal y Alta Verapaz. La mayor parte de estas invasiones han sido perpetradas violentamente, por grupos que han ingresado a talar con motosierras plantaciones enteras, a destruir y robar maquinaria e instalaciones, y a secuestrar y atentar contra la vida de trabajadores y comunitarios. En algunos casos, los invasores, incluso han talado árboles de maderas preciosas  para venderlas a bandas de contrabandistas. Además, han cometido diferentes delitos contra el ambiente.

Muchas de estas invasiones llevan años, sin que las autoridades muestren el menor interés en cumplir con las órdenes de los juzgados para efectuar los desalojos. En los pocos casos donde se ha intentado cumplir con las órdenes del juez competente, oficiales desarmados y que cumplen con todos los protocolos de derechos humanos, han sido atacados por los invasores con armas de grueso calibre y de esta manera, han impedido el desalojo.  Un claro ejemplo de esto fue lo sucedido en finca Murciélago, en El Estor, donde tres oficiales resultaron heridos de bala.

En ninguno de estos casos hemos visto avances en las investigaciones del Ministerio Público. Tampoco se ha visto interés de la oficina del Procurador de Derechos Humanos para hacer valer el derecho de propiedad y los derechos humanos de todos los afectados. El desinterés de las autoridades para hacer cumplir el imperio de la ley ha sido evidente.

¿Existen propuestas viables para el desarrollo agrario?

Claro que sí, desde Cámara del Agro hemos hecho propuestas durante años en varias líneas. La primera, es que para mejorar la certeza de la propiedad es necesario avanzar en el catastro nacional; se debe fortalecer el Registro de la Propiedad (en especial el de Quetzaltenango) y se deben promover reformas a la Ley de Titulación Supletoria para reducir costos y pasos. Esto permitirá que 700 mil familias rurales puedan pasar, de poseedores a propietarios, lo que además de darles más certeza, incrementaría las opciones de acceso a crédito.

La segunda es la propuesta que como Cámara del Agro hemos hecho sobre agenda de política pública para el incremento de la productividad agrícola del país; que incluye acciones, tanto del Organismo Ejecutivo y sus Ministerios como acciones concretas de Congreso.  Esta agenda incluye varios temas pero menciono los prioritarios:

1) Plan de Caminos Rurales y Recuperación de Infraestructura Vial;

2) Modernización de la visión e institucionalidad del Ministerio de Agricultura para que se enfoque en la productividad, la innovación y la tecnología agrícola;

3) Simplificación fiscal y laboral, para reducir los altos niveles de informalidad.

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¿De regreso a los tiempos de la colonia?

Solo en 2016, van 25 invasiones violentas a distintas fincas; los delincuentes roban y dañan las pertenencias de los trabajadores, y suelen quemar los sembrados de las fincas. Las pérdidas ascienden a los Q142 millones. La Cámara del Agro expuso su inconformidad en torno a la problemática de usurpaciones a fincas en Polochic y Río Dulce por medio de la conferencia: “Ingobernabilidad en Polochic y Río Dulce por invasiones”.

Falta de respeto a la propiedad privada equivale a subdesarrollo

Guatemala se caracteriza por ser un país con altos índices de pobreza y subdesarrollo. Polochic y Río Dulce no tienen cifras muy alentadoras con respecto a estos índices; no obstante, la inversión privada para el cultivo de las tierras ha representado una gran fuente de empleo y, por lo tanto, una solución viable a los altos índices de pobreza de estos lugares.

En contraparte, los autores de estos crímenes ahuyentan el crecimiento económico ya que, en vez de ganarse la vida con un empleo digno prefieren arrebatar bruscamente tierras cometiendo ilegalidades para “conseguir tierra para sus familias”. Entre otros ilícitos que cometen, está el robo de maderas preciosas para la venta de las mismas a bandas de contrabando, que rezagan más el crecimiento económico sostenible. Además, amenazan a los trabajadores de los terrenos privados con armas de fuego y machetes; de este modo, siembran el terror en esas personas pues sienten que no haber sido cómplices puede tener represalias para su integridad y la de sus familias.  Estos hechos han provocado el cierre de empresas que causó el desempleo de 12,000 personas. Estos grupos delictivos son apoyados por comités de campesinos y por ONG´s internacionales que perpetúan este círculo vicioso.

Al tomar como ejemplo otro países que velan más por el respeto de la propiedad privada, se puede concluir que este factor es clave para el desarrollo. Naciones como Finlandia, Chile y Costa Rica, sin ir tan lejos, están están posicionadas en el puesto 1, 28 y 47 de 128 países respectivamente , en el International Property Right Index 2016; y por eso reflejan más desarrollo socioeconómico. Por otro lado, Guatemala está rezagada en el puesto 87 de 128, más cercano a países como Venezuela y Cuba que son estados que muestran ausencia con respecto al respeto de las propiedades privadas. Además, Guatemala a penas tiene un 20% de protección a la propiedad privada en el Índice de libertad económica 2016.

Soluciones al conflicto

Durante la conferencia mencionada, distintos expositores propusieron soluciones al conflicto: todas se resumen en mayor presencia estatal para la prevención de los delitos y la sanción de los mismos, si llegara a ser necesario. En este sentido, es esencial que el Estado brinde los servicios esenciales como educación y salud a las comunidades afectadas por el flagelo de la pobreza. De este modo, se logrará que las futuras generaciones entiendan que el trabajo honrado es la mejor opción para que el país progrese.

Se cree importante exigir la presencia del Ministerio de Gobernación por medio de la PNC para resguardar la propiedades. Asimismo, se expuso que el Ministerio Público debe darle seguimiento a las investigaciones respectivas para que estos no queden impunes. Los actos ilícitos cometidos son los siguientes: usurpación, usurpación agravada, robo agravado, extorsión, daño agravado, incendio agravado, amenazas, estragos, detención ilegal e intento de homicidio.

Por último, se exigió por parte de esta cámara a las autoridades encargadas acatar las órdenes de los jueces en pro de la protección de la propiedad privada y las sanciones a los criminales. Es momento de tomar acciones conjuntas para recuperar la gobernabilidad en estos territorios para contribuir al progreso de los mismos.

Fuente: José Pablo Rodríguez

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