El pasado viernes, 8 de mayo S&P Global Ratings confirmó la calificación soberana de crédito para Guatemala en BB+ con perspectiva estable. Como parte de las acciones del Gobierno de Guatemala, de la mano del sector empresarial, está el gran reto de país de alcanzar el grado de inversión. A través de la Mesa Interinstitucional para el Análisis de la Calificación País, en los últimos años, esta línea de trabajo se ha mantenido como una prioridad clave del Gobierno, en consonancia con sus esfuerzos más amplios para mejorar la percepción internacional del país y fomentar la inversión.

Por Juan Carlos Zapata

Esto se ha reflejado en las acciones diarias del Ministerio de Finanzas Públicas y en sus interacciones con los socios internacionales. Sin embargo, al leer el reporte de S&P Global Ratings, muy similar a lo que dijo Moody’s, mi conclusión es que pareciera que este esfuerzo no ha llegado a ser parte de la agenda nacional del Gobierno, porque el Ministerio de Comunicaciones sigue ausente de este gran objetivo.

El informe muestra que Guatemala “ha logrado navegar la incertidumbre comercial, y se considera que el impacto negativo de los aranceles estadounidenses será limitado. La economía guatemalteca es relativamente cerrada en comparación con sus pares regionales con exportaciones que representan solo el 16% del PIB, frente a aproximadamente el 40% en otros países centroamericanos”. Esto es nuevamente un llamado al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda por la falta de inversión pública, para mejorar la plataforma logística y de interconexión en el país, que se traduce en la gran necesidad de contar con más carreteras, puertos y aeropuertos.

El mismo informe muestra los avances de la agenda legislativa para aprobar la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, pero esto no sirve de mucho si la misma sigue sin poder implementarse por la indolencia de las autoridades encargadas, especialmente de la Presidenta de la Dipp, la misma ministra de Comunicaciones, que pareciera no terminar de comprender la importancia para el país de un cambio de modelo como lo establece la ley y la falta de coordinación y liderazgo para publicar el reglamento de la ley y solicitar los recursos necesarios para empezar a operar, no digamos la falta de comprensión del régimen de servicio civil que crea la ley.

Más carreteras y puertos para lograr mayor prosperidad

Otros factores que afectan la calificación para obtener el grado de inversión es que existe margen para mejorar los mecanismos de transmisión monetaria, dada la escasez de los mercados de capitales domésticos, la baja penetración bancaria y el alto uso de efectivo en la economía. El reporte es claro que “la inflación en Guatemala ha estado más vinculada al desarrollo internacional de precios, y se espera que el actual choque de los precios de la energía pese temporalmente en la inflación en 2026”.

También se muestran avances en la agenda de infraestructura incluyen la modernización del Puerto Quetzal y la construcción de infraestructura vial, con asistencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. y el convenio con el Ministerio de la Defensa, la modernización de aeropuertos, además de la actualización de la Ley de Alianzas Público-Privadas, que podría desbloquear financiamiento adicional para la infraestructura que tanto requiere el país.

Con una ejecución presupuestaria del 12.29% del Ministerio de Comunicaciones a abril, debe haber una mayor comprensión de la importancia de la inversión pública en carreteras. De lo contrario, seguiremos sin aprovechar nuestro potencial de algún día llegar al tan anhelado grado de inversión.

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Un tema importante para tocar luego de una reparadora Semana Santa es cómo los países pueden mejorar su felicidad que los lleve a un mayor bienestar. Hace algunas semanas se publicó el Informe Mundial de Felicidad 2026, un reporte de CID Gallup que se centra en los cambios en las evaluaciones de la vida a lo largo del tiempo, los países y las generaciones. 

Por Juan Carlos Zapata
Es uno de los recursos más importantes para comprender por qué es tan importante priorizar la felicidad o el bienestar de la población en la formulación de políticas públicas.

La felicidad como motor del bienestar

El informe es una publicación anual de investigación que compara datos de evaluación de la vida entre países para evaluar el bienestar global y examinar la felicidad por país. Utiliza repuestas representativas a nivel nacional de la Gallup World Poll para medir cómo las personas califican sus vidas en una escala de cero a 10 y para analizar los factores asociados con una mayor o menor satisfacción con la vida. Como bien clarifica el reporte, más allá de publicar clasificaciones por país de la felicidad mundial, el informe examina tendencias en confianza, apoyo social, salud, condiciones económicas y otros impulsores del bienestar. El informe es publicado por el Centro de Investigación sobre el Bienestar de la Universidad de Oxford en asociación con Gallup y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU.

Para reducir la volatilidad año con año, los investigadores calculan los promedios de tres años y con ello mejoran la comparabilidad. El informe también analiza seis factores claves asociados con las diferencias en la evaluación de la vida, incluyendo ingresos, apoyo social, esperanza de vida saludable, libertad, generosidad y percepciones de corrupción.

En la evaluación 2026 los 10 países mejor evaluados son: Finlandia, Islandia, Dinamarca, Costa Rica, Suecia, Noruega, Países Bajos, Israel, Luxemburgo y Suiza. En el caso de Latinoamérica, llama la atención el caso de Costa Rica, que a partir del 2021 subió de la posición 23 a la cuatro a nivel mundial con una evaluación de 7.43 sobre 10. Uno de los grandes factores ha sido el aumento de la expectativa de vida a 81 años, impulsado por mejoras en el sistema de salud.

En el caso de Guatemala, el país se ha mantenido relativamente estable en los últimos años; este año, en la posición 42 de 147 países, con una evaluación de 6.53 sobre 10. Uno de los grandes factores para aumentar la felicidad tiene que ver con mejorar el crecimiento económico, que permita aumentar el PIB per cápita. Esto implica crecer por encima del 6%, lo cual solo será posible si logramos aumentar la inversión pública, especialmente en infraestructura, salud y educación.

Otro factor que se relaciona directamente con la felicidad es la esperanza de una vida saludable, lo cual nos lleva a pensar en mejores formas para aumentar el seguro social y la formalidad en el país. Esto implica dejar de aumentar el salario mínimo por decreto y comenzar a generar formas en que la población que hoy trabaja en la informalidad pueda tener acceso a seguro social, a través de mecanismos más innovadores de flexibilidad laboral y el desarrollo de nuevos esquemas de pago.

Más inversión en parques, infraestructura, espacios públicos y, por supuesto, sistemas de transporte eficiente son recomendaciones que resalta el informe para aumentar la confianza y la cohesión social, algo que para el caso de Guatemala es primordial. Si nos enfocamos en cómo reducir las horas de estrés que perdemos en el tráfico, seguramente tendremos más felicidad.

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La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) presentó el foro: «Herramientas del Estado para atender el tráfico como Emergencia Nacional”, un espacio de análisis donde líderes de los sectores público, municipal y privado urgieron a tomar medidas drásticas ante el colapso vial que afecta la productividad y calidad de vida en el país.

Redacción Perspectiva

El foro contó con la participación de Carlos Melgar (Viceministro del MINFIN), Víctor Martínez (Concejal Primero de la Municipalidad de Guatemala), Carmen Abril (Presidenta de CUTRIGUA) y Kevyn Valencia (Director Ejecutivo en Funciones de la ANI).

El costo del caos: Q25 mil millones perdidos

Los datos presentados durante el evento son alarmantes. Según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un ciudadano en la Ciudad de Guatemala pierde casi 1,300 horas al año atrapado en el tráfico, lo que equivale a 54 días de vida desperdiciados.

Este estancamiento tiene un impacto directo en las finanzas del país: se estima que el costo económico del caos vial supera los 25 mil millones de quetzales anuales. A pesar de que el departamento de Guatemala representa el 43.3% del PIB nacional y creció un 10.9% en 2023, la infraestructura es insuficiente: actualmente solo se cuenta con 25 centímetros de red vial por habitante.

Presentación: El Tráfico como Emergencia Nacional
Por @JBenavides9 – Investigador Asociado de FUNDESA. pic.twitter.com/ds6T3hrxNc

— FUNDESA (@FUNDESA) February 10, 2026

Propuestas estratégicas: Anillo Regional y Ley de Infraestructura

José Miguel Torrebiarte, presidente de FUNDESA, fue enfático en la necesidad de acelerar la inversión pública y ejecutar proyectos estratégicos que ya cuentan con estudios técnicos, como los de la cooperación de Corea (KOICA).

Entre las prioridades destacadas se encuentran:

• Anillo Regional C-50: Una vía de 8 tramos que conectaría Sanarate con Escuintla, permitiendo que la carga pesada transite de puerto a puerto sin ingresar a la capital.
• Dirección de Infraestructura de Proyectos Prioritarios: El llamado al Gobierno para cumplir la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y activar esta entidad.
• Nuevas modalidades: Invertir en trenes y vías alternas para diversificar la movilidad.

Inversión pública insuficiente

Torrebiarte advirtió que Guatemala no puede sostener su ritmo de crecimiento con niveles tan bajos de inversión pública. “Ningún país sale adelante con solo el 1.6% del PIB de inversión pública”, señaló, haciendo un llamado a elevar el compromiso estatal para ejecutar infraestructura de gran escala que permita mejorar la movilidad nacional.

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Juan Carlos Zapata

Con un margen de victoria importante, el binomio electo del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, tienen una gran oportunidad en sus manos a partir de enero del próximo año. Mientras esperamos que el Tribunal Supremo Electoral pueda certificar los resultados finales, que mostraron que nuestro sistema electoral es infalible, gracias a todos los voluntarios que custodian el voto a través de las Juntas Electorales y los cientos de observadores que participan en el proceso, el binomio electo ya ha dado ciertas luces de por dónde enfocarían sus prioridades.

Sin lugar a duda, tienen un mandato de luchar contra la corrupción y eso debe ser una estrategia clara para digitalizar procesos y lograr avanzar en dotar de mayores servicios a una población ávida de que se pueda no solo aumentar la inversión pública, sino que se haga de manera responsable, a tiempo, transparente y eficiente. Esto va a ser un gran reto, porque se necesita capacitar a más funcionarios en mecanismos que ayuden por ejemplo a aumentar el número de estudios de preinversión, así como a utilizar de mejor manera el mecanismo de diseño y construcción, detallado en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Esta forma de contratar, según el Dr. Luis Fernando Alarcón, PHD de la Universidad de California, Berkeley, “permite minimizar los motivos que generan sobrecostos en dos sentidos. Por un lado, la colaboración de diseñadores y constructores facilita la constructibilidad y la optimización del diseño. Por otro lado, el tiempo que transcurre entre las fases se minimiza, lo que conlleva eliminar problemas en construcción asociados a la falta de actualización del diseño”. Para el caso de Guatemala esto es muy importante, especialmente en infraestructura vial, algo que se ha visto recientemente con todos los problemas y fallas que se han visto en el Libramiento de Chimaltenango, que, si se hubiera usado el método de diseño y construcción, se pudieron haber evitado.

Esto se debe a que en gran medida en la fase de diseño es posible “asumir cambios en cálculos, planos y especificaciones a un costo reducido, en comparación con el sobrecosto que supondrían en la fase de construcción”. Utilizar este tipo de mecanismos para aumentar la inversión pública tan baja que tiene nuestro país, es un gran reto para el próximo gobierno. Según datos del FMI Guatemala podría crecer 3.5% en el 2024, una cifra que puede ser más si se logra aumentar la inversión pública.

A finales del 2022, Guatemala invirtió 1.7% del PIB en inversión pública, cuando deberíamos por lo menos subir a 4% la inversión pública en los próximos cuatro años. Esto implica contar con la voluntad política para darle continuidad a los 64 proyectos identificados en Guatemala No Se Detiene, en el componente de infraestructura, dotando de recursos a 26 proyectos clave que ya cuentas con estudios de preinversión, pero que necesitan de financiamiento para poderse llevar a cabo y lograr que el país tenga mejores carreteras, puertos y aeropuertos.

Apoyar para que exista una transición lo más técnica posible es algo en lo que todos los sectores podemos acompañar, para lo cual esperamos que a partir de la certificación de los resultados oficiales, se pueda conocer más sobre quiénes serían las personas encargadas de parte del Gobierno electo y unificar criterios que ayuden a que se logre optimizar los procesos que ayuden a clarificar transferencias internas y muchos de los préstamos que están en proceso de aprobación, que seguramente van a ayudar al próximo gobierno a cumplir sus promesas de campaña.

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Juan Carlos Zapata

Está ampliamente reconocido que cuando crece la inversión, crece la economía de un país y las oportunidades para aumentar los ingresos reales de la población.

El gran desafío de países como Guatemala es que la formación bruta de capital fijo, que en su mayoría es infraestructura, es apenas el 13.58% del PIB, cuando otros países de la región, como Panamá, invierten el 38.62% de su PIB, República Dominicana 27.35% e incluso Honduras invierte 18.98%. El promedio global es 23.76% y para América Latina y el Caribe es de 17.31%.

Con esto, vemos cómo Guatemala es de los países que menos invierte en la región y uno de los que menos invierte en infraestructura a nivel global.

Esta tendencia se debe a que las condiciones del sistema de obra pública tradicional que tenemos es muy permeable a la corrupción y se fomentan la construcción por intereses políticos, que muchas veces se vuelven espurios, con poca capacidad técnica en todo el proceso desde el diseño de las bases de licitación, el propio diseño de la infraestructura, la construcción y poca o nula supervisión.

De hecho, la inversión pública en Guatemala en formación bruta de capital fijo es apenas del 1.45%, cuando un país como el nuestro debería invertir al menos 6%, por el nivel de crecimiento y urbanización del área metropolitana y las ciudades intermedias.

Aun así, llamó positivamente la atención a todos los medios de comunicación cómo el 2020 durante el primer año de gobierno del presidente Giammattei se aumentó en 593 kilómetros la red vial en Guatemala.

Este es el mayor aumento en un año desde el gobierno del presidente Óscar Berger quien en el año 2006 aumentó la red vial en 752 kilómetros. Es el mayor aumento de la red vial en los últimos quince años.

Para quienes vivimos en el departamento de Guatemala, probablemente no lo notamos, acá la red vial apenas aumentó en 4.9 kilómetros. Los departamentos que vieron un aumento claro de su red vial fueron San Marcos que aumentó su red vial en 445 kilómetros, Izabal en 200 kilómetros y Baja Verapaz en 77 kilómetros.

Contrario a ello vemos cómo en Petén, se perdieron 194 kilómetros, Alta Verapaz 29 y Jalapa terminó con 12 kilómetros menos.

La iniciativa «Guatemala No se Detiene» está enfocada en 41 proyectos, que suman US$5.46 millardos.

El mayor aumento fue en la red de caminos rurales, que aumentó en 353.9 kilómetros. Ahora bien, ¿es esto suficiente para lo que necesitamos como país? Probablemente no. Y para seguir profundizando en las cifras, un país como Guatemala debería aspirar a ampliar su red vial 2,000 kilómetros por año. Esto significa casi multiplicar por diez el ritmo promedio anual que es apenas de 214 kilómetros por año, en promedio durante los últimos 25 años.

¿Cómo lograrlo? Se necesita mayor enfoque hacia las áreas comerciales del país. Aumentar la red vial en los tramos que conectan la frontera con México con la frontera con El Salvador, así como conectar Puerto Quetzal con Puerto Barrios y algunos proyectos en el área metropolitana.

Esto puede aumentar la productividad del país hacia mayor inversión y fortalecer aquellas zonas por donde pasa la mayor parte de la carga. La iniciativa Guatemala No se Detiene, que se está impulsando por parte del Gobierno, la Municipalidad de Guatemala de la mano con el sector empresarial organizado, está enfocada en 41 proyectos que suman una inversión total de US$5.46 millardos.

Ahora bien, para que esto se logre se requiere mejorar los procesos de estructuración de proyectos y focalizar el apoyo de varios cooperantes y apoyo técnico hacia mejorar la capacidad institucional del Estado para mejorar los esquemas de inversión.

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Las autoridades municipales tiene hasta el 7 de junio para presentar sus proyectos de inversión pública ante las Delegaciones de SEGEPLAN.

Redacción Perspectiva

El pleno del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR), tomó recientemente decisiones en la segunda reunión anual, las que fortalecen su mandato para que los proyectos de inversión con el aporte a los Consejos de Desarrollo sean fundamentalmente vinculados con las prioridades nacionales, para favorecer a la población, especialmente la más necesitada. Una de ellas fue ampliar el plazo para la aprobación de proyectos de inversión pública.

La segunda reunión del 2021 celebrada el 14 de mayo en el Palacio Nacional de la Cultura, liderada por el Presidente de la República Alejandro Giammattei, y conducida por el Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), Álvaro Díaz y la titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), Keila Gramajo Vilchez; contó con la participación de ministros, secretarios y los delegados de todos los sectores del país que tienen representación.

El mandatario recordó que las prioridades para la inversión pública son agua y saneamiento, educación y salud. También, resaltó que para el 30 de abril ya estaban aprobados el 90 por ciento de proyectos de las municipalidades con el aporte de los Consejos de Desarrollo para 2021.

“Ello marca una diferencia con respecto a años anteriores”, recalcó. Dichos proyectos se han aprobado en el SNIPgt con asesoría y apoyo de las Delegaciones de SEGEPLAN en el territorio.

Sobre este tema, la Secretaria de SEGEPLAN agregó que para 2021 hay 2,474 proyectos en todo el país, de los cuales 2,207, es decir, 90 por ciento, ya han sido aprobados en el SNIPgt. El 10 por ciento restante, 267 proyectos, quedaron pendientes de aprobación por no haber completado los requisitos en Ley por parte de las entidades ejecutoras.

Sin embargo, por solicitud de los alcaldes, el CONADUR aprobó un punto resolutivo que extendió el plazo de aprobación para el 15 de junio, por lo que los municipios tienen hasta el 7 de ese mes para presentar sus proyectos ante las Delegaciones de SEGEPLAN ya con todos los requisitos completos.

Mientras tanto, se aprobó que las propuestas de inversión de los Consejos de Desarrollo para 2022, sean revisadas por el Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE) correspondiente, a fin de verificar que cada Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) no exceda el 20 por ciento del techo presupuestario asignado al municipio, en la tipología de infraestructura.

En consecuencia, deberán observar las tipologías priorizadas en el normativo aprobado por el CONADUR, que son agua y saneamiento, salud, educación e infraestructura de fomento para la producción.

Reprogramación a temas prioritarios del País para el año 2022

El CONADUR también aprobó que los COMUDE que contravengan la disposición mencionada anteriormente, deben reformular su propuesta de inversión para el ejercicio 2022, de modo que orienten sus proyectos a las Prioridades de Desarrollo.

Mientras tanto, los municipios que cumplen con lo establecido en el normativo, pueden continuar con el trámite correspondiente para la incorporación de sus iniciativas de inversión al proyecto de presupuesto.

Las propuestas de los puntos resolutivos fueron presentadas por el Subsecretario de Planificación y Programación de SEGEPLAN, Stuart Villatoro.

La Secretaria Gramajo, manifestó la preocupación por el hecho de que no se están atendiendo las prioridades nacionales en las propuestas de proyectos, por lo que en nombre del Gobierno, insistió en que se reprograme el destino de los recursos para 2022.

De esa cuenta, dijo la funcionaria, se espera que para julio, que es la fecha cuando se presenta el anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación ante el Ministerio de Finanzas Públicas, se reprogramen los recursos y se dirijan a las necesidades de desarrollo de país.

Otros temas abordados

El ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ricci, presentó la opinión de la Comisión de Análisis del Presupuesto y Política Fiscal del CONADUR, con los montos provenientes de la propuesta de Presupuesto General del Estado para el 2022.

Por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la reunión preparatoria se refirieron al proyecto Sello Blanco que ha tenido asesoría de SEGEPLAN, una iniciativa que tiene como propósito, combatir la pobreza incentivando a los productores a certificarse en el proceso de mejora continua y motivar el consumo de sus productos.

Ante ello el Presidente de la República agradeció la anuencia del pleno para apoyar dicho proyecto, enfatizando que con esto se realzan los productos de los pequeños productores y también hace que la economía del país crezca.

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