Este miércoles el Tribunal Noveno de Sentencia Penal en Guatemala le concedió arresto domiciliario a Rubén Zamora Marroquín, quien lleva más de 600 días guardando prisión, acusado de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias.

Redacción Perspectiva

Sin embargo, debido a que las medidas alternas a la detención son únicamente para el caso de lavado de dinero, Zamora aún no podrá salir de prisión, pues tiene expedientes adicionales por solventar.

Cabe recordar que por el caso de lavado de dinero, Zamora fue condenado a seis años de prisión, pero una sala de apelaciones suspendió la condena y ordenó un nuevo juicio que aún está pendiente.

Según se conoció a través de medios locales, el tribunal acordó este día que Zamora continúe su proceso desde casa, pues no hay peligro de fuga. Además, deberá pagar Q30,000 quetzales como caución económica.

Los casos que enfrenta Zamora tienen raíz en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), liderada por Rafael Curruchiche, señalado por el departamento de Estado de Estados Unidos como un actor corrupto y antidemocrático.

MP PRESENTÓ RECUSACIÓN

Este mismo día el titular de la FECI, informó que se presentó una recusación en contra de dos juezas que integran el Tribunal Noveno de Sentencia Penal donde se conoció la solicitud de libertad condicional para Zamora.

#MPfuerteYfirme #FECI
El licenciado Rafael Curruchiche, Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad se refiere a la recusación presentada en contra de dos jueces que integran el Tribunal Noveno de Sentencia Penal donde se conoce una solicitud de libertad… pic.twitter.com/LIQxYorgZW

— MP de Guatemala (@MPguatemala) May 15, 2024

Sin embargo, por decisión unánime, y ante la oposición del MP, el Tribunal Noveno de Sentencia Penal otorgó arresto domiciliario al periodista.

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La Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal rechazó el amparo presentado por Acción Ciudadana en contra de la resolución del juez Jimmi Bremmer que autoriza la investigación de un grupo de periodistas y columnistas.

Renée Saravia

La decisión de juez Jimmi Bremer de autorizar al Ministerio Público investigar a periodistas fue  avalada por la Sala Cuarta de Apelaciones.

El amparo presentado por Acción Ciudadana para frenar la investigación en contra de periodistas, fue rechazado por la Sala.

La decisión de la Sala, permite al Ministerio Público avanzar con la investigación a reporteros, columnistas y editores de El Periódico, conforme a la solicitud presentada por la fiscal Cinthia Monterroso, en una audiencia del segundo caso contra Jose Rubén Zamora, que se llevó a cabo el 28 de febrero pasado.

De acuerdo con la fiscal, en diversas publicaciones de El Periódico, se ha publicado información dudosa que pone en duda las investigaciones del Ministerio Público. Por tanto, el juez Jimmi Bremer autorizó investigar a los periodistas.

La decisión del togado, fue cuestionada por organizaciones nacionales e internacionales que expresaron su preocupación por esta resolución judicial.

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Jose Rubén Zamora, presidente de El Periódico fue ligado a proceso penal por el delito de conspiración para la obstrucción de la justicia.

Renée Saravia

Este 28 de febrero, el periodista Jose Rubén Zamora fue ligado a proceso por el delito de conspiración para la obstrucción de la justicia.

El juez Décimo Penal Jimi Bremer resolvió ligar a proceso a Zamora. Según argumentó el togado, el audio que entregó Ronald García Navarijo es un “indicio” que ameríta continuar con el proceso.

Tras una larga espera debido a los constantes tropiezos de la defensa para que se realizara la audiencia de primera declaración, finalmente el caso en contra del director de El Periódico, sigue su curso.

Caso de Lavado de dinero

Zamora también enfrenta un proceso penal por los delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. La defensa no logró invalidar las pruebas y finalmente, el juez Séptimo de Primera Instancia, Freddy Orellana, resolvió ligarlo a proceso con Samari Gómez, acusada de revelar información reservada.

Jose Rubén Zamora y Samari Gómez fueron ligados a proceso esta tarde, con base en los medios de prueba que presentó ayer la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), en una larga jornada que se prolongó durante todo el día.

Los abogados de los dos imputados cuestionaron la investigación, el manejo del dinero y la legalidad de los audios, todos ellos, medios de prueba presentados ayer. Sin embargo, el juez aceptó los medios de prueba y los ligó a proceso.

Zamora y su amistad peligrosa con un presunto corrupto

Ronald García Navarijo, ex gerente del Banco de los Trabajadores, interpuso la denuncia contra Zamora, pero además, grabó horas de audio que lo incriminan y permitió que en su oficina se filmara con cámara oculta, el momento en que dos empleados de Aldea Global S.A. (El Periódico es parte de esta empresa), le llevan los Q.300 mil en efectivo, para que él los depositara en un banco del sistema, lo que según la ley es una simulación para ocultar la procedencia del dinero.

Según indicios, el dinero pudo provenir de «donaciones» que le realizaban varias empresas a Zamora. Esto tiene dos versiones:

1. Era pago de chantaje por no aparecer en El Peladero (versión vox populi y denuncia de García);

2. Empresas muy importantes que aprecian profundamente a El Periódico le donaban el dinero para su funcionamiento. Por temor a las reacciones gubernamentales, estas empresas preferían no pautar ni aparecer como benefactores. Esto fue declarado por Zamora ayer.

El empresario y periodista también aseguró que sus amigos empresarios acudirían ante el juez a declarar a su favor, pero esto no sucedió. A la ausencia de los amigos donantes y la acción del abogado Christian Ullate (costarricense, ex CICIG), se suman varias declaraciones de Zamora quien sin querer, pudo haberse auto incriminado.

Por ejemplo, reconoció que es amigo cercano de su denunciante desde hace años, pese a que García Navarijo está implicado en el caso Arca, investigado por la CICIG, donde burócratas del Bantrab financiaba campañas electorales desfalcando al banco.

Además, Zamora afirmó que había llevado a García Navarijo a la FECI y a la «embajada» (de EE.UU), para «apoyarlo» con la resolución de su caso. Esta declaración, hecha ayer por el empresario, puede voltearse en su contra.

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Jose Rubén Zamora deberá esperar hasta el martes 28 de febrero para su primera audiencia de declaración, pospuesta más de una vez por diversos motivos. Las dos últimas veces, el acto se suspendió por excusas del abogado defensor. El querellante Raúl Falla detalla la situación.

Roxana Orantes Córdova

El abogado de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) y querellante adhesivo en el caso contra el director de elPeriódico, Raúl Falla, narra:

“Flora Silva, Jose Rubén Zamora, Romeo Montoya y Mario Castañeda orquestaron un mecanismo para legitimar dinero proveniente de las empresas ARCA y BASES, calificadas por la CICIG como de cartón”.

Esto, indica Falla, porque “sabían que existía una denuncia contra ambas entidades que en 2013 habían proveído de cientos de miles de quetzales a la corporación Aldea Global, de Jose Rubén Zamora.

Flora Silva y Mario Castañeda se acogieron a la aceptación de cargos, por lo que enfrentarán el proceso en prisión preventiva, explica Falla, quien añade que Romeo Montoya, el otro abogado que asesoró los actos ilegales de Zamora para “generarse impunidad”, está prófugo pero podría entregarse.

Entretanto, la primera audiencia de Zamora se ha pospuesto varias veces, las últimas dos a petición del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, quien primero solicitó posponer la acción porque participaría en la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), y hoy adujo que tenía otra audiencia, por un caso en su contra.

“Vendido, enchachado, triste y abandonado”

La situación de Zamora es complicada, afirma Falla, quien dice que el periodista quedó “vendido, enchachado, triste y abandonado” por su abogado Solórzano Foppa. El primer representante de Zamora, también periodista, Mario Fuentes Destarac, no ejerció la defensa por no ser penalista.

Posteriormente, los abogados Romeo Montoya y Mario Castañeda resultaron señalados en el mismo caso, donde conspiraron con Ronald García Navarijo (cliente de Falla).

Finalmente, Juan Francisco Solórzano Foppa, quien según afirma Raúl Falla, hizo esperar a los sujetos procesales esta mañana, cuando se conoció su excusa. “Pienso que está desligándose porque sabe que las pruebas contra Zamora son contundentes. Además, su ausencia no tiene justificación, ya que siempre debe privilegiarse las audiencias donde hay una persona detenida y en este caso, el detenido es Zamora, su cliente”, indica el entrevistado.

Lo cierto es que si el próximo martes Solórzano Foppa no se presenta a la audiencia, el juez designará un abogado de la Defensa Pública Penal, concluye Falla.

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El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche confirmó la detención de Mario Castañeda, abogado defensor de José Rubén Zamora. Además, está pendiente de ejecutar orden de captura del abogado Romeo Montoya García.

Redacción Perspectiva

La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (MP) informó que como parte de los avances de una nueva investigación solicitaron la orden de captura en contra de los abogados de Jose Rubén Zamora, dueño de El Periódico por el delito de conspiración para obstruir una investigación, relacionada posiblemente al lavado de dinero.

En el caso están implicados Jose Rubén Zamora, director y dueño de El Periódico; Flora Silva, gerente financiera de Aldea Global y los abogados Mario Castañeda y Romeo Montoya García.

«Según la investigación, al darse la destitución de Juan Francisco Sandoval Alfaro, exjefe de la FECI, los posibles involucrados se reunieron para planificar el desvío de la investigación», aseguró Rafael Curruchiche, Fiscal de la FECI.

Al momento, el MP informó sobre la captura de Mario Castañeda y esperan hacer efectiva la orden de aprehensión en contra de Montoya.

La audiencia de primera declaración de Marroquín y Silva será el próximo 31 de enero.

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Francisco Solórzano, abogado defensor de José Rubén Zamora argumenta que la simulación comercial no es lavado de dinero. Además, insiste que se trata de una persecución política en contra de su cliente.

Redacción Perspectiva

Según Francisco Solórzano, la simulación comercial no es un delito y asegura que se trata de una práctica común en el país que no “molesta” a la SAT.

En la audiencia de etapa intermedia, el abogado defensor afirma que José Rubén Zamora presidente de elPeriódico presentó un memorial en el Ministerio Público para demostrar que los Q300 mil salieron de un banco.

Asimismo, la defensa considera que el delito de tráfico de influencias no procede contra Zamora debido a que la prueba presentada, se obtuvo de manera ilegal.

Por otro lado, el abogado defensor calificó las acusaciones en contra de Zamora como una persecución política para silenciar su libertad de expresión. Por tanto, Solórzano solicita dictar sobreseimiento a favor de su cliente.

Solórzano solicitó no aceptar como querellante adhesivo a Ronald García Navarijo en el proceso, ya que según indicó no cumple con los requisitos establecidos en la ley.

La petición de Solórzano fue rechazada por el abogado Raúl Falla, el Ministerio Público y el representante del Estado.

De acuerdo con Falla, el derecho de presentarse como querellante adhesivo, está contemplado en la Constitución de la República. Por tanto, solicitan declarar sin lugar la solicitud de la defensa de Zamora.

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Jose Rubén Zamora se presentó al tribunal acompañado por Sandra Eugenia Morales García, abogada del Instituto de la Defensa Pública Penal, luego de que todos sus abogados renunciaran a representarlo.

Redacción Perspectiva

Hoy se realiza la audiencia en calidad de anticipo de prueba, por el caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero. Según expuso Moisés Ortiz, del Departamento de Información y Prensa del Ministerio Público (MP), la audiencia es para contar el dinero incautado.

El conteo es responsabilidad de la Fiscalía de Extinción de Dominio, agregó el comunicador del MP, y se realizará en presencia de todas las partes procesales. El dinero fue incautado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), al momento de la captura contra Jose Rubén Zamora.

Jose Rubén Zamora, con abogada del IDPP

La nueva abogada de Zamora es Sandra Eugenia Morales García, del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP),

Es de recordar que hasta el 23 de septiembre de 2022, Christian Ulate era el abogado de confianza, pero renunció por compromisos previos. 

Los abogados Mario Castañeda y Romeo Montoya, inicialmente defensores del empresario y periodista, desaparecieron misteriosamente luego de la audiencia en la que la acusación presentó audios donde se les escuchaba aconsejando a Zamora sobre la forma de manejar el dinero.

Poco después, dimitió Christian Ulate, ex abogado de la CICIG cuya acción en el caso Zamora fue controversial, al considerarse que el togado desconocía algunas peculiaridades del proceso guatemalteco, al ser costarricense.

Además, se especuló que Ulate habría renunciado por impago de Zamora, lo que pareciera confirmarse al saber que el empresario accedió a que lo defienda una abogada de la defensa pública.

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Christian Ulate renunció a la defensa de Jose Rubén Zamora, informa el abogado querellante Raúl Falla, quien agrega que el periodista y empresario no puede quedar sin defensa, por lo que el costarricense seguirá en su puesto mientras no se nombre otro abogado. Entretanto, en redes circula el rumor de que Ulate habría renunciado por falta de pago y la Fundación Contra el Terrorismo instó a Alejandro Balsells o Juan Francisco Solórzano a que asuman la defensa, lo que sería una oportunidad para mostrar su empatía con Zamora y su capacidad como litigantes.

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Poco después de mediodía, el rumor sobre la renuncia de Ulate, el abogado costarricense que fue integrante de la CICIG. Consultado al respecto, Raúl Falla indica:

«Como parte en el proceso, nos llego la noticia oficialmente. El abogado de Jose Rubén Zamora abandona la defensa y pone a disposición el cargo. El motivo no se indica en el memorial que envía el tribunal, pero la notoria incapacidad de Ulate, quien como extranjero desconoce particularidades del litigio en Guatemala, y el desgaste por esto, puede ser un motivo».

Christian Ulate no puede quedarse sin defensor

Según Falla, también es probable que no haya recibido sus honorarios. «Todo abogado necesita una retribución. No me extrañaría si la renuncia fuera por este motivo. El juez debe verificar el motivo de la renuncia y preguntar a Zamora si desea un nuevo defensor y quién será. En caso de que no quiera o no pueda pagarlo, existe la Defensa Pública Penal, pero el acusado no puede quedar sin abogado, lo que obligará a Ulate a seguir representando a su cliente hasta que tenga oficialmente otro defensor».

«Una excelente oportunidad tenerlos de contraparte»

«La renuncia de Ulate a la defensa de José Rubén Zamora por falta de pago, es una buena oportunidad para que abogados como Alejandro Balsells o Juan Francisco Solórzano demuestren dos cosas: su altruismo y  su capacidad», escribió Méndez Ruiz en sus redes.

Esto lo refrenda Falla, quien afirma:

«Sería magnífico para nosotros tenerlos de contraparte, es una excelente oportunidad para que muestren la calidad jurídica de la que tanto alardean en redes sociales. Nos encantaría que puedan desbaratar con argumentos sólidos y bien planteados, todas las pruebas que se han presentado en este caso por lavado de dinero».

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Jose Rubén Zamora se convirtió en tendencia debido a la orden de captura emitida contra Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la FECI, quien según el Ministerio Público (MP), estaría implicado en varios delitos cometidos en el caso Chantaje, impunidad y lavado de dinero, que implica al empresario y periodista, a Sandoval y la ex fiscal Samari Gómez.

Roxana Orantes Córdova

Jose Rubén Zamora enfrenta varias acusaciones en el caso Chantaje, impunidad y lavado de dinero, que además de motivar la atención mediática, genera opiniones encontradas, que van desde los que consideran el caso como un montaje contra la libertad de expresión hasta los que insisten en que el periodista habría mantenido una estructura de chantaje, extorsión y lavado de dinero contra varios de sus donantes y/o anunciantes.

Zamora fue ligado a proceso durante la audiencia judicial en la que se presentaron los medios de prueba. Entre estos, audios donde se escucha claramente un diálogo entre Zamora y Sandoval, quien ofrece que mediará con Samari Gómez a favor de Ronald García Navarijo.

A los audios se sumó una comprometedora declaración del periodista, quien aseguró que, como amigo deGarcía Navarijo, facilitó reuniones entre este y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), para intervenir en la investigación contra el ex gerente del BANTRAB, implicado en el caso Arca, a cargo de Samari Gómez.

Sandoval apela a un tema recurrente: la persecución

Fue imposible contactar a Juan Francisco Sandoval, quien dio declaraciones a un medio escrito. Según el ex jefe de la FECI, la reserva impuesta al caso por el Ministerio Público (MP), impide su derecho de defensa.

Según dijo, la tercera orden de captura en su contra es una evidencia de que existe una campaña para criminalizarlo y desprestigiarlo.

Sin embargo, ni en sus redes ni en declaraciones a medios mencionó el señalamiento de Zamora, quien aseguró que habría existido más de una reunión entre García Navarijo, el periodista y el fiscal, como tampoco los audios en los que se escucha su voz afirmando que contactará a Gómez para favorecer al hoy denunciante contra Zamora.

Indicios contra el ex fiscal

El audio y el comunicado del MP son claros. Juan Francisco Sandoval se hizo acreedor de una tercera orden de captura por «negación de la justicia, posible tráfico de influencias y obstaculización de la acción penal».

Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, agregó que «en pleno ejercicio de su cargo», Sandoval habría sostenido comunicación telefónica con Zamora, con el «propósito ilícito» de compartir información. Además, cuando ya no estaba en su cargo, ofreció intervenir en casos bajo investigación, dijo Curruchiche.

En cualquier caso, Sandoval lleva varios meses prófugo y, tal como sucede con Thelma Aldana, las órdenes de captura quedan en el papel. Hasta el momento, ninguno de los prófugos guatemaltecos tiene alerta roja de la INTERPOL.

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Ayer, la Sala Tercera de Apelaciones resolvió mantener en prisión preventiva a Jose Rubén Zamora, lo que desató una serie de reacciones a favor y en contra. Raúl Falla, como representante del querellante adhesivo FCT, explica los fundamentos jurídicos que motivaron esta resolución. Al mismo tiempo, el Comité Para la Protección de Periodistas insiste en que Zamora es víctima de persecución política.

Roxana Orantes Córdova

Prisión preventiva es una medida que los jueces piden cuando se considera que existe peligro de fuga por desarraigo en el país o riesgo de obstaculización a la justicia, por los vínculos que el procesado pueda tener con testigos o pruebas (cuentas bancarias, documentos etc), informa Raúl Falla.

La resolución de la Sala Tercera de Apelaciones refrendó que Zamora y la ex fiscal de la FECI Samari Gómez, quien estuvo a cargo del caso Arca (BANTRAB), deben permanecer en prisión preventiva, tal como había ordenado el juez a cargo del proceso.

Prisión preventiva motiva polémica

Natalie Southwick, coordinadora de Latinoamérica y el Caribe del Programa de Protección de Periodistas, afirmó en sus redes que la decisión del tribunal evidencia que a las autoridades les importa más castigar al periodista que mantener cualquier apariencia de justicia.

Además, se pronunció a favor del periodista el Secretario de Derechos Humanos del partido mexicano MORENA, Carlos Figueroa Ibarra, sociólogo de origen guatemalteco y quien recientemente mostró su consternación contra el presunto atentado sufrido por la vicepresidente Cristina Kirchner en Argentina.

Según Figueroa, en Guatemala apresan a los izquierdistas y no conformes con ello, también «ser decente» es motivo de encarcelamiento. A Zamora lo habrían encarcelado por su decencia, indica el activista político de MORENA.

Entretanto, el presidente de la FCT, Ricardo Méndez Ruiz, publicó en sus redes:

«A Zamora la izquierda trata de hacerlo ver como una especie de Nelson Mandela a la Tor Trix, cuando en verdad es un vulgar lavador de dinero y extorsionista, y no un preso político».

Garantías sui generis habrían dificultado medida sustitutiva

Cada ciudadano que es encarcelado debe tener derecho a medidas sustitutivas, indica Falla, quien agrega que esto se exceptúa cuando se dan las condiciones mencionadas por el tribunal de Apelaciones: riesgo de fuga y de obstrucción a la justicia.

La defensa de Zamora y Gómez no logró demostrar la inexistencia de ambos riesgos, añade el abogado, quien cuenta que el abogado de Gómez, probablemente por ser «un costarricense impuesto por la CICIG, contraviniendo las normativas guatemaltecas», propuso que el padre de la ex fiscal podría ser garante de que ella no se diera a la fuga.

Para Falla, esto resulta absurdo, ya que la ex fiscal no está bajo la tutela paterna ni es menor de edad. En cuanto a las garantías presentadas por Zamora, fueron una fotocopia de un recibo de luz eléctrica, cartas de las fundaciones Mirna Mack, Rigoberta Menchú y UDEFEGUA, además de algunas referencias firmadas por empresarios que pautaron en elPeriódico.

«En el caso de Zamora, el juez estableció que no hay arraigo, pese al recibo de luz presentado, porque la mayor parte de su familia reside en EE.UU. y él mismo, pasa gran parte del tiempo en una casa de Miami que le costó US$750 mil y compró en efectivo. Samari Gómez, si bien tiene arraigo, podría obstaculizar la justicia, ya que tiene mucha información sobre el BANTRAB, al igual que Zamora, quien podría influenciar a testigos y tener acceso a documentación relacionada con el caso. Esto también puede aplicarse a la gerente de elPeriódico, quien conocía información de las cuentas bancarias, como las claves y otros», indica el abogado.

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