Por Redaccion Perspectiva

Juan Manuel Giordano, el recién electo miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, en representación del Bloque FCN-Nación,  entregó a la Comisión de Derechos Humanos la solicitud de 60 diputados para que se proceda a destituir al Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas.

La solicitud se debe a que supuestamente solo acciona a favor de sus «amigos» y no del «sector privado»

Según Giordano cuentan con documentos y fotografías como pruebas para respaldar la solicitud.

El documento iba firmado por legisladores de ocho bancadas, sin embargo no se conoce quienes son.

De acuerdo a Giordano, el proceso para destituir a Rodas inicia con su petición, la cual debe ser conocida en la Comisión de Derechos Humanos, de tener la mayoría se eleva al pleno del Congreso, quienes decidirán el futuro de Rodas con 105 votos.

Por aparte, la Corte de Constitucionalidad dio trámite a un amparo que presentó Rodas en contra de la integración de Giordano a la Comisión de Derechos Humanos, acción que está pendiente de resolver la Corte.

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Hace quizás un año, cuando inició la demanda por retomar la reforma a la Ley Electoral se esperaba que su aprobación sería motivo de fiesta. Hoy, luego de casi ochos meses de debate, la reforma ha sido aprobada. Mientras algunas propuestas ni siquiera llegaron a materializarse en la iniciativa de ley, otras se quedaron en la Corte de Constitucionalidad y la mayoría en el Congreso.

La sesión del día de ayer nuevamente fue opacada por la polémica que sigue girando alrededor del partido oficial. El retraso en el inicio de la sesión se debió a que la bancada FCN se reunió en un salón de LIDER para discutir si expulsarían al diputado Giordano tal y como lo solicitó el Presidente de la República y algunos miembros de la Junta Directiva del Congreso.

Javier Hernández, jefe de la bancada, informó luego de una hora de reunión que no lo expulsarán. Tampoco Juan Manuel Giordano, quien prometió disculparse en el pleno, cumplió con su palabra.

Una vez retomada la sesión, todo fue un mero trámite. Los artículos avanzaban en su aprobación sin mayor debate. Sólo fue improbado el 83 que establecía un plazo de tres años para que los partidos cumplieran con los requerimientos respecto a la cantidad de afiliados. La improbación se  debió a que el número mínimo de afiliados ya no fue aumentado y por ende no tenía sentido ampliar el plazo a los partidos.

Sólo pocos diputados aprovecharon los últimos momentos para hacer modificaciones considerables a la iniciativa. Linares propuso incluir la elección por persona y no por listado, otra moción buscaba que el número de DPI sustituyera al número de padrón y en una propuesta de fondo de revisión se intentó retomar la paridad de género en los listados. Ningún cambió consiguió los apoyos necesarios. En su redacción final la reforma fue aprobada con 109 votos.

Así el Congreso termina con uno de sus grandes compromisos aunque quizás no a la altura del resultado que la ciudadanía esperaba. Quedaría a debate determinar si el procedimiento fue el adecuado, ya que las enmiendas y modificaciones de curul incluidas, debieron haber sido enviadas a la Corte de Constitucionalidad para su dictamen, procedimiento requerido por el artículo 123 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo e indicado también en el dictamen de la Corte entregado al Congreso el pasado 15 de febrero.

Mientras tanto, ayer también fue conocida en primera lectura la propuesta de readecuación presupuestaria. Allí comienza el próximo gran tema de debate para el pleno.

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La semana pasada el Congreso juramentó durante la sesión solemne, a la nueva Corte de Constitucionalidad.

Ese alto tribunal que en la legislatura pasada más de una vez tuvo que enderezarles la plana a los diputados que aprobaban leyes sin cumplir con los procesos necesarios. Sin embargo, la sesión no fue tan solemne. El Presidente de la República, Jimmy Morales, ingresaba con una notable ausencia de diputados. Culmen de una semana de roces entre él y su bancada fue su ingreso. Pasó sin saludarlos para luego regresar y hacer el saludo que el protocolo manda.

A la misma hora, en la sede central del Ministerio Público, el ente investigador informaba del inicio del proceso de antejuicio contra ocho diputados. Juan Manuel Giordano, Oscar Corleto, Laura Franco, Byron Chacón, Rudy Pereira, Julio Juárez, Ferdy Elías y Edgar Montepeque. Ahora se buscará iniciar procesos de investigación por la denuncia sobre presuntas presiones contra la gobernadora de Alta Verapaz.

Los diputados le habrían pedido no sólo colocar a personal de su confianza en distintas plazas sino controlar la obra pública y decidir la adjudicación de  algunos contratos.

Fue ello lo que hizo tenso el ambiente mientras el nuevo presidente de la CC, Neftalí Aldana, hablaba del valor del tribunal para garantizar la independencia de poderes. Un discurso sin mayor polémica fue también el de Jimmy Morales, recordando a los nuevos magistrados su compromiso con el país y pidiendo que no decepcionen. Acorde a su carácter, Mario Taracena sí lanzó una crítica respecto a los casos en que considera que la CC se ha extralimitado de sus funciones. Es esta nueva CC la que, por ejemplo, deberá arbitrar entre el poder legislativo y el ejecutivo respecto a la ley vetada por presidencia que castiga con cárcel la inasistencia de ministros y funcionarios a las citaciones.

Terminada la sesión solemne fue imposible continuar con la agenda por falta de diputados. Además, la Junta Directiva había citado a 4 diputados involucrados en el caso de la citación a la gobernadora. Todos lo negaron. Afirman que intervinieron poco, que sus palabras se malinterpretaron, que nunca dijeron esto o aquello. Mientras tanto la Junta Directiva, más benevolente en su crítica que como lo fue con Juan Manuel Giordano, tampoco impuso sanción. A decir de Taracena, porque ya hay un proceso legal en su contra.

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