En el marco de las actividades preparatorias para el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (ENADE 2026), la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) realizó un espacio de diálogo técnico centrado en el análisis de la asignación presupuestaria destinada a la seguridad y la justicia en el país.

Redacción Perspectiva

Según datos del Ministerio de Finanzas Públicas, el techo presupuestario proyectado para 2027 asciende a Q181,563.2 millones (equivalente al 16.6 % del PIB). De ese monto, el sector justicia integrado por el Organismo Judicial, Ministerio Público, IDPP, INACIF, Corte de Constitucionalidad, Instituto de la Víctima y la SEICMSJ concentra un techo de Q9,462.1 millones, lo que representa únicamente el 0.87 % del PIB nacional.

Conversatorio #ENADE2026 | Presupuesto de Seguridad y Justicia para el año 2027

Moderado por: @jczapata_s – Director Ejecutivo de FUNDESA. pic.twitter.com/Aqo2REphkw

— FUNDESA (@FUNDESA) August 4, 2026

«No hay inversión, no hay empleo y no hay desarrollo sostenible sin certeza jurídica y sin un sistema de justicia que funcione. La seguridad y la justicia no son un gasto; son la condición que hace posible todo lo demás», enfatizó Juan Mini, Presidente del Comité Organizador de ENADE 2026.

Brechas de financiamiento e impacto institucional

Durante la jornada se expuso que el Organismo Judicial (OJ), con cobertura en los 22 departamentos del país, cuenta con un techo propuesto de Q4,359.5 millones (0.40 % del PIB). La cifra busca corregir la brecha registrada en 2026, período en el que operó con una asignación menor a la del Ministerio Público, aunque la corrección parte de una base históricamente insuficiente para cubrir sus necesidades operativas.

El encuentro contó con las ponencias magistrales de la presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Claudia Paredes, y del Viceministro de Administración Financiera del MINFIN, Walter Figueroa.

Asimismo, se desarrolló un panel de discusión moderado por Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de FUNDESA, en el que participaron Julio Héctor Estrada (presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso), Ricardo Barrientos (director ejecutivo del ICEFI), María Antonieta Del Cid de Bonilla (exministra de Finanzas) y David Casasola (investigador del CIEN). Los analistas coincidieron en la necesidad de mantener un debate público e informado previo a la discusión del dictamen final en el Organismo Legislativo.

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