Juan Ramón Lau Quan considera que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), ha actuado más de una vez como un cuerpo paralelo de seguridad. Pero además, indica, tiene asignadas las mismas funciones de otra fiscalía ya existente.

Roxana Orantes Córdova

Analista y ex diputado al Congreso, Juan Ramón Lau Quan presidió la comisión legislativa que investigó a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Con base en esa experiencia y el bagaje que le otorga haber trabajado 25 años en el Organismo Judicial, Lau está entre los partidarios de que la FECI debiera ser desarticulada.

En entrevista con Perspectiva, Juan Ramón Lau Quan argumenta por qué considera que la FECI, además de ser un ente superfluo, terminó convirtiéndose en un aparato paralelo de seguridad, cuyas acciones más de una vez se salieron de los límites legales, afirma según los datos que recopiló como presidente de la comisión parlamentaria que investigó a la CICIG.

¿Por qué considera que la FECI duplica funciones en el Ministerio Público (MP)?

En primer lugar, en el MP existe una fiscalía contra la corrupción. La FECI también lleva casos de corrupción, con la misma calidad y forma que dicha fiscalía. Sin embargo, el abordaje de la FECI no considera que según la Constitución, todos los ciudadanos tenemos derecho a la igualdad de condiciones y no deberíamos ser perseguidos por la ley sin pruebas fehacientes del delito.

¿CICIG y FECI combatieron la impunidad?

Según la Constitución Política de la República, el MP tiene el monopolio de la persecución penal, que CICIG y FECI ejecutaron contra algunos ciudadanos, pero además el fracaso de la CICIG fue muy palpable.

No trasladó capacidades al MP, y lejos de cumplir la misión para la que fue creada, se convirtió en instrumento para una lucha política e ideológica, violando el debido proceso reiteradamente.

CICIG, y actualmente FECI, no persiguieron la impunidad, cuya raíz es la falta de persecución penal. CICIG fue un experimento fallido.

¿Qué opina del acuerdo que instituyó a la FECI?

Es una de las tantas fiscalías de sección, creada según un acuerdo del MP. Sin embargo, su forma de actuar ha violentado procesos. Por su actuar, la FECI se volvió un ente paralelo al MP.

Juan Francisco Sandoval ha tomado decisiones unipersonales que le corresponden a la Fiscal General. No existe la comprensión de que se trata de instituciones, mas no de personas.

Según su perspectiva, ¿las acciones de CICIG tuvieron un impacto negativo en la aplicación de la justicia?

La comisión legislativa que analizó las denuncias de personas afectadas por la CICIG recopiló innumerables testimonios de violaciones al debido proceso. Muchas personas fueron capturadas de forma indebida y mucha gente pasó meses en la cárcel antes de una audiencia para la primera declaración.

La CICIG instaló una metodología que actualmente usa la FECI. Un ejemplo es la reciente captura de Juan Francisco Solórzano Foppa, a quien «le dieron agua de su propio chocolate» con la captura.

Llama la atención la circular de la Cámara Penal donde exige que se cumplan los plazos de ley. ¿Por qué lo hicieron hasta ahora?

¿Existen avances en la lucha contra la impunidad en Guatemala?

CICIG y FECI cambiaron la lucha contra la impunidad por lucha contra la corrupción. No existe un solo caso enfocado en casos de impunidad y terminaron convertidos en cuerpos paralelos de seguridad, cubiertos por un manto de impunidad.

Por otra parte, esa lucha contra la corrupción ha estado muy enfocada contra enemigos políticos o ideológicos. La corrupción campea en el interior y hasta ahora no se han visto capturas de alcaldes, miembros de consejos de desarrollo u otros líderes locales corruptos.

¿Cómo describe la relación entre el jefe de la FECI y su jefe, la Fiscal General?

Abusiva y prepotente. Sandoval no muestra ningún respeto por el orden jerárquico y encubre a sus aliados, quienes lo mediatizan a él y sus acciones, mientras la impunidad sigue campeando.

Por ejemplo, el caso de la negociación con la constructora Oderbrecht permanece en total impunidad.

Considero que la FECI debe desaparecer y al mismo tiempo, debe fortalecerse la Fiscalía Contra la Corrupción.

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En seguimiento a la investigación sobre la compra del Edificio que ocupa el Ministerio Público en la zona 5, adquirida en la administración de Thelma Aldana, los diputados Fernando Linares-Beltranena y Juan Ramón Lau Quan presentaron un memorial ante la Fiscalia del Ministerio Público (MP).

Los diputados solicitaron a Copreca, la constructora del edificio en Gerona, una cotización para hacer una comparación sobre el valor de la construcción de una torre en el edificio de Gerona y la compra del edificio de zona 5.

En la cotización, encontraron, según Linares-Beltranena nueva información que apunta a corrupción, y es una sobre valoración del edificio adquirido por el MP, comparado con el edificio en Gerona. Encontraron una diferencia de Q450.00 por metro cuadrado más barato que en el edificio de la zona 5. 

«Este edificio tiene una particularidad no cumple con la exigencia  de la Ley de Contrataciones que dice que cuando se hace una compra tiene que justificarse la localización indispensable.  La localización no es conveniente ni indispensable» recalca el diputado.

Thelma Aldana pagó Q35 millones por el edificio de la zona 5 pudiendo haberlo hecho en el edificio de Gerona por un precio más barato lo que obedece según los diputados a corrupción, porque en zona 5 «nunca se justificó la localización indispensable sino que se hizo porque apuntaba a un negocio, a una comisión» dijo Linares

Con los medios de prueba aportados, los diputados solicitan las órdenes de captura a las personas que resulten responsables de esa compra anómala.

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