Nueve militares y policías retirados enfrentarán juicio por el caso Diario Militar, relacionado con hechos sucedidos durante el conflicto armado interno.

Redacción Perspectiva

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez resolvió enviar a juicio a nueve militares y policías retirados sindicados en el caso Diario Militar.

Los exmilitares y policías son acusados por crímenes en contra 195 personas, incluidos asesinatos y desapariciones forzadas.

El presidente de la fundación Contra el Terrorismo (FCT), Ricardo Méndez Ruiz cuestionó la decisión del juez Galvéz, quien afirmó que «no es necesario cumplir con la sagrada premisa de tiempo modo y lugar, para proceder contra los sindicados». Ante ello, Méndez Ruiz aseguró que presentarán una solicitud de antejuicio en contra del juzgador.

Caso Diario Militar

El documento denominado Diario Militar presenta una serie de archivos que con  posibles pruebas de las acciones de inteligencia de aparatos del Estado  durante los años 1983 y 1985.

De acuerdo con Hilda Pineda, titular de la Fiscalía de Derechos Humanos, aseguró que esta pesquisa es “ fundamentada y seria”.

Pineda aseguró que han realizado una serie de peritajes y exhumaciones de personas incluidas en el Diario Militar como parte de la investigación. Además, de información de familiares de las víctimas y testimonios de sobrevivientes.

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La citación al juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez,  se realizó por una supuesta “mora judicial”, debido a que el reo  René Danilo Mejía Mejía presentó una denuncia en contra del juzgador, la cual fue desestimada por la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial.

La Junta Disciplinaria declaró sin lugar la denuncia contra el juez Gálvez, y recomendó a la gerencia de la Corte Suprema de Justicia proveerle de los insumos necesarios, equipo, espació físico y personal para que pueda cumplir con sus funciones.

También se recomendó al OJ crear un procedimiento de competencia ampliada, y la posibilidad de reformar el Código Procesal Penal para que dichos procesos puedan ampliar los plazos, de declaración, de presentación de pruebas, entre otros.

El denunciante Mejía Mejía, renunció definitivamente a la denuncia, y el proceso queda abierto y de no haber acciones posteriores, automáticamente se archivará el expediente.

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El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ligó el día de hoy a proceso a 14 integrantes de una estructura criminal, liderada por Walter Obdulio Mendoza Matta, dedicada al despojo de tierras a campesinos a través de amenazas, engaños y violencia en el departamento del Petén. De esa cifra siete fueron enviados a prisión preventiva y al resto se les otorgó medidas sustitutivas.

Después de seis días de la audiencia de primera declaración, el juez halló suficientes elementos de investigación aportados por la CICIG y el Ministerio Público en contra los sindicados para ligarlos por los siguientes delitos:

Con prisión preventiva:

Walter Obdulio Mendoza Matta y Gustavo Adolfo Ramírez Ortiz. Delitos: usurpación agravada, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

Eric René Morales Pineda y René Danilo Mejía Mejía. Delito: usurpación agravada.

William Alfredo Mendoza Tally, Jeffrey Obdulio Mendoza Tally y Pablo André Mendoza Paz. Delitos: asociación ilícita y lavado de dinero.

Con medidas sustitutivas, solicitadas por el Ministerio Público.

Francisco Javier Morales Ozaeta, Nehemías Matheu López (notarios) y José Gabriel Torres Ayala (exfuncionario de Fontierras). Delito: usurpación agravada.

Mariana Isabel Mendoza Tally, Julia Maria Murillo Arteaga, Edlyn Elizabeth García Sandoval y Elky Jiovana Portillo Narvaez. Delitos: lavado de dinero u otros activos.

Antecedentes

A los integrantes de esta estructura criminal se les sindica de legalizar al menos 28 fincas obtenidas a través de intimidaciones de hombres armados y comandados por su líder, Walter Obdulio Mendoza Matta, quienes forzaban a los campesinos a abandonar sus tierras para luego ser legalizadas por medio de notarios. Ellos faccionaban escrituras públicas para respaldar los actos jurídicos; posteriormente realizaban la cancelación de dichos documentos y elaboraban otros para legalizar la inscripción en el Registro General de la Propiedad.

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