Christians Castillo, del IPNUSAC; Adrián Zapata, analista independiente y Alfredo García, constituyente, exponen a Perspectiva sus diferentes  sobre la toma de posesión de las autoridades electas para el período 2020-24 y mencionan algunas variables que debe considerarse en el actual contexto.

Roxana Orantes Córdova

El sorpresivo triunfo de VAMOS en la elección de la Junta Directiva del Congreso es el hecho más relevante en la jornada del 14, afirma Christians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC (IPNUSAC).

Mientras, Adrián Zapata señala que la mención especial de Alejandro Giammattei a los sectores más desfavorecidos y descuidados de la sociedad. Entretanto, Alfredo García afirma que la Corte de Constitucionalidad (CC) abrió la “Caja de Pandora” al contradecir su propia jurisprudencia facilitando la toma de posesión de tres diputados sin finiquito.

 “Caballo de Troya” de la UNE: Castillo

La conformación de la Junta Directiva del Congreso, es una sorpresa inesperada, afirma Castillo. “Un día antes, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), creía tener 91 votos. Y el tema se decidió con 82 votos a favor del candidato oficialista a la presidencia de la junta, y 77 en contra.

Fue algo inesperado, pero algo con lo que no cuenta el oficialismo es que la UNE tiene un “caballo de Troya” en la Junta y puede modificar el escenario si finalmente expulsa a Santiago Nájera (y otros cuatro diputados), como ya fue anunciado”.

Para el analista, existe la probabilidad de que si esto sucede, y Nájera debe abandonar la Junta Directiva, se repita la elección, tal como sucedió en 2018. En cualquier caso, Nájera cumpliría esa función, considera Castillo. Si se queda, resguardará la posición de su partido en diferentes decisiones y si no lo hacen, seguramente ya tienen definido quién lo sustituirá.

“Lo de ayer fue una escaramuza, pero lo que está en juego es la parálisis de la actividad legislativa, que sería muy negativa para el gobierno”, expone y agrega que si los señalamientos de Taracena sobre la compra de votos ayer fueran ciertos, “saldría muy caro” mantener la adhesión. “Por ejemplo, en la junta recién nombrada están Todos y UCN. Mantener a esos dos no es sencillo ni barato. Seguramente estarán esperando a ver quién tiene la chequera más gorda: la UNE o VAMOS”.

Según Castillo, la alianza de partidos de izquierda en torno a la UNE es interesante, pero se trata de partidos muy pequeños, que podrían aportar entre cuatro y cinco votos. Sin embargo, pueden contribuir a desentrampar la agenda legislativa. La parálisis sería fatal para el nuevo gobierno que necesita, entre otros, la ampliación presupuestaria.

En cuanto a la toma de posesión de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), señala que se trata de un organismo de integración ya desgastado y la forma en que se realizó la investidura, resulta sospechosa.

Del discurso presidencial, resalta que el mandatario “parece no haber bajado de la tarima”, lo cual dice, es común en políticos con poca experiencia. Además, la carga emotiva en varios momentos no fue la más afortunada, comenta Castillo.

Por otra parte, considera que la militarización de la seguridad ciudadana puede despertar “viejos temores históricos”.

“Mencionó la disolución de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), un avance en cuanto a la seguridad civil. Al mencionar que las “maras” serán consideradas como terroristas, está posicionándolos como “enemigo interno”, lo que implicaría la participación de otras fuerzas de seguridad, además de la policía, en el combate a esos grupos”, concluye.

“La mención a los problemas estructurales es positiva”: Zapata

Adrián Zapata dice: “me parece positivo que haya dado un espacio relevante a los problemas estructurales del país, así como la referencia a los sectores pobres y excluidos. Sin embargo, las leyes que mencionó tiene planteadas no son coherentes con lo anterior”.

En relación al Parlacen, Zapata considera que se trata de un organismo que sí tiene sentido en la construcción de la unidad centroamericana. “Sigue siendo necesario en tal sentido, aunque tal como está, pierde sentido. No debiera girar en torno a garantizar la impunidad a Jimmy Morales y Jafeth Cabrera. Ayer se evidenció como una guarida para la clase política”, dice.

Sobre el cambio de la VIII a la IX Legislatura y la elección de la Junta Directiva, considera: “no es lo más feliz que esta se encuentre en manos o bien influenciada por el Ejecutivo. Sin embargo, es positivo que exista un bloque opositor que sea constructivo, especialmente en el establecimiento de una agenda legislativa básica. Un bloque que tenga la capacidad de negociar con el oficialismo”.

“La CC abrió la Caja de Pandora”: García

Para este analista que participó en la redacción de la actual Carta Magna, la importancia de la Junta Directiva reside en que tiene influencia para decidir quiénes presidirán las comisiones de trabajo.

Y cabe recordar que la Comisión de Finanzas podría definir si se autoriza la ampliación presupuestaria que necesita el gobierno, que necesita el visto bueno de esa comisión, agrega.

“Las dos planillas quedaron claramente divididas por líneas ideológicas. URNG, Winaq y Semilla resultaron plegadas a la UNE. Desde la izquierda radical a la centro izquierda. Ganó la planilla que podría definirse como centro derecha”.

Sobre la posibilidad de que Nájera sea expulsado de la UNE, García menciona que si bien puede darse, no existe la probabilidad de que la elección de Junta Directiva deba repetirse. Esto, con base en la Ley Orgánica del Congreso, según la cual los tránsfugas y expulsados no pueden ser parte de dicha instancia. “Sin embargo”, recuerda:

“Nájera fue electo para quinto secretario de la junta como diputado electo de la UNE. En ese momento no se había producido la expulsión y hasta ahora, no se ha informado sobre la oficialización de esa expulsión. En ese caso, la UNE presentará un candidato para quinto secretario y se realizará esa única elección”.

Una situación que podría convertirse en una bomba de tiempo, es la toma de posesión de tres diputados sin finiquito gracias a un amparo otorgado por la CC. “Abrió la Caja de Pandora y a partir de ahora, cualquiera podrá optar a puestos de elección y asumir cargos sin finiquito. Además, la CC cometió prevaricato y su fallo es opuesto a la Ley de Probidad, donde se establece que cualquiera que desee optar a un puesto político necesita finiquito o constancia transitoria de inexistencia de cargos. El fallo de la CC contradice su propia jurisprudencia. En la legislatura anterior, no se permitió asumir a un diputado por la falta de finiquito. Es un fallo muy negativo”, concluye.

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Dos de los candidatos a presidir el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), expusieron sus respectivas visiones en un foro organizado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) y Guatemala Visible.

Los participantes en el evento fueron Ovidio Orellana, de Visión Gremial, y Stuardo Ralón, de El gremio es primero. La posición ante situaciones coyunturales es uno de los aspectos divergentes en las propuestas de ambos juristas. Mientras Orellana se decanta por convocar a la asamblea del CANG (unos 30 mil miembros), para consensuar una posición, Ralón afirma que es necesario recuperar el liderazgo de ese colegio, que durante décadas se destacó por tener un rol protagónico en el posicionamiento ante asuntos de coyuntura nacional.

El bienestar gremial es un aspecto común en el discurso de ambos abogados. Ralón pretende «limpiar la casa» y transparentar varios aspectos en la administración del CANG, que según dice, han caído en la opacidad. Orellana enfatiza en la necesidad de descentralizar diferentes actividades, entre estas las capacitaciones.

Perspectiva sintetizó las preguntas que la moderadora de ASIES hizo a ambos candidatos y las presenta a sus lectores, a fin de que se formen una idea de las posiciones de quienes pueden dirigir un ente de importancia nacional, con incidencia en instituciones tan importantes como la Corte de Constitucionalidad (CC), las Salas de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Registro de Información Catastral, entre otras.

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Ovidio Orellana: «La defensa del agremiado»

¿Cuáles son los principales puntos de su propuesta?

La defensa del agremiado, basados en el sometimiento ante la ley. Pretendemos llevar a todo el país congresos jurídicos. La propuesta concreta es llevar el CANG a todo el país.

Elevar el nivel académico de los agremiados, gestionar maestrías y capacitaciones. Dignificar a los agremiados con un mejor sistema de pensiones y crear una comisión de Cultura y Deporte.

Asimismo, reposicionar al CANG en la vida nacional, retomar el prestigio del colegio. Pronunciarnos sobre ciertos temas sin favoritismos ni parcializaciones.

¿Cómo combatirán la apatía gremial?

Es necesario hacer sentir al gremio la presencia del CANG, que debe ser un motor permanente para motivar a los agremiados.

Lograr que cada abogado, notario y profesionales afines sientan que les interesa su colegio. Actualmente compiten tres planillas, antes eran hasta ocho. Esto muestra el poco interés en los profesionales.

Para recuperar el interés, el CANG debe estar a disposición del agremiado.

¿Cómo generar confianza en el gremio?

Con una gestión que implemente acciones a favor de la transparencia pero también que involucre a la asamblea en decisiones de importancia nacional y gremial, que deben tomarse sobre la base del voto de los asambleístas.

Vamos a trabajar con parámetros de austeridad, no solo a denunciar malos manejos.

¿Cómo abordarán sus posicionamientos ante la coyuntura?

El tema es general, no particular hacia una institución. Debemos ser objetivos y pronunciarnos con base en la ley. Si el CANG se adhiere a una tendencia, esto le impedirá hablar libremente.

¿Qué pasará si el convenio de la CICIG no finaliza en septiembre? Es importante orientar al país de una manera seria. Entre otros temas, están las comisiones de postulación de magistrados. El CANG necesita un candidato que no lleve tendencia, que sea imparcial.

No podemos pronunciarnos sobre la coyuntura en temas nacionales sin la voz de la asamblea, que es finalmente la que debe expresarse.

¿Cuáles son los mayores retos del CANG?

No hay cosa más triste que escuchar a un candidato subestimar al gremio. La asamblea tiene voz y voto. Ellos deben decidir sobre los temas relevantes.

El presidente del CANG y la Junta Directiva no deben tener una voz soberbia y cantante, ni hablar con medias tintas. No tengo miedo, vengo a trasladar la voz del agremiado.

El presidente del CANG no puede pronunciarse en nombre del CANG, no puede imponer su voluntad sobre la asamblea.

El principal reto que tenemos es llegar a todo agremiado. Trabajar fuertemente. EL CANG no es de su presidente, ni de la Junta Directiva.

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Stuardo Ralón: «Recuperar la voz institucional»

¿Cuáles son los principales puntos de su propuesta?

Somos una planilla balanceada, que incluye a mujeres y hombres provenientes de varias regiones del país. Buscamos recuperar la voz institucional, más allá de intereses particulares del gremio.

Este año es prioridad exigir al TSE elecciones libres. Que el Estado de Derecho se fortalezca y no haya favoritismo. Igualmente, con los nombramientos en las salas de apelaciones de la CSJ, donde no debe haber injerencia de grupos interesados.

Debemos pensar más allá de la defensa gremial. El CANG debe ser una voz con incidencia.

¿Cómo combatirán la apatía gremial?

Estadísticamente hay unos 30 mil colegiados. En realidad son unos 25 mil, de los que votan entre siete y ocho mil. El sentimiento general es que «ofrecen y no cumplen». Se ha perdido el rumbo, el listado de promesas incumplidas es largo y además, el CANG no opina.

Es necesario cambiar la dinámica, posicionarse presentando proyectos de ley, algo que hace mucho no hace el CANG. Buscando cooperación  con varias universidades, para temas de capacitación.

¿Cómo generar confianza en el gremio?

Hay que ordenar la casa. No está ordenada. Por ejemplo, no existe un directorio de leyes actualizados. Está claro que no está claro el manejo de los fondos.

En primer lugar hay que generar orden, en segundo, hacerlo público en el portal del CANG y para ordenar hay que saber detalladamente cuántas comisiones hay en el colegio, si trabajan, cuanto ganan.

¿Cómo abordarán sus posicionamientos ante la coyuntura?

La lucha contra la corrupción marca la coyuntura y está claro que el modelo de la ONU llamado CICIG finalizó. Es claro que en septiembre no se va a renovar.

La lucha contra la corrupción debe continuar, pero la ONU no es el camino. La CICIG es un experimento único en Guatemala, donde existen instituciones como el MP y el sector justicia. Somos los guatemaltecos los encargados de luchar contra la corrupción.

Debemos actuar fuera de agendas que no sean apegadas a la ética. En el mundo existen muchos modelos exitosos a los cuales podemos aferrarnos. No es labor de la ONU. Este será el principal tema de la coyuntura, entre marzo y septiembre.

¿Cuáles son los mayores retos del CANG?

El primero es la coyuntura nacional. El voto de confianza de la directiva del CANG le permite ser la voz delos agremiados. No podemos convocar a la asamblea para pronunciarnos por cualquier tema y finalmente emitir un pronunciamiento fuera de tiempo.

El CANG no puede quedarse callado. Lo peor que puede pasar es que termine la CICIG y no haya ninguna propuesta apegada a la ley.

¿Qué propuesta seria hay para después de septiembre? Lo peor es no hacer nada. Urge recuperar la voz del gremio. Es prudente llamar a la asamblea y salir a destiempo con un pronunciamiento, no una propuesta.

Pero el CANG es un grupo colegiado, que debe hacer propuestas. Ese es el reto. Propuestas para el país, no para favorecer a un sector.

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El viernes 25 de enero se realizará una audiencia en la que el dirigente empresarial Max Quirin solicitará medidas sustitutivas a su favor. Representantes de diferentes gremios empresariales, familiares de Quirin y abogados ofrecieron el 23 de enero una conferencia de prensa en la cual expresaron sus expectativas de que se cumplan las medidas a favor de Quirin.

Roxana Orantes Córdova

El director ejecutivo del Comité Coordinador de Cámaras Industriales, Comerciales, Agrícolas y Financieras (CACIF), Roberto Ardón, comentó que en el caso de Quirin no existe riesgo de fuga debido a que tiene probado arraigo en el país. “Que se continúe con el proceso, pero que se le de el beneficio de esperarlo en su casa, en el seno de su familia”, dijo.

Agregó que inicialmente se habían aprobado las medidas sustitutivas pero luego fueron denegadas, lo que es irregular. “La prisión preventiva no debiera durar más de un año. Es una garantía ciudadana”, expresó y añadió que el viernes se decidirá si se le espera.

“¿Qué gana el Ministerio Público con mantener a Quirin en la prisión?”, preguntó y añadió que el viernes el sistema judicial decidirá si otorgan esta medida al ex representante del sector empresarial ante la Junta Directiva del seguro social.

Ardón añadió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha divulgado informes en los que expresan su preocupación por el abuso de la prisión preventiva, que es una medida extrema que debe darse en casos donde existe peligro de la obstrucción de la justicia. “Es una oportunidad para que los jueces rectifiquen”, dijo.

El abogado Alberto Morales mencionó que la sentencia existente no es firme y está sujeta a revisión. Por su parte, Karla Caballeros, de la Cámara del Agro, explicó que la representación del gremio empresarial es una decisión que se toma con base en el historial y la honorabilidad del designado, tal como sucedió cuando Quirin fue designado para representar a los empresarios en la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

¿Quién es Max Quirin Schoder?

Productor y exportador de café con amplia trayectoria, su familia le confió dirigir ECOAGRO y AGROEXPORT. A los 33 años, presidió ANACAFÉ. Además, presidió la Junta Directiva de la Specialty Cofee Associaton of America (SCAA). En el sector público de Guatemala, fue miembro del Consejo Asesor de Seguridad, del Comité Ejecutivo del Pronacom; representó cuatro veces al sector empresarial ante la Junta Monetaria y ante la Junta Directiva del IGSS.

En situaciones críticas, como los huracanes Mitch y Stan, “fue uno de los primeros pilotos que, a pesar del clima, abrió un puente aéreo, cuando no había otras vías de comunicación”, dice el comunicado, que agrega: “gracias a su servicio y el ejemplo que dio a otros pilotos aviadores, fue posible hacerles llegar víveres a los afectados y atender a los heridos”.

Muchos de quienes lo conocen se expresan favorablemente de él. Entre ellos, José Luis Valdés O’ Conell, vicepresidente del grupo financiero BAM; Rolando Coy y Selvin Ampérez, trabajadores del beneficio de café en Cobán, coinciden en calificarlo como “excelente patrón y persona honesta”. Asimismo, Otto René Narciso, pequeño productor de café, lo define como “hombre de principios morales muy bien cimentados y trabajador de abolengo”.

Entre las declaraciones recopiladas en el comunicado que se expresan favorablemente sobre el empresario, se cuentan las del Obispo de Alta Verapaz, Rodolfo Valenzuela; Ric Rinhehart, director ejecutivo de SCAA; Richard Aitkenhead, ex ministro de Finanzas; Mery Santos, presidenta de la Alianza Internacional de Mujeres del Café y Lucky Rodríguez, quien trabajó con Max Quirin en ANACAFÉ.

¿De qué lo acusan?

Como miembro de la Junta Directiva del IGSS fue uno de los firmantes del contrato del servicio de diálisis para los enfermos renales crónicos. Era la primera vez que el seguro licitaba el servicio, en lugar de designar a determinada compañía, indica el comunicado, donde se añade que a Quirin le pareció congruente con la transparencia licitar el servicio.

La responsabilidad de la Junta Directiva era verificar el cumplimiento del procedimiento de compras. Según el comunicado, aunque cumplió cabalmente con esto, se le persiguió por fraude, “que significa haber realizado un engaño o actuado con dolo, con la intención de obtener un beneficio económico”.

El texto citado afirma que Quirin no obtuvo ningún beneficio y añade: “El MP admitió en los tribunales que ninguno de los miembros de la Junta Directiva del IGSS, incluyendo a Max Quirin, habían recibido algún beneficio económico por ese contrato”.

Además, se señala que el representante de la CICIG dijo en tribunales “que tampoco había causado ningún fraude patrimonial al IGSS o al Estado”. Aun así, señalan, “continuaron empujando el proceso”.

Por el caso señalado, el juez otorgó medida sustitutiva a Quirin, pero los acusadores retrasaron el proceso para mantenerlo en prisión e iniciaron “un segundo caso sin fundamento, para mantenerlo en prisión”. Esta segunda acusación señala supuestas anomalías en dos compras y un arrendamiento autorizados por la Junta Directiva del IGSS.

En el tiempo transcurrido, dos de los acusados en este caso fallecieron: los renombrados médicos Jesús Oliva y Raúl Castañeda, ambos fallecidos sin que se les otorgaran las medidas solicitadas.

Por los argumentos expuestos en el comunicado y la conferencia de prensa, el grupo de ciudadanos y empresarios que convocaron al acto, concluyen: “Es hora de enmendar. Es hora de actuar apegados al espíritu y los mandatos de la ley. Por eso, solicitamos al sistema de justicia que continúe este segundo caso con medida sustitutiva, con un arresto domiciliario, en cumplimiento total de la ley”.

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El 20 de junio, el Congreso de la República interpuso una denuncia penal contra el presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, a quien se señala de varios delitos. Diputados, analistas y el propio Marroquín, califican de improcedente la acción, a la vez que restan potestad y representatividad al presidente del Congreso. La acción se produce en un contexto de confrontación entre el Organismo Legislativo y grupos que se identifican como sociedad civil. Como contraparte, el abogado Raúl Falla expone que el Congreso actúa acertadamente.

Redacción

Entre los antecedentes de la denuncia penal se encuentra, en primer lugar, el recurso que Acción Ciudadana interpuso ante la Corte de Constitucionalidad (CC), para demandar una nueva elección de Junta Directiva, aduciendo que en esta había diputados tránsfugas. Según Marroquín, este acto originó la venganza del Presidente del Congreso en su contra.

A Marroquín se le acusa por los siguientes delitos: falsedad ideológica, uso de documentos falsificados, estafa propia, caso especial de estafa y lavado de dinero. La denuncia penal agrega que Marroquín fue nombrado presidente de la Junta Directiva y representante legal “por tiempo indefinido” en el año 2007.

Esto, señala la denuncia, transgrede los estatutos de esa organización, que en 2006 establecían que ambos cargos solamente podían ejercerse por un año. De acuerdo con esto, Marroquín habría cometido los delitos que se le imputan, señala la denuncia presentada al MP por tres abogados del Congreso: Rudy Federico Escobar Villagrán, Silvia Patricia Valiente Castro y Héctor Hernández Reyes.

Otro antecedente cercano que es necesario tomar en cuenta, son las continuas manifestaciones frente al Congreso. Más de una vez, algunos de los manifestantes han agredido a los legisladores. El caso más reciente es el de la diputada Patricia Sandoval, quien demandó ante la justicia a su agresor, un hombre que aparece constantemente en redes sociales, participando en manifestaciones y marchas contra el gobierno, aunque organizaciones civiles y la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), en cuyas fotos aparece más frecuentemente, niegan que sea miembro de algún grupo o directiva.

Reacciones ante la denuncia

La legisladora Alejandra Carrillo, quien había sido electa tercera vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, antes de que la CC ordenara repetir la elección como respuesta al recurso de Acción Ciudadana, se excusó de mencionar la reciente denuncia contra Marroquín, pero recordó: “por su recurso es que no soy parte de la Junta Directiva”.

Algunos diputados expresaron que la denuncia penal fue realizada por el Presidente del Congreso sin consultarles y afirmaron que no se sienten representados por la acción de Arzú. Al respecto, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso señala:

“Artículo 17. Jerarquía y funciones. El Presidente del Congreso de la República es el funcionario de más alta jerarquía del Organismo Legislativo, y como tal, ejerce la dirección, ejecución y representación de dicho Organismo”.

Consultado sobre el tema, Marroquín dijo: “es una denuncia sin sustento. Al analizarla con detalle, es evidente que se trata de una vendetta por nuestras acciones contra el transfuguismo, que dejaron sin jefatura de bloque a diez diputados”.

El diputado Amílcar Pop señala que con la denuncia, el Congreso manifiesta que se trata de un poder dividido internamente y al mismo tiempo, confrontado con la sociedad civil, cuyas organizaciones han logrado impactar en temas como la corrupción, el genocidio y la cooptación del Estado.

Como respuesta y como evidencia de una recomposición interna, dice Pop, los diputados intentan implantar una ley para controlar a las Organizaciones No Gubernamentales (Ongs) e implantar la censura a la libertad de expresión, en un contexto en el que se han cometido varios asesinatos contra activistas y dirigentes campesinos ante la pasividad del Estado, concluye.

La politóloga Celia Luna, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), afirma: “es preocupante que el Congreso señale a Manfredo Marroquín o a Acción Ciudadana. No le compete, puesto que no está en sus atribuciones, que son: representación, fiscalización y legislación”.

Según esta posición, es totalmente improcedente que un organismo del Estado denuncie penalmente al presidente de la Junta Directiva de Acción Ciudadana, puesto que si él estuviera transgrediendo la normativa interna o estatutos de esa organización, sería la propia organización o en cualquier caso, Transparencia Internacional, la apropiada para interponer la denuncia. Ello, porque Acción Ciudadana es el capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional hace 20 años.

En cuanto a la iniciativa de fiscalizar a las Ongs, Luna expresa su asombro por el desconocimiento de los legisladores sobre leyes vigentes, al emitir normativas nuevas. Según comenta, el ente rector de los financiamientos a las Ongs que reciben fondos del Estado, es la Secretaría General de Planificación (Segeplan), y cuando los recursos provienen del exterior, son los propios donantes los que fiscalizan.

¿Una denuncia necesaria?

El vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, Felipe Alejos, reafirmó lo ya expresado por Arzú en conferencia de prensa: la acción penal era una acción necesaria, puesto que de lo contrario, el Congreso hubiera caído en el delito de omisión de denuncia.

El abogado Raúl Falla coincide con la Junta Directiva del Congreso y afirma: “según entiendo, la representación de Manfredo Marroquín venció en 2007. Si esto es cierto, se vería imposibilitado de firmar convenios y contratos. Habría incurrido en los delitos que se le imputan. Un hecho que vale la pena mencionar es que Acción Ciudadana ha sido protagonista en casi todos los capítulos de la crisis social. Entre otros, accionó contra la Canciller Sandra Jovel. Es muy sencillo comprobar si Marroquín es realmente el representante legal de Acción Ciudadana. Basta con acudir al Registro de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación, donde tiene que constar esto”.

Puesto que Acción Ciudadana tiene convenios con varias entidades del Estado, incluyendo al Congreso, este puede ser considerado como entidad ofendida y como tal, tiene todo el derecho a accionar y cuenta con personalidad jurídica. Basta recordar el caso de MDF y la estafa de Q80 millones, donde el legislativo fue querellante, recuerda Falla.

“Siempre existe un pelo en la sopa” y en este caso, el hecho que puede empañar la acción del Congreso es que la denuncia penal fue interpuesta por el abogado Rudy Federico Escobar Villagrán, mandatario judicial del Congreso y quien en 2015 fue uno de los ocho capturados por el caso conocido como “plazas fantasma”.

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