Con el fin de generar un espacio de análisis técnico y constructivo en relación con la Ley de Competencia, AmCham Guatemala organizó el evento “Ley de Competencia: avances en el proceso de nominación y desafíos para su puesta en marcha”.

Redacción Perspectiva

En este conversatorio participaron diputados del Congreso de la República, autoridades del Banco de Guatemala y expertos del sector privado, quienes discutieron los desafíos del proceso de nominación y los ajustes necesarios para una implementación eficaz de la ley.

El evento destacó tres ideas principales:

• Es crucial la adecuada conformación del primer Directorio y la continuidad de un proceso de nominación transparente. Esto determinará el carácter institucional e independencia de la nueva Superintendencia en sus primeros años.
• Las modificaciones a la Ley de Competencia deben ser específicas, técnicas y enfocadas en resolver inconsistencias o vacíos legales que obstaculicen su aplicación. Los cambios sustanciales deberían considerarse en una etapa posterior y con un ecosistema de competencia más consolidado.
• La colaboración entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil es fundamental para desarrollar un entorno de competencia dinámico, basado en la confianza, el fortalecimiento de las capacidades de los actores privados y públicos, y la comunicación constante.

AmCham Guatemala reitera su compromiso de continuar impulsando foros de diálogo técnico e independiente, que aporten al fortalecimiento institucional, el estado de derecho y el ambiente de negocios del país.

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Finalmente, se aprobó una ley de competencia (LDC) en noviembre de 2024. Este acontecimiento fue motivo de mucha celebración en Guatemala, y en línea con las recomendaciones de muchas organizaciones internacionales, como el FMI (Fondo Monetario Internacional). 

Por Nicholas Virzi

“El rol de los abogados en la política guatemalteca ha sido fuertemente criticado, incluso por expertos que apoyan la ley de competencia recientemente aprobada.”

En su informe sobre Guatemala publicado en agosto de este año, el FMI hizo varias recomendaciones clave, entre ellas la aprobación de una LDC que integrara aspectos relacionados con la inversión. 

El FMI también recomendó un plan nacional anticorrupción con cronogramas e indicadores de desempeño. Además, el FMI señaló que era crucial fortalecer las leyes contra el lavado de dinero y mejorar la mejor comunicación con los contribuyentes para promover un entorno económico y político más transparente.

Cumpliendo con la recomendación del FMI, y otras entidades extranjeras (Departamento de Estado de EEUU, USAID, UE, CEPAL), el Congreso de Guatemala aprobó por la noche el 20 noviembre, de urgencia nacional, una ley de competencia. 

Desde hace muchos años se venía proponiendo una LDC para Guatemala. Un papel clave lo jugó Rubén Morales Monroy, ex ministro de economía bajo dos gobiernos, de distintas orientaciones políticas. En entrevista privada, Morales dijo:

«Trabajamos el proyecto de Ley de Competencia que se convirtió en la Iniciativa 5074, con el objetivo de promover la eficiencia económica del país. En 2016, lo entregamos a las autoridades del Congreso. Cumplimos con varios objetivos: los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, pero también con la idea que llevábamos de mejorar la libertad de los mercados en Guatemala.”

Pese a las celebraciones por la aprobación de la LDC, no quedó claro como esta integraría aspectos relacionados con la inversión, como había recomendado el FMI. 

Vale conocer el contexto en el que se aprobó la LDC. Una semana después de la aprobación de la LDC, el Congreso aprobó a primeras horas, también por urgencia nacional, el presupuesto general para 2025. Este presupuesto incrementa sustancialmente el gasto público, el déficit fiscal, la deuda pública y los salarios de los congresistas. 

La aprobación de leyes, de una manera poco transparente, sin mayor comunicación con los contribuyentes, no cumple con las recomendaciones del FMI. Por eso mismo, la aprobación del presupuesto ocasionó críticas desde muchos medios (Prensa Libre, RepúblicaGT, La Hora, PerspectivaGT) por muchas razones, incluyendo el aumento salarial para los diputados. (CIEN) 

No se puede negar que los logros legislativos del partido del gobierno (LDC y presupuesto) en su primer año en el poder han sido significativos. De los 160 diputados en total, 23 son del Movimiento Semilla. Constituye una formidable presencia en el Congreso, pero sin números dominantes. ¿Sin aplanadora en el Congreso, como fue que lograron la Ley de Competencia?

Gustavo Berganza, Director de DOSES (Asociación Desarrollo, Organización, Servicios y Estudios Socioculturales) opinó en X, implicando que fue un especie de política transaccional clásica:

“Hay que hacer una evaluación seria de costos y beneficios que deja la ley de ganadería como moneda de cambio para apoyar la ley de competencia. Pero no solo económicos, también políticos y sociales. ¿supone esto un atentado a la moral tributaria? ¿da ventajas al crimen organizado?”

Con “la ley de ganadería” Berganza se refería al Decreto 31-2024, la “Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario”, que fue aprobada por urgencia nacional el 19 de noviembre. Dicha transacción política ocasionó críticas desde otras bases afines al Movimiento Semilla, por riesgos de lavado de dinero, como se reportó en varios medios  como República, Prensa Libre, entre otros. En Plaza Pública, Ricardo Barrientos, ex viceministro de transparencia y evaluación fiscal en el Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, se expresó:

“Presidente Arévalo, esta nueva ley ganadera, el Decreto 31-2024 es injusta, antitécnica y peligrosa porque legaliza el lavado de dinero. Por favor, vétela”.

Independientemente de los méritos de la LDC, difícilmente se podrá decir que cumple con el último paquete de recomendaciones que hizo el FMI. Entre los distintos factores de posible incumplimiento se podrían mencionar los siguientes:

• La LDC aprobada no se enfoca en la inversión, tanto nacional como extranjera
• No hay plan nacional anticorrupción con cronogramas e indicadores de desempeño
• No se cumplió con la recomendación de mejorar la comunicación con los contribuyentes, por su aprobación por urgencia nacional con poca comunicación sobre los tratos que fueron necesarios para su aprobación
• Se podría facilitar el lavado de dinero

La recién aprobada LDC de Guatemala da mucho poder a abogados para decidir si la conducta empresarial es la correcta o no, en un país que el Banco Mundial califica con notas bajas en temas de imperio de la ley, eficiencia gubernamental, control de corrupción, y calidad regulatoria. 

A final de cuentas, serán abogados que determinarán las calificaciones de Guatemala en los pilares de gobernanza. El rol de los abogados en la política guatemalteca ha sido fuertemente criticado, incluso por expertos que apoyan la ley de competencia recientemente aprobada:

“Los abogados han hecho un daño irreparable a la política de Guatemala. Hay que sacarlos pero ya.”

La nueva ley de competencia no solo no saca a los abogados de la política y economía de Guatemala, los mete con más fuerza que nunca. Las empresas más afectadas serán las pequeñas y medianas que carecen de los recursos y contactos para asegurar que están en cumplimiento con una ley de competencia basada en conceptos clave muy ambiguos. 

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Es de conocimiento público que Guatemala era uno de los pocos países latinoamericanos que no tenía una Ley de Competencia, ya solo queda Cuba con este pendiente en la región. Pero pocos saben que desde la constitución promulgada en 1945 se dejó regulada la prohibición del establecimiento de monopolios y el funcionamiento de empresas que absorban la producción nacional en detrimento de la economía nacional, incluso se estableció que en el futuro una ley regularía lo relacionado a esta materia. Por supuesto, dicha ley nunca se aprobó.

Por Elmer Vargas
Gerente del área corporativa en EY Law Guatemala

En la constitución de 1985, en su artículo 130, se estableció que “El Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber, en perjuicio de la economía nacional, la producción en uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria”. Y si, también indicó que una ley determinará lo relativo a esta materia. Esta ley, tampoco fue aprobado por el Congreso hasta ahora, casi 40 años después.

Evidentemente la no regulación de la competencia en la economía nacional era de esperarse en un país como Guatemala, con alta concentración de riqueza y con uno de los índices de desigualdad más altos de la región. La aprobación de esta ley marca un hito importante hacia la modernización del estado de Guatemala, permitiendo que haya reglas claras para evitar los abusos de algunos y permitiendo que todos los agentes económicos puedan realizar sus actividades bajo las mismas reglas.

Pero ¿porque es necesario que exista una ley de competencia?  Retrocedamos un poco en el tiempo: En la segunda mitad del siglo 19, surgió en Estados Unidos la práctica de constituir carteles que operaban por todo el país, tenían como objeto fijar precios artificialmente y dividirse los mercados, esto produjo un gran descontento en el público, aunado a que el gobierno no tenía los elementos jurídicos para controlar dicha situación provocó una crisis de escala nacional.

El caso más emblemático es el de la Standard Oil Company, propiedad del magnate John D. Rockefeller, conocida como una de las empresas que más amenazó al libre mercado. Todo inició cuando se fundó la compañía en 1870 en Cleveland, Ohio, que terminaría monopolizando todo el mercado del petróleo en Estados Unidos.  

 La compañía creció y fue comprando de una en una a las empresas competidoras, el problema fue que muchas de ellas fueron cerradas después de su adquisición, demostrando que fueron compradas únicamente para retirarlas del mercado. Con el tiempo la compañía fue realizando acuerdos con compañías ferroviarias para el transporte de sus productos, sin embargo, era tanto su poder económico que presionó a las compañías ferroviarias a otorgarle descuentos tan significativos que hizo imposible cualquier competencia de empresas más pequeñas pues estás debían pagar una tarifa muy superior para el trasporte de sus productos.

En un principio, esto fue bien recibido por el público pues se consiguió abaratar los costos del combustible. Sin embargo, la compañía fue concentrando la producción, la distribución y comercialización de sus productos constituyéndose en un monopolio que controlaba casi la totalidad del mercado de combustibles a nivel nacional, eso hizo a Rockefeller la persona más rica del mundo.

Luego de años de juicios la justicia estadounidense declaró la existencia de un monopolio y la realización de acciones anticompetitivas para eliminar a sus competidores y ordenó dividir la compañía en varias más pequeñas, algunas que aún subsisten a la fecha, tales como ExxonMobil, Conoco Phillips, Chevron y muchas otras más pequeñas.

En cualquier economía moderna el estado tiene el deber de procurar la protección de la libre competencia en interés de todos los que participan en el mercado, tanto consumidores como empresarios, evitando abusos que tiendan a limitar el derecho de otros actores económicos que deseen participar en el mercado, de esta forma se hace necesario contar con una herramienta legal que permita al estado regular la economía para evitar abusos.

Muchos expertos tienen una opinión positiva de la ley aprobada por el Congreso de la República recientemente, pues después de muchos años de debate se ha logrado una ley que cumple con una serie de estándares internacionales, como su autonomía, que no excluye industrias importantes en su competencia, que cuenta con recursos propios y que sus directivos sean nombrados en base a méritos obtenidos, entre otros.

La ley principalmente prohíbe las prácticas anticompetitivas, estas pueden ser absolutas o relativas, dentro de las absolutas podemos encontrar la fijación de precios, la división de los mercados en segmentos entre agentes económicos para repartírselos, fijar o restringir intencionalmente la producción nacional de productos o insumos en detrimentos de otros agentes económicos o de la economía nacional y concertase para ofertar en contrataciones públicas y con ello obtener ventajas sobre los demás.

Entre las prácticas anticompetitivas relativas encontramos la imposición de precios, la venta o compra bajo condición de no adquirir o vender productos de terceros, la venta por debajo del costo o la denegación de acceso a un insumo esencial con el objeto de evitar la entrada de una empresa al mercado, entre otras.

Se regulan las sanciones que pueden ser de entre 100 y 200 mil salarios mínimos diarios, aunque estas serían aplicables después de dos años de la publicación de la ley; por ahora la ley debe cobrar vigencia luego de un proceso de sanción por parte del Presidente de la República y en su primera fase de vigencia deberá fortalecerse la base institucional, debiendo  crearse la Superintendencia de Competencia, su reglamento e iniciar con la educación social que permita la promoción de la libre competencia.  

Guatemala tiene ahora la oportunidad de avanzar desde el punto de vista económico, pues en una economía de mercado como la nuestra es de vital importancia que existan reglas claras que no limiten la participación de nuevos agentes económicos en los diferentes mercados.  

Información de contacto: https://www.ey.com/es_gt  

SOBRE EL AUTOR

Abogado, actualmente es gerente del área corporativa en EY Law Guatemala, cuenta con más de 20 años de experiencia, es egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuenta con estudios de Maestría de Derecho Corporativo de la Universidad Rafael Landívar, además de post grados en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Civil. Se ha enfocado en la atención de clientes con presencia nacional y regional, especializado principalmente en las industrias de consumo, farmacéutica e inmobiliaria.

Nota: Las ideas y pensamientos expuestos en este texto son responsabilidad de su autor y no representan la opinión de este medio.

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Con 122 votos, el Congreso de la República aprobó de Urgencia Nacional el Decreto 32-2024, Ley de Competencia, la cual busca dar apertura a mercados, promover y defender la libre competencia, así como prevenir, investigar, combatir y sancionar las prácticas anticompetitivas.

Redacción Perspectiva

Cabe mencionar que,  el pleno aprobó la ley después de ocho años de haberse presentado por primera vez como iniciativa. Conscientes de la importancia de proteger y elevar el bienestar del consumidor mediante la defensa de la libre competencia en los mercados de bienes y servicios. Puedes ver los votos de los legisladores en el siguiente enlace: https://www.congreso.gob.gt/detalle_de_votacion/48907/41242

La nueva Ley promueve el derecho a la competencia, donde se garantice que exista variedad de oferentes y demandantes, con el fin de evitar que el mercado sea controlado por monopolios y con esto se domine el mercado, creando así un alza en los precios y menor calidad en productos.

Considerando que la competencia y eficiencia económica son principios rectores de toda economía en el país y reconociendo la necesidad de lograr que sea más competitiva y eficiente, promoviendo así la transparencia de los mercados y la integridad de los consumidores.

Con esta Ley queda prohibido la disminución de precios por debajo de los costos cuando tengan por objetivo eliminar uno o varios competidores o prevenir la entrada o expansión de estos en el territorio nacional. Asimismo, condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes, donde el consumidor o proveedor se vea en una situación desventajosa frente a otro consumidor o proveedor.

Declaraciones Junta Directiva del Congreso, aprobación #LeyDeCompetencia https://t.co/ssyzOYKTB3

— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) November 20, 2024

El Artículo 18 establece que se creará la Superintendencia de Competencia con el fin de promover y defender la libre competencia, así como prevenir, investigar y sancionar prácticas anticompetitivas. La instancia debe velar porque el consumidor tenga acceso a variedad de opciones y precios razonables y que el productor pueda decidir libremente sus proveedores.

Además, se crea la Comisión de Competencia, como una entidad perteneciente al Ministerio de Economía (Mineco), que gozará de autonomía funcional y técnica para ejercer sus funciones. Será encargada de imponer multas y adoptará decisiones administrativas por infracción a las disposiciones de competencia.

También, se integra un Directorio conformado por tres directores titulares, uno nombrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, el segundo por el Pleno del Congreso de la República y el tercero nombrado por la Junta Monetaria (JM).

El Directorio será encargado de elaborar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Comisión de la Competencia, para que el Mineco proceda a su respectiva aprobación. Así también, debe velar por el pleno respeto a las garantías constitucionales y legales de los investigados, para resolver y sancionar las infracciones a la Ley.

El Artículo 39 establece que las multas serán equivalentes entre Q1 mil hasta Q20 mil salarios mínimos diarios no agrícolas, tomando en cuenta el grado de gravedad y duración del acto de infracción, la reincidencia en la realización de conductas prohibidas, debiendo fijar un plazo razonable para el pago de la multa.

De igual forma, serán sancionados todos aquellos denunciantes que sus peticiones o denuncias sean falsas o improcedentes. En caso de no cumplir con las multas en los plazos establecidos, se generarán intereses calculados con base en el promedio ponderado de las tasas activas de los bancos del sistema.

Con información de Congreso.gob.gt

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Durante el Foro «Ley de Competencia en Acción: La Experiencia Centroamericana», se abordaron temas que van desde la importancia de garantizar una competencia leal y el libre mercado, así como la prevención y el control de las prácticas anticompetitivas.

Redacción Perspectiva
En el evento, organizado por el Ministerio de Economía a través de la Dirección de Promoción de la Competencia, compartieron conocimientos y las mejores prácticas sobre los beneficios de las leyes de competencia en vigor en sus países y afirmaron que constituyen la herramienta de política económica que utilizan para brindar certeza jurídica y protección a empresas y consumidores.

Las experiencias expuestas por los países de Centroamérica muestran claramente que no sólo es beneficioso tener una Ley de Competencia, sino que es esencial para garantizar un mercado libre y competitivo. 

Viceministro de Inversión y Competencia #AntonioRomero comenta sobre el foro de Ley de Competencia en Acción, experiencia centroamericana. pic.twitter.com/Ep0z1exml6

— Ministerio Economía (@MINECOGT) July 30, 2024

El foro constituyó una plataforma para impulsar e incentivar la aprobación de una ley de competencia, actualmente se encuentra en discusión la iniciativa 5074 en el Congreso de la República. La aprobación de esta ley representará un importante paso para alinear a Guatemala con las mejores prácticas internacionales y promoverá una economía dinámica, transparente e inclusiva, con beneficios significativos para los consumidores.

“Una ley de competencia no sólo promueve la eficiencia económica, sino que también protege directamente a los consumidores, asegurando que tengan acceso a una variedad de opciones y precios razonables. Muchas empresas radicadas en Guatemala operan exitosamente bajo estas condiciones en otros países.  Esto demuestra que podrían operar de igual forma con una ley de competencia en Guatemala, asegurando de esa manera un terreno de juego equitativo para todas las empresas”, concluyó el viceministro de Inversión y Competencia, Antonio Romero.

Además del viceministro Romero y Jorge Miguel Castillo Castro, Director de Promoción a la Competencia del MINECO, en el foro también participaron Gerardo Henríquez, Superintendente de la Superintendencia de Competencia de El Salvador; Guillermo Rojas e Isaura Guillen, Presidente y Comisionada de la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) de Costa Rica, respectivamente; 

También estuvo presente Arturo Ochoa, director de la Comisión para la Defensa y Promoción a la Competencia de Honduras; Jovany Morales, Jefe del Departamento de Análisis y Estudio de Mercado de Panamá; Ludwing Antonio Llamas Alvarez, Coordinador de la Comisión Académica de Investigación Científica del Colegio de Ciencias Económicas de Guatemala; Mario Rodolfo Salazar Escobar, Jefe de Gabinete de SIECA. 

SOBRE LA LEY DE COMPETENCIA
La Ley de Competencia  tiene como objetivo promover y defender la libre competencia, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir y sancionar las prácticas anticompetitivas.

Entre los aspectos que contiene el proyecto, identificado con la nomenclatura 5074, figuran acciones para erradicar prácticas desleales. Asimismo, contempla la prohibición de monopolios y criterios para el establecimiento de concentraciones económicas.

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Guatemala se encuentra bajo asedio por el tema de ley de competencia. Independientemente de los méritos que podría tener o no dicha ley, países que se destacan por la enorme influencia política y poder económico que tienen sus corporaciones multinacionales han llegado a Guatemala para dar instrucciones sobre como mejorar el funcionamiento de los mercados locales.

Por Nicholas Virzi

Antes de aprobar a la carrera una ley de competencia, se debe de tomar en cuenta varios factores. Por ejemplo, se debe de considerar la etapa de desarrollo que en la que se encuentra Guatemala. Estados Unidos fue el el primer país en pasar una ley de competencia de referencia, y solo lo hizo cuando ya tenía un PIB per cápita más alto que Europa. Guatemala es un país que tiene altos niveles de pobreza, un problema que solo se soluciona con mayor crecimiento económico. Para entrar en una senda sostenida de crecimiento económico alto, las grandes empresas de Guatemala se tendrán que volver más grandes.

Dicho eso, una ley de competencia bien escrita no sería el fin del mundo para las grandes empresas, pero una ley de competencia mal escrita si podría terminar en dañar los intereses de todos, de los empresarios y finalmente de los consumidores.

Por voluntad política externa, Guatemala va pasar una ley de competencia en el corto plazo. Por eso mismo se debe afrontar la realidad del país. Guatemala en este momento no cuenta con la pericia colectiva entre los jueces, abogados y economistas que estarían analizando los casos en los que se alegan incumplimiento con las reglas de competencia que se pretenden imponer, ni mucho menos para poblar una superintendencia de competencia como la que se pretende crear.

Es un tremendo problema que no se ha empezado ni terminado de abordar

Si se quiere implantar un régimen de competencia técnico y apolítico, se necesitarán años para formar un cuerpo de expertos en derecho y economía de competencia. También para capacitar a los jueces que van a analizar los casos donde se alegarían incumplimiento con el régimen de competencia propuesto. Para minimizar la discrecionalidad y evitar abusos en la aplicación de la ley de competencia, se tendrá que formar cuadros en el tema de competencia. Esta formación no se debería de enfocar únicamente en temas de derecho, sino también en temas de economía, específicamente en temas de microeconomía avanzada. A final de cuentas, es de esta última disciplina que nacen los conceptos clave que inspiran las leyes de competencia, incluyendo la iniciativa 5074 que el Congreso hoy contempla.

Esto va a ser una tarea gigante y complicada. En la región, se tiende a ver al tema de competencia como un tema de derecho, donde un cartel de abogados pretenderá decidir sobre las bondades de las prácticas empresariales. Eso sería lo peor para una economía de mercado. La inspiración y el fin de una LDC es maximizar el bienestar del consumidor, como la misma iniciativa 5074 admite en sus considerandos. La ley de competencia que se está considerando se basa e inspira en un concepto eminentemente económico, no legal.

El punto es este. Si se aprueba una ley de competencia a la carrera, de inmediato Guatemala se enfrentará ante una realidad incomoda. Guatemala no cuenta con el cuadro de expertos en temas de competencia que la misma ley va a requerir para su implementación. En adición, se tendrá que excluir a los pocos expertos que tenemos en materia de competencia que participaron en la escritura de la ley de competencia de ser directores de las entidades regulatorias que ellos mismos ayudaron a crear y diseñar. No pueden ser juez y parte en la resolución de casos donde se disputan una ley que ellos mismos escribieron.

Vamos a tener que formar a expertos para implementar una ley de competencia. Economistas van a tener que aprender de leyes, y abogados van a tener que aprender de economía. Ojo, hay una gran asimetría ahí. Cualquier economista sabe leer, pero no cualquier abogado sabe de economía, y generalmente no cuentan con las competencias previas para siquiera leer documentos publicados por economistas.

Una cosa es capacitar a economistas en conceptos básicos de derecho, pero será más difícil capacitar a abogados en microeconomía avanzada. Esto último requiere la dominación de la rigurosa modelación formal acostumbrada en la microeconomía, así como matemática avanzada, teoría de juegos, etc. En fin, se necesitará enseñar un conjunto de competencias que podrían ser difíciles para muchos abogados adquirir.

Conviene postergar la entrada en vigencia de una ley de competencia. Esto para dar tiempo para formar los cuadros de expertos que la misma ley va a requerir. De no hacerlo, Guatemala sufrirá las consecuencias económicas de la incertidumbre jurídica.

Si se pasa una ley de competencia en Guatemala sin considerar sus faltas institucionales, lejos de mejorar la eficiencia de los mercados en pro del consumidor, terminaremos en un relajo económico-político-legal que espantará la inversión, la innovación, la creación de empleo. Todo esto en detrimento del bienestar del consumidor.

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El tema de ley de competencia (LDC) ha cobrado particular importancia en Guatemala este año. Actualmente, en el Congreso se contemplan varias versiones de LDC, como la 6204 y la 5074. Hay muchas expectativas y discusión acerca de estas dos iniciativas, y se quiere levantar una gran presión para pasar una LDC este año. Sin embargo, es razonable cuestionar si cualquiera de estas dos iniciativas tiene probabilidades altas de ser aprobada este año, dado que otro actor relevante ha entrado en la jugada en el tema de LDC en Guatemala.

Por Nicholas Virzi

Ese otro actor es el gobierno de EEUU, este año se espera la escritura de otra iniciativa de LDC que el gobierno de EEUU ha mandado a escribir para Guatemala a través de su agencia de cooperación internacional USAID, por medio de una consultoría. Esta consultoría sería acompañada de otra consultoría de USAID para manejar la estrategia de comunicación para la LDC cuya escritura el gobierno de EEUU está pagando para aplicarse en Guatemala. Las dos consultorías se gestionan por la misma firma contratista de USAID, Palladium.

Palladium es una de las 7 firmas que repartirán entre ellas casi $800 millones del total de los fondos asignados por USAID para Centroamérica para los próximos 5 años bajo un particular acuerdo. Bajo este acuerdo, USAID adquirirá una gama de servicios para abordar varios objetivos clave, y estos $800 millones se repartirán entre 7 firmas dominantes en el mercado de captación de fondos de USAID. Los objetivos clave identificados por USAID incluyen combatir la inseguridad económica y promover oportunidades económicas, entre tantos otros temas.

Dado que EEUU ya mandó a escribir una nueva LDC para Guatemala, no queda al todo claro la razón por la que los diputados del Congreso de Guatemala se apresuran en analizar nuevamente sus distintas versiones de una LDC para Guatemala para su aprobación este año. El Congreso de Guatemala no va a pasar ninguna iniciativa de LDC cuando EEUU haya pedido escribir otra iniciativa de LDC. EEUU no pagaría por escribir una LDC para Guatemala si ese escenario tan solo fuera posible.

La señal es clara, ninguna de las versiones que contempla el Congreso de la República de Guatemala satisface al gobierno actual de EEUU. La expectativa de entrada razonable es que la versión de LDC que EEUU ha mandado a publicar y promocionar mediáticamente será la que los Diputados de la República le darán prioridad este año.

¿No sería mejor esperar para poder analizar todas las iniciativas de LDC conjuntamente? ¿Las producidas por el Congreso de Guatemala y la que el gobierno de EEUU ha mandado a escribir para que el Congreso de Guatemala apruebe?

En cierto sentido, es bueno que EEUU se imponga en el tema de LDC para Guatemala. De todos los países desarrollados, EEUU goza de las mejores LDC para Guatemala, un país en vías de desarrollo. Es importante hacer esa calificación, porque ningún país hoy desarrollado se desarrolló con base a LDC. Ni siquiera las tenían cuando pasaban su camino al desarrollo.

En EEUU no existe una Autoridad de Competencia (ADC) como la que contemplan en Guatemala. Una entidad administrativa, autónoma, con poder de sanción, y el incentivo de vivir de las multas que impone. Las “ADC” en EEUU pueden investigar y recomendar acciones bajo la tradición de competencia en EEUU, cuando una empresa es acusada por violar las LDC, el gobierno lleva la carga de la prueba, tiene que mostrar daños concretos y no puede castigar conducta empresarial eficiente que a final de cuentas beneficia al consumidor.

Son lecciones valiosas, no hay que reinventar la rueda, siempre se deben aprovechar las lecciones aprendidas. Si Guatemala se va a desarrollar, debería seguir los ejemplos que han dejado los países desarrollados, lo que hicieron en su camino al desarrollo. EEUU es un buen ejemplo a seguir, tanto en la manera que logró su desarrollo, así como en materia de LDC.

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En un esfuerzo por fomentar la conciencia sobre la competencia y la protección al consumidor, el Ministerio de Economía inauguró el evento «Importancia de la Competencia y la Protección al Consumidor para Generar Bienestar y Crecimiento Económico», bajo la dirección de la Ministra de Economía, Luz Pérez.

Redacción Perspectiva

El foro, organizado por la Dirección de Promoción a la Competencia del Ministerio de Economía, contó con la participación de conferencistas tanto nacionales como internacionales, congregando a cerca de 190 personas, entre estudiantes, profesores universitarios, empresarios y funcionarios gubernamentales.

En su intervención, la Ministra Pérez destacó la relevancia del foro para el Ministerio, pues expertos en economía compartieron perspectivas sobre libre competencia y protección al consumidor, factores esenciales para una economía resiliente en el mundo actualmente globalizado.

«Es crucial mantenerse actualizado en las corrientes económicas dinámicas», enfatizó la Ministra Pérez, subrayando que el evento brindó la oportunidad de explorar nuevas estructuras y conceptos actualizados en relación con la competencia.

Pérez también señaló la existencia de conductas que perjudican la libre competencia y, en consecuencia, afectan a los consumidores y los mercados. En este contexto, resaltó la importancia de desarrollar normativas que prevengan o corrijan distorsiones en la competencia derivadas de prácticas anticompetitivas.

La Ministra anunció que el Gobierno presentó ante el Congreso de la República la iniciativa 6204, Ley de Competencia, destacando su importancia en la protección y promoción de consumidores y agentes económicos, enmarcando un crecimiento económico sostenible a largo plazo.

El evento contó con destacados conferencistas, entre ellos María Isabel Salazar Urrutia, Jorge Miguel Castillo, Ernesto Chávez, José Andrés Ardón, Francisco Javier Núñez y Mauro Cabrera. Cada uno compartió sus perspectivas sobre temas como normativa laboral, la relación entre competencia y crecimiento económico, la experiencia de México con la Ley de Competencia y los derechos de los consumidores.

Este foro se erige como un paso hacia adelante en la promoción de una economía competitiva y la protección de los derechos de los consumidores en Guatemala.

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World Compliance Association (WCA), promueve evento de Compliance y reafirma su compromiso con la libre competencia. El evento reunió a expertos en el área, para profundizar en el estado actual del proyecto de ley de Competencia en Guatemala.

Redacción Perspectiva

Con el objetivo claro de generar desarrollo en las comunidades se realizó el Encuentro Compliance: Ley de Competencia para Guatemala: Oportunidades y Desafíos.

El evento se enfocó en los retos que enfrenta el país en materia de ley de competencia y cuáles son los beneficios de contar con un marco legal adecuado que contribuya a la eficiencia económica de los mercados y al bienestar del consumidor.

“En WCA estamos seguros de la necesidad que existe en Guatemala de implementar un sistema que apoye a los grandes, medianas y pequeñas empresas. Para ello, es importante que tanto el sector privado como el público trabajen en conjunto para lograr un ambiente competitivo transparente y justo, y así, promover una cultura de ética, donde la competencia genere innovación, mejores precios y mayor calidad», señaló Zoltán Rodas Moys, presidente del Capítulo Guatemala de la WCA.

«Esto será posible, a través de Programas de Compliance que prevengan prácticas anticompetitivas que frenen el desarrollo de estos lugares” agregó Rodas Moys.

Desde el 2020, la WCA creó el Capítulo Guatemala, el cual surge de la necesidad de brindar al país una organización comprometida a difundir una cultura de cumplimiento, ética y transparencia, con el objetivo de fomentar confianza, credibilidad y certeza jurídica en todas las actividades.

Durante este encuentro, la asociación apoyó en el análisis del Proyecto de Ley en el Congreso, destacando los aspectos positivos, pero también señalando las oportunidades de mejoras para constituirse en una normativa modelo en la región, y que permita dar certeza jurídica a los diferentes agentes económicos.

La libre competencia como la ruta para el desarrollo CMI continúa invirtiendo económicamente en las comunidades donde tiene presencia, lo cual les ha permitido aprender y demostrar que son una corporación con espíritu de competir. Además, resaltan la importancia que Guatemala tenga una legislación adecuada en este tema que impulse el desarrollo económico y promueva la generación de empleos, a través de un ambiente sano de competencia.

“Nuestro compromiso es continuar promoviendo la implementación de mejores prácticas de
transparencia y de cumplimiento, siendo la Libre Competencia parte de este esfuerzo. Por lo que, uno de los principales enfoques del área de Riesgo y Cumplimiento es la capacitación constante a nuestros líderes, colaboradores y sobre todo a nuestras áreas comerciales en la importancia de promover y velar por ambientes que impulsen la libre competencia en todas las geografías donde CMI opera.”, comentó Mónica Leal, directora de Riesgo y Cumplimiento de CMI.

Cabe resaltar que la corporación realiza capacitaciones que promueven la Cero Tolerancia al
incumplimiento de sus valores, políticas y legislaciones con el objetivo de generar un ambiente
competitivo transparente y sano. Además, desarrollan normativas internas que regulan el
relacionamiento con stakeholders en temas de competencia.

“Como ciudadanos responsables, íntegros y transparentes, en CMI siempre promovemos que existan condiciones necesarias para el desarrollo de nuevos mercados libres y transparentes porque esa es la única forma que existe para que todos podamos crecer juntos.”, cerró Leal.

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El Ministro de Economía, Rubén Morales, el 11 de mayo de 2016, hizo entrega a Diputados al Congreso de la República la propuesta de anteproyecto de Ley de Competencia; la cual se convirtió en la Iniciativa No.5074 que pasará ahora al Pleno del Congreso para su aprobación.

Esta iniciativa de Ley busca promover la eficiencia económica del país, mediante el desarrollo de una mayor competencia entre los agentes económicos.

La iniciativa 5074, es la quinta propuesta que desde 2001 se ha presentado al Congreso. Todas las iniciativas buscaban generar las condiciones adecuadas para que el país fuera más competitivo a nivel interno y externo, resultado de una dinámica de apertura comercial iniciado en los años 90.

El anteproyecto de Ley de Competencia es producto de consultorías contratadas por el Ministerio de Economía en 2015, las cuales revisaron las mejores prácticas internacionales sobre el tema y de un proceso de adecuación a la realidad guatemalteca que derivó en la propuesta presentada por el Ministro de Economía.

En 2016 dicho proyecto se sometió a un proceso de diálogo y socialización con diferentes actores y sectores, en  el ámbito nacional e internacional, mediante 3 audiencias públicas organizadas por la Comisión de Economía del Congreso, foros y talleres organizados por el Ministerio de Economía y otras entidades privadas. En estos eventos participaron representantes de más de 28 instituciones del sector productivo, academia, entidades reguladoras e instituciones centralizadas y descentralizadas de todo el sector público, quienes realizaron sus aportes y recomendaciones las cuales han sido consideradas en el documento final.

Además, la iniciativa contó con la retroalimentación de organismos regionales e internacionales entre ellos la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL- y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés) además de expertos y autoridades de Competencia de Estados Unidos, México, Perú, España, Panamá, El Salvador.

El Ministro de Economía, Rubén Morales, expresó que “la ley de competencia es un instrumento indispensable en toda economía de mercado, su objetivo es promover mayor eficiencia en los procesos de producción y mejorar las opciones para el consumidor”. Agregó que “en el Ministerio estamos satisfechos con el dictamen de la Comisión, pues es fruto del arduo trabajo interinstitucional y técnico entre el Ejecutivo y el Legislativo en un ambiente en el que se respetaron los principios técnicos del proyecto inicial”.  “Reconocemos que el proceso de diálogo y discusión fue enriquecedor y permitió incorporar aspectos para mejorar un proyecto que será fundamental para el desarrollo económico del país”, concluyó el Ministro Morales.

La iniciativa otorga a Guatemala la certeza jurídica necesaria para fortalecer su posición competitiva al incursionar en el mercado global aprovechando las oportunidades y los beneficios de los instrumentos internacionales que nuestro país ha suscrito.    Su aplicación es de carácter general y permitirá que tanto consumidores como productores actúen en mercados más competitivos en dónde se velará por que exista mayor acceso, mejor calidad y mejores precios en bienes y servicios.

Fuente: MINECO 

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