Por Redacción Perspectiva

Hace tres semanas el Congreso de la República aprobó la Ley de Simplificación, Actualización e Incorporación Tributaria que inicia su vigencia este miércoles.   Para lo cual,  la  Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) tendrá un plazo de seis meses para tener disponibles las plataformas y herramientas electrónicas necesarias.

La ley cuenta con el respaldo del sector agrícola y ganadero, pero también con el rechazo del sector comercial, que considera que se violan principios constitucionales al otorgar beneficios fiscales a unos contribuyentes.

El director de Impuestos y Precios de Transferencia de la firma Expertos Tributarios, Walfred Corado, dijo que la SAT debe emitir un reglamento para aplicar el contenido de este decreto, que a su criterio tiene fallas de redacción y que considera podría ser objeto de acciones inconstitucionales.

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), opina que las amnistías y regímenes fiscales especiales, como el creado con esta legislación, socavan la moral tributaria y deben evitarse. Según estimaciones de economistas, el impacto fiscal sería de una pérdida de Q2 millardos.

Mientras tanto la Cámara del Agro (Camagro) se pronunció a favor del decreto y considera tendrá como resultado la ampliación de la base tributaria y una mayor recaudación ya que se promueve la incorporación de miles de pequeños productores a la economía formal.

El Decreto 7-2019 simplifica los impuestos para las personas individuales del sector agropecuario con una tasa del 5% y crea el Régimen Especial de Contribuyentes Agropecuarios para quienes no sobrepasen de Q3 millones de  ventas en un año fiscal.

También crea dos nuevos regímenes como el Régimen Electrónico para Pequeños Contribuyentes y el Régimen Electrónico para Contribuyentes Agropecuarios. A  quienes se pasen a estos, otorga una rebaja en la tasa del impuesto en 1 punto porcentual por lo que  pagarían 4%.  El pequeño contribuyente aplica para ingresos hasta Q150 mil anuales.

La nueva legislación incluye disposiciones acerca de regularización por omisos o rectificación de declaraciones y la regularización mediante el pago a cuenta de terceros para los contribuyentes a los que la SAT haya encontrado inconsistencias en períodos fiscales anteriores al 1 de enero del 2013 y tengan procesos judiciales abiertos.

Es obligación tener una cuenta registrada ante la SAT para que debite automáticamente el pago del impuesto cada mes.

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