La noticia de que elPeriódico de Guatemala dejará de producir su edición digital a partir del 15 de mayo de 2023 ha sido una sorpresa para muchos.

Redacción Perspectiva

La razón detrás de esta decisión es la persecución a la que han sido sometidos tanto el medio como sus periodistas y columnistas, así como sus anunciantes.

La captura del presidente y fundador de ese medio, José Rubén Zamora Marroquín, en julio de 2022 ha sido uno de los mayores golpes que ha recibido elPeriódico en su lucha por la libertad de expresión en Guatemala.

Por medio de un comunicado emitido por elPeriódico se menciona que desde la captura de Zamora Marroquín, el medio ha enfrentado una batalla constante por resistir a la presión política y económica que ha estado sufriendo.

A pesar de la solidaridad de sus lectores fieles, de sus anunciantes y el apoyo de organizaciones internacionales que creen en el periodismo independiente y la democracia, el medio ha resistido 287 días de persecución y presiones. Sin embargo, los embates contra el medio no han cesado, lo que ha llevado a que la producción de la edición digital sea insostenible.

Es evidente que la situación que enfrenta elPeriódico de Guatemala es una muestra clara de los peligros que enfrentan los medios de comunicación que buscan hacer su trabajo de forma independiente en países donde la libertad de expresión no es respetada.

La persecución y el hostigamiento a los periodistas y medios independientes es una forma de censura que socava la democracia y la libertad en cualquier sociedad.

Es importante destacar la valentía y determinación de los periodistas y trabajadores de elPeriódico, quienes han luchado sin descanso por mantener vivo el espíritu de la libertad de expresión en Guatemala.

A pesar de que la edición diaria del medio llega a su fin, queda la esperanza de que la labor periodística continúe en Guatemala, que surjan nuevos medios independientes y que la lucha por la libertad de expresión y la democracia nunca se detenga.

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Mario Mérida. Escritor, comunicador y docente universitario

Escribir acerca de las libertades inherentes o fundamentales de los seres humanos -mujeres y hombres-, siempre es y será complejo, porque continuamente surgen personajes que se atribuyen la paternidad de estas libertades, particularmente de la libertad de pensamiento y de expresión, que garantizan  “… la recreación constante de un debate “desinhibido, robusto y abierto” —para usar las palabras expresadas en 1964 por el justice norteamericano Brennan— que, como es bien sabido, es indispensable para la consolidación de la convivencia democrática”[1]. En nuestro país este debate está regulado por la “Ley de emisión del Pensamiento” Decreto N°. 9 de 1966. Convirtiéndose, así el Estado en palabras de SOLOZABAL J. (1991)[2] “un colaborador del titular de los derechos en su definición y protección”.

Antecedentes coloniales

Constitución de Bayona, 1808, manifiesta los primeros atisbos del origen de la libertad de expresión en el artículo 39: “Toca al Senado velar sobre la conservación de la libertad individual y de la libertad de la imprenta, luego que esta última se establezca por ley, como se previene después”

Constitución de Cádiz, 1812, esta enuncia con firmeza en el artículo 371, que: “Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes”. Que se extiende a los españoles residentes por estos lares.

Etapa independiente

Constitución del estado de Guatemala, 1825, la cual reconoce en la Sección 2, artículo 20 los derechos particulares de los habitantes en Guatemala: “… la libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad. En el artículo 25 establece claramente, que: “A nadie puede impedírsele la libertad de decir, escribir, imprimir y publicar sus pensamientos, sin que puedan sujetarse en ningún caso, ni por protesto alguno, y examen ni censura”

El digesto Constitucional,  publicado por la Corte de Constitucionalidad (2001), cita los aportes del doctor García Laguardia, con relación al análisis de las constituciones de 1823, 1824, 1825 y 1835, las que resaltan la adopción de: “… un sistema republicano, representativo y federal, proclamó la soberanía popular” Que también “… limitaba al Congreso Federal para que no coartara la libertad de emisión del pensamiento, el derecho de petición, no se permitieran el uso de apremios o tormentos, y que no se impidiera las reuniones populares ni se crearan comisiones o tribunales especiales”.

La Constitución de 1835, reformada mediante el artículo 181, para reforzar la libertad de pensamiento: “No podrán el Congreso, las Legislaturas de los Estados ni las demás autoridades: 1. Coartar en ningún caso ni por pretexto alguno la libertad del pensamiento, la de la palabra, la de la escritura y la de la imprenta”

Época contemporánea

Constitución de la República de Guatemala 1945, elaborada por la asamblea nacional constituyente estableció en el Artículo 36, que: “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión sin previa censura. Ante la ley es responsable quien abuse de este derecho, faltando al respeto a la vida privada o a la moral”. Asimismo, determinó que: “No constituyen delito de calumnia o injuria, las denuncias o ataques contra funcionarios y empleados públicos en ejercicio de sus cargos, por actos puramente oficiales. Quienes se creyeren ofendidos tendrán derecho a la publicación de sus defensas y rectificaciones; además podrán exigir que un tribunal de honor, integrado en la forma que determine la ley, declare si la publicación fue injuriosa o calumniosa. No pueden integrar dicho tribunal funcionarios o empleados públicos”… que incluye al final la conformación de: “Un jurado, que conocerá de los delitos o faltas a que se refiere este artículo, y una especial determinará todo lo demás relativo a este derecho”.

Constitución de Guatemala 1956. Estableció en el artículo 57, que: “Es libre la emisión del pensamiento, sin previa censura. Ante la ley será responsable quien abuse de este derecho, faltando al respeto a la vida privada o a la moral” y en la Constitución de 1965, agregó en el artículo 65, que además de lo establecido en la Constitución anterior, que: “No constituyen delito de calumnia o de injuria las denuncias, críticas o censuras contra funcionarios y empleados públicos por actos puramente oficiales ejecutados durante su función pública”

Reflexiones

Transcurridos 215 años de reivindicaciones de la libertad de pensamiento y de expresión, pareciera que la misma no ha cuajado en la mente de los guatemaltecos y, es que, como lo menciona Solozábal. J, con relación a que: “La intervención del legislador en la definición de su régimen es meramente exterior y tuitiva, pero no constitutiva”… “sino en una actuación discrecional del titular del Derecho”. Es decir, corresponde al ciudadano hacer valer este derecho, por si y, cuando su espacio de actuación propio se reduce o cierra, deberá acudir a la instancia legal para defensa de esta libertad.

Es claro, que la libertad de “pensamiento y de expresión”, es de carácter general. Sin embargo, desde donde más se reclama este derecho, es por quienes la ejercitan desde los medios de comunicación o como periodistas a título personal. Seguramente por el rol de estos como portadores de la opinión pública, que para Gorres[3] radica, en que: “la prensa, en cuanto portadora de la opinión pública, debe ser «la boca del pueblo y el oído del príncipe». Quiere esto decir que la primera reflexión alemana sobre la libertad de expresión subraya la dimensión política de ésta, relegando para un plano muy subordinado su significado como derecho también individual”.

Para matizar el contenido del presente artículo, cabe citar los esfuerzos por establecer limites al libre ejercicio de los medios de comunicación formales -impresos, radiofónicos y audiovisuales-, tal como lo sugiere U. SCHEUNER[4], para quien: “A la prensa sólo le corresponde protección en el tratamiento de cuestiones que afecten a lo público. Pero la prensa pierde la protección jurídicamente reforzada de su función política cuando injustificadamente penetra en la esfera puramente privada para exponer, sin existir interés público, la vida privada de las personas a una discusión que dañe su honor”.

La libertad del ejercicio periodístico en nuestro país se percibe afectada, por el encausamiento penal de algunos periodistas debido por las críticas hacia determinados funcionarios públicos. Lo ocurrido pondrá a prueba el sistema de justicia, con al Derecho de Defensa normado en la Constitución vigente (Artículo 12).

En fin, la libertad de pensamiento es propia del ser humano, pero el responsable de garantizarlo es el sistema de justicia.

[1] https://www.juridicas.unam.mx/

[2] JUAN JOSÉ SOLOZABAL ECHAVARRIA. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DESDE LA TEORÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES JUAN. Dialnet-LaLibertadDeExpresionDesdeLaTeoriaDeLosDerechosFun-79437.pdf

[3] Citado por SOLOZABAL, J (*)

[4] (*) SCHEUNER, U.: «Pressefreiheit», en VVDStRL H., 22, 1965. — «Die Neure Entwicklung des Rechtsstaats in Deutschland» (1960), en Staatstheorie und Staatsrecht, 1978. — «Die Institutionellen Garantien des Grundgeselzes», en Recht. Staat. Wirtschaft, vol. 4, 1953.

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El Congreso de la República aprobó la Ley de Prevención y Protección contra la Ciber delincuencia», que argumentando la supuesta protección de datos individuales, intenta convertir en criminales a quienes publiquen memes contra funcionarios corruptos. Al respecto, la Cámara Guatemalteca de Periodismo emitió un comunicado y grupos cívicos exigirán que el decreto sea vetado, por inconstitucional.

Redacción Perspectiva

El Congreso aprobó el decreto 39-2022, que tipifica los ciber delitos pero también contiene graves amenazas contra la libre emisión del pensamiento, que atentan contra garantías constitucionales. Ante esto, la Cámara Guatemalteca de Periodismo expresó su preocupación y oposición a que, en nombre de proteger los datos de los ciudadanos, el Estado pueda violentar impunemente el Artículo 35 de la Constitución Política de la República, que garantiza la irrestricta libertad de expresión para todos los ciudadanos.

Artículo 35. -libertad de emisión de pensamiento. Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna.

La Cámara Guatemalteca de Periodismo expone su preocupación, porque el citado decreto, ya aprobado pero pendiente del veto o sanción presidencial, «tipifica como delincuenciales conductas que pueden ser realizadas en el ejercicio de la libertad de expresión».

La pretensión de coartar la emisión del pensamiento en redes sociales, incluyendo a los famosos «memes», podría terminar como la polémica iniciativa 5272, que atentaba contra varios derechos individuales en nombre de la «moralidad» y terminó vetada.

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La Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar in límine la solicitud de antejuicio en contra de la Fiscal General, Consuelo Porras y a su vez ordenó al Ministerio Público investigar los posibles delitos cometidos por un medio de comunicación al publicar un documento que contiene información testimonial. La decisión ha sido cuestionada por varios profesionales del Derecho que advierten una posible violación en contra de los derechos de la prensa.

Redacción Perspectiva

El fallo emitido por los magistrados de la CSJ, rechaza la acción presentada por Manfredo Marroquín, que buscaba el retiro de inmunidad de la Fiscal General Consuelo Porras por haber destituido a Juan Francisco Sandoval como fiscal y jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

El expediente iba acompañado de una publicación de un medio de comunicación que contenía la declaración del colaborador eficaz, Marco Aurelio Alveño Hernández. El cual por solicitud de la CSJ será investigado.

“Se certifique lo conducente al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de los ilícitos derivados de la publicidad y la utilización como medio de convicción un documento que contiene declaraciones testimoniales dentro del expediente M3542-106-02 obtenida por la FECI, así como cualquier otra acción relacionada con la obtención y divulgación de dicha información dentro de un expediente sumario”, indica la resolución de la CSJ.

La resolución de la CSJ ha sido calificada como una medida polémica y que podría violentar los principios que garantizan el derecho a la libertad de emisión del pensamiento y el libre acceso a las fuentes de información.

Asimismo, varios profesionales del Derecho explican que la investigación solicitada por la corte podría atentar contra la confidencialidad de las fuentes de información, garantizada en la Constitución, y en una serie de convenios internacionales.

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Durante la manifestación que se realizó el día de ayer frente al Palacio Nacional, un grupo de personas arremetió contra periodistas, a quienes expulsaron del lugar con gritos e insultos.

Redacción Perspectiva

La tarde del sábado 10 de junio, un grupo de personas realizó una protesta en la Plaza de la Constitución para pedir la renuncia del presidente, Alejandro Giammattei y exigir justicia por el asesinato del activista Frank Ramazzini.

Aunque los manifestantes aseguran que sus protestas son pacíficas, esta no es la primera vez que atacan a personas que consideran “enemigas de su causa”. En esta oportunidad arremetieron en contra de un periodista de Canal 13.

Además, agredieron con gritos e insultos a un corresponsal de Radio Mundial, por defender al compañero periodista.

El hecho fue repudiado por miembros del gremio periodístico que expresaron su rechazo a las agresiones en contra de la prensa.

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Por Ismael Cala

La diversidad es una de las mayores riquezas de nuestro mundo. Cuando emigramos a otros países, llevamos nuestras mochilas repletas de recuerdos, experiencias y conocimientos, pero también de creencias (religiosas o no), dogmas y posiciones adquiridas.

A veces, la mochila tiene sobrepeso. Y para avanzar, debemos quitárnosla y digerir todo lo que trajimos, ahora bajo la nueva realidad. Entonces, empezamos a aportar, aprender y desaprender, siempre desde la humildad.

Hay quienes emigran con mochilas doctrinales que contradicen una de las grandes conquistas de la humanidad: la libertad de expresión. El asesinato de un profesor en París, las agresiones contra iglesias en Francia y los atentados en Viena, son muestras intolerables de fanatismo que pretenden silenciar a los demás sobre ciertos temas.

Es evidente que Occidente está en la encrucijada de garantizar los derechos fundamentales y, al mismo tiempo, frenar el terrorismo. Intentar imponer una doctrina religiosa es todo lo opuesto a mi concepción de Dios. Yo creo en el Dios del amor, no en el del castigo o la amenaza.

El escritor Stefan Zweig aseguraba: «Aquellos que anuncian que luchan en favor de Dios, son siempre los hombres menos pacíficos de la Tierra. Como creen percibir mensajes celestiales, tienen sordos los oídos para toda palabra de humanidad».

Y fíjate bien en «luchar», porque ahí radica la clave, es un término que deberíamos reducir en nuestro vocabulario. La «lucha» nos priva de paz y libertad. Por ello, prefiero hablar de «fuerza serena», uno de los principios del liderazgo bambú.

Encuestas del instituto norteamericano Pew Research revelan que el terrorismo islamista también preocupa a los musulmanes. Muchas veces nos movilizamos por acciones ocurridas en Occidente, pero no por las matanzas de unos contra otros en Afganistán, como sucedió recientemente en la Universidad de Kabul. A los musulmanes les toca liderar, junto al resto del mundo, la fuerza serena frente a la violencia; pero también el reconocimiento pleno de la libertad de expresión. Una idea va estrechamente ligada a la otra.

De acuerdo con el ensayista George Santayana: «El alma humana puede desarrollar su vida ideal (…) en una unión dinámica con el mundo; y puesto que esta unión implica diferencia, ningún alma necesita siquiera intentar imponer su lenguaje ni sus costumbres a las otras partes de la naturaleza, ni renunciar o negar la originalidad de sus propias ideas y placeres».

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En este artículo, el antropólogo Julio Abdel Azis Valdez  analiza la existencia de un “quinto poder”, constituido por las ONG´s, y una relativa libertad de expresión en un ambiente en el cual, contar con historias de heroísmos (aunque se trate de falsas narrativas), siempre puede abonar a favor del financiamiento.

Por Julio Abdel Aziz Valdez

Pluma invitada

Si hay una lección política que dejo el caso del asesinato de Myrna Mack, hace 30 años, es que en la era del reinado del quinto poder, de facto, que son las Ongs. Cualquier acción que se interprete como una agresión tendrá una reacción inmediata y paradójicamente terminará de favorecer más a quien asuma el papel de víctima.

La estupidez de cálculo político en los gobernantes parece un recurso que no tiene fin, por lo que no sería tonto pensar que a algún funcionario de segunda se le haya ocurrido montar un escenario contra un detractor del gobierno que tiene la doble virtud de pertenecer al cuarto y quinto poder al mismo tiempo, ese argumento parsimonioso y con muy poca luz del “hay que darle un sustito” no pudo provenir de un cálculo premeditado con antelación ni con mucho tino, pero pudo suceder, no es descartable del todo, de serlo espero que tal idea se haya pagado con al menos un despido.

Pero en el pensamiento complejo que nos ayuda para entender la complejidad misma del comportamiento humano, también existe la posibilidad de que el susodicho capturado haya incurrido realmente en lo que se le acusa, igualmente no es raro, sobre todo porque no es la primera vez que un personaje como él se haya embriagado, además de bebidas alcohólicas, con el poder que le confiere la suposición, de entrada, de que ha sido victimizado “por el Estado”  la vía expedita hacia la fama y la fortuna.

Esta suposición para nada descalificaría un hecho real y concreto, la enorme capacidad de transmutación que tiene la corrupción estatal, que se repite en cada gobierno, lo que confirma la máxima que “el poder corrompe”.

Ese mismo poder al parecer ha seducido a quienes de la noche a la mañana se les ha convencido de que son héroes en la causa “por la justicia” quienes muestran las heridas de batallas inexistentes pero que embelesan a los ávidos financistas deseosos de ver a un mártir más.

Si bien es cierto que una prensa libre e independiente es un pilar importantísimo en la democracia, de eso no cabe la menor duda, también es cierto que la presunción de “libre e independiente” es eso nada más una pretensión, un hito que se erige sobre las agendas programáticas que es necesario vender, y bueno para ello nada mejor que un héroe.

La corrupción es un mal endémico, socava la confianza de la ciudadanía y tira a la basura el dinero generado con el trabajo honrado de miles y miles de trabajadores y empresarios, y aun cuando no lo podemos poner al mismo nivel, la existencia de ese quinto poder ha significado no el balance entre gobernantes y gobernados sino una disputa de poder entre gobernantes versus agendas que intentan posicionarse sin necesidad del desgaste y acción de los partidos políticos, que si deberían ser el contrapoder, la búsqueda de una posición privilegiada que no deviene de la generación de riqueza sino del poder de gestionar emotividades en la opinión pública nacional e internacional.

No hay héroes en esta nota de prensa. Hay, sí, mucho que aclarar, pero los momentos políticos e históricos lo hacen una tarea imposible. La falta de mérito responde más que a pruebas inventadas al temor del juzgador a no enfrentarse a ese cuarto y quinto poder, no sería la primera ni la última vez que esto sucediera y eso no es balance de poder sino gestión del mismo a partir de cómo se manipule la opinión pública.

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La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) emitió un comunicado para manifestar su rechazo y condena a las acusaciones del titular del Centro de Gobierno, Miguel Martínez en contra de un medio de comunicación por supuesto acoso.

Redacción Perspectiva

Hoy, la APG y su Comisión de Libertad de Prensa manifestaron su indignación por la demanda en contra de un medio de comunicación que presentó el director de la Comisión Presidencial Centro de Gobierno, Luis Miguel Martínez Morales.

Según Martínez, el medio digital Plaza Pública e integrantes de este han cometido “acoso, extorsión y amenaza” en su contra y miembros cercanos de su familia, por lo cual presentó una denuncia penal, el miércoles 9 de septiembre.

La APG considera que las acciones de Martínez “pretenden amedrentar a los medios de comunicación y periodistas que investigan y critican su actuar en la administración pública y generar un efecto inhibidor en los medios y en la ciudadanía”.

El ataque en contra del medio en cuestión, ocurre luego de múltiples críticas en redes sociales y medios de comunicación por los salarios onerosos que se pagan en la institución bajo la dirección de Martínez, detalla la APG.

Asimismo, la APG le hace ver al titular del Centro de Gobierno que “debido a su puesto se encuentra expuesto al escrutinio público, como lo indica el Principio 11 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH, y que la fiscalización de los medios de comunicación contribuye a que la población esté informada del quehacer de los funcionarios”.

Ante esto, la APG y su Comisión de Libertad de Prensa exige a Luis Miguel Martínez Morales, director del Centro de Gobierno y a su familia el estricto respeto a la libre expresión y el retiro de la denuncia penal en contra de Plaza Pública.

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Por Juan Carlos Zapata 

Ayer se celebró a nivel internacional el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Comparativamente los países donde hay mayor libertad de prensa tienden a ser sociedades más tolerantes y promueven con mayor facilidad la inclusión y la prosperidad. Una sociedad informada es capaz de tomar mejores decisiones sobre su futuro, generando principios liberales republicanos que fomentan la libertad de expresión. En el caso de evaluaciones independientes para analizar la libertad de prensa en diferentes países del mundo, el barómetro Reporteros sin Fronteras publica cada año el índice de libertad de prensa.

El índice de libertad de prensa evalúa el pluralismo, independencia de los medios, calidad del marco legislativo y seguridad de los periodistas. La metodología incluye categorías e indicadores con un cuestionario donde expertos en cada país determinan su evaluación. Esto es realizado con base en varios indicadores que incluyen: la pluralidad en la que diferentes opiniones están representadas en los medios, la independencia, el ambiente de apertura a la crítica, el marco legislativo, la transparencia, la infraestructura que ayuda a la transmisión de noticias y el nivel de abusos sobre violencia a la prensa.

Los países con mayor libertad de prensa según el informe de la clasificación de libertad de prensa publicado en abril de este año son: Noruega, Finlandia y Dinamarca. Es importante llamar la atención de que, en América Latina, los países con mayor libertad de prensa son: Costa Rica (en la posición 7 de 180 países), Uruguay (19), Chile (51), República Dominicana (55) y Argentina (64).

Dentro del análisis se puede observar cómo la libertad de prensa en América Latina ha caído con situaciones muy graves en Venezuela, Brasil, Nicaragua y Cuba, donde se denota autoritarismo y censura hacia la libertad de prensa. La inestabilidad política, además, en Haití, Bolivia, Argentina y Ecuador ha generado un desafío enorme a la libertad de prensa, donde incluso hay ataques constantes a los medios de comunicación.

En el caso de Guatemala (en la posición 116 de 180 países), la corrupción y el crimen organizado limitan la capacidad de la prensa de informar de mejor manera. Incluso es grave cómo políticos de tinte autoritario en El Salvador y Honduras (evaluado como el peor país de América Latina) han ido en contra de varios periodistas recientemente, con ataques muy serios, queriendo limitar la libertad de expresión en sus países.

La apertura a la crítica y la libertad de expresión son valores fundamentales de cualquier sociedad democrática y características esenciales de cualquier sistema político. El acceso al poder conlleva la gran responsabilidad de estar siempre bajo el escrutinio de los medios de comunicación. En una era de desinformación constante, se vuelve más evidente que la crítica periodística no sustentada en hechos concretos será desechada por la población, que cada vez busca información con base en datos y análisis críticos, que contenga un criterio contrastado con diferentes opiniones y evidencia.

Hoy es un momento propicio para reconocer y agradecer a todos los periodistas, reporteros y equipo de soporte que están trabajando para mantenernos siempre informados, exponiendo muchas veces su vida y la de sus familias, con tal de investigar a fondo la verdad de los hechos. El trabajo de la prensa en nuestro país es fundamental para lograr que desde diferentes sectores sociales se puedan tomar decisiones, con base en información más apegada a la realidad.

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Por: Redacción

Cuando un periodista es asesinado, su muerte constituye un ataque contra la libertad de expresión. No importa el móvil del crimen o la ideología del asesinado. El hecho es que se silencia una voz incómoda para algunos. El reciente crimen contra José Daniel Rodríguez debe ser investigado, afirman periodistas, abogados y personas que lo trataron.

Quienes lo conocieron afirman que era un hombre amable, buen conversador y lector incansable. “Era protector de los animales. Buena persona, le gustaba adoptar perros y animalitos abandonados. Uno de los fundadores de la publicación El Vigilante, fue muy apreciado en la Universidad Francisco Marroquín, donde estudió Derecho”, recuerda el columnista José Federico Rodríguez-Paul.

Escritor y columnista de opinión, José Daniel también era un personaje polémico en las redes sociales. Sus comentarios incisivos y producto de la investigación, le reportaron varios enemigos virtuales, a quienes respondía los insultos y amenazas con argumentos que respaldaban sus puntos de vista, planteados en frases lapidarias.

Según Rodríguez-Paul, José Daniel fue una persona muy querida para quienes lo conocieron. Hace poco más de un año había perdido a su madre y vivía solo, pero siempre estuvo rodeado por amistades y personas que disfrutaban de su buena conversación y su compañía. “A pesar de que le llevaba unos 20 años, nos llevábamos muy bien. Él tenía edad como para ser mi hijo”, dice.

En su último mensaje en Twitter, el 8 de abril, anunció que publicaría un artículo con el tema: “Se busca fiscal general independiente”, y afirma: “hago ver algunos aspectos, escenarios y graves riesgos que debemos tener presentes”.

Al día siguiente, se presume que desapareció y el 10 fue encontrado su cuerpo envuelto en una sábana, con las manos atadas y salvajes señales de violencia. Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), murió “asfixiado por ahogamiento”.

El abogado Raúl Falla, vicepresidente de la Fundación contra el Terrorismo, afirma: “Era un libertario autor de artículos en los que se mostraba partidario del Estado de Derecho. Muchos de quienes lo criticaban lo trataron de descalificar con apodos despectivos. Aunque la delincuencia nos tiene rodeados y no podemos asegurar que se trata de un crimen político, exigimos el esclarecimiento de este hecho”.

Con 46 años, el escritor y periodista independiente era un autodidacta que leía constantemente y realizaba cuidadosas investigaciones antes de publicar sus columnas, dice el abogado Giovanni Fratti, de Guatemala Inmortal.

“Estudió en el Liceo Guatemala y era un joven muy inteligente, acucioso investigador periodístico y convencido defensor del liberalismo republicano. Participó en política apoyando a diferentes personalidades, como Zury Ríos, Alejandro Giammattei y Eduardo Suger Cofiño”, menciona Fratti, quien agrega que su muerte constituye un acto de salvajismo y cobardía extrema.

Fratti también duda que el hecho reciba la investigación que merece y para avalar esto, recuerda los casos de Eduardo Weymann y Rodrigo Rosenberg.

El licenciado Mario Fuentes Destarac, presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, expresa: “Como cámara estamos indignados por la desaparición y el crimen atroz contra este columnista de República. Lamentamos el crimen y exigimos que se investigue este hecho de sangre. Los responsables deben ser juzgados, condenados y encarcelados”.

¿Una muerte anunciada?

Hace apenas seis meses, el 12 de octubre de 2017, José Daniel le dijo a uno de sus contactos de Facebook: “Quiero comentarte algo, ayer me asaltaron, me robaron documentos personales, mi teléfono. Pero lo que más me llama la atención es que me dijeron: Y ya dejá de estar hablando y escribiendo babosadas…no puedo asegurarlo, pero me temo que sea más un acto intimidatorio que un asalto, fue enfrente de mi casa, me dieron con un tubo en la cara”.

Este diálogo fue publicado luego del asesinato y es un elemento que podría contribuir con una investigación del crimen: ¿quién asaltó a Rodríguez en octubre pasado y por qué lo amenazaron para que dejara de expresarse libremente?

Rodríguez siempre expresó su posición abiertamente: defensor de los militares juzgados por genocidio, argumentó en varios artículos por qué consideraba que Guatemala jamás fue un estado genocida. Su defensa de los militares señalados y su posición de fuerte crítica ante el comisionado Iván Velásquez, lo ubicaron en una posición antagónica ante la “buena prensa” y el consenso en el apoyo incondicional que un sector de la sociedad le otorga a Velásquez, a la CICIG y a la fiscal Thelma Aldana.

Ello le valió diversidad de críticas, amenazas, burlas y ridiculizaciones por parte de quienes consideran que toda el que ose criticar a Aldana-Velásquez, o negar el genocidio,  es un defensor de la corrupción. A Rodríguez, este consenso mediático nunca le preocupó y no parecía resultar afectado por las agresiones de los autonombrados portadores de la lucha en pro de la transparencia, dicen quienes lo trataron.

Según el informe de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Medellín, Colombia, entre el 13 y 15 de abril de este año, en Guatemala: “En este período se ha intensificado la polarización entre quienes apoyan y no el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así como al Comisionado Iván Velásquez”.

Es en este contexto de polarización que se produce el asesinato contra el escritor y periodista, presentado como “twittero” ante la opinión pública, aunque ejercía el periodismo de investigación y opinión por lo menos desde 2013.

El hecho resulta tan perturbador que incluso sus detractores y las personas a quienes Rodríguez señalaba en sus escritos, se pronunciaron contra este asesinato que puede o no ser político, pero que en cualquier caso, es un grave atentado contra la libre emisión del pensamiento.

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