Se trata de César Emilio Fajardo Morales, Manuel Marcelino García Chutá, Juan David Alfredo Alcázar Solís, Selvin Boanerges García Velásquez y Amílcar Aleksander Castillo Roca, exdiputados que integraron las Juntas Directivas del Organismo Legislativo durante los períodos 2014-2015 y 2015-2016.

El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, presentaron la acusación formal por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, requiriendo que los cinco exdiputados enfrenten juicio por las actividades ilícitas en el manejo de recurso humano durante su gestión en la Junta Directiva.

A los exfuncionarios se les vincula con la contratación irregular de personal y creación de plazas fantasma en el Congreso, lo cual habría facilitado la sustracción de fondos públicos en perjuicio del patrimonio de ese organismo de Estado.

Se determinaron dos modalidades de contratación: la primera a través de nombramientos de personal bajo el reglón presupuestario 022, que no reunía los requisitos para cumplir con el perfil del puesto y sin justificar una estricta necesidad para nombrarlos, al margen de cualquier verificación de capacidad presupuestaria o de otra índole.  Además, se evidenció que los integrantes de dichas juntas directivas pactaron distribuir entre sus miembros un alto número de plazas para contratar personal con el presupuesto del Legislativo.

La segunda modalidad se realizó a través de la creación de plazas fantasma, en la cual se determinó que varias de las personas asignadas a cada diputado no se presentaban a laborar a la sede del Legislativo, ya que realmente prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado o a empresas propiedad de los diputados.

Fuente: MP

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En seguimiento a la investigación del caso “plazas fantasma”, en operativos coordinados entre la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, la CICIG y el Ministerio de Gobernación, el pasado miércoles y se capturó a dos diputados y dos excongresistas, quienes integraron las juntas directivas del Legislativo 2014-2015 y 2015-2016.

Las órdenes de captura fueron emitidas por la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción. Se les vincula con la contratación irregular de personal y creación de plazas fantasma en el Congreso de la República, lo cual facilitó la sustracción de fondos públicos en perjuicio del patrimonio de la institución.

De este fenómeno criminal se determinaron dos modalidades de contratación: La primera a través de nombramientos de personal bajo el reglón presupuestario 022, que no reunía los requisitos para cumplir con el perfil del puesto y sin justificar una estricta necesidad para nombrar a este personal, al margen de cualquier verificación de capacidad presupuestaria o de otra índole. Además se evidenció que los integrantes de dichas juntas directivas pactaron distribuir entre sus miembros un alto número de plazas para contratar personal con el presupuesto del Legislativo.

La segunda modalidad se realizó a través de la creación de plazas fantasma, en la cual se determinó que varias de las personas asignadas a cada diputado no se presentaban a laborar a la sede del Legislativo, ya que realmente prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado o a empresas propiedad de los diputados.

Las capturas

Las aprehensiones de los sindicados se realizaron en diferentes lugares de la capital:

César Emilio Fajardo Morales (diputado independiente). La Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad en febrero de 2017. Como primer Secretario de la Junta Directiva 2015-2016 solicitó sin justificación la contratación de 20 personas para su oficina, en su mayoría asistentes y bajo el renglón 022, con salarios entre Q7,000 a Q15,000, aparte de las tres contrataciones que le faculta la Ley del Legislativo. Además se determinó que tenía bajo su cargo a tres personas que cobraban su salario y no asistían a laborar en el Legislativo.

Manuel Marcelino García Chutá (diputado del partido MR). La Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad en enero de 2017). Como tercer Secretario de la Junta Directiva 2015-2016 solicitó sin justificación la contratación de 22 personas para su oficina, en su mayoría asistentes y bajo el renglón 022, con salarios entre Q10,000 a Q15,000, aparte de las tres contrataciones que le faculta la Ley del Legislativo. Además se determinó que tenía bajo su cargo a ocho personas que cobraban salario y no asistían a sus labores en el Legislativo.

Selvin Boanerges García Velásquez (exdiputado del partido CREO). Como tercer Vicepresidente de la Junta Directiva 2015-2016 solicitó sin justificación la contratación de 13 personas para su oficina, en su mayoría asistentes y bajo el renglón 022, con salarios entre Q5,000 mil a Q15,000, aparte de las tres contrataciones que le faculta la Ley del Legislativo. Además se estableció que tenía bajo su cargo cinco personas que cobraban su salario y no asistían a sus labores en el Legislativo.

Amílcar Aleksander Castillo Roca (exdiputado del PP). Como primer Secretario de la Junta Directiva del Congreso 2014-2015 solicitó sin justificación la contratación de 16 personas para su oficina, en su mayoría asesores y bajo el renglón 022, con salarios entre Q7,500.00 a a Q20 mil. Además se determinó que tenía bajo su cargo tres personas que cobraban su salario y no asistían a sus labores en el Legislativo.

Programan audiencia

Los sindicados fueron trasladados al Juzgado de Mayor Riesgo A, donde la jueza les hizo saber los motivos de su detención, y programó para este jueves 23 de marzo la audiencia de primera declaración. Fueron enviados de manera provisional a la cárcel de Matamoros.

Sin localizar

También existe una orden de captura vigente en contra de  diputados y exparlamentarios, luego de nueve allanamientos en distintos lugares del departamento de Guatemala:

• Carlos Enrique López Girón, diputado del partido UNE y Quinto Secretario de la Junta Directiva 2015-2016.
• Julio César López Villatoro, exdiputado del partido  UNE y Segundo Vicepresidente de la Junta Directiva 2015-2016.
• Juan David Alfredo Alcázar Solís, exdiputado del PP y Primer Vicepresidente de la  Junta Directiva del Congreso 2014-2015.
• Pedro Gálvez Hernández (exdiputado del partido PRI), Quinto Secretario de la Junta Directiva del Congreso 2014-2015.

Antecedentes

Por este caso están ligados a proceso y en prisión preventiva los exdiputados Edgar Romeo Cristiani Calderón, Alfredo Augusto Rabbé Tejeda, Carlos Humberto Herrera Quezada y el exdirector General del Congreso, José Luis Mijangos Contreras, por su participación en la contratación irregular de personal y creación de plazas fantasma en el Congreso de la República.

 Están pendientes que la Corte Suprema de Justicia retire la inmunidad a los diputados: Arístides Baldomero Crespo Villegas y Christian Jacques Boussinot Nuila. Mientras que Luis Armando Rabbé Tejeda está prófugo de la justicia.

Fuente: MP

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El Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos ratificó ante la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, una solicitud de antejuicio en contra de los integrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República 2014-2015. La misma fue planteada el 11 de agosto de 2016.

La investigación de este caso fue derivada de una denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas, -CGC-, en contra de la exjunta directiva del Legislativo, la cual estuvo conformada por los diputados, Luis Armando Rabbé Tejada, Aristides Baldomero Crespo Villegas, Manuel Marcelino García Chutá, Carlos Enrique López Girón y César Emilio Fajardo Morales, luego de establecer por medio de una auditoría la supueta contratación irregular de 180 personas.

De acuerdo con Flor de María Quiñonez de la Fiscalía de Delitos Administrativos, el Ministerio Público remitió el antejuicio al Centro Administrativo de Gestión Penal, en donde se nombró al Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, quien se inhibió y remitió el antejuicio a la Corte Suprema de Justicia, nombrando a la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones a uno de los Magistrados de esa Sala para que fuera el Juez Pesquisidor dentro de la misma y se realizara la investigación.

“En virtud de eso, fueron citados los auditores de la Contraloría General de Cuentas, para que se presentaran a comparecer a la Sala el viernes 20 de enero de 2017 y hoy comparece el Ministerio Público a ratificar ese antejuicio”, refirió Quiñones.

Antecedentes

De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía los contratos fueron suscritos en diferentes meses del año y aprobados fuera de plazo. Según el acta 59-2015 punto 4 literal 3 de fecha 17 de noviembre de 2015 y se les pagaron los honorarios a las personas contratadas sin tener un documento autorizado de respaldo.

Además, se estableció que de esos contratos de prestación de servicios bajo el renglón 029, fueron aprobados fuera de plazo que establece la ley y el reglamento de contrataciones del estado en el cual se indica que la junta directiva tenía un plazo de 10 días para la aprobación del contrato después de que el contratista cumplió con la presentación de la garantía -fianza de cumplimiento de contrato-.

Pero es el caso que dicha aprobación se realizó hasta el 17 de noviembre de 2015, a través del acta relacionada, estableciendo que los contratos estaban elaborados con sus respectivas fianzas, meses atrás. Los contratos ya habían sido suscritos, pero la junta los aprobó hasta después.

Fuente: MP

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El Juzgado Décimo de Instancia Penal revocó el día de hoy las medidas sustitutivas y envió a prisión preventiva a los exdiputados Edgar Romeo Cristiani Calderón, Alfredo Augusto Rabbé Tejeda, Carlos Humberto Herrera Quezada y al exdirector General del Congreso, José Luis Mijangos Contreras, sindicados de participar en la contratación irregular de personal y creación de plazas fantasma en el Congreso de la República.

El pasado 31 de mayo el juez Walter Villatoro ligó a proceso a los exparlamentarios y les otorgó las medidas sustitutivas de arresto domiciliario, arraigo y una multa de Q100 mil. Por existir el riesgo de obstaculización y de la averiguación de la verdad, la CICIG y el Ministerio Público (MP) apelaron en la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal, la cual declaró con lugar el recurso legal y ordenó al juez Villatoro dejar sin efecto dichas medidas.

El juez fijó el 19 de septiembre para que se presenten las conclusiones de la investigación y la acusación formal contra los exfuncionarios del Congreso. Mientras que para el 10 de octubre se programó la audiencia de la etapa intermedia, en la cual se decidirá si los sindicados deben enfrentar juicio.

Antecedentes
La investigación de la CICIG y el MP estableció que los integrantes de las juntas directivas del Congreso -en los años 2014 y 2015- efectuaron un alto número de contrataciones que evidenciaban una serie de irregularidades.

Esta forma de contratación se convirtió en una práctica habitual y aceptada a pesar de su evidente ilegalidad, no sólo por el completo irrespeto a las formas del proceso de contratación, sino por la inasistencia de las personas contratadas en el Legislativo.

Por este caso están en trámite los antejuicios contra los diputados Luis Armando Rabbé Tejeda, Arístides Baldomero Crespo Villegas, Julio César López Villatoro, Selvin Boanerges García Velásquez, César Emilio Fajardo Morales, Manuel Marcelino García Chutá y Carlos Enrique López Girón, quienes integraron las juntas directivas de los años 2014-2015.

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