El expresidente Otto Pérez Molina  intentó bloquear el testimonio de cinco colaboradores eficaces en el proceso penal llamado Cooptación del Estado, pero la Sala Segundo rechazó la apelación interpuesta por el abogado del exmandatario.

Según Pérez Molina, los los convenios de colaboración eficaz, suscritos por el Ministerio Público (MP) con Víctor Hugo Hernández, Rogelio Chay Sontay, María del Carmen Valencia, Íngrid Marisol Dávila y Miguel Martínez Solís, no eran válidos.

Según Juan Carlos Monzón, al principio Hernández fungía como contador de sus empresas,  luego fue el encargado de registrar las comisiones ilegales que recibía la  ex vicepresidenta Roxana Baldetti y tenía bajo su control grandes cantidades de dinero que Baldetti requería para pagar sus tarjetas de crédito.

Además fungía como testaferro de Monzón y Baldetti, ya que figuraba como propietario de varios bienes muebles vinculados a ambos, ocupaba  una plaza fantasma en el Registro de Información Catastral (RIC), y creaba empresas de cartón.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) propuso que Valencia declare como representante de la empresa Proyectos Marbella, la cual fue utilizada por Salvador Estuardo González, alias Eco, y la ex vicepresidenta para adquirir a los medios de comunicación Siglo 21 y Al Día.

La declaración de Dávila admite haber trabajado como secretaria de Monzón y da los detalles de las visitas de William Schwank –persona de confianza de Allan Marroquín, exinterventor de la Portuaria Quetzal y prófugo de la justicia– realizaba a la empresa  Canchas Deportivas.

Martínez, ex subsecretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), relaciona a Mauricio López Bonilla exministro de Gobernación  y a Rudy Gallardo y Julio Alvarado, exrepresentantes del Registro Nacional de las Personas (Renap),  como los responsables de adjudicar, discrecionalmente, un contrato para la seguridad de las instalaciones de dicha entidad.

Como parte de los acuerdos de colaboración eficaz, los primeros en recuperar su libertad fueron Juan Carlos Monzón y Salvador Estuardo González.  Ambos aceptaron la comisión de delitos y los declararon culpables a cambio de devolver los bienes adquiridos con fondos ilícitos.

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Silvia Morales, titular del Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, envió a juicio a Mauricio López Bonilla, ex ministro de Gobernación y 20 personas más, por el caso denominado Patrullas, en el que se les acusa acusadas de desviar fondos públicos de la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo a investigaciones realizadas por el Ministerio Público (MP) y la  Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la estructura criminal adquirió bienes y servicios en la PNC por Q12 millones, adjudicados de forma fraudulenta entre 2012 y 2014.

López Bonilla es acusado por los delitos de peculado por uso, asociación ilícita y fraude. Además enfrenta otro juicio por un caso de arrendamiento de camionetas blindadas durante su administración.

Entre los otros sindicados están Héctor Florentino Rodríguez Heredia, exsubdirector de la Dirección General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil (PNC), y otros  exjefes y exasesores de la institución, y personas particulares.

Fuente Fotográfica: Siglo21

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Anthony Giovanni Pivaral de León, ex director de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), fue detenido en Ayutla, San Marcos, el pasado miércoles, acusado de participar en el caso denominado Blindados, donde habría suscripción anómala de contratos para arrendar vehículos blindados para uso del Ministerio de Gobernación.

Según las pesquisas realizadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG),  en el caso Blindados, habría tenido participación el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, el ex viceministro administrativo, Vinicio Pacheco y el ex director de la Policía Nacional Civil (PHC), Walter Vásquez, quienes ya enfrentan juicio.

Los exfuncionarios antes mencionados, habrían autorizado contratos de arrendamiento de vehículos a la empresa Multi Servicios Exclusivos y Arrendamiento de Limosinas, S.A. por un monto total de Q32.7 millones.

Fuente Fotográfica: elPeriódico

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Liberan a Salvador Estuardo González Álvarez, alias “Eco” después de cumplir con los compromisos  adquiridos con el Ministerio Público (MP), al rendir declaraciones testimoniales como anticipo de prueba, en los procesos conocidos como La Línea, Cooptación del Estado y Bufete de la Impunidad, según informó la Torre de Tribunales el Fiscal Especial Contra la Impunidad (FECI).

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci, dijo que “Como consecuencia de que esta persona ya cumplió con el compromiso asumido con el Ministerio Público de rendir declaración como anticipo de prueba en por lo menos tres procesos penales”  y el MP “como contraparte de los convenios suscritos solicitó el otorgamiento de beneficios que ya habían sido aprobados cuando se firmó el convenio”.

Hace al rededor de tres semanas que alias «Eco» recuperó su libertad, pero fue hasta este jueves que se hizo público.

Para ello se aplicaron dos medidas desjudicializadoras, debido a la valiosa colaboración eficaz prestada, además hubo extinción de dominio de bienes y de dinero, con lo cual se concluyó la persecución penal en su contra por los casos mencionados.

El abogado defensor Juan Carlos de Paz explicó que por motivos de seguridad no se puede dar información sobre el paradero de Salvador González.

Gracias a las declaraciones anticipadas de Salvador González alias “Eco” y Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario vicepresidencial en el gobierno patriota, el ex presidente Otto Fernando Pérez Molina, la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías, exministros como Mauricio López Bonilla, empresarios, exjueces, exmagistrados y financistas de partidos políticos guardan prisión desde el 2015.

Fuente Fotográfica: elPeriódico

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El Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, cuenta con los suficientes medios de convicción que serán presentadas durante la audiencia de primera declaración en contra de los 15 implicados en el caso denominado Caso Caja de Pandora.

La diligencia estaba programada para este día en el Juzgado “D” de Mayor Riesgo, pero debido a la falta de espacio necesario en la sala y uno de los sindicados no contaba con defensa técnica, la audiencia fue reprogramada por la judicatura para el próximo jueves 19 de octubre a la 9:00 de la mañana.

Entre los medios de convicción que cuenta la Fiscalía, hay información que ha proveído el sistema penitenciario, declaraciones testimoniales con información que proviene de allanamientos realizados en el año 2014, extracción de dispositivos de comunicación e información de interceptación de comunicaciones telefónicas.

La investigación

Durante la investigación se determinó que la cooperativa Torre Fuerte, que su dueño el excapitán del Ejército Byron Lima Oliva reo muerto en 2016, tenía una relación comercial con la Municipalidad Capitalina, dirigida por el jefe edil Álvaro Arzú.

De acuerdo con la investigación, la cooperativa Torre Fuerte que funcionada desde el Centro Preventivo Pavoncito a cargo de Lima, se detectó la alteración de facturas para encubrir gastos de campaña del partido político Unionista y de algunos aliados, los cuales eran pagados con fondos municipales a personas cercanas a Lima Oliva.

Entre los artículos que la Municipalidad Capitalina pagó a la empresa de Lima Oliva se encuentran: mantas vinílicas y mantas con imán que fueron utilizadas en actividades políticas.

De igual forma se pudo documentar la existencia de plazas fantasma en la Municipalidad de Guatemala, tanto para Alejandra Reyes, compañera sentimental de Lima Oliva, así como para su madre Elizabeth Ochoa Barrios y para Andrea Monzón Ramos de Villanueva, esposa de Obdulio Villanueva, quien fue condenado junto con Lima por la muerte del obispo, Juan José Gerardi Conedera en 1998; el reo falleció durante un motín en el Preventivo para Hombres de la zona 18.

Las plazas fueron otorgadas en la Empresa Metropolitana de Transportes (EMETRA), dirigida por Howard Yang, en 2007.

Durante las pesquisas se estableció que Lima Oliva le solicitó por medio de una carta apoyo económico al alcalde Arzú, el cual consistió en Q727 mil para cubrir gastos de una operación, pago de un auditor y honorarios de abogados.  Esta información la proporcionó la compañera sentimental de Byron Lima Oliva. Asimismo, por la información que facilitó, la cual estaba contenida en su teléfono móvil.

De igual forma también se explicó el involucramiento de más personas de la red de corrupción que dirigía el excapitán, Lima Oliva desde la prisión.  En contubernio con el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y el entonces director del Sistema Penitenciario, Luis Alberto González Pérez, que negociaron junto a Byron Lima autorizar traslados de reos de un centro carcelario a otro.

De acuerdo con la declaración de Alejandra Reyes, colaboradora eficaz del Ministerio Público, López Bonilla le envió un mensaje, el cual consistía en un “regalo” que era de autorizar el traslado de 150 reos, pero sólo logró ejecutar 127 cambios.

Uno de los traslados fue el caso de Kevin Overdick, la forma de pago a Lima Oliva fue otorgándole un automóvil de reciente modelo y de una marca reconocida mundialmente.  Para lograr esa situación, el entonces Director de Presidios, por medio de un oficio autorizó el traslado. Posteriormente, Lima Oliva trasladó ese vehículo al abogado Moisés Galindo.

Igualmente, los hermanos Silverio Otto y Edgar Enrique Chicas de León, ambos aceptaron haber entregado un vehículo a Lima Oliva. Luego que Lima Oliva se lo traslada al abogado Rossell Orozco.

Por este caso el MP presentó un antejuicio en contra del Alcalde Capitalino Álvaro Arzú, por los delitos de peculado por sustracción y financiamiento electoral ilícito.

Fuente: MP

Fuente Fotográfica:  MP

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El ex  ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla se opuso a la extradición solicitada por la Corte distrital Columbia, y rechazó los señalamientos por parte de Estados Unidos,  en la audiencia por proceso de solicitud de extradición.

López Bonilla dijo: “tengo suficiente evidencia objetiva para demostrar lo referente a la seguridad del país. Estoy aquí enfrentando la justicia con dignidad”.

El ex funcionario  es acusado de haber recibido dinero por parte “Los Zetas”, para facilitar las operaciones del narcotráfico.  Ordenaban a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a escoltar los cargamentos de droga.

“Es un problema de Estados Unidos, allá es donde se consumó. Nosotros somos solo un país de paso” agregó López Bonilla.

El próximo 10 de agosto se dará a conocer la resolución de los jueces, con respecto a la extradición de Mauricio López Bonilla a EEUU.

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Los medios de investigación presentados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad durante la etapa intermedia, permitieron que se dictara auto de apertura a juicio en contra de las 12 personas sindicadas en la primera fase de este proceso, entre ellas el exsubdirector de la Dirección General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil (PNC), Héctor Florentino Rodríguez Heredia, además de exjefes, exasesores y particulares.

En junio de 2015, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, desarticularon la primera parte de esta estructura  que habría operado en la PNC para desviar fondos públicos,  aparentando invertirlos en adquisición de bienes y servicios, particularmente en autopatrullas así como la contratación de obras y servicios para subestaciones de la entidad policial.

Los procesados enfrentarán juicio por los siguientes delitos:

1)Héctor Florentino Rodríguez Heredia

Por los delitos de Asociación Ilícita, Fraude, Lavado de Dinero y Enriquecimiento Ilícito

2)Otto Aníbal Escalante Mitanda
3)Dirk William Alfredo Zea Muñoz
4)Mario Jesús Ovando Lopez
5)Juan Carlos Oliveros Betancourt

Por los delitos de Asociación Ilícita y Fraude

6)Elden Leonel Cabrera Chan

Por los delitos de Asociación Ilicita, Fraude,  Enriquecimiento Ilícito de Particulares y Lavado de Dinero

7)Cleotilde Elvia Cabrera Chan
8)Aura Janeth Chic Alvaro
9)Freddy Arnoldo García Sical
10)Bairon Regalado Ruiz
11)Gaby Francineth Regalado España

Por los delitos de Asociación Ilícita y Fraude

12) Audrey Fabiola Gutiérrez Letona de Cabrera

Por el delito de Testaferrato

Segunda Fase

En seguimiento a la investigación, en operativos de mayo de este año coordinados entre el Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio de Gobernación, fueron detenidas 17 personas, entre funcionarios y exfuncionarios de la Subdirección General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil (PNC), así como  representantes legales de empresas, sindicados de sustraer fondos de la institución policial.  Entre los procesados en esta fase se encuentra el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.

Fuente: MP

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Manfredo Pacheco Consuegra, ex viceministro administrativo de Gobernación y Walter Vásquez Cerón, ex director de la Policía Nacional Civil (PNC), fueron capturados, sindicados de haber participado en el arrendamiento anómalo de 47 vehículos blindados, para el servicio de los funcionarios de dichas entidades.

Por este caso también fue notificado el ex Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y se realizará solicitud de antejuicio para retirarle la inmunidad al ex director del Sistema Penitenciario, Anthony Pivaral de León, quien actualmente ocupa el cargo de Juez de Paz.

Según las investigaciones los ex funcionarios no realizaron los procesos de licitación pública correspondientes y utilizaron ilegalmente una de las figuras de casos de excepción, contemplados en la Ley de Contrataciones del Estado, argumentando que los vehículos arrendados se clasificaban como maquinaria y equipo.

El monto total del arrendamiento de los vehículos ascendió a Q32 millones 700 mil 491 con 09 centavos y los ex funcionarios son sindicados de abuso de autoridad.

El viceministro de seguridad, Ricardo Guzmán, explicó que se realizaron dos allanamientos, por medio de los cuales se ejecutaron las dos órdenes de captura. Además indicó que esto es parte del saneamiento que se está realizando en la cartera del interior, como parte de la transparencia en la que se trabaja.

Al referirse a la situación actual del arrendamiento de vehículos blindados, para los funcionarios de Gobernación Guzmán puntualizó, “en la administración actual se dejó de gastar este dinero y se le dio un mejor uso”.

Fuente: MINGOB 

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El inmueble está ubicado en la aldea El Garitón, Taxisco, Santa Rosa y este día la Unidad de Extinción de Dominio materializó la medida cautelar del bien a nombre de Construcciones y Caminos, S.A. 

De acuerdo con la investigación preliminar, este bien inmueble habría sido adquirido en el año 2013, con “la cooperacha” que reunieron exfuncionarios de gobierno: Manuel López Ambrocio, exministro de la Defensa; Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones; Erick Archila, exministro de Energía y Minas; Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación y Juan De Dios Rodríguez, expresidente del IGSS.

La residencia está ubicada en dos fincas registradas con el número 7866, folio 366 y libro 56E y finca 415, folio 415 del libro 101E, ambas tienen un costo aproximado de 7 millones de quetzales.  Con base a la autorización judicial se inmovilizaron los bienes y se entregaron para su administración este día a la Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio.

Otros bienes

El 14 julio del año en curso, la Unidad de Extinción de Dominio materializó la medida cautelar con la entrega de tres bienes vinculados al expresidente. La diligencia fue realizada en aldea Fronteras, Río Dulce, municipio de Livingston, departamento de Izabal, consisten en una lancha marca Trhopy, color blanco; una lancha Sea Ray, color blanco, y un Dingui, marca Apex.

Medida cautelar en Zaragoza

El 27 de junio del presente año, fiscales del MP entregaron a la Senabed el inmueble ubicado en el municipio de Zaragoza, Chimaltenango, vinculado a Pérez Molina. Según la investigación el inmueble consta de 16.79 hectáreas y está a nombre de la empresa, Vista Servicios Electrónicos, S A. Entre lo localizado en el interior del inmueble se encuentran caballerizas, un helipuerto y grandes extensiones de cultivos de aguacate.

Fuente: MP

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Por su presunta participación en el caso de corrupción denominado “La Cooperacha”, fueron detenidos los ex ministros de la Defensa, Manuel López Ambrosio por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero  y Mauricio López Bonilla, ex titular de la Cartera del Interior también por asociación ilícita, lavado de activos, cohecho pasivo y fraude, informó en conferencia de prensa el Ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara, acompañado de la Fiscal General, Thelma Aldana y el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG), Iván Velásquez.

Rivas Lara añadió que se pidió la imputación de nuevos hechos delictivos en contra de Otto Pérez Molina e Ingrid Roxanna Baldetti Elías, por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos por su implicación en este caso.

Además se giraron órdenes de aprehensión de carácter internacional, en contra de los exministros de Comunicaciones y de Energía y Minas, Alejandro Sinibaldi Aparicio y Erick Estuardo Archila, por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos y se imputarán nuevos hechos delictivos a Juan de Dios de la Cruz Rodríguez por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos.

Los hechos

Según la Fiscal General y Jefa del MP, Thelma Aldana todos los ex funcionarios implicados en el presente caso reunían  sumas elevadas de dinero que tuvieron como destino la adquisición de una lancha Yamaha Grady White, un helicóptero 470 GX modelo 2013 y un inmueble  ubicado en El Garitón, Taxisco , Santa Rosa, como obsequio por el cumpleaños del entonces presidente Otto Pérez Molina.

Y destacó que a Ingrid Roxanna Baldetti Elías le obsequiaron un inmueble en Pristine Bay, Roatán Honduras bajo la misma modalidad de “Cooperacha”, los ex funcionarios del Partido Patriota.

“La señora Baldetti era quien organizaba “La Cooperacha”, Juan Carlos Monzón era el encargado de la recaudación y los Ministros de ese entonces eran quienes aportaban para los regalos del entonces presidente Pérez Molina, todo ello sucedió en los años 2012, 2013 y 2014”, afirmó Aldana Hernández.

Por su parte el Comisionado de la CICIG, explicó que para los regalos el ex ministro de la Defensa, Ulises Anzueto aportó Q 250,000 el ex Ministro de la Defensa, cooperó con cuatro millones 200 mil quetzales, el ex Ministro de Gobernación con 2 millones 513 mil quetzales y 98 mil dólares, Erick Archila dos millones 200 mil quetzales, Alejandro Sinibaldi, dos millones 500 mil quetzales y 245 mil dólares, y Juan de Dios Rodríguez, Presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) un total de 4 millones 400 mil quetzales.

López Bonilla con otro delito

Por ser miembro de la junta directiva del Registro Nacional de las Personas (RENAP), al ex ministro también se le sindica de ser contactado por Juan Carlos Monzón quién le pidió su apoyo para que votara a  favor de la propuesta de la empresa SUPER CONTROL 24, en relación a la prestación de servicio de seguridad privada a nivel nacional para el RENAP (licitación 01 – 2014) por lo cual tendría que recibir 80 mil quetzales mensuales López Bonilla, pero que según Juan Carlos Monzón fue retenido por Roxanna Baldetti debido a que el ex ministro tenía comisiones pendientes de otros negocios que tenían juntos.

Fuente: MINGOB

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