El Ministerio Público por medio de la Agencia de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, – FECI-con sede Quetzaltenango, y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, -CICIG-, coordinaron el pasado miércoles una serie de allanamientos para desarticular una red relacionada con corrupción en municipalidades de Huehuetenango y Totonicapán.

En conferencia de prensa la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana y el Comisionado Iván Velásquez de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, -CICIG- dieron a conocer detalles en cuanto a las investigaciones que permitieron concretar 15 órdenes de captura en contra de exfuncionarios y empleados municipales, así como personas particulares.

En los próximos días también se solicitará un antejuicio en contra del actual alcalde municipal de Huehuetenango.

Durante su intervención la Fiscal General explicó que la investigación inició luego de una denuncia penal presentada en la Fiscalía de Lavado de Dinero y Otros Activos del Ministerio Público, el 21 de septiembre de 2010 por la Intendencia de Verificación Especial –IVE-, donde se informó acerca de una serie de transacciones financieras realizadas por varias personas individuales y jurídicas incluidas en el reporte de transacciones sospechosas –RTS- de fecha 04 de septiembre de 2009, emitido por el Banco de Desarrollo Rural.

El expediente fue tramitado con el número de causa penal 13002-2015-00349 y se tramitó en la Judicatura de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango.

“Como recordarán en octubre de 2016 se instala en Quetzaltenango la sede de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad –FECI- y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Este año se traslada a FECI de Quetzaltenango ese expediente para profundizar en las investigaciones que involucran a funcionarios y exfuncionarios de varias comunas de los departamentos de Huehuetenango y Totonicapán».

La Investigación

En el período comprendido entre enero de 2008 y diciembre de 2009 varias municipalidades de los departamentos de Huehuetenango y Totonicapán ejecutaron varios proyectos de obra, a través de convenios de administración celebrados con la Asociación PRO-HUEHUE y con la Entidad Constructora Kelly, cuyo propietario es Héctor Leonel Castillo Gómez.

La Fiscal General explicó que al ser adjudicados los proyectos y posteriormente depositado el financiamiento de la obra, el señor Castillo Gómez, procedió a girar cheques a favor de empleados o funcionarios municipales o de familiares de estos.

Entre las personas beneficiadas con estas transacciones figuran: exalcaldes extesoreros, exsecretarios, exsindicos, exconcejales y familiares de estos funcionarios de distintas municipales de esos departamentos.

La constructora Kelly es una contratista conocida en la zona, pues le han adjudicado proyectos millonarios en varias municipalidades. La presente investigación abarca contratos municipales de los referidos departamentos.

Modo de Operar

Los procesos de licitación y/o cotización para la adjudicación de los contratos administrativos para ejecución de obra pública, eran dotados dolosamente de una aparente legalidad.  En todas las licitaciones y/o cotizaciones adjudicadas se observó claramente la manipulación de los concursos para favorecer a la Constructora Kelly.

Como parte del acuerdo previo entre los integrantes de la estructura participan otras entidades como oferentes ficticios que siempre se repetían: Constructora Martínez, propiedad de Gerónimo Martínez –actual alcalde de Huehuetenango-; Constructora L.G. propiedad de Lázaro Gómez y Constructora Gómez, propiedad de Esteban Ramón Martínez Gómez; entidades todas vinculadas entre sí y con Héctor Leonel Castillo Gómez –representante de Constructora Kelly.
Modalidades de contratación

Contratación por cotización:

Las municipalidades adjudican a la oferta presentada por la entidad Constructora Kelly, cuyo propietario es Héctor Leonel Castillo Gómez.

Convenios de Administración Financiera:

Las municipalidades celebran convenios de administración financiera y delegan a la Asociación PRO-HUEHUE, a través de su representante legal Roderico González Ochoa, la ejecución de las obras, dicha entidad procede a adjudicar a la oferta presentada por la entidad Constructora Kelly.

Los vinculados son sindicados de varios delitos entre ellos: asociación ilícita, estafa propia, cohecho activo, cohecho pasivo, concusión.

Los sindicados:

1. Héctor Leonel Castillo Gómez,
2. Roderico González Ochoa,
3. Lusbin Adriel Santos Tohón,
4. Mauro Cobón Martínez,
5. César Adán Barillas Alonzo,
6. Manuel Ireneo Tzep Chox,
7. Víctor Rodríguez López,
8. Joaquín Pérez Méndez,
9. Gaspar Marquin Simón,
10. Eulalio Sales Gómez,
11. Andrés Chiroy Cux,
12. Delia Isabel Batz Calderón,
13. Juan Isidro Larias Sanic,
14. Freddy Eduardo Alvarado Barrios,
15. Eugenio Aguilar Martín,
16. Gregorio Luciano Nolasco Marcelino,
17. Agustín Ixcoy Chanchavac,
18. Enrique Alberto Mérida Ávila,
19. Aniceto López Pérez,
20. Rigoberto Pérez Godínez,
21. Efraín García López,
22. Jorge López Morales,
23. Lázaro Gómez Gómez,
24. Mario Everildo Hernández Rivas,
25. Fidel Olegario Sontay Sicá,
26. Esteban Ramón Martínez Gómez
27. Fuente: MP

Fuente Fotográfica: elPeriódico

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