Hoy, a través de webinar, el Movimiento Cívico Nacional (MCN) habló sobre el sistema de justicia en este tiempo de cuarentena y las posibles transformaciones digitales necesarias para asegurar el acceso a todos.

Redacción Perspectiva

El evento fue moderador por César Siguenza de la Fundación 2020. Los participantes fueron: Paola Galich, abogada litigante; Karin Gómez, miembro del Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal y el abogado Aníbal Samayoa, diputado de la bancada Humanista.  

El objetivo principal fue discutir las posibles transformaciones del sistema de justicia que permitan agilizar y optimizar su labor. Ante la pandemia del COVID-19, se hace visible la necesidad de concretar herramientas digitales que permitan que la justicia pueda seguir siendo accesible.

De acuerdo con Paola Galich, algunas de las innovaciones digitales que pueden ajustarse de inmediato al sistema de justicia del país son las videoconferencias, el uso de un buzón electrónico institucional que agilizarían las gestiones de expedientes. También utilizar el casillero electrónico que fue habilitado desde el 2011, pero que a la fecha es utilizado por muy pocos abogados litigantes.

Según Karin Gómez, las transformaciones tecnológicas deben realizarse lo antes posible, el sistema de justicia está prácticamente paralizada pero “cuando se habiliten los plazos y todo vuelva a la normalidad, se vendrá una carga excesiva de procesos más los procesos nuevos que surgirán derivado de la crisis, en todas las ramas” indica Gómez.

Asimismo, Goméz hace notar que es necesario un cambio de mentalidad que permita migrar a la justicia digitalizada.

Durante el debate, se abordó la iniciativa de Ley de Reactivación del Sistema de Justicia, descrita por el diputado Samayoa. El congresista mencionó la importancia de hacer transformaciones en el Organismo Judicial que den paso al uso de métodos digitales que agilicen el sistema. Uno de los objetivos es lograr migrar a los procesos electrónicos que den un espacio seguro y al alcance de todos.

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Dos jóvenes que hace cinco años fueron protagonistas en las manifestaciones conocidas como “Despertar ciudadano”, que cambiaron la configuración del mapa político en un momento en que el Estado era saqueado por diferentes mafias. Desde diferentes perspectivas, Christians Castillo, analista del IPNUSAC, y José Echeverría, presidente del MCN, hacen un balance sobre ese hecho histórico.

Roxana Orantes Córdova

Hace cinco años, la Plaza de la Constitución fue el escenario de un movimiento sin precedentes, que logró defenestrar primero, a la vicepresidente Roxana Baldetti y meses después, al mandatario Otto Pérez Molina.

En esa gesta cívica hubo actores que convocaron y participaron activamente. Entre estos, resaltaron los jóvenes. Entre estos, el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC), y el Movimiento Cívico Nacional (MCN), surgido durante las protestas de 2008 contra el gobierno de Álvaro Colom.

Perspectiva logró conversar con Christians Castillo, analista del IPNUSAC y con José Echeverría, presidente del MCN. Desde diferentes posiciones, ambos exponen su valoración de un hecho que modificó el mapa político del país y demostró el poder de la indignación ciudadana.

Christians Castillo, IPNUSAC

¿Cuál es la importancia del Despertar Ciudadano de 2015?

Considero que, en primer lugar no fue tal. Muchos acudimos a la plaza ingenuamente. Podría decirse que el movimiento fue una “llamarada de tusas” y los más formados y comprometidos en la lucha política trataron de controlarlo, pero básicamente fue un movimiento de clase media, una muestra masiva de descontento sin proyección política que se diluyó y será un bonito recuerdo para quienes puedan contarlo a las generaciones “post COVID-19”.

¿Cuál es el balance?

En primer lugar, el tortuguismo del sistema judicial que no permite sentencias firmes. Roxana Baldetti fue señalada por diversos crímenes y en algunos procesos sencillos hay sentencias, pero muchos recursos interpuestos logran que no existan sentencias.

Un primer saldo sería que no existe justicia pronta ni cumplida.

En términos de memoria histórica, es un hecho que Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti pasaron al olvido y la indignación se trasladó a Jimmy Morales, quien nunca representó a las estructuras monstruosas de corrupción cuyos tentáculos alcanzaban a Pérez y Baldetti.

A Morales se le criticó por un par de lentes, por fiestas suntuosas o mujeres, señalamientos que no coincidían con los millones que defraudó el gobierno depuesto en 2015, probablemente por la baja formación política de las mayorías, se olvidó a los depuestos y las críticas se enfocaron contra el siguiente mandatario.

¿Qué cambios provocó ese movimiento?

Durante las manifestaciones fue posible ver gente de clase media y media alta que por primera vez ponía los pies en la Plaza de la Constitución. Para la generación post COVID-19, esta será casi una narrativa de ciencia ficción.

Fue una gesta que se extendió de abril a septiembre y significó una inflexión histórica en la política nacional, una ruptura. Pero aunque renunció el binomio presidencial, no se logró depurar a la clase política.

¿Qué diferencias hay entre hoy y el 8 de mayo de 2015?

Los sucesores de una clase política criminal siguen gobernando en Guatemala. Políticos corruptos como Roxana Baldetti, a quien las élites le rendían pleitesía. Hay segundas y terceras generaciones de esa clase política criminal gobernando al país, nombrados en puestos clave.

El caso de Baldetti sigue siendo un mensaje de que los guatemaltecos no debemos tolerar ser gobernados por esas clicas políticas de corruptos.

¿Qué opina del proceso de elección de magistrados?

Estamos en un momento clave, cuando la Corte de Constitucionalidad (CC), permite la elección de magistrados y jueces lo suficientemente comprometidos con la justicia.

José Echeverría, MCN

¿Cuál es la importancia del Despertar Ciudadano de 2015?

Fue un movimiento genuinamente ciudadano. La convocatoria no puede adjudicarse a un determinado grupo. Fue resultado de la acción individual de ciudadanos que coincidieron en manifestar, tal como había sido anteriormente, en 2009 cuando un grupo de ciudadanos indignados protestó contra los asesinatos de la familia Musa (caso Rosenberg).

En 2009 y 2015 se produjeron marchas pacíficas que fueron expresiones ciudadanas de civismo, sin pertenencia a ningún grupo específico.

¿Cuál es el balance?

Es un balance positivo, especialmente por el involucramiento de la ciudadanía con la clase política. Entre la valoración negativa, estaría el intento posterior de aprovechar el movimiento ciudadano para otros fines, pero los guatemaltecos reconocieron esto y aunque hubo grupos que intentaron mantener las protestas posteriormente a la renuncia de Pérez Molina, la plaza quedó vacía.

¿Qué cambios provocó ese movimiento?

En 2015, la ciudadanía pedía una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. En 2016 se intentó una reforma mal planteada, con errores que derivaron en el caso electoral que vivimos el año pasado. Una ley electoral totalmente opuesta a lo que pedía la ciudadanía.

En cuanto a la aplicación de la justicia, a punta de casos judiciales no va a cambiar nada. Es necesario que la sociedad civil fiscalice la eficiencia y efectividad del gasto público, por ejemplo.

¿Qué diferencias hay entre hoy y el 8 de mayo de 2015?

Actualmente, existe un deterioro institucional evidente. El ejemplo de esto es el proceso de elección de magistrados, donde se han manipulado los tiempos electorales.

Urge una discusión seria sobre este y otros temas constitucionales, pero se intentó una reforma sin éxito, debido a la imposición de intereses particulares.

Actualmente, Guatemala tiene una ciudadanía activa, que si es necesario va a volver a manifestar.

¿Qué opina del proceso de elección de magistrados?

Si tuviéramos siete meses de atraso en laper toma de posesión del Presidente, y Jimmy Morales siguiera gobernando, o si la actual legislatura no hubiera tomado posesión en el Congreso, sería un caso inconcebible.

Sin embargo, el Organismo Judicial es como la cenicienta de los tres poderes y es el que menos atención recibe desde todas las ópticas. No son electos por voto popular, entonces son menos visibles ante la opinión pública.

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Además de los bonos especiales que pidieron por lo menos tres sindicatos del Estado, es inminente el endeudamiento multimillonario para afrontar la crisis derivada de la pandemia de COVID-19. Los riesgos de esta medida y la improcedencia de las exigencias de los burócratas son comentados por Crista Salazar, de Guatemala Inmortal (GI), y José Echeverría, presidente ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional (MCN).

Roxana Orantes Córdova

Poco antes de que se iniciaran las medidas gubernamentales para contener la pandemia, los sindicatos de la Superintendencia de Administración Tributaria, la Empresa Portuaria y el Organismo Judicial (OJ), pidieron bonos de entre Q10 mil y Q3 mil para cada trabajador, por concepto de “riesgo por la crisis” (aproximadamente este fue el argumento).

En el caso del OJ, hay un bono de Q3 mil, que se otorga a los empleados durante la Semana Santa. Similares bonos reciben los trabajadores de Salud Pública, Educación y otras dependencias del Estado que tienen fuertes sindicatos.

El 1 de abril, una circular firmada por el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, convoca de urgencia a los diputados para que mañana continúen la sesión “declarada permanente, a realizarse el jueves 2 de abril a las catorce horas”.

En esa sesión se está discutiendo la aprobación de un plan cuyo costo suma Q11 mil millones, presentado ayer a los diputados y que según los medios “es visto con buenos ojos” por los diputados.

La medida podría tener serias repercusiones para la economía nacional. Al mismo tiempo, la demanda de los sindicalistas evidencia que estas organizaciones son una pesada carga para el Estado. En un momento de crisis, donde muchos guatemaltecos podrían pasar necesidades extremas y cientos de empresas podrían quebrar, los sindicalistas estatales piden más dinero del que ya reciben por ley, como un privilegio que es resultado de sus actos de presión.

Algunas voces aisladas y organizaciones civiles recién conformadas, han solicitado en redes sociales que todos los servidores públicos cuyos salarios superan los Q25 mil, accedan a reducir sus ingresos.

Según una publicación de Guatemala Inmortal, el 31 de marzo vencieron los contratos 029, “llamados los contratos clientelares” y que no están sujetos a fiscalización. Pagar estos contratos sería uno de los destinos de la ampliación presupuestaria, dice el documento citado.

“Nunca hay que aprovecharse de Guatemala, menos en época de crisis”: Crista Salazar

“Es lamentable que estén pidiendo un presupuesto para seguir endeudando a los guatemaltecos en tiempos de crisis. Evidentemente, este no será usado para temas de salud ni reactivación económica, sino para el pago de sueldos, pactos colectivos y el renglón 029, que ocupa casi el 85% del presupuesto del Estado. Cuesta mucho creer en este presupuesto, cuando hay tan poca fiscalización del mismo”

“Da tristeza que aprueben esto para pagar deudas políticas, nunca es momento de aprovecharse de Guatemala  menos en esta época de crisis. GI ha presentado propuestas que evitarían el endeudamiento del país y podrían ayudar a recuperar la economía de una manera sostenible, sin perjudicar la salud de los guatemaltecos: pruebas masivas, aplazar el pago de IVA, ISR, INTECAP, IGSS, IRTRA, eliminar el ISO y reducir el ISR a un 15%, entre otros”.

“Estas medidas las tomamos con base a la experiencia de países como Taiwan, Singapur, Corea del Sur y otros que lograron disminuir la curva de propagación sin estancar la economía, y de la mano de economistas de alto nivel, como Daniel Fernández de UFM Market Trends.

“Es una barbaridad que aprueben esos préstamos, es un endeudamiento que jamás había sucedido en Guatemala, algo que todos tendremos que pagar en plena crisis y muy poco de ellos está destinado realmente a la crisis, no se puede pensar nada bueno de ello. Guatemala Inmortal insta a los gobernantes a reestructurar el presupuesto actual, y tomar mejores medidas que no afecten la bolsa de los guatemaltecos. Le recordamos al presidente Giammattei que el prometió reducir el Estado un 30% en campaña, y el destino de este presupuesto (pago de sueldos del estado y pactos colectivos) nos demuestra a los guatemaltecos que él no está cumpliendo a sus promesas de campaña.

“Los bonos sindicales son abuso de poder”, dice Echeverría

Según afirma Echeverría, cuando los fondos públicos se incrementan y liberan para atenuar crisis, se provoca un déficit que incrementa la crisis. “En estos casos, los gastos del Estado se ejecutan con muy poca transparencia y para acelerar la ejecución rápida, se prescinde de los mecanismos de revisión tradicionales”.

El reto del gobierno es atender la crisis pero al mismo tiempo, garantizar la transparencia en la ejecución de estos fondos, dice Echeverría. En cuanto a los bonos solicitados por sindicatos, y el bono de “Semana Santa” del OJ, expresa que todos los organismos estatales, incluyendo al Congreso y los diputados, debieran estar implementando la austeridad.

“En cambio, por réditos políticos  están impulsando propuestas populistas y sin fundamento técnico ni legal. Es necesario que el Estado atienda al bienestar y la salud de las familias más necesitadas, pero se está mermando la economía. Urge que se establezca un mecanismo para balancear el sostenimiento de los empleos. El IGSS podría tener un papel trascendental, al suspender a sus beneficiarios con goce de salario”.

Echeverría reiteró que los trabajadores del Estado deben ser austeros. Señaló que no es procedente la entrega de bonos extra apelando a la catástrofe. “Los bonos son forma de abuso de poder y esto se agrava con el abuso de la situación actual. Es necesario que respeten a la ciudadanía en un momento tan crítico”, concluyó.

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Convocados por el MCN, juristas y analistas participaron en un conversatorio llamado El futuro de la justicia en Guatemala, donde se habló de la crisis que afecta a todo el sistema de justicia en una coyuntura donde en lugar de certeza jurídica, se observa una total incertidumbre.

Roxana Orantes Córdova

Durante la mañana de ayer se reunieron para intercambiar sus interpretaciones sobre la crítica situación de la justicia en Guatemala, representantes del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Guatemala Visible, Fundación 2020, Alianza en Defensa de la República (ADER), el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Industriales, Comerciales y Financieras (CACIF) y el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis Fernández Molina.

Este foro puede ser “un primer paso hacia la búsqueda de soluciones para la situación del Organismo Judicial (OJ) de Guatemala”, dijo José Echeverría, del MCN, al concluir la actividad. Además, llamó a que se mantenga el trabajo de acompañamiento y monitoreo, para contribuir con un sistema de justicia que funcione bien.

Los juristas y académicos que expusieron sus ideas en el evento son: César Sigüenza, de Fundación 2010; Marielos Fuentes, Guatemala Visible; Stuardo Ralón, CEDECON; CACIF, Diego Marroquín; María Fernanda Galán, ASIES e Ignacio Andrade, de ADER.

Como moderador, Echeverría planteó las preguntas que cada uno de los participantes respondió. Entre las conclusiones, se mencionó la responsabilidad de la Corte de Constitucionalidad (CC), cuyo amparo provisional ha motivado incertidumbre en cuanto al cumplimiento de los plazos establecidos en la Constitución Política de la República  sobre la temporalidad de los puestos para los magistrados, pero además amenaza con sentar como precedente la flexibilización en el cumplimiento de plazos que, según la propia Carta Magna, fueron establecidos en “artículos pétreos”.

El proceso de comisiones postuladoras atropellado

Stuardo Ralón comentó que “no hay certeza jurídica”, puesto que el amparo provisional de la CC que rompió el proceso de postulación, alteró el orden establecido en la ley y motivó el riesgo de que esta falta de certeza jurídica pueda prolongarse y siga afectando los procesos de alto y mediano impacto.

Para Andrade, el atraso en los procesos y la permisividad en la violación de los plazos, puede tener un efecto grave a largo plazo. Por ejemplo, podría extenderse el período presidencial, pese a que la disposición vigente “no prorroga plazos, es pétrea”.

Según dijo, la crisis acarrea problemas que van desde lo estructural, hasta el proceso para la selección y nombramiento de los futuros magistrados.

Para Diego Marroquín, “existe una inestabilidad bastante clara. Hay entre 300 y 400 jueces y magistrados ¿cómo hará el Consejo de la Carrera Judicial para cumplir los plazos?”.

La incertidumbre sobre cómo o cuándo se aprobará el reglamento del Consejo de la Carrera Judicial es uno de los elementos graves que pueden prolongar el proceso y motivar conflicto de poder entre las evaluaciones del Consejo y las comisiones. Pero sobre todo, es preocupante que el retraso incidirá en qué legislatura elija a los próximos magistrados.

Sigüenza consideró que “ante una crisis tan relevante, para el bien del país es necesario encontrar un modelo serio”. También dijo: “los miembros del Consejo y los comisionados tendrán que rendir cuentas de esta crisis que puede extenderse”.

“El problema lo generó la CC obedeciendo a grupos de interés. No puede existir fortaleza institucional si no se respeta el orden constitucional”, dijo Ralón y agregó: “la CC nos metió en un laberinto”.

La expectativa para remediar el caos, será el cambio de magistrados de la CC. “O que esta no vuelva a admitir más amparos”, indicaron.

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Durante las masivas protestas contra la corrupción en 2015, se constituyó la Coordinadora Estudiantil Universitaria (CEUG), que aglutinó a estudiantes de diferentes universidades. Entre los representantes de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), estaba José Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional (MCN), agrupación decisiva en la convocatoria de las marchas de 2015.

Según cuenta, siempre quiso estudiar una carrera con proyección social y comenzó matriculándose en medicina, pero pronto cambió esta por derecho. Recuerda las marchas de 2015 como un momento decisivo en la historia reciente.

Para Echeverría, quien se define como un liberal clásico, esa experiencia demostró que es posible dialogar sobre temas de nación, “pese a las diferencias ideológicas”.

Además de su profesión y acción política, José Echeverría es un joven guatemalteco a quien le gustan los deportes. “Entreno box”, comenta y agrega que le gusta viajar, dentro y fuera del país. Conocer personas, culturas y costumbres es una de las actividades que enriquecen y amplían la visión del mundo, señala.

Viajando por Guatemala ha comprobado que “nos han tratado de vender que tenemos un país menos valioso de lo que es en realidad”.

El lunes, el MCN presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para proteger la libertad de expresión, amenazada con un reglamento del Tribunal Supremo Electoral (TSE), finalmente “anulado” pero del que todavía se desconocen los autores.

Según comenta Echeverría, accionaron contra la medida del TSE porque para la agrupación que dirige, la libre expresión es un derecho inherente al individuo y jamás debe ser coartado.

Roxana Orantes Córdova

 ¿En qué momento está el MCN?

Luego de una reestructura que implicó el cambio de la Junta Directiva, se buscó rejuvenecer la agrupación, con mayor presencia de gente joven. No hemos dejado de trabajar en pro del fortalecimiento de la República, el Estado de Derecho y la libertad individual, que son nuestros nortes.

 ¿Rodrigo Arenas sigue siendo parte de la directiva?

Sigue apoyando, pero no tiene ningún rol administrativo ni ejecutivo en el MCN. Consideramos que las instituciones deben prevalecer ante los individuos. Por ejemplo, en Guatemala se construye institucionalidad a partir de los individuos. Esto se evidencia incluso en el Estado, cuando un presidente entrega el gobierno a su sucesor se suelen cambiar los planes.

Esto es un error. Las instituciones van más allá de las personas. Cuando dependen de un individuo son mucho más frágiles y no logran sostenerse. Es importante mantener y observar la misión, visión y objetivos a través del tiempo.

Hoy, me toca presidir el MCN, más adelante seguramente será otra persona. Lo importante es que la institución permanezca.

 ¿Cuáles son los principales elementos de este contexto político?

Estamos en un momento crucial para el país. Existe la oportunidad de mejorar el sistema de justicia, pero también la amenaza de retroceder lo avanzado. Es fundamental que haya auditoría social en las elecciones de cortes que se realizarán este año.

No deben designarse quienes sean más afines a determinados grupos. Necesitamos magistrados objetivos, que fortalezcan efectivamente al Organismo Judicial, sin sesgos ni afinidades ideológicas.

Existe mala utilización de la auditoría social cuando se ejerce presión para nombrar magistrados afines a determinadas ideologías. Esto conlleva un grave peligro para la aplicación de la justicia, así como la pérdida de la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad.

 ¿Qué necesita Guatemala en este momento?

Desde una visión republicana y democrática, considero que necesitamos el cumplimiento de los aspectos básicos en un régimen republicano democrático, tal como lo concibieron los padres fundadores de Estados Unidos: un sistema de gobierno funcional, con instituciones eficientes, la igualdad de todos ante la ley, reglas claras.

Que todos los guatemaltecos puedan predecir la aplicación de las leyes, porque estas son iguales para todos. Cortes que resuelvan por igual sobre un mismo tema.

Además es necesario que se creen políticas para dinamizar la economía, mejorar la efectividad del servicio civil. No todos los trabajadores del Estado son malos. Existen muchos que no están afiliados a los sindicatos estatales, quienes cumplen su labor. Es necesario que se otorguen premios al mérito y se realice una reforma mínima para mejorar las condiciones del servicio civil.

¿Cuál es su valoración sobre la gestión CICIG-MP durante la administración Velásquez-Aldana?

Como nación, debemos autoevaluarnos. La CICIG contribuyó a investigar bien ciertos casos, pero puede decirse que se “partió en dos”. Por una parte, realizó investigaciones importantes, pero por la otra, faltó rendición de cuentas y transparencia en su labor.

La CICIG fue consecuencia de un acuerdo entre la ONU y el gobierno de Guatemala. Sin embargo, la ONU ha ignorado en repetidas ocasiones la solicitud de Guatemala para poner fin a un tratado entre esas dos partes.

¿Qué necesitan conocer los ciudadanos en este proceso electoral?

Es importante identificar y alejarse del populismo. Entre sus características están: polarización social, rechazo al status quo, creencia de que un presidente puede “salvar al país”, discurso de odio basado en “quien no está conmigo, está contra mí”.

Son patrones que se repiten mil veces y debemos estar alertas ante estas características. Es peligroso, porque cuando llegan al Ejecutivo comienzan a usurpar funciones de los otros poderes y a eliminar los frenos y contrapesos que deben estar presentes en un régimen republicano y democrático.

¿Qué tipo de mandatario sería el idóneo para Guatemala?

Alguien que sepa llegar a acuerdos y tenga la disposición de hacer una serie de reformas mínimas para garantizar el acceso a la justicia, el Estado de Derecho. Hay que identificar las tendencias populistas, porque si alguien de esa corriente llega al gobierno, la libertad estaría amenazada.

Lamentablemente, en América Latina existe tendencia favorable al populismo. Ejemplos como Venezuela y Nicaragua son ilustrativos de lo que sucede cuando un país opta por esa corriente.

¿Cómo califica el intento de censura presente en el reglamento recién anulado del TSE?

En un proceso electoral, el rol de los medios es muy importante. Debemos darnos cuenta de que hay libertad. Tal vez no estamos en la sociedad ideal, pero existe la libertad y con medidas como esta, nos acercaríamos a perderla.

Para el MCN, la libertad es uno de los pilares básicos de la democracia y Guatemala necesita fortalecerlos. Es uno de los derechos fundamentales, es inherente al ser humano y no puede ser conculcado.

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Durante las primeras horas de la tarde, el Movimiento Cívico Nacional (MCN), acudió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para presentar un recurso de amparo contra un acuerdo recientemente aprobado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que pretende regular las entrevistas y debates electorales que se transmitan en medios de comunicación. El intento de censura ha motivado una inmediata reacción ciudadana y si bien funcionarios del TSE afirmaron que “están abiertos” a revisarlo, es un hecho que la ciudadanía no aceptará un proceso donde la censura a la libre expresión sería uno de los indicadores. Aunque se conoció que el TSE habría suspendido la entrada en vigencia del reglamento, queda pendiente que el ente electoral informe a la ciudadanía la identidad de los responsables y que la normativa de censura sea derogada, no suspendida.

Roxana Orantes Córdova

La libre emisión del pensamiento podría convertirse en historia, si el Tribunal Supremo Electoral (TSE), no recapacita y deroga un reglamento que, a criterio del candidato presidencial de Encuentro por Guatemala, Manfredo Marroquín, parece “cosa de locos” y que ha sido calificado cuando menos de inconstitucional por diversas voces airadas que reaccionan ante uno de los pocos puntales que sostienen la precaria democracia guatemalteca: el derecho a la libertad de expresión.

El abogado Giovanni Fratti dijo que el proyecto de censurar y regular la libre expresión en medios es una aberración, mientras el penalista Omar Barrios expresó en sus redes: “les dije que no era buena idea que la CICIG interviniera en el TSE”.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Industriales, Comerciales y Financieras (CACIF), reaccionó el 10 de marzo, con un comunicado en el que afirma:

“Se observa una clara amenaza contra la libre emisión del pensamiento, la libertad de asociación, la oportunidad de debatir ideas y el ejercicio de los derechos políticos, entre otras garantías.

Consideramos importante que dicho reglamento se deje sin efecto de inmediato para permitir que organizaciones civiles y medios de comunicación puedan cumplir con su rol a cabalidad en el marco de la campaña electoral”.

La posición de la gremial de empresarios fue secundada el lunes con un editorial y dos columnas de opinión en medios escritos que se pronunciaron al respecto. Igualmente, entre domingo y lunes, el MCN, la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP), la Fundación Libertad y Desarrollo, Guatemala Visible, Guatemala Inmortal (GI), que presentó una acción de amparo por inconstitucionalidad, la Alianza Evangélica y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), coincidieron en denunciar que el acuerdo citado transgrede la Constitución Política de la República y normativas internacionales de derechos humanos. Probablemente, muchas otras agrupaciones y personas individuales se sumarán al reclamo para que se derogue el polémico acuerdo.

 Confusión y censura en las elecciones 2019

Poco antes de presentarse ante la CSJ para interponer el recurso de amparo, el presidente del MCN, José Echeverría, dijo a Perspectiva: “Ayer nos pronunciamos sobre ese acuerdo, que motiva gran preocupación porque pretende limitar y dirigir la libertad de expresión, que es un derecho constitucional que también consta en tratados internacionales de derechos humanos”.

Según afirma, la previa autorización de una entidad para emitir opinión, es sencillamente censura y restricción a la libertad de expresar opinión pero también a la libertad de informarse libremente. “La opinión jamás puede ser supervisada por un ente de gobierno”, expresó.

Otro aspecto que según Echeverría resulta preocupante, es la falta de reglas claras en este proceso. “El TSE no puede publicar un reglamento y luego esconderlo, quitándolo de su página. No es una conducta sana. El TSE debe publicarlo y luego anular lo reglamentado”, dijo.

En torno a la acción de inconstitucionalidad presentada hace varios meses a la Corte de Constitucionalidad (CC) por la CGP contra artículos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que fundamentan las violaciones a la libre expresión, Echeverría lamenta que la CC haya extendido tanto el plazo para resolver, considerando que “la libre expresión es un tema primordial para la democracia”.

El politólogo Ricardo Barreno, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), que es parte del Mirador Electoral, considera que la ambigüedad y la incertidumbre son características de este proceso electoral que cada vez están más marcadas. “Luego de los comunicados del CACIF y Mirador Electoral, el TSE anunció que revisarán el acuerdo”.

Según Barreno, es urgente que el TSE implemente una estrategia de comunicación interna, puesto que “no es posible que la unidad encargada de monitorear medios de comunicación no supiera que existía ese acuerdo”, concluye.

Cuando a la censura se agrega la opacidad

Uno de los hechos insólitos en torno a un acuerdo que parece una mala broma, es que la directora de la Unidad de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del TSE, Rosa María Bolaños, haya dicho a los medios: “Desconozco el acuerdo. No fue creado en la unidad de medios”.

A ello, la presidenta de la CGC, Sylvia Gereda, expresó en sus redes: “Ante un tribunal debe responder Bolaños si ella o quién fue la autora del reglamento censura. Es indignante…el peor @TSEGuatemala en la historia de Guatemala. Jamás, nunca renunciaremos al derecho de libertad de expresión, porque sin libertad de expresión, simplemente no hay libertad”.

Por su parte, la presidenta del TSE, María Eugenia Mijangos, dijo a los medios: “nosotros estamos abiertos y vamos a revisar”. Poco después, agregó que debido a que el reglamento levantó “tanta expectativa y críticas”, “no hará públicos los nombres de los asesores que presentaron el reglamento”.

A lo anterior, Ricardo Méndez Ruiz señala que Mijangos seguramente no conoce las leyes guatemaltecas, considerando que existe la Ley de Libre Acceso a la Información.

¿Censura y obligaciones de los medios por acuerdo?

Lo más probable es que un reglamento que motivó indignación y recelo social sea derogado. Un indicio es su eliminación de la página del TSE. Sin embargo, la intención de implantar un régimen de censura gubernamental a los medios de comunicación, es una característica de los regímenes totalitarios, sean fascistas o comunistas. Y, por el momento, Guatemala es un país democrático que se prepara para celebrar elecciones libres.

El acuerdo que motivó tantos descontentos consta de 22 artículos. En estos intenta reglamentar la forma en la cual los medios deberán realizar sus coberturas a los candidatos, incluyendo los espacios de debate.

Un elemento sorprendente del acuerdo, es que pretenda incidir en las líneas editoriales de los medios, al exhortarlos para que “fomenten la educación cívica, la cultura política democrática y la participación ciudadana” (tareas que evidentemente competen al TSE y nunca a empresas de comunicación).

En un universo totalitario, los medios de comunicación notifican al órgano censor del Estado sobre los contenidos que pretenden publicar. El reglamento fallido del TSE señala que esa entidad “aprobará la programación sobre las entrevistas y foros. Aparte de esa “aberración” (como la calificó Fratti), pretende regular el tiempo de los programas: no más de 120 minutos, y de las intervenciones: 10 minutos por candidato. El extremo de esta pretensión es que pretenden indicar los temas que deberán debatirse y exigirá que se sorteen las intervenciones.

El penalista y analista de medios Omar Barrios escribió un extenso análisis sobre el tema, en el que afirma: “De un «libertinaje electoral» ilegítimo pasamos a una «censura política» ilegal. Mala enfermedad, pésima la medicina y el TSE nos lleva a un resultado electoral sin legitimidad”.

El ente electoral está llamado a ejercer jurisdicción electoral sobre las organizaciones políticas, no sobre los ciudadanos, señala Barrios, quien añade que otro de los atropellos es que no permitirá a extranjeros ser moderadores en foros políticos.

“Lo peor es que el reglamento es tan mediocre que copia definiciones de Wilkipedia”, dice Barrios, quien recuerda que la Unidad de Medios nació controlada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Esto consta en la cláusula segunda, literal C, del acuerdo entre la CICIG y el TSE.

A lo anterior, añade que la mencionada unidad no tiene capacidad para controlar la totalidad de los medios, por lo que el intento de censura pareciera estar dirigido a los medios independientes, “a los que perjudiquen a los protegidos”.

Finalmente, Barrios insta a los magistrados a enmendar la situación y señala: “Ojalá sus actuaciones fueran para que el RENAP funcione para empadronar a 1.5 millones de jóvenes que están fuera del padrón porque el sistema del RENAP fue un fracaso. Que organicen bien los comicios y que no sigan censurando un proceso electoral carente de información para la población”.

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Por: Fernanda Ixquiac Serrano

El día de hoy guatemaltecos y del Movimiento Cívico Nacional se reunieron frente al Congreso de la República para manifestar su rechazo a la reforma electoral, puesto que no erradica los problemas que propician un sistema político electoral débil y con muy poca aprobación de la ciudadanía.

Es imperativo que los honorables diputados del Congreso de la República, en su función de representantes de los ciudadanos guatemaltecos, aprueben verdaderos cambios para erradicar el tráfico de influencias, corrupción, clientelismo y demás males dentro del Congreso de la República”. Mencionó Gloria Álvarez  del Movimiento Cívico Nacional (MCN).

MCN exige se den a conocer las presentes reformas, se establezca una mesa de discusión con diferentes actores de la sociedad donde se analizar, los cambios o propuestas que sirvan para mejorar la «Ley Electoral de Partidos Políticos». Además proponen, la eliminación de los listados cerrados como método de elección de diputados de distrito y listado nacional. Como solución, proponen abrir las listas de elección de diputados para que los ciudadanos elijan a candidatos específicos en las elecciones que se lleven a cabo en Guatemala en el próximo año 2019.

Vía Instagram

Hoy se llevó acabó una manifestación frente al Congreso de la República donde se exijia la eliminación de los listados cerrados como método de lección de diputados distritales y listado nacional. #MNC #Congreso #Actualidad #Guatemala #Política

Una foto publicada por PERSPECTIVA (@perspectivagt) el 29 de Mar de 2016 a la(s) 1:03 PDT

 

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