Hoy se conoció que la Corte de Constitucionalidad (CC), otorgó un amparo al Ministerio Público (MP), que de esa manera logró detener nuevamente la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones. Desde el 13 de octubre 2019, uno de los tres poderes del Estado es ejercido de facto, han afirmado varias veces diferentes abogados constitucionalistas. Las reacciones ante este fallo de la CC van de la condena al desconcierto, pero no sorprenden a los críticos de la CC.

Roxana Orantes Córdova

El amparo definitivo de la CC al MP fue comunicado de forma escueta por el ente investigador: “El MP debe enviar informe circunstanciado a la Junta Directiva del Congreso de la República para que este organismo proceda a la selección de profesionales honorables, capaces e idóneos para el cargo de Magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Salas de la Corte de Apelaciones”.

El único voto disidente fue de la magistrada Dina Ochoa, quien en su voto razonado expone:

“No comparto, en lo absoluto, la afirmación que remarqué en el párrafo anterior puesto que, a mi juicio, la Corte de Constitucionalidad no puede ordenarle a la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público que entregue información que es propia de una investigación y que, incluso, puede estar bajo las reservas de la ley correspondiente. A mi juicio, la orden proferida por la Corte, en los términos precisados, pone en peligro la investigación que, según aduce la postulante del amparo, se encuentra en marcha”.

Ochoa agrega en su argumento que no resulta viable que la CC exija información particularizada de hechos que son investigados, porque vulnera el principio de presunción de inocencia y la autonomía del MP, ambos consagrados en la Constitución. “Lo anterior, por razón de que al Congreso de la república no le corresponde determinar si esas personas “manipularon” o “influenciaron” el proceso de mérito”. Aunado a lo anterior, no puede pasar desapercibido que varios de los profesionales que integran las nóminas remitidas al Legislativo, gozan del derecho de antejuicio, dice Ochoa.

La CC no puede “pasar instrucciones al Congreso de la República”, añade la magistrada. Sin embargo, como antecedente, existen muchos y variados fallos de esa instancia que se han extralimitado, ordenando al Congreso legislar según sus dictámenes, inmiscuyéndose en la política exterior, competencia exclusiva del Presidente, y con fallos contradictorios: decidió que se realizara una consulta popular, manteniendo activa a la hidroeléctrica que la motivó, mientras paralizó las labores de la minera San Rafael durante más de un año. Antes de que se realizara la consulta, la minera fue vendida y miles perdieron el empleo.

Otro fallo irregular de la actual CC es la defenestración de la juez Silvia Valdés, quien en 2017 había sido nombrada presidente del Organismo Judicial, con un amparo que logró desbaratar el proceso de nombramiento. Paradójicamente, en octubre de 2019 Valdés volvió a presidir el OJ, gracias a otro fallo de la CC que logró estancar el proceso de elección de magistrados a solicitud de varias organizaciones no gubernamentales que han demostrado su nivel de incidencia ante la CC, convertida en un ente extremadamente poderoso, muy lejano al tribunal colegiado de consultas constitucionales original.

El proceso para elegir magistrados no es el idóneo, han dicho repetidamente varios abogados. Sin embargo, resulta mucho peor detenerlo a través de varios amparos hasta que cuadre exactamente con los objetivos de un grupo muy poderoso conformado por organizaciones no gubernamentales, “jueces colaboradores” (de la CICIG) e investigadores del MP (especialmente, de la FECI).

En agosto de 2019, las ONG´s y sus aliados ya habían dado el “visto bueno” al proceso, que se desenvolvía con aparente normalidad. Sin embargo, resultaron excluidos los dos “juzgadores estrella” de la CICiG-MP: Miguel Ángel Gálvez y Erica Aifán. Como un detalle “de color”, es necesario recordar que Aifán llegó a ser juez a través de un amparo, interpuesto por ella en 2001, cuando su evaluación resultó insatisfactoria.

Falta ver de qué forma se desenvuelve el Congreso ante esta presión de la CC cuyo amparo, entre otros despropósitos, pretende presionar para que se realice una reforma constitucional anhelada por el grupo mencionado. Reforma que también intentaron imponer con apoyo del ex embajador Todd Robinson y el ex comisionado Iván Velásquez, la cual pese a todo, fracasó en 2017.

“La Historia demuestra que no bromeamos”, dice Méndez Ruiz

Las reacciones opuestas al reciente fallo provienen principalmente de la derecha ideológica. Sin embargo, llama la atención un comunicado firmado por los obispos Álvaro Cardenal Ramazzini y Gonzalo de Villa, ambos considerados afines a las ideas progresistas.

El documento de los prelados católicos menciona un aspecto que pocas de las críticas toman en cuenta, y es la descalificación del trabajo de las comisiones postuladoras. Textualmente indican:

“Llevaron a cabo un trabajo duro y acertado, a pesar de las dificultades presentadas por el retraso en los plazos”.

Debido a que la forma de elegir magistrados está establecida por la Constitución, de repetirse el proceso será algo muy similar, pero “sin la participación de algunos buenos postulantes e integrantes de las comisiones”. Por esto, repetir el proceso no garantizará mejores resultados.

Los sacerdotes también expresan que si bien algunos postulantes presentaron amparos por no estar de acuerdo con su exclusión, no hubo ningún cuestionamiento a la labor de las comisiones, que presentaron al Congreso una nómina de varios postulantes que cumplieron con los requisitos legales. De haber personas en conflicto con la ley, debieran ser penalizadas, pero no por ello terminar con una ardua labor, es el mensaje de los dos obispos.

Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), dijo a Perspectiva: “La FCT lo ha expresado antes, y lo repite ahora: vamos a actuar con todos los instrumentos que nos proporciona la ley, para que la magistrada Gloria Porras y sus adláteres en la CC enfrenten a la justicia por sus abusos. La Historia demuestra que no bromeamos”.

Según afirmó:

“Gloria Porras (quien desde hace tiempo controla la CC) dejaría en manos del jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya que él le proporcionaría al Congreso, según la resolución emitida hoy por la Corte de Constitucionalidad, una lista de candidatos por los que los diputados no podrían votar».

Vale la pena recordar que el trabajo de zapa contra la labor de las comisiones de postulación inició el año pasado, cuando Helen Mack planteó un amparo contra el proceso de elección, debido a que sus candidatos (principalmente Miguel Ángel Gálvez y Ericka Aifàn) no lograron alcanzar el punteo requerido para integrar el listado que la comisión trasladaría al Congreso para que éste eligiera a los nuevos integrantes de la nueva Corte Suprema. La resolución de la CC constituye una orden ilegal, que el Congreso no debe acatar”, concluyó.

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El Ministerio Público (MP), anunció que investigará de oficio la compra de dos aviones Pampa III al gobierno argentino. Sin embargo, el dignatario de la Nación Alfredo García, afirma “no existe delito porque no se ha realizado la compra. Los fondos para ese gasto no están presupuestados y no hay registro en Guatecompras”.  Para un sector de la población, el tema desvía la atención de un hecho crucial: estamos a las puertas de la segunda vuelta electoral y persiste la incertidumbre sobre la elección recién pasada, de la que todavía no se tienen datos oficiales.

Roxana Orantes Córdova

En un contexto enrarecido por las dudas de un sector ciudadano sobre los resultados electorales, la negociación del gobierno guatemalteco con el argentino, para adquirir dos aviones de entrenamiento Pampa III, acapara la discusión ciudadana y la atención de los medios.

La negociación entre Jimmy Morales y su homólogo Mauricio Macri ha desatado diversidad de comentarios, que van desde quienes abogan por la adquisición, que consideran fundamental para combatir el narcotráfico, hasta los que opinan que “Es inaceptable que un país como Guatemala fije como una prioridad o urgencia la adquisición pública de armas y equipo bélico, ya que desvía recursos de los esfuerzos para solucionar los gravísimos problemas estructurales que enfrenta”, como afirma un comunicado del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

La opacidad es uno de los aspectos más fuertes de quienes están en desacuerdo con esta adquisición, que pese a todo, está lejos de ser un hecho, puesto que ni siquiera tiene partida presupuestaria, señala García, quien agrega que por el momento estamos como aquellos que adquieren cualquier objeto con un cheque sin fondos.

El asidero legal de esta acción es un convenio de cooperación técnica bilateral entre Argentina y Guatemala, que entró en vigencia en 1983. “Pero no hay licitación y la compra no está apegada a la Ley de Compras y Contrataciones. Es algo sin pies ni cabeza”, expresa García.

Sin embargo, si el Estado guatemalteco realizara esta erogación calculada en Q 215 millones, constituirá un duro golpe para las finanzas del Estado, señala Ricardo Méndez Ruiz. Desde otra perspectiva, Jonathan Menkos, economista del ICEFI, expresa en redes sociales:

“Es inaceptable que en una sociedad con tantas necesidades insatisfechas se priorice la compra de aviones militares y equipo bélico. Los presupuestos públicos deben basarse en un ordenamiento de prioridades dirigido al bien común y no a satisfacer los caprichos de quien gobierna”.

La lucha contra el narcotráfico debe ser financiada por EE.UU.

Según comenta Méndez Ruiz: “mi cuestionamiento en referencia a la compra de los aviones se dirige en el sentido que esa adquisición golpea fuertemente las finanzas del ejército en un rubro en el que la institución armada no debería gastar dinero, o debería gastar muy poco, porque los llamados a financiar la lucha contra el narcotráfico, son los Estados Unidos”.

Y agrega: “esos fondos habrían sido mejora canalizados si se hubieran utilizado para la adquisición de helicópteros para aerotransportar tropas a cualquier punto del territorio nacional (que también habrían servido en caso de desastres naturales), o para el correcto equipamiento de nuestras tropas, lo que incluye desde botas y uniformes, hasta tecnología de punta para nuestras fuerzas especiales, en aspectos que don muy variados y  escasos, como visores nocturnos y rifles para francotirador y equipo de radio transmisión moderno”.

Si los Estados Unidos presionó al presidente de la República hasta un punto en el que él se vio forzado a adquirir los dos aviones a Argentina, antes se debió analizar ofertas como la de Chile, que hace un par de años vendió 10 aviones Cessna A37 a El Salvador por US$ 8 millones. No eran aeronaves nuevas, pero sí en perfecto estado y con características superiores a los Pampa que adquirió la Fuerza Aérea Guatemalteca.

Financiar este gasto considerable podría implicar la necesidad de transferencias presupuestarias, señala Méndez Ruiz, quien comenta que existen varias debilidades en la ejecución presupuestaria de diferentes instituciones, de las cuales “la que lo ejecuta de forma más eficiente y transparente es el ejército”.

Finalmente, comenta que entre algunos mandos medios del ejército, se defiende la compra con ese argumento, sumado a que otros ministerios destinan gran parte de sus fondos a financiar pactos colectivos lesivos. Sin embargo, concluye, en el interior de la institución armada, también hay muchos que adversan esa compra.

ICEFI: gobierno debe desistir de comprar equipos bélicos

Perspectiva intentó contactar a Jonathan Menkos pero fue imposible. Sin embargo, el ICEFI divulgó un comunicado en el que se expresa claramente la posición de esa entidad. Los puntos que sintetizan esa posición son:

1. Demanda al Gobierno de Guatemala desistir de la compra de aviones militares y de otros equipos bélicos e insta a la Contraloría General de Cuentas y al Ministerio Público a realizar cuanto antes las investigaciones, sancionar y deducir las responsabilidades que tanto en materia administrativa como penal, respectivamente, correspondan.
2. Como una de las principales herramientas para el desarrollo, el presupuesto público debe seguir un ordenamiento de prioridades dirigido al bien común y la solución de los graves problemas socioeconómicos que enfrenta Guatemala y que limitan el bienestar de sus ciudadanos y, en consecuencia, el desarrollo democrático.
3. La acción choca con realidades alarmantes, como la desnutrición crónica del 46.5% de la niñez y la falta de cobertura educativa y la salud pública tiene la misma capacidad de atención que existía en 1955.

A todo lo anterior, indica el pronunciamiento del instituto citado, se suman los hechos de violencia extrema y el deterioro de la infraestructura económica y social. Y todo esto, “sin una respuesta gubernamental apropiada y contundente”.

A grandes rasgos, estos son algunos de los elementos del contexto socioeconómico que presenta el ICEFI para argumentar que “la compra de aviones militares y otro equipo bélico no puede constituir una urgencia superior a la obligada atención de inversiones sociales. Además de la ilegitimidad de priorizar la compra de equipo militar en el contexto antes descrito, las negociaciones para estas adquisiciones se han realizado con opacidad.”

¿Cortina de humo?

El debate sobre la compra de los aviones Pampa III es interesante y evidencia, desde diversos puntos de vista, los graves problemas de la administración pública en el país. Sin embargo, una gran pregunta circula en las redes sociales: ¿por qué se investigará con tanta inmediatez un negocio que aparentemente no se ha concretado, mientras permanece la total incertidumbre sobre el proceso electoral?

El sábado 13, los ciudadanos descontentos ya convocaron a otra manifestación para exigir que se esclarezcan las dudas sobre el proceso. Entretanto, los dos candidatos punteros están en plena campaña.

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Entrevistado por Perspectiva, Ricardo Mendez Ruiz dio a conocer que desde hace algún tiempo está en pláticas formales con el Partido Liberal de Guatemala (PLG), para evaluar su posible candidatura presidencial.

El PLG es una organización política con amplia cobertura en el interior y que está inspirado en el ideario de Manuel Ayau Cordón.

Mendez Ruiz preside la Fundación contra el Terrorismo. Es un escritor y columnista que se define como de derecha radical.

Aunque no hay nada definido, la probabilidad está dada y Mendez Ruiz podría ser el candidato de la derecha.

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