El Ministerio de Trabajo (Mintrab) confirmó que la propuesta de un salario mínimo regional se plantea para el 2023, mientras tanto la fijación del salario mínimo para el 2022, se realizará con la metodología vigente.

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La propuesta de fijar un salario mínimo regional propuesto por el Mintrab será discutido por la Comisión Nacional del Salario (CNS) y las comisiones paritarias (correspondientes a actividad agrícola, no agrícola y de maquila).

Al respecto, la viceministra de Administración de Trabajo, María Isabel Salazar, indicó que la iniciativa busca establecer un salario mínimo más específica de acuerdo al tipo de actividad.

La iniciativa será evaluada por las comisiones paritaria por región que serán convocadas en enero del 2022. “De esta forma, dichas comisiones discutirían sobre el salario mínimo de la circunscripción que les corresponda, en la actividad económica agrícola, no agrícola y de maquila, durante todo el 2022, los resultados de esa discusión serían tomados en cuenta para la fijación del salario mínimo de esa circunscripción para 2023”, dijo Salazar

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Al menos 275 fallecidos aparecen como beneficiarios  del Fondo de Protección del Empleo. Además, trabajadores de una empresa de Alejandro Sinibaldi también recibieron la ayuda económica, denunciaron diputados de la bancada UNE.

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Durante una citación en el Congreso de la República, los diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)  cuestionaron a las autoridades del Ministerio de Economía y Trabajo por las deficiencias del programa de ayuda económica  del Fondo Para la Protección del Empleo.

El Fondo Para la Protección del Empleo fue creado para apoyar a los trabajadores que fueron suspendidos por la crisis del COVID-19. Cada persona inscrita en el programa recibió Q75 diarios, es decir Q2,250 mensuales.

El diputado Carlos Barreda indicó que de los 194 mil beneficiarios, estiman que el 43% no llenaban los requisitos para recibir el aporte. El Estado gastó  Q1 mil 528 millones en el programa.

Los congresistas indicaron que 275 muertos aparecen en el padrón de beneficiarios, esto significa que el Estado entregó Q1.6 millones a personas fallecidas, lo cual denota la falta de control de parte de los encargados del programa, manifestaron los diputados.

Al respecto, el viceministro de Economía, Lisardo Bolaños señaló que la revisión del padrón era responsabilidad del ministerio de Trabajo. Sin embargo, confirmó que identificaron algunos fallecidos en los padrones, por lo cual procederán a realizar una revisión completa.

«Nosotros habíamos encontrado en el proceso siete personas que murieron durante la pandemia», dijo Bolaños.

Bolaños detalló que los sectores que han sido beneficiados con el programa, son aquellos que resultaron más afectados por la pandemia. “La industria de la manufactura 20%, hoteles y restaurantes 19%, 16.8% al comercio, 16% a servicios profesionales y administrativos, 6% servicios técnicos, 6% servicio de transporte, construcción 5%”, detalló el viceministro de Economía.

Po su parte, el ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez, indicó que el listado de beneficiarios  fue cruzado con información del Registro Nacional de las Personas (Renap).

El diputado Orlando Blanco, calificó de vergonzoso, que el diputado Fidel Reyes, del partido Bienestar Nacional (Bien) haya inscrito a varios trabajadores de una de sus empresas al programa.

 “Es vergonzoso porque esto atañe a la clase política, hasta el partido de un diputado, el de Fidel Reyes, el partido Bienestar Nacional (Bien) ha cobrado Q34 mil 425. No queremos decir que no tengan trabajadores, pero vean el daño que ha causado un programa de esta naturaleza, realmente muchos lo necesitaban”, señal

Blanco, también reveló que la empresa Arqco Outsourcing Centroamérica, S.A., propiedad de Alejandro Sinibaldi, inscribió a sus trabajadores para recibir el bono. Dicha compañía fue considerada por el Ministerio Público como una “empresa pantalla” que permitió al exministro de Comunicaciones lavar dinero.

“Cuando nosotros vemos quien ha cobrado realmente se ha metido Raymundo y medio mundo, mucha gente que no necesitaba, empresas que nosotros jamás pensamos que fueran a necesitar apoyo del Estado se metieron. Se le pagó hasta a pilotos aviadores, compañías internacionales con presencia en Guatemala. Ya solicitamos que se nos haga un consolidado por parte de las empresas para saber cuánto cobraron, hay algunas que hasta cobraron millones”, manifestó el congresista.

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El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) dio a conocer que solicitará a los empleadores una declaración jurada notarial al momento de  solicitar la suspensión de los contratos de sus trabajadores.

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El ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez, informó que solicitarán una indicó que a partir de ahora los empleadores que tengan que suspender a sus trabajadores deberán presentar una declaración jurada notarial. De acuerdo con el jefe de la cartera,  el documento fortalecerá el proceso de recepción para que puedan optar al Fondo de Protección del Empleo.

El nuevo requisito permitirá que el programa Fondo de Protección del Empleo que otorga Q75.00 diarios a los trabajadores suspendidos sea transparente y eficaz.

“El compromiso de este ministerio es con los trabajadores, para que el derecho a un trabajo libre y remunerado, que es un derecho humano, sea garantizado”, afirmó el funcionario.

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Hoy por la mañana circuló un comunicado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en el que se plantea a los empresarios que deben cancelar el Bono 14 según lo establecido en la ley vigente. El director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Javier Zepeda, expone la posición de esa cámara ante el comunicado.

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Según dijo Zepeda a los medios de comunicación:

“En Cámara de Industria entendemos que esta comunicación que realizó el Ministerio de Trabajo el día de hoy se basa en la ley. Sin embargo, también estamos conscientes de la situación anormal que los empresarios están pasando y vemos los esfuerzos extraordinarios que están haciendo para mantener el empleo.

No vemos que el Organismo Legislativo ni el Ejecutivo estén buscando algunas otras opciones que sean temporales y adecuadas para afrontar esta crisis del COVID-19 y a la vez permitan que las empresas puedan cumplir lo que la ley establece, tomando en cuenta también el compromiso y la necesidad de los colaboradores.

Por eso también, nosotros como Cámara, vamos a tener un Webinar informativo este viernes 10 a las 8 de la mañana, para poder orientar y responder a los empresarios ante las tres opciones impuestas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social”.

Las tres opciones que plantearon las autoridades

Según lo expuesto en el comunicado, los empleadores podrán cancelar el pago, acudir al Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, cuyas gestiones ya estarían realizadas ante las entidades financieras MICOOPE, Banco de Desarrollo Rural y Banco Inmobiliario o en caso de no contar con recursos para pagar: “Deberán informar al Ministerio de Trabajo a través de una declaración jurada. La Inspección General de Trabajo actuará conforme la ley en caso de duda razonable o información inexacta”.

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Hoy, el Ejecutivo confirmó que fue destituido el ministro de Trabajo y previsión social, Alberto Lobos Madrid. A menos de dos semanas del cambio de autoridades en la cartera de Salud, el gobierno vuelve a modificar a uno de los ministros del gabinete.

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En horas de la mañana, la presidencia de la República dio a conocer que Alberto Lobos Madrid fue removido del cargo de ministro de Trabajo y previsión social quien asumió el cargo apenas hace cinco meses.

De acuerdo a información extraoficialmente se menciona que Rafael Eugenio Rodríguez Pellecer, actual director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC), asumirá el cargo al frente del Ministerio de Trabajo y previsión social (MINTRAB).

El presidente Alejandro Giammattei, ha realizado una serie de cambios en su gabinete en los primeros cinco meses del año. Hasta el momento, los ministros de Gobernación, Salud y ahora Trabajo han sido  sustituidos. Asimismo, se han dado traslados de funcionarios de una institución a otra.

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Por Wendy Mena

Cómo muchos otros jóvenes en Guatemala tuve que trabajar mientras cursaba la Universidad, un gran reto en un país con tan limitadas opciones de trabajo formal a tiempo parcial. A diferencia de otros, si encontré un empleo que me permitió terminar mis estudios y recibir un ingreso para cubrir con mis gastos. Contar con un empleo formal mientras estudiaba, me permitió descargar a mis papás una carga financiera significativa, adquirir la experiencia laboral que hoy muchas empresas exigen a profesionales recién graduados y aprender a administrar de una manera eficiente el dinero.

La oportunidad de estudiar en la universidad y contar con un trabajo formal se convirtió en una posibilidad para muchos otros jóvenes este año cuando el Ministerio de Trabajo finalmente emitió el Reglamento del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- sobre el Trabajo a Tiempo Parcial. Dicho Reglamento definió cómo las empresas pueden aplicar e interpretar esta modalidad de contratación que representa una oportunidad para tantas personas en busca de un empleo que les de la flexibilidad de realizar otras actividades, pero a la vez les brinde cobertura de Seguridad Social (IGSS), vacaciones pagadas, prestaciones laborales y todos los derechos de un trabajador a tiempo completo.

Lastimosamente aún existen organizaciones que no comprenden lo importante que es para jóvenes como yo encontrar un trabajo con horario flexible y cobertura social. Lo beneficioso que es para estudiantes, padres de familia o cualquier otro ciudadano, que existan oportunidades de laborar en una empresa por algunas horas a la semana con las mismas garantías que un trabajador a tiempo completo. No comprenden que lo que necesita el país son más opciones de empleos formales que se acoplen a las necesidades de cada persona.

Bloquean la aplicación del Reglamento para la Contratación a Tiempo Parcial alegando que es “Inconsecuente y ajeno a la realidad social, económica, política y laboral del país”. Lo inconsecuente a la realidad social es no permitir que se generen más oportunidades de trabajo flexible para los jóvenes que también quieren estudiar la Universidad; lo inconsecuente a la realidad económica es que una madre no tenga la opción de generar ingresos y estar más tiempo con sus hijos; lo inconsecuente a la realidad política es que un gobierno no pueda crear condiciones para generar más empleos por hora y lo inconsecuente a la realidad laboral es que no se permita a las personas elegir libremente si quieren un contrato a tiempo parcial.

Si estas organizaciones quisieran más empleos dignos y productivos en el país, aprovecharían herramientas como el Trabajo a Tiempo Parcial para dichos objetivos. Lastimosamente, únicamente obstaculizan la generación de empleo formal privando a muchos de un contrato por horas. Cómo alguien que se beneficio de un trabajo a tiempo parcial, pido a las autoridades que no dejen a otros sin la misma oportunidad.

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Los ministros Leticia Teleguario, de Trabajo; Francisco Rivas, de Gobernación y Julio Héctor Estrada, de Finanzas, confirmaron en sus cuentas oficiales de Twitter la renuncia a su cargo, lo que pone en una situación delicada a la administración del presidente Jimmy Morales.

Explican que su renuncia se debe a la crisis de Estado ha provocado que el espacio de oportunidad para realizar su trabaja se cierre.   Informaron también que continuarán al frente de sus labores hasta que su renuncia sea aceptada por el mandatario y sean nombrados los nuevos sucesores. 

También reiteraron su compromiso de continuar trabajando para servir al país desde sus nuevos espacios.

Actualmente el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, está siendo interpelado por los diputados en el Congreso de la República.

Desde que inició la crisis han renunciado la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, y los viceministros Adrián Chávez, Juan Carlos Verdugo y Edgar González Barreno; Abigaíl Álvarez, subjefa de Segeplan; la vicecanciller Anamaría de Diéguez; el comisionado Enrique Godoy y Víctor Hugo Godoy, jefe de Copredeh. El canciller Carlos Raúl Morales fue destituido.

Además renunciaron los  viceministros de Finanzas, Carmen Abril, de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas; Lionel López, de Ingresos y Evaluación Fiscal, y Víctor Manuel Martínez Ruiz, de Administración Financiera.  Y del Ministerio de Gobernación renunciarán los viceministros Ricardo Guzmán, Vilma Xicará y Óscar Dávila.

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La Asociación Bancaria de Argentina entrará en paro el próximo 17 de febrero durante 24 horas en todas las entidades financieras que no han abonado el anticipo salarial acordado el pasado 23 de noviembre, según informó en un comunicado este lunes.

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, anunció la medida a través de su cuenta de Twitter, después de una reunión plenaria con los secretarios de las 53 seccionales bancarias del país, realizada este lunes 13 de febrero.

El sector bancario pide que el Ministerio de Trabajo cumpla con los acuerdos salariales con las cámaras empresariales que habían alcanzado el pasado mes de noviembre, pero que tiempo después el Ministerio de Trabajo no homologó, según explica Télam.

En el acuerdo paritario —como se conoce el preacuerdo salarial alcanzado el año pasado— el Ministerio de Trabajo y la Asociación de Bancos públicos y privados de la República de Argentina y la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino acordaron un “incremento del 4% sobre todas las remuneraciones vigentes a partir del 1° de enero de 2017”, según comunicó la Asociación Bancaria en su página web.

Las partes negociaron una suma “resarcitoria” para 2016 que debía abonarse antes del 31 de diciembre, que iba entre los 8.000 y 12.000 pesos (entre 500 y 778 dólares, aproximadamente) y que corresponden al aumento que deberán pagar los bancos dependiendo los salarios de los trabajadores.

Negociaron también un preacuerdo salarial para el año 2017 que establece el pago de una compensación remunerativa. El acuerdo añade que en la segunda quincena de marzo se reanudarán las negociaciones para “fijar un acuerdo salarial definitivo” que rija durante todo el año.

Incumplimiento

Pero el 27 de enero de este año, la Asociación Bancaria denunció que “todos los bancos” incumplieron los acuerdos alcanzados en noviembre del año pasado. En un comunicado, la asociación dijo que los bancos “están anunciando que no abonarán el anticipo mensual acordado equivalente al 10% de las remuneraciones más un plus de 2.000 pesos”.

Días después, el Ministerio de Trabajo frenó el aumento salarial paritario entre el sindicato y las cámaras, pero la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó que se abonara el acuerdo paritario compensatorio firmado en noviembre y le pidió al gobierno nacional que «no interfiera» en su cumplimiento, según cita Télam.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dijo el 2 de febrero que el gobierno “apelará el fallo judicial” que ordena pagar el acuerdo paritario y dijo que “hubo un fallo muy atípico de la Justicia” en este caso.

Los gremios bancarios calificaron este hecho como de “extrema gravedad” y calificó a los banqueros que no cumplen con los pagos y al gobierno, como “sinvergüenzas» y «estafadores”.  La asociación bancaria anunció este lunes que se adhiere a la marcha programada para el próximo 7 de marzo convocada por la Central General de Trabajadores en la se pedirán “urgentes cambios en la política económica”, según un comunicado.

Así las cosas, se prevé que el próximo viernes 17 de febrero, no haya servicio de bancos en las entidades financieras en las que no se ha abonado el anticipo salarial.

Fuente: CNN

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AGEXPORT como una institución que busca hacer de Guatemala un país exportador y contribuir al desarrollo económico y social del país en forma sustentable, presentó ante representantes de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), Ministerio de Trabajo y representantes del sector privado su Estrategia de Prevención de Trabajo Infantil del Sector Exportador, con acciones que buscan promover un estilo de desarrollo social con equidad y contribuir a resolver la pobreza, a través de la educación y buenas prácticas empresariales.

En el mundo existen 168 millones niños y niñas trabajando, de los cuales 12.5 millones están en América Latina y el Caribe. AGEXPORT, institución privada, que contribuye al desarrollo económico y social de Guatemala por medio de las exportaciones, se suma al reto de país, de promover y realizar acciones que contribuyan a prevenir el trabajo infantil en el sector exportador.

En AGEXPORT vemos vital para el futuro del país prevenir el trabajo infantil, porque es abrir puertas al desarrollo social, económico y humano sostenible. En Guatemala, hay más de 700 mil niños, niñas y adolescentes que trabajan y de ellos, el 74.4% se concentra en el área rural. Seguramente muchos de ellos no van a la escuela ni gozan de sus derechos. Uno de ellos, la educación, la cual juega un rol fundamental para romper con el ciclo de la pobreza y  ofrecer mejores y mayores oportunidades para niños, niñas y jóvenes guatemaltecos, indicó el Presidente de AGEXPORT, Ing. Rolando Paiz.

De acuerdo al Presidente de AGEXPORT, Salud y Educación Primaria, así como, Educación Superior y Entrenamiento, son el 4to y 5to pilar, para la construcción de un país competitivo. Actualmente, de acuerdo al Foro Económico Mundial en el índice Competitividad Global del 2015 y con relación al indicador de salud y educación primaria, Guatemala se encuentra en el lugar 123, teniendo el puesto más bajo de Centroamérica.

La Estrategia para la Prevención de Trabajo Infantil en el Sector Exportador de AGEXPORT es una iniciativa integral y que busca contribuir a través de la educación. Por ello, trabajaremos exportadores, organizaciones y cámaras empresariales como la Red Empresarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en Guatemala, Cámara del Agro, Comisión de Vestuario y Textiles, Empresarios por la Educación, así como con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, resaltó el Ing. Paiz.

La  Estrategia de AGEXPORT para la Prevención de Trabajo Infantil en el Sector Exportador,  consta de cuatro pilares fundamentales:

1. El eje de  sensibilización: las empresas exportadoras conocerán la importancia de tomar acciones para prevenir el trabajo infantil también  se les invitará a ser parte activa de esta estrategia.

2.  Formación: se capacitarán  a las empresas para el pleno cumplimiento de la legislación laboral y preparándolas para cumplir y ser ejemplo de buenas prácticas en temas laborales.

3. Programas: que buscan acciones y planes concretos de corto y mediano plazo para prevenir este tema.

 4. Alianzas: Sumar  acciones con  otras instituciones públicas y privadas  en el combate al trabajo infantil.

Acciones como la adopción del Decálogo del Exportador para el cumplimiento a la legislación laboral de Prevención del Trabajo Infantil; Aplicación Manual de Buenas Prácticas en materia Laboral entre otros son las que llevaremos a cabo junto a acciones concretas en educación de calidad, buscando que niños y niñas guatemaltecas asistan a la escuela y completen los 180 días como mínimo, convencidos que con la oportunidad de estudiar, tendrán consecuentemente un estilo de desarrollo social con equidad y con ello, contribuir a resolver la pobreza, resaltó el Presidente de AGEXPORT.

Otras de las acciones que incluye la Estrategia de Prevención de trabajo Infantil de AGEXPORT son capacitaciones sobre Compromisos Internacionales (OIT y Acuerdos Comerciales); Legislación Nacional; Preparación para Inspecciones laborales; Contratación de personas con capacidades diferentes y adquiridas; Igualdad de Género, entre otros.

Para materializar la estrategia, hoy estamos firmando un Convenio de Colaboración con Empresarios por la Educación para promover programas de educación y formación para niños, niñas y jóvenes en las empresas exportadoras y proveedores de la cadena; así como hacemos oficialmente la entrega del Decálogo del Exportador para el cumplimiento a la legislación laboral de Prevención del Trabajo Infantil a las autoridades de la Organización Internacional del Trabajo en Guatemala  y al  Viceministro de Trabajo, con el fin de materializar el compromiso sectorial con los niños y niñas de Guatemala. Puntualizó Paiz.

La estrategia también iniciará con un plan piloto ejecutado por el Sector Agrícola, el cual consiste en un Convenio entre FUNDARVEJA y Cooperación para el Desarrollo (COED), para apoyar el trabajo de esta organización por medio de programas escolares consistentes en  construir  laboratorios de computación, programas de libros escolares, certificación de maestros y becas para jóvenes, entre otros.

Invitamos  a organizaciones públicas y privadas para crear alianzas que promuevan una educación de calidad en las localidades que se ubican las cadenas productivas ligadas a la exportación, ya que US$ 1 millón de exportación representa un promedio de 113 empleos nuevos y si somos más competitivos por medio del cumplimento de leyes laborales podemos crecer un 15%  en las exportaciones y así generar 180 mil  nuevas plazas de empleo  formales, puntualizó el Presidente de AGEXPORT.

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