El proceso electoral convocado el 18 de enero está lleno de confusión, coinciden en afirmar diputados y analistas que fueron consultados por Perspectiva. En medio de esta confusión, se produce la confrontación entre la candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, y la ex fiscal Thelma Aldana, perfilada como candidata de Semilla. El pulso tiene características de ser una especie de “gana-gana”, considerando que inclusive la propaganda negativa es una ganancia, en el contexto de las estrictas prohibiciones que la ley vigente impone a los candidatos, dijo Christians Castillo a Perspectiva.

Roxana Orantes Córdova

El 6 de febrero, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cancelada por el gobierno en enero, mandó a los medios un comunicado informando que el Ministerio Público (MP), la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la propia CICIG (cancelada un mes antes por el gobierno), “presentaron solicitudes de antejuicio y se emitieron citaciones a primera declaración en el caso Financiamiento Electoral Ilícito del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), durante la campaña electoral 2015”. La primera duda que surge ante el comunicado es cómo la CICIG se mantiene vigente en el país, pese a la cancelación unilateral del gobierno.

Al margen de este dato, motiva curiosidad por qué la FECI y el MP esperaron cerca de cuatro años para tomar medidas relacionadas con este caso. Especialmente, porque las capturas y la solicitud para retirar el antejuicio se produjeron exactamente un día después de que Sandra Torres fuera proclamada candidata presidencial de la UNE.

Al respecto, el diputado Oscar Arturo Argueta, de la UNE, señala: “la solicitud se interpuso en un juzgado de emergencia, no en el juzgado contralor, que fue el que libró las órdenes”.

Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG) afirma que todas las investigaciones en torno al financiamiento electoral son legítimas “y es necesario responder a las dudas”. En enero, una juez pesquisidora recomendó el retiro de la inmunidad a la diputada, considerada “candidata natural” del partido que dirige y de quien se mencionó podría participar en la “plataforma ciudadana” que apoya a Thelma Aldana.

La reacción de Sandra Torres fue enfática. En una conferencia de prensa, señaló de corrupta a Aldana y arremetió contra el MP y la FECI, donde según afirmó, “existe una estructura criminal incrustada en la FECI”, donde permanecen “los tentáculos de Aldana”, quien según dice, representa a la “izquierda radical”

“Quieren complicar el proceso”

El diputado Argueta considera: “quieren complicar el proceso. Estamos ante la posibilidad de que se realice un proceso electoral que no represente la voluntad soberana del pueblo, que se ejecute en condiciones extra democráticas”.

Según Argueta, existe un desbalance en los poderes, desde que en 2016 se aprobaron reformas que confieren al MP toda la capacidad de coerción. “Ahora vemos fiscales súper independientes”.

El legislador reitera una de las afirmaciones de Torres: “lo que llama más la atención es que el fiscal presente sus argumentos e hipótesis ante los medios, no ante un juez. No importa lo que la opinión pública piense, sino la decisión del juez”.

Según Nineth Montenegro, estamos ante “un ambiente confuso, complejo. Los “millenial” no se empadronan y todo parece indicar que el abstencionismo podría llegar a niveles históricos”.

Y agrega: “como van las cosas, podría ganar el voto nulo. Se trata de un proceso electoral inédito, donde si el 51% de los empadronados vota nulo, el proceso debería repetirse, según la ley vigente”.

Posibles entretelones de una confrontación

Según afirma Giovanni Fratti, de Guatemala Inmortal, es evidente la aspiración de destruir a la UNE. La apuesta sería que los potenciales votantes de UNE se inclinaran por Semilla. Sin embargo, esta posibilidad es irreal, dice Fratti, quien añade que Sandra Torres está a tiempo de interponer más de un recurso de amparo, “con tres de cinco votos a su favor en la Corte de Constitucionalidad (CC)”.

Otra salida para Torres, sería “realizar una asamblea extraordinaria, presentándose como candidata a diputada y con un binomio presidencial alternativo. Esto, tomando en cuenta que el binomio designado recientemente podría disolverse, puesto que ya se comenta que Carlos Morales estaría considerando su renuncia. “Fue una equivocación nombrarlo vicepresidenciable”, dice Fratti.

Según afirma, hay complicidad entre los fiscales Sandoval, Curruchich y Schaad, quienes estarían apostando a ganarse la voluntad de organizaciones no gubernamentales y grupos afines a Sandra Torres, para sumarlos al caudal electoral de Semilla.

“También pueden posponer el antejuicio, dejar correr el tiempo y de ganar la elección Torres, actuar con ella de forma similar a la que han hecho con Jimmy Morales. Son una mafia de fiscales usurpando el poder.

En cualquier caso, las polémicas motivan una considerable cobertura que se encuentra sumamente limitada debido a las restricciones de la ley electoral, dice Fratti, quien ejemplifica que, según el artículo 64 de esa normativa, “una entrevista a un candidato puede ser considerado el delito de propaganda anticipada, no cometida por el candidato, sino por el periodista”.

El “gana-gana” en un contexto de información limitada

“En términos generales, ante la estricta prohibición de campaña anticipada que existe, la clase política se abstiene de pronunciarse y pareciera que la polémica es un buen pretexto para convertirse en noticia”, dice el analista del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC (IPNUSAC), Christians Castillo.

Según esta interpretación, la negativa de inscripción a Zury Ríos, la ubicó en portadas y otros espacios mediáticos privilegiados. “La estrategia de victimización fue bien aprovechada y la presencia mediática, evidente”, dice.

En términos de política, no existe propaganda “mala”, y el posicionamiento mediático de un candidato puede influenciar a los votantes indecisos, señala Castillo. Este sería el caso de Mauricio Radford, el candidato de FUERZA contra quien también se solicita el retiro del antejuicio.

“El jaloneo de pelos entre Sandra Torres y Thelma Aldana es un show mediático barato, pero pone en la palestra la figura de Torres, quien afirmó ante el público que es vista como la principal contendiente de Aldana. Además, Torres aseguró que según encuestas, ella es de las figuras predilectas”, dice Castillo.

Además, señala, la situación tiene muchas características de ser un “juego raro”, algo como una “estrategia espejo”. Cuando la UNE señaló a Semilla porque su logo era similar al del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), lo que resulta absurdo, elevó el perfil de un “partiducho” que se victimizó y logró presencia.

“Si existe un caso de corrupción debe ser investigado y se debe solicitar que se levante el antejuicio al señalado. Sin embargo, todo este ruido, esta bulla, tiene como efecto posicionar las imágenes de los contendientes. No podemos hablar de un acuerdo tácito, pero la lucha entre la UNE y Semilla despierta la sospecha sobre si busca posicionar a sus candidatos, en un momento de tantas restricciones a la información”.

Es preciso recordar que una de las principales figuras de la UNE, Mario Taracena, se presentó como el “ungido” de la veinte calle (en alusión al entonces embajador Todd Robinson, figura que junto a Aldana e Iván Velásquez impulsó temas como las reformas constitucionales.

“Si a Torres no se le retira el antejuicio, parecerá un acuerdo. Ella no puede agregarle más rayas al tigre y es de suponer que parte de su anti voto se desviaría hacia Aldana. En este juego de gana-gana, salen perjudicados los partidos pequeños, poco conocidos, la población y el TSE, cuya imagen resulta dañada y que ante la acción de Aldana, puede resultar en una posición incómoda, considerando que la ex fiscal recurrió a un amparo para que no se le retirara el finiquito. Estamos ante una burda judicialización de la política, y ojalá no lleguemos a la politización de la justicia”, concluye Castillo.

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Pese a un historial que parecía a prueba de señalamientos, Nineth Montenegro se enfrenta a un momento crucial en su carrera. La Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y el Ministerio Público (MP), pidieron que se le retire el derecho de antejuicio por presunto financiamiento electoral ilícito. Y aunque ella insiste en que todo se origina en errores administrativos, las secuelas de la acusación pueden ser fatales para su carrera política, afirma Edgar Ortiz, del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo.

Roxana Orantes Córdova

Con cuatro períodos legislativos, Nineth Montenegro es una de las diputadas con más experiencia legislativa. Su labor ha estado enfocada en la promoción de los derechos humanos y la transparencia. Pionera en la fiscalización de instituciones desde el Congreso, fue una de las pocas dirigentes políticas que no resultó cuestionada durante las protestas ciudadanas de 2015, cuando exigió públicamente a Otto Pérez Molina que renunciara a su derecho al antejuicio para permitir que la CICIG-MP lo investigaran por corrupción.

Tres años después, Montenegro se encuentra ante una encrucijada que le plantea varios caminos, todos ellos de alto riesgo para su futuro político. En primer lugar, tiene la opción de renunciar al derecho de antejuicio y dar el ejemplo a la ciudadanía, afirma el asesor legislativo Otto Zeissig.

Otro rumbo que podría tomar, es el de la denuncia por lo que parecen ser acusaciones sin fundamento legal, como afirma el penalista Omar Barrios quien califica este caso como “acusaciones absurdas de la CICIG”.

El camino elegido por la diputada y su partido, Encuentro por Guatemala, es el de mostrar su presunta inocencia y al mismo tiempo, cautela ante cualquier señalamiento que pueda confrontarla con la CICIG-MP.

Durante la conferencia de prensa ofrecida por la diputada y el comité ejecutivo de Encuentro por Guatemala (EG), se enfatizó en que Montenegro siempre ha estado dispuesta a colaborar con la CICIG y el MP.

Entre los elementos esclarecedores que aportó en la conferencia, cabe mencionar que la solicitud de antejuicio “pudo ser precipitada”, considerando que la señora Paulina Paiz Riera presentó su memorial el 8 de agosto, y la solicitud de retirar el antejuicio se emitió dos días después. Cabe recordar que Paiz Riera también es la figura central en la misma acusación contra el mandatario Jimmy Morales.

Según lo expresado por Montenegro, la investigación pudo iniciar contra EG, puesto que los partidos no gozan del derecho al antejuicio. Por el contrario, se pidió y concedió inmediatamente la solicitud en su contra.

En una publicación de su Facebook, Barrios afirma: “La diputada Nineth Montenegro está demostrando que lo expuesto en la rueda de prensa donde la señalan de financiamiento electoral ilícito, son señalamientos espurios, el comisionado Velásquez está empezando a recibir respuesta a las mentiras que expuso.

El MP está respaldando las actuaciones absurdas de la CICIG, no lo hagan fiscales, ustedes son independientes, Velásquez no los manda, ustedes juraron fidelidad a la Constitución, no a la embajada, ni a un ente internacional temporal y me consta que el crimen organizado no los puede sujetar a su poder, estamos en la mejor época del MP en este último aspecto”, concluye.

Entretanto, el caso se torna mediático y los detalles son ampliamente difundidos. Entre otros, resaltan las declaraciones del diputado Luis Hernández Azmitia, quien asegura que el abogado Alfonso Carrillo, cercano a la CICIG, era el intermediario entre las donaciones y el partido EG.

¿El derrumbe de un partido sólido?

El momento para señalar a Montenegro es muy especial. En cinco meses iniciará el proceso electoral, que se pretende implementar bajo “nuevas reglas”, pese a que la normativa es básicamente la misma. La diferencia será la tutela de la CICIG sobre el TSE, tal como se plasmó en el reciente acuerdo firmado por ambos entes, que según constitucionalistas, no es legítimo.

Entre las reacciones que vale la pena mencionar está el comunicado de la Fundación Libertad y Desarrollo, liderada por Dionisio Gutiérrez, quien reconoce que en 2015 hizo una donación personal a EG y menciona que este donativo fue recibido, registrado y manejado de forma totalmente apegada a la normativa.

Este apego a la ley es uno de los argumentos insistentemente mencionados por Montenegro, Leonel Lira y otros dirigentes de EG, quienes con diapositivas y documentos trataron de demostrar que no cometieron un delito penal, sino algunos errores administrativos. Esto es recurrente en los señalamientos de financiamiento electoral ilícito y, como se ha señalado reiteradamente, se origina en vacíos del artículo 407 N del Código Penal.

Otto Zeissig enfatiza en que el MP no se arriesgaría a llevar a lo penal un caso administrativo, sin las pruebas requeridas. “Nineth debe aportar la información precisa que permita determinar los detalles de este caso”, dice. Además, califica como positiva la actitud de cooperación que ha evidenciado la diputada, de quien se espera que sostenga su posición ante la inminente reforma del artículo 407 N.

Por su parte, Edgar Ortiz explica que, si bien el financiamiento ilícito no es igual al anónimo, el Código Penal los tipifica de la misma forma por el momento. Es relevante reformar el artículo 407 N, puesto que se aplica la misma pena a delitos con diferente gravedad, dice.

Al mismo tiempo, señala que en su conferencia de prensa, Montenegro y EG mencionaron dos puntos relativamente sencillos de esclarecer: el depósito de un cheque que según EG fue erróneamente catalogado como entrega en efectivo de fondos y la situación de las vallas publicitarias. Ambos se esclarecerán cuando el mencionado partido aporte todos los documentos que demostrarían una actuación transparente de su parte.

Sin embargo, donativos provenientes por varias personas, que ascienden a más de Q 1 millón, deberán ser rastreados. “Esto sí sería ilícito, de no existir la documentación completa”, dice Ortiz.

En cuanto a las implicaciones de este hecho para la diputada, el abogado señala que se trata de un golpe duro para la personalidad de Montenegro, quien construyó su imagen en la lucha contra la corrupción y que dirige un partido reconocido por liderar la fiscalización.

Especialmente, porque extraoficialmente se ha mencionado que Thelma Aldana podría ser la candidata de EG, y a partir de esos señalamientos, la probabilidad de que ese partido compita con un candidato como Aldana se desvanece, concluye Ortiz.

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