Hace poco concluyó el proceso de recepción de expedientes de los candidatos a conformar el Directorio de la Superintendencia de Competencia (SDC). 

Por Nicholas Virzi, Ph.D.

Todos los postulantes se han sometido a los exámenes de oposición desde los 3 entes nominadores que la Ley de Competencia (LDC) ha estipulado (artículo 30). A cada uno de los tres, le toca nombrar un titular y un suplente. Para realizar sus exámenes, cada ente nominador eligió la universidad que le realizaría el examen:

• El Ejecutivo contrató a la Universidad Finis Terrae de Chile
• El Congreso contrató a la Universidad Católica de Chile
• La Junta Monetaria contrató al Tecnológico de Monterrey de México (el Tec) 

Los entes nominadores

El Congreso opera como cualquier legislatura en el mundo, por lo que es difícil presagiar como elegirán a su titular y suplente. En el caso del Ejecutivo, se espera que en el Consejo de Ministros se vote a favor de los aspirantes favoritos del equipo del Presidente, sin importar que tengan el mayor conocimiento o experiencia. 

La JM queda como el ente nominador más técnico. No queda más que confiar que el tecnicismo de la JM impere en el proceso de designación de su titular y suplente.

La JM en el temario compartió una valiosa colección de más de 25 documentos informativos, especialmente de la COFECE de México y de la OCDE. Sin embargo, espero que el examen no estuviese estructurado con preguntas vinculadas con el Código de Comercio o lo Contencioso Administrativo. Si ese fuera el caso la JM habría perdido la oportunidad para evaluar conocimiento de competencia a los aspirantes, cuando hay un vacío de expertos en el tema en Guatemala. Expertos en el Código de Comercio y lo Contencioso Administrativo abundan. Los postulantes, según el temario, también tenían que leer cientos de artículos del Código de Comercio en lugar de concentrarse en temas de competencia y la LDC guatemalteca en específico, por lo que, si el examen se hubiera estructurado así, habría sido pan comido para abogados, no necesariamente expertos en competencia. 

Conocimiento y Experiencia

La LDC define como un aspecto clave el conocimiento y experiencia del Directorio de la SDC. Para una aplicación técnica de la LDC es indispensable que los entes nominadores elijan como titulares y suplentes a profesionales con el más alto grado de conocimiento y experiencia que pueda existir en Guatemala, ya que la LDC, en violación de los principios de competencia, exige que los integrantes del Directorio sean guatemaltecos. 

La JM debe evaluar con detenimiento los perfiles y planes de trabajo de los postulantes. Para estos efectos, Guatemala Visible ha resumido las hojas de vida, perfiles y planes de trabajo de cada uno. De esa cuenta, se puede identificar a dos postulantes, en particular, que tienen conocimiento y experiencia en competencia: 

El Abogado Javier Bauer (ver Perfiles) cuenta con una Maestría en Derecho (LL.M.), de New York University School of Law, en Competencia, Innovación y Derecho de la Información. Un objetivo de su Maestría es crear las relaciones entre la competencia global y nacional, la propiedad intelectual y las leyes de información para comprender las fuerzas dinámicas en juego en la economía moderna. Este conocimiento es indispensable para el Directorio.

El Magíster Jorge Miguel Castillo Castro (ver Perfiles), economista, tiene conocimiento, pero también la experiencia directa en competencia. Hasta su salida del gobierno, después de haber postulado – y retirado – su postulación al Directorio de la SDC desde el Ejecutivo, fue el Director de la Dirección de Promoción a la Competencia (DPC) en el MINECO, de 2020 a 2025. Su dirección de ese importante cargo bajo dos gobiernos de distintos indoles políticos confirma su enfoque técnico en el tema de competencia. Vale recalcar que la DPC tiene las mismas funciones que la nueva SDC. Esto se puede ver al comparar el artículo 25 de la LDC con el artículo 16 del Reglamento Orgánico Interno del MINECO. 

Bajo el mando de Castillo Castro, la DPC publicó 3 revistas de alto nivel que contienen artículos escritos no solo por él, sino también por Autoridades de Competencia de América Latina y Europa. Castillo Castro ha organizado y/o participado como conferencista en más de 30 foros en Guatemala y en otros países en el marco del Foro Latinoamericano de Autoridades de Competencia de América Latina y del Caribe. Asimismo, se ha capacitado en Detección de Cárteles y diplomados sobre control de fusiones, en los talleres impartidos por la OCDE en el INDECOPI (Autoridad de Competencia de Perú), en el Centro de Capacitación de Competencia de América Latina formado por la OCDE en el Perú.

Al leer los planes de trabajo (Guatemala Visible los tiene) estos 2 candidatos, se puede ver que son los mejor estructurados. Ambos presentaron una distribución de presupuesto para las diferentes dependencias que tendrá a su cargo la Superintendencia. Además, definieron con un alto grado técnico, muy completo, el organigrama que la Superintendencia debería tener. 

Estos dos perfiles se consolidan como las dos mejores opciones ante la Junta Monetaria. Al ser uno economista y el otro abogado, juntan el conocimiento multidisciplinario en el que se basa el análisis de competencia. 

La decisión de la Junta Monetaria

Dada la evidencia, el ordenamiento de preferencias de la JM se facilita muchísimo ante la decisión histórica que tendrá que tomar.

El tema de la elección del Superintendente de Competencia se deja para otro artículo.

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Guatemala ha dado un paso crucial hacia una mayor regulación del mercado con la aprobación de la Ley de Competencia (LDC), que incluye la creación de la Superintendencia de Competencia (SDC), cuyo proceso está actualmente en desarrollo.

Por Nicholas Virzi

El propósito oficial de una LDC es la optimización del bienestar del consumidor por medio de la maximización de la eficiencia económica que se logra por medio de mercados competitivos. El primer Directorio de la SDC y su primer Superintendente marcarán la trayectoria institucional de esta importante entidad que nace con enorme poder regulatorio. Si este poder se usa de manera errónea o malintencionada, los efectos económicos podrán ser desastrosos. 

Guatemala comienza su proceso de selección de su primer Directorio de la SDC y su Superintendente en casi en el peor de los casos. El proceso se desarrolla en un contexto de polarización política y desconfianza hacia las instituciones, exacerbada por la manipulación del sistema judicial guatemalteco durante el tiempo de los peores abusos de la CICIG (2015-2019). Dichos abusos fueron dirigidos especialmente en contra del sector privado, para presionar a empresarios a apoyar los fines políticos del Departamento de Estado de EEUU (DOS) y su arma, la CICIG. 

«La elección del Superintendente de Competencia debe ser un proceso transparente y basado en méritos, donde la independencia, formación, experiencia y prudencia sean criterios dominantes».

Aunque la CICIG y la regulación de la competencia podrían aparentar ser dos temas completamente distintos, es precisamente el temor que la SDC se podrá convertir en una “CICIG permanente” que genera desconfianza y preocupación entre la iniciativa privada. 

Tampoco ayuda la narrativa política y politizada en la que participan muchos que promovieron la LDC en Guatemala. Se ha promedito que la LDC va lograr cosas que ninguna LDC ha logrado en ningún otro país, nunca. Que se va transformar la estructura económica del país, que el desarrollo se va alcanzar con base a la LDC, que se va acabar con las élites económicas, que la inflación va a bajar, etc. Todo esto solo podría ser cierto si la intención es utilizar la LDC como instrumento político, y no técnico. 

La desconfianza racional del sector privado se podría mitigar si el primer Directorio de la SDC se conforma de la manera correcta. La conformación del primer Directorio de la SDC y la selección de su primer Superintendente serán muy importantes para marcar el rumbo institucional correcto de dicha instancia. 

Independencia y Neutralidad Política

La primera cualidad para integrar el Directorio de la SDC es la independencia política. Es crucial que los directores y el Superintendente, en particular sean vistos como actores neutrales, ajenos a pasiones y presiones políticas. Respecto al Superintendente, este individuo debe tener una reputación de competencia e integridad, demostrando en su historial profesional que no ha sido influenciado por agendas personales ni partidistas. 

La confianza del sector privado en la SDC será importante para mantener el ánimo de la iniciativa privada y, sobre todo, la inversión. Guatemala es un país donde la formación bruta de capital fijo (FBCF), que es básicamente inversión en infraestructura, es dada por el sector privado en un 90%. La FBCF del sector privado es más que nueve veces mayor que la inversión extranjera directa (IED) en el país, y más de 4 veces mayor que el nivel de ahorro bruto doméstico. Si el sector privado guatemalteco decide dirigir sus inversiones a otros países con autoridades de competencia que generan más confianza, se cae cualquier pretensión de desarrollo nacional para Guatemala. Esto lo deberían de entender las autoridades de la SDC que se está creando en Guatemala.

A final de cuentas, la confianza del sector privado en la SDC dependerá mucho de que su líder no sea percibido como una persona con agenda política propia, ni herramienta de ningún gobierno o partido.

Experiencia y Formación en Competencia

El Superintendente debe poseer una formación y experiencia básica en temas de competencia, economía o disciplinas relacionadas. Idealmente, el primer Superintendente no debería de ser un abogado con relativamente poco conocimiento de la materia económica pertinente a temas de competencia. 

Debe ser alguien que no solo ha estudiado microeconomía avanzada, organización industrial y métodos cuantitativo en profundidad, sino que también ha aplicado estos conocimientos en la práctica. La experiencia previa en organismos de competencia, ya sea a nivel nacional o internacional, haber trabajado en regulación de mercados, y haber organizado o participado en publicaciones y/o foros dedicados a temas de competencia sería ideal. Lo ideal es que sea una persona que tenga esta experiencia en diferentes gobiernos de distinto índole ideológico. 

Un Superintendente con esta experiencia ayudaría a generar la confianza que las decisiones de la nueva SDC no se van a basar en interpretaciones legales o económicas superficiales, erróneas y/o politizadas, sino en un entendimiento sólido de cómo funcionan los mercados y las leyes y políticas de competencia en un país como Guatemala que necesita elevar su ritmo de crecimiento económico como vía indispensable para lograr el desarrollo.

Dado la desconfianza que gira sobre la nueva ley y su aplicación, el Superintendente debe ser alguien con experiencia en la promoción de la competencia. Es esencial que pueda explicar complejas teorías de competencia de manera accesible tanto a los empresarios como al público general. Además, debe ser alguien que ha promovido la educación técnica sobre temas relacionados con la regulación de la competencia.

Conclusión

La creación de la SDC establecerá un nuevo estándar de regulación del mercado en Guatemala. Por ende, su potencial para ser mal usada es altísimo. Para mitigar los temores y desconfianza sobre esta nueva autoridad, la elección de su Directorio, y su Superintendente, debe ser un proceso transparente y basado en méritos, donde la independencia, formación, experiencia y prudencia sean criterios dominantes.

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El plan económico de Donald Trump incluye una gama de políticas que pretenden estimular el crecimiento económico de EEUU y Latinoamérica y Caribe (LAC). En su segundo gobierno, Trump viene con un enfoque específico en políticas industriales, la desregulación, la exploración de energía, recortes de impuestos y la meritocracia tanto en el gobierno como en el sector privado. 

Por Nicholas Virzi

A continuación, algunos detalles de las prioridades del nuevo gobierno de Trump.

Políticas Industriales:

Aranceles y Comercio: Trump ha propuesto aranceles, especialmente dirigidos a China, para incentivar a las empresas a trasladar la manufactura de Asia a EEUU o, en su defecto, a países vecinos en América Latina. 

Sus motivos son más políticos que económicos. Aprovechando de la asimetría de dependencia de los socios comerciales de EEUU, que dependen más de EEUU que EEUU de ellos, amenaza con aranceles para obligarlos a cooperar en temas de seguridad, narcotráfico, y la inmigración ilegal desenfrenada que ha colmado la paciencia y comprensión del pueblo Americano. 

La estrategia de nearshoring enfatiza la cercanía de países en Latinoamérica y Caribe para darles trato comercial preferencial para que sean estos los países que suplen las necesidades de productos manufactureros de EEUU. Esto se vio en iniciativas planteadas en el primer gobierno de Trump, como la iniciativa “Américas Crece”, y también iniciativas posteriores basadas en la misma inspiración, como el Nearshoring Act y el Americas Act, ambas iniciativas de ley que pretenden reubicar la cadena de suministro manufacturera desde Asia a países más cercanos a EEUU.

Impulso a la Manufactura: El plan de Trump incluye políticas para devolver los empleos de manufactura a EEUU. Esto sería demasiado caro, sin embargo, esta iniciativa podría beneficiar a países latinoamericanos al incrementar la demanda de materias primas o componentes de la región. Las iniciativas de nearshoring incluyen incentivos fiscales para empresas que fabriquen dentro de EEUU, o países cercanos, lo que podría llevar a una mayor actividad económica en América Latina, especialmente México y Centroamérica.

Desregulación:

Trump está desregulando con fuerza. Esto es bueno, dado que EEUU tiene una cantidad excesiva de regulaciones. En este contexto, la desregulación reducirá los costos de hacer negocios y fomentará la inversión en EEUU, especialmente en industrias energéticas, lo cual moderará la inflación y hará a EEUU un país más competitivo, en general. A pesar de sus políticas proteccionistas, en balance EEUU apuntará a ser más competitivo que sus pares entre los países desarrollados, especialmente en vista de la sobrerregulación que ocurre en Europa. 

DOGE (“Departamento de Gobierno Eficiente”):

Trump pretende eliminar el desperdicio en el gasto público de EEUU. De esa cuenta, ha creado la iniciativa DOGE, liderado por Elon Musk. DOGE ha atacado su primer blanco, USAID, la agencia encargada de la “ayuda” internacional de EEUU. En pocos días, DOGE reveló que USAID está, a todas luces repleta de corrupción, desperdicio, desgaste, a pesar de buenos programas de índole humanitario como el de “Regional Disaster Assistance” que se dedica a la preparación para y respuesta a desastres naturales en la región. 

DOGE se enfoca en cortar el gasto superfluo y agilizar las operaciones gubernamentales, lo que potencialmente podría impactar las políticas económicas al liberar recursos que podrían ser redirigidos hacia iniciativas de crecimiento económico.

Exploración de Petróleo y Energía:

Trump va aumentar la producción nacional de petróleo y gas, lo que implica abrir tierras federales para la exploración. Busca la independencia energética para EEUU, lo cual tendrá implicaciones para América Latina, donde se podría ver un aumento en la inversión o asociaciones estadounidenses en proyectos energéticos. Su plan incluye exenciones fiscales para productores de petróleo, gas y carbón, lo que podría incentivar a las compañías energéticas a explorar nuevos mercados en América Latina.

Asimismo, EEUU dejará de apoyar a grupos enemigos de las empresas energéticas y mineras.

Recortes de Impuestos:

Trump mantendrá bajas las tasas impositivas corporativas y posiblemente implementará nuevos incentivos fiscales dirigidos a estimular la actividad económica. Esto podría beneficiar a las empresas estadounidenses que operan en o abastecen desde América Latina, aumentando potencialmente el comercio y la inversión entre las regiones.

Meritocracia:

Trump ha hablado sobre restaurar principios meritocráticos tanto en el gobierno como en el sector privado. Esto implica reducir ineficiencias burocráticas y promover a las personas basándose en el mérito en lugar de otros criterios, como lo ha venido promoviendo USAID, que Trump cerró. 

Este enfoque en la eficiencia llevará a una gobernanza y prácticas comerciales más eficientes, fomentando un entorno propicio para el crecimiento económico y la industrialización de los países que comercian con EEUU.

Observaciones finales

Las políticas de Trump se orientarán hacia la economía de EEUU, pero las implicaciones para América Latina serán significativas, particularmente en términos de incremento del comercio, inversión en cercanía de la producción y asociaciones energéticas. 

En resumen, el plan económico de Trump entrelaza el crecimiento económico de EEUU y América Latina a través de políticas comerciales estratégicas, desregulación, exploración energética y estrategias fiscales. 

Los aranceles de Trump son un factor negativo de su agenda. Sin embargo, el recorte de impuestos, regulaciones, y el fin de la insistencia de que países en desarrollo adopten las políticas anti crecimiento en materia de impuestos, equidad, regulaciones, especialmente las locuras progresistas que promovía USAID, son factores positivos, que, en balance, hace que las perspectivas de desarrollo sean más positivas bajo Trump.

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Finalmente, se aprobó una ley de competencia (LDC) en noviembre de 2024. Este acontecimiento fue motivo de mucha celebración en Guatemala, y en línea con las recomendaciones de muchas organizaciones internacionales, como el FMI (Fondo Monetario Internacional). 

Por Nicholas Virzi

“El rol de los abogados en la política guatemalteca ha sido fuertemente criticado, incluso por expertos que apoyan la ley de competencia recientemente aprobada.”

En su informe sobre Guatemala publicado en agosto de este año, el FMI hizo varias recomendaciones clave, entre ellas la aprobación de una LDC que integrara aspectos relacionados con la inversión. 

El FMI también recomendó un plan nacional anticorrupción con cronogramas e indicadores de desempeño. Además, el FMI señaló que era crucial fortalecer las leyes contra el lavado de dinero y mejorar la mejor comunicación con los contribuyentes para promover un entorno económico y político más transparente.

Cumpliendo con la recomendación del FMI, y otras entidades extranjeras (Departamento de Estado de EEUU, USAID, UE, CEPAL), el Congreso de Guatemala aprobó por la noche el 20 noviembre, de urgencia nacional, una ley de competencia. 

Desde hace muchos años se venía proponiendo una LDC para Guatemala. Un papel clave lo jugó Rubén Morales Monroy, ex ministro de economía bajo dos gobiernos, de distintas orientaciones políticas. En entrevista privada, Morales dijo:

«Trabajamos el proyecto de Ley de Competencia que se convirtió en la Iniciativa 5074, con el objetivo de promover la eficiencia económica del país. En 2016, lo entregamos a las autoridades del Congreso. Cumplimos con varios objetivos: los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, pero también con la idea que llevábamos de mejorar la libertad de los mercados en Guatemala.”

Pese a las celebraciones por la aprobación de la LDC, no quedó claro como esta integraría aspectos relacionados con la inversión, como había recomendado el FMI. 

Vale conocer el contexto en el que se aprobó la LDC. Una semana después de la aprobación de la LDC, el Congreso aprobó a primeras horas, también por urgencia nacional, el presupuesto general para 2025. Este presupuesto incrementa sustancialmente el gasto público, el déficit fiscal, la deuda pública y los salarios de los congresistas. 

La aprobación de leyes, de una manera poco transparente, sin mayor comunicación con los contribuyentes, no cumple con las recomendaciones del FMI. Por eso mismo, la aprobación del presupuesto ocasionó críticas desde muchos medios (Prensa Libre, RepúblicaGT, La Hora, PerspectivaGT) por muchas razones, incluyendo el aumento salarial para los diputados. (CIEN) 

No se puede negar que los logros legislativos del partido del gobierno (LDC y presupuesto) en su primer año en el poder han sido significativos. De los 160 diputados en total, 23 son del Movimiento Semilla. Constituye una formidable presencia en el Congreso, pero sin números dominantes. ¿Sin aplanadora en el Congreso, como fue que lograron la Ley de Competencia?

Gustavo Berganza, Director de DOSES (Asociación Desarrollo, Organización, Servicios y Estudios Socioculturales) opinó en X, implicando que fue un especie de política transaccional clásica:

“Hay que hacer una evaluación seria de costos y beneficios que deja la ley de ganadería como moneda de cambio para apoyar la ley de competencia. Pero no solo económicos, también políticos y sociales. ¿supone esto un atentado a la moral tributaria? ¿da ventajas al crimen organizado?”

Con “la ley de ganadería” Berganza se refería al Decreto 31-2024, la “Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario”, que fue aprobada por urgencia nacional el 19 de noviembre. Dicha transacción política ocasionó críticas desde otras bases afines al Movimiento Semilla, por riesgos de lavado de dinero, como se reportó en varios medios  como República, Prensa Libre, entre otros. En Plaza Pública, Ricardo Barrientos, ex viceministro de transparencia y evaluación fiscal en el Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, se expresó:

“Presidente Arévalo, esta nueva ley ganadera, el Decreto 31-2024 es injusta, antitécnica y peligrosa porque legaliza el lavado de dinero. Por favor, vétela”.

Independientemente de los méritos de la LDC, difícilmente se podrá decir que cumple con el último paquete de recomendaciones que hizo el FMI. Entre los distintos factores de posible incumplimiento se podrían mencionar los siguientes:

• La LDC aprobada no se enfoca en la inversión, tanto nacional como extranjera
• No hay plan nacional anticorrupción con cronogramas e indicadores de desempeño
• No se cumplió con la recomendación de mejorar la comunicación con los contribuyentes, por su aprobación por urgencia nacional con poca comunicación sobre los tratos que fueron necesarios para su aprobación
• Se podría facilitar el lavado de dinero

La recién aprobada LDC de Guatemala da mucho poder a abogados para decidir si la conducta empresarial es la correcta o no, en un país que el Banco Mundial califica con notas bajas en temas de imperio de la ley, eficiencia gubernamental, control de corrupción, y calidad regulatoria. 

A final de cuentas, serán abogados que determinarán las calificaciones de Guatemala en los pilares de gobernanza. El rol de los abogados en la política guatemalteca ha sido fuertemente criticado, incluso por expertos que apoyan la ley de competencia recientemente aprobada:

“Los abogados han hecho un daño irreparable a la política de Guatemala. Hay que sacarlos pero ya.”

La nueva ley de competencia no solo no saca a los abogados de la política y economía de Guatemala, los mete con más fuerza que nunca. Las empresas más afectadas serán las pequeñas y medianas que carecen de los recursos y contactos para asegurar que están en cumplimiento con una ley de competencia basada en conceptos clave muy ambiguos. 

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Las instituciones financieras internacionales (IFI), como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), desempeñan un rol clave en los países en desarrollo (PED). Ofrecen financiamiento, asistencia técnica y recomendaciones de políticas. 

Por Nicholas Virzi

“Todos los sectores principalmente afectados por la corrupción incentivada por un mayor gasto público se han identificado como prioridades para el desarrollo de Guatemala.”

El Fondo Monetario Internacional (FMI) se creó en 1944 bajo el sistema Bretton Woods, con la intención de crear un nuevo sistema monetario internacional. De esa misma reunión también nació el BM. Este artículo se enfocará principalmente en el FMI. 

El FMI fue fundado por 44 países. Hoy tiene una membresía de 191 países y la capacidad de prestar alrededor de mil millardos de dólares a sus miembros. Ningún país puede ser miembro del BM sin antes ser miembro del FMI, por lo que hoy son casi idénticas sus membresías. Ambas organizaciones brindan asesoría constante sobre como acceder a los préstamos que quieren colocar.  

Recomendaciones del FMI para Fortalecer la Competitividad  

En su informe sobre Guatemala publicado en agosto, el FMI advirtió que urgía la implementación de reformas procrecimiento. El FMI hizo varias recomendaciones clave, entre ellas aumentar los ingresos fiscales. Además, el FMI subrayó la importancia de implementar un plan nacional anticorrupción y una estrategia a mediano plazo para combatir la impunidad, con cronogramas e indicadores de medición. 

Las IFI suelen recomendar una fuerte base impositiva a los PED. Cuando sus ingresos fiscales suben, los PED son más capaces de pagar las deudas públicas que adquieren ante las IFI. Hace más de 20 años, un estudio del FMI encontró que un aumento de los préstamos se asociaba con mayores ingresos del gobierno, mientras que un aumento de las subvenciones se asociaba con menores ingresos. 

El enfoque del FMI es subir el gasto público para inversiones críticas que los gobiernos de Guatemala nunca hacen, y luego alinear los ingresos fiscales con ese mayor gasto público que solo viene empeorando en su calidad. Fue el mismo presidente Arévalo quien afirmó que un 40% del presupuesto público en Guatemala se desperdiciaba en corrupción. 

Los que descartan la importancia de la efectividad del gasto y la capacidad de ejecución para enfatizar un aumento en el gasto público ignoran la posibilidad de que, en un contexto de baja capacidad institucional y altos grados de corrupción, el acceso a mayores fondos públicos aumenta los incentivos a la corrupción, impunidad, opacidad en la gestión pública y falta de rendición de cuentas. 

Aumentar el gasto público descuidando la calidad del mismo también ignora tendencias notables a nivel mundial. Vietnam, reporta Bloomberg, anunció planes para reducir el gobierno mediante la fusión de ministerios y la eliminación del número de sus unidades en “al menos un 15%-20%”. Asimismo, el presidente Milei en Argentina logró cerrar el año sin déficit fiscal y sin default por primera vez en 123 años, haciendo recortes fuertes del lado del gasto. El ejemplo de Milei también se estudia desde parte del equipo de gobierno del presidente-electo de EEUU, Donald Trump. 

El FMI recomienda subir los ingresos fiscales al mismo tiempo que admite que urge un plan nacional de combatir la corrupción e impunidad, mejor comunicación transparente con los contribuyentes para que puedan exigir rendición de cuentas. Aquí hay una aparente contradicción. 

Si se reconoce que Guatemala carece de los pilares básicos de buena gobernanza, ¿no sería recomendable avanzar en esos pilares de gobernanza antes de aumentar los ingresos fiscales y los incentivos para la corrupción e impunidad? 

Combatir la corrupción no requiere aumentar los ingresos fiscales. Se liberan fondos públicos cuando se mitiga la corrupción.

Una vez se pierde la disciplina fiscal, es difícil recuperarla. Estados Unidos es el mejor ejemplo. En 2007, antes de la crisis financiera de 2008, su déficit fiscal era -2.9% del PIB y su deuda pública 65% del PIB. En 2019, antes de la pandemia, las cifras eran -5.8% y 108%, respectivamente. En 2024, las cifras son -7.6% y 121%. El FMI prevé que la deuda pública de EEUU alcanzará 132% del PIB en 2029.

En materia fiscal, Guatemala debe aprender de EEUU de lo que no hay que hacer. Según la fundación Heritage, Guatemala tiene una nota de 87.5 sobre 100 en “sanidad fiscal”, mientras EEUU tiene una nota de 0. 

Aumentar el gasto público incentiva la corrupción, especialmente en los PED. El gasto público genera corrupción y búsqueda de rentas, lo que se retroalimenta al distorsionar la estructura y el tamaño del gasto público. (Contemporary Economic Policy) Una publicación del FMI afirma que es la existencia de rentas que motiva el comportamiento rentista. La naturaleza ilegal de la corrupción motiva a los funcionarios corruptos enfocarse en aquellos bienes cuyo valor es difícil de determinar. Por lo tanto, se buscarán productos especializados, la infraestructura, y la salud, pero la educación tampoco se exime de los incentivos de la corrupción, ni las transferencias y pagos de asistencia social donde los burócratas disfrutan de considerable discreción en cómo asignarlos. 

Todos los sectores principalmente afectados por la corrupción incentivada por un mayor gasto público se han identificado como prioridades para el desarrollo de Guatemala.

A futuro, Guatemala debe de cuidar su disciplina fiscal y monetaria, y ajustar sus presupuestos públicos a los ingresos fiscales, que podrían aumentarse por la vía de ampliación de la base tributaria. La estabilidad macroeconómica no es condición suficiente para conducir a la industrialización y desarrollo del país, pero si es condición necesaria. 

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Las encuestas se aprietan en EEUU. En las últimas semanas se han visto ligeras ventajas reportadas para Trump. Sin embargo, los resultados reportados de todas las encuestas ponen a la presunta ventaja de Trump dentro del margen de error estadístico. En otras palabras, se ve un empate técnico entre Donald Trump y Kamala Harris para la presidencia de EEUU.

Por Nicholas Virzi

Trump es ampliamente considerado el favorito en las elecciones presidenciales, principalmente debido al movimiento en las encuestas reportadas en octubre. Varias razones se han dado como causales de ese movimiento a su favor, entre ellas las siguientes:

La negativa de Kamala a marcar claramente sus posiciones políticas.
Kamala no ha explicado por qué esperó hasta que fuera la candidata del partido Demócrata, para cambiar sus principales propuestas políticas. La percepción amplia de que Kamala se desempeña excepcionalmente mal en sus entrevistas en medios. El genio de Trump para captar la atención mediática.

Con respecto al punto 1, Kamala no ha marcado sus posiciones políticas porque su equipo de campaña entiende que las posiciones del gobierno Demócrata actual de la cual ella es la segunda en el poder son bastante impopulares ante el pueblo americano. Solo el 27% de los encuestados creen que el país va en la dirección correcta. El pueblo americano está bastante descontento con la economía, la inflación, la invasión de inmigrantes ilegales que ha colapsado el sistema de asistencia social local, y la proliferación de guerras en el mundo.

En todos estos temas, Trump lidera en las encuestas. Mientras tanto, Kamala lidera fuertemente entre mujeres, que consideran que el derecho al aborto está en peligro bajo Trump. No es poca ventaja la de Kamala, dado que las mujeres votan con más regularidad que los hombres, y el voto temprano en EEUU está reflejando más mujeres que hombres están votando temprano este ciclo.

Sin embargo, hay una clara distinción de cómo los encuestados reportan que iban las cosas cuando Trump fue presidente en comparación con el gobierno actual, del cual Kamala es técnicamente la segunda al mando. Por eso, Kamala tiene que disimular y hacerse pasar como si apoyara a posiciones más parecidas a su oposición que a sus propios principios.
El punto 2 se relaciona con el punto 1.

Kamala Harris es la vicepresidente de un gobierno bastante impopular. Su gobierno tiene alta desaprobación en precisamente los temas que más les importan a los votantes en EEUU, que son la economía, la inflación, política exterior, y la inmigración ilegal que ha destruido el nivel de vida de muchos ciudadanos americanos.

Respecto al punto 3, el desempeño de Kamala en los medios, el consenso es que ha sido desastroso. Antes era un problema para Kamala que relativamente pocos votantes la conocían, y antes de que fuera colocada como la nominada de su partido, Kamala destacaba por tener las peores evaluaciones de cualquier vicepresidente de EEUU. No obstante, su campaña intentó usar su desconocimiento como una fortaleza para llevarla a la Casa Blanca, confiando en el apoyo de los medios masivos en hacerle propaganda política gratis.

Eso funcionó de agosto a octubre, hasta que empezaron a ver resultados de encuestas que indicaban que el pueblo votante independiente la quería conocer más. Esa realización llevó a los Demócratas a cambiar su estrategia mediática, para que Kamala se presentara más ante el público votante.

Una vez Kamala empezó a salir en los medios, su aprobación empezó a estancarse, y luego caer, mientras el de Trump volvió a subir gradualmente.

El problema de Kamala ha sido que entre más aparece en los medios, entre más la conoce el pueblo, más sube su desaprobación. Sus apariencias mediáticas han sido clasificadas en una escala que va desde decepción a desastre. Su fracaso mediático ha sido de tal nivel que en varias ocasiones la campaña de Trump simplemente saca videos exactos de sus apariencias para usar en anuncios en su contra.

A cambio, Trump viene con una racha de apariciones mediáticas que se deben de considerar como éxitos. En primer lugar, aparece en todos lados, no solo los medios favorables a él, que son muy pocos. Asimismo, ha explotado al máximo sus apariencias en medios independientes, que cada vez cobran mayor importancia ante el declive excepcional de confianza de los americanos en sus medios tradicionales.

Encima de eso, Trump ha tenido momentos icónicos de fotos en esta campaña, con la foto de su desafiante postura luego del primer atentado en contra de su vida, la foto de cuando fue acusado formalmente de crímenes electorales en el estado de Georgia, así como su foto atendiendo a personas de a pie como servidor del restaurante de McDonald´s. Si eso fuera poco, Trump acaba de llenar el estadio más famoso de EEUU, Madison Square Garden, en el estado Demócrata de Nueva York.

En su pánico, los Demócratas no pudieron responder con más que acusaciones de que el famoso local se asocia con movimientos fascistas, olvidándose que importantes figuras como los presidentes Demócratas John F. Kennedy, Jimmy Carter y Bill Clinton, en sus campañas políticas.

Dicho lo anterior, se debe de entender que, a menos de una semana del día oficial de las elecciones (5 de noviembre), hay empate técnico a nivel nacional y en los estados clave que determinarán las elecciones, en su conjunto y en cada estado individual.

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El ENADE 2024, habiéndose centrado sustancialmente en los temas de la gobernanza eficaz, concluyó exitosamente. Como viene haciendo desde los años noventa, el sector privado enfatizó los temas de gobernanza como factores que constituyen factores determinantes para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. 

Por Nicholas Virzi

Instituciones, Reglas y Desarrollo

Douglass North, premio Nobel de la Nueva Economía Institucional (NEI), señalaba que las instituciones son las «reglas del juego» en una sociedad. Las instituciones formales, como leyes y regulaciones, y las informales, como normas sociales, establecen cómo se toman decisiones y distribuyen los recursos. 

North estableció que la calidad institucional era esencial para el desarrollo. La certeza jurídica permite a los empresarios operar con confianza, sabiendo que sus derechos estarán protegidos y que podrán hacer cumplir sus acuerdos. Cuando las empresas enfrentan un entorno de incertidumbre, se desincentiva la inversión a largo plazo. La falta de protección de los derechos de propiedad y de cumplimiento de contratos genera imprevisibilidad. Esto frena la inversión y el crecimiento. 

Oliver Williamson, otro influyente académico, se centró en cómo las instituciones fuertes reducen los costos de transacción—costos asociados con la falta de información, la corrupción y el incumplimiento de contratos—los cuales suelen ser elevados en países con gobernanza deficiente.

Para los países en desarrollo (PED), reducir estos costos mediante la certeza jurídica y una mejor gobernanza transforma su capacidad de crecimiento. Cuando las personas confían en que sus contratos serán cumplidos y que sus derechos de propiedad estarán protegidos, están más dispuestas a participar en actividades comerciales y a invertir, lo que impulsa el crecimiento económico.

En este contexto, la inversión en infraestructura vial, portuaria y aérea también se vuelve esencial. Son inversiones grandes que requieren confianza en el futuro. Estas mejoras no solo facilitan el comercio y reducen los costos logísticos, sino que permiten a los países como Guatemala capitalizar al máximo las oportunidades presentadas por las estrategias de Nearshoring y Friendshoring promovidas, facilitando la integración en cadenas de suministro globales.

Iniciativa del Entorno Favorable para los Negocios de USAID y la Certeza Jurídica

La Iniciativa del Entorno Favorable para los Negocios (BEE, por sus siglas en inglés) de USAID se alinea con los principios básicos del sector privado guatemalteco al centrarse en mejorar el entorno legal y regulatorio para las empresas en los PED. El proyecto BEE tiene cuatro componentes clave:

1. Mejora del Entorno Regulatorio: Este componente mejora el marco regulatorio para fomentar la inversión, simplificando los procedimientos para la Inversión Extranjera Directa (IED) y mejorando el entorno empresarial para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) mediante reformas políticas y el desarrollo de capacidades.
2. Inversión Extranjera Directa (IED): BEE promueve a países como Guatemala como destinos de inversión, proporcionando servicios de asesoría para atraer IED y crear oportunidades de empleo en sectores de alto potencial y cadenas de valor.
3. Asistencia Técnica para Ciudades Secundarias: La iniciativa apoya la planificación urbana en ciudades intermedias para promover un crecimiento sostenible, el uso eficiente de la tierra y acomodar la expansión de la población.
4. Mayor Acceso del Sector Privado al Capital: También mejora el acceso a financiamiento para MIPYMES identificando firmas de alto potencial (las «gacelas») y ayudándolas a obtener el capital necesario para inversiones productivas.

Digitalización y Mayor Transparencia

Una iniciativa clave que complementa estos esfuerzos es la digitalización de los servicios públicos, un factor que aumenta considerablemente la transparencia y la rendición de cuentas. Al utilizar plataformas digitales para trámites gubernamentales, la burocracia se reduce y los procesos se vuelven más accesibles y eficientes. Esto, a su vez, disminuye las oportunidades para la corrupción, ya que los procesos automatizados y monitoreados dejan menos espacio para la manipulación arbitraria.

La digitalización también contribuye a generar mayor confianza en las instituciones, lo que fomenta tanto el ahorro como la inversión, tanto nacional como extranjera. Los inversionistas están más dispuestos a destinar recursos cuando perciben un entorno transparente y confiable, donde las regulaciones son claras y los derechos están protegidos de manera efectiva.

Factores Clave para Generar Confianza en las Instituciones

Varios factores clave contribuyen a generar mayor confianza en las instituciones:

1. Derechos de Propiedad Claros: La protección de los derechos de propiedad reduce la incertidumbre y fomenta la inversión y la innovación.
2. Marcos Legales Transparentes y Predecibles: Cuando las leyes y regulaciones son claras y se aplican de manera coherente, las empresas operan con mayor seguridad, reduciendo los riesgos asociados con la toma de decisiones arbitraria.
3. Cumplimiento Ede Contratos: La capacidad de resolver disputas de manera justa y eficiente es crucial para generar confianza en el sistema y reducir los costos de transacción.
4. Reducción de la Corrupción: Los esfuerzos por combatir la corrupción aumentan la confianza pública en las instituciones gubernamentales, asegurando que sirvan al interés público.
5. Digitalización de Servicios Públicos: La transparencia y la rendición de cuentas mejoradas mediante la digitalización fortalecen la confianza en las instituciones .
6. Infraestructura Moderna: La inversión en infraestructura vial, portuaria y aérea es clave para reducir costos logísticos y facilitar el acceso a los mercados internacionales.

Conclusiones

Los temas centrales del ENADE 2024 no pudieron haber sido más acertados. Se respaldan en las lecciones aprendidas del acervo de conocimiento acumulado en materia de crecimiento y desarrollo. 

El fortalecimiento de las instituciones, la digitalización de los servicios públicos y la modernización de la infraestructura no solo impulsan el crecimiento de grandes empresas, sino que son esenciales para que los países puedan superar los desafíos del desarrollo.

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El viernes, 20 de septiembre, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) celebró su décimo novena edición del Congreso Industrial, con el lema “Industrialización: contribuyendo a fortalecer el futuro de Guatemala”.

Por Nicholas Virzi
Director de Análisis Estratégico
Cámara de Industria de Guatemala

Más de 2,000 participantes asistieron a la jornada de conferencias que fueron distribuidas a través de los 10 módulos simultáneos que conformaron el Congreso. El presidente de la República, Bernardo Arévalo, se hizo presente en la inauguración del Congreso para afirmar que la ruta hacia el desarrollo requiere mayor inversión en infraestructura, el fortalecimiento de las capacidades productivas del país, la expansión del empleo y el apoyo a todos los empresarios, especialmente a los pequeños y medianos. Todos estos temas son congruentes con las prioridades de CIG y del sector privado organizado de Guatemala en general. Por ejemplo, Fundesa viene haciendo eco a la recomendación de la CEPAL que la Formación Bruta de Capital del Estado sea 6.2% del PIB. Guatemala nunca se supera el 2%, lo cual explica el mal estado de las carreteras y puertos del país.

Las primeras palabras de bienvenida fueron realizadas por Stephanie Melville, secretaria de la junta directiva de CIG y presidente del comité organizador del Congreso. Melville es la primera mujer en ejercer el cargo de presidente de la cementera Progreso, una importante empresa guatemalteca con presencia en varios países, como los son Belice, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y Colombia.

Melville aseveró que el objetivo del Congreso Industrial fue ser un espacio de inspiración a la acción, recalcando el potencial del país y la capacidad de los guatemaltecos de superar los obstáculos a la industrialización, el crecimiento económico y el desarrollo. Melville llamó a los guatemaltecos de todos los sectores de la sociedad para trabajar conjuntamente, enfatizando la importancia del trabajo interinstitucional enfocado, articulado y unido. Es un mensaje duradero que el país haría bien en ponerlo en práctica.

Raúl Bouscayrol, presidente de la Junta Directiva de CIG, en su discurso de apertura complementó el mensaje de Melville. Bouscayrol enfatizó que el país se encontraba en un momento crucial, donde se debería aprovechar la ventana de oportunidad para marcar la diferencia entre el pasado, el presente y el futuro: 

“El Congreso Industrial de este año busca especialmente ser un espacio de integración en el que representantes de distintos sectores se reúnan para abordar y encontrar soluciones a las necesidades urgentes para crecer como país y trabajar de manera coordinada”.

Bouscayrol acertó con el mensaje clave que la industrialización y crecimiento es la única vía al desarrollo integral que aspiramos tener como país.

La primera conferencia del Congreso fue la el Dr. Ernesto Stein, titulada “Política Industrial y Colaboración Público-Privada: Marco Conceptual y Experiencia en América Latina”. La presencia del Dr. Stein le brindo una alta calidad académica al Congreso Industrial, siendo el Dr. Stein profesor universitario distinguido de políticas públicas del Tecnológico de Monterrey, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Entre sus destacadas obras, Stein es conocido por insistir que la obcecación ideológica que engloba el debate “Estado vs. Mercado” a menudo impide que argumentos con sustento empírico permitan diferencias entre las buenas y las malas políticas industriales.

El Congreso incluyó a un panel innovador sobre la migración, en el cual líderes clave discutieron el impacto de la migración en las mujeres guatemaltecas. Los panelistas abordaron los retos y oportunidades asociados con este fenómeno transnacional. En este panel participaron Karin Herrera, vicepresidenta de la República, Carmen María Torrebiarte, presidente CACIF, Stephanie Melville, María Tuyuc, presidente de la Red de Empresarios Indígenas (REI), un aliado clave de CIG. También participaron Stephanie Daviot, la jefe de misión de la Organización Internacional de la Migración (OIM) y María Teresa Villanueva, especialista del BID. El abordaje de parte de CIG del tema migratorio fue oportuno, dado que la fuga de mano de obra calificada afecta negativamente a la economía del país. 

Raúl Bouscayrol cerró el evento con el mensaje central de CIG: 

“La industria está lista y dispuesta para enfrentar los desafíos que Guatemala debe superar para alcanzar el desarrollo y el tema de infraestructura ha sido uno de especial énfasis en este Congreso Industrial”.

Asimismo, Stephanie Melville concluyó: 

“Una vez más el Congreso Industrial demostró que la industrialización es el camino para el desarrollo de nuestro país, a todo nivel. Pero, específicamente, el éxito de esta edición nos corrobora que el trabajo integral, desde todos los sectores, es la colaboración que necesitamos para que vayamos más rápido por ese camino”.

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La tesis del cambio climático (TCC) sostiene que las actividades económicas del ser humano emiten CO2 y que tienen otras consecuencias negativas que resultan dañinas para la capa de ozono, lo cual presuntamente provoca un “calentamiento global, término sustituido recientemente por el término más global “cambio climático”. Supuestamente, el calentamiento global altera los patrones climáticos y provoca incrementos en los desastres naturales como huracanes, sequías e inundaciones. Los desastres naturales a su vez causan enormes daños económicos, ambientales y sociales.

Por: Doctor Nicholas Virzi

La narrativa de la TCC es promovida por los gobiernos de los países desarrollados, la ONU, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el Foro Económico Mundial (WEF), así como las instituciones financieras internacionales (IFI), como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros. Conjuntamente, estas organizaciones internacionales ejercen fuertes presiones a los países en desarrollo (PED) para que adopten sus medidas recomendadas para reducir las emisiones de CO2 y “salvar el planeta”.

¿Qué es ESG?

Según Deloitte y BBVA, las siglas ESG responden en inglés a las palabras Environmental, Social & Governance. Hacen referencia a los factores que presuntamente convierten a una compañía en sostenible a través de su compromiso social, ambiental y de buen gobierno, sin descuidar los aspectos financieros. ESG es la nueva moda entre las grandes empresas de los países desarrollados. 

Aunque se diga que no se descuidan los aspectos financieros, la métrica ESG puede llegar a afectar la evaluación crediticia de las empresas, encareciendo su acceso al crédito. Por esa y otras razones, la iniciativa ESG ha ocasionado problemas legales, especialmente en EEUU, donde una multiplicidad de litigantes ha levantado demandas debido a lo que perciben que son los abusos derivados de la aplicación de los estándares de ESG. 

Por la importancia de los actores internacionales y fenómenos previamente mencionados, muchas grandes empresas alrededor del mundo se han visto obligadas a aceptar la narrativa ambiental “anti desarrollo”. Esto ha generado muchas críticas, como por ejemplo la narrativa del llamado “green washing”.

Los supuestos costos económicos del cambio climático

A continuación, se enumeran algunos de los costos económicos que se quieren atribuir solo a la construcción de carreteras pavimentadas: 

• Incremento en el uso de vehículos: el aumento en uso de vehículos causa mayores emisiones provenientes del transporte.

• Urbanización: La construcción de carreteras estimula el crecimiento urbano y suburbano, aumentando la dependencia de los automóviles y contribuyendo a mayores emisiones de CO2. En particular, se arriesga el efecto de Isla de Calor Urbana, que se da cuando las carreteras pavimentadas causan que las áreas urbanizadas se vuelven más calientes que sus alrededores. Esto, además, incrementa la demanda de energía para refrigeración, aumentando las emisiones de gases invernaderos.

• Producción de materiales: La fabricación de materiales utilizados en la construcción de carreteras, como el cemento, el asfalto y el acero, es intensiva en energía y emite grandes cantidades de CO2.

• Maquinaria de construcción: El uso de maquinaria pesada durante la construcción de carreteras consume combustibles fósiles y genera emisiones directas de CO2.

Para salvar el planeta, los países desarrollados les piden a países como Guatemala de dejar de aspirar a tener la infraestructura necesaria para la industrialización y desarrollo. Tan solo se espera que Guatemala renuncie a tener más y mejores carreteras, maquinaria y materiales de construcción y zonas urbanas desarrolladas. 

¿Les parece razonable la propuesta?

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Las encuestas en EEUU sobre las elecciones presidenciales en noviembre señalan que Donald Trump aventaja al presidente Joe Biden, según RealClearPolitics (RCP). Los temas más importantes para los votantes son la dirección del país, la economía y la política exterior. RCP reporta que la desaprobación de Biden en esos temas está en niveles históricamente altos, 65%, 58%, 61%, respectivamente. En cuanto a la inflación específicamente la desaprobación de Biden está en 64%.

Por Nicholas Virzi

En febrero, la inmigración surgió para encabezar la lista de los problemas nacionales más importantes para los encuestados por Gallup. La desaprobación de Biden en este tema es de 55%. En la última encuesta de ABC News Trump lidera a Biden en el tema de inmigración (47% versus 30%), con 69% de los encuestados indicando que es un tema importante. Trump es más confiado para manejar todos los temas más importantes. En el tema que el equipo de Biden decidió centrar su campaña electoral oficial, la protección de la democracia, Trump empata con Biden.

Aunque ABC pone a Biden (46%) encima de Trump (45%) a nivel nacional, es importante recordar que EEUU no tiene elección presidencial nacional. EEUU tiene elecciones presidenciales, una por cada estado. La elección del presidente se hace indirectamente por medio del Colegio Electoral (CE), donde cada estado tiene tantos votos electorales como tiene representantes en el Senado y la Cámara Baja del Congreso.

En los estados clave, se juegan 93 votos electorales. RCP proyecta que Trump ganaría esos 93 votos electorales. Trump aventaja sólidamente en Carolina del Norte, Arizona, Nevada y Georgia, y por márgenes menores en Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Analistas políticos hablan del voto escondido de Trump (shy Trump voter), un fenómeno que recoge el hecho que sus votantes prefieren no revelar su intención de voto. Las encuestas muy probablemente subestiman el apoyo de Trump.

RCP proyecta que Trump ganaría 312 votos electorales, lo cual significa que Trump podría perder a Pensilvania (19 votos) y Michigan (15 votos) y todavía ganar la presidencia. La encuesta de Bloomberg de mayo indica que la contienda se aprieta, pero aun indica que Trump lidera a Biden en los estados clave.

Adicionalmente, Trump ha puesto en juego los estados de Minnesota, Washington y Virginia. SurveyUSA le da ventaja de solo 2 puntos a Biden sobre Trump en Minnesota, donde no ha ganado un Republicano desde 1972. Zogby pone a Trump liderando a Biden en Virginia por un punto. Bullfinch tiene a Trump ganando Virginia cuando se consideran los cinco candidatos oficiales. Estas encuestas son casos anómalos, pero es importante recordar que, previo a este ciclo electoral, Trump nunca había liderado en las encuestas, ni en 2016 ni en 2020. Trump se ve expandiendo su mapa electoral, mientras Biden está a la defensiva.

A Biden le queda poco tiempo para cambiar dos hechos básicos. Primero, las percepciones económicas. Muchos votantes creen que EEUU ya está en recesión. Por otro lado, las percepciones sobre su incapacidad para ejercer el cargo solo crecerán con el tiempo. Pew Research reporta que el 65% de los respondientes indicaron no tener confianza en las habilidades físicas de Biden, y 62% indicó no tener confianza en sus competencias mentales.

La única salvación para los Demócratas pareciera ser su estrategia de politizar el sistema de justicia en contra de Trump (Lawfare). Sin embargo, tres de los cuatro casos criminales que se abrieron contra Trump se han estancado (Politico). Solo queda el caso de Manhattan, en Nueva York, un caso menor de contabilidad empresarial que a todas luces se convirtió en un caso político. Hasta en CNN se ha criticado este caso. El caso no tiene mérito y se viene cayendo, según declaraciones de varios expertos en distintos medios (USNews, MSN, CNN, National Review).

Sin embargo, el jurado proviene del padrón electoral de Manhattan que votó 84.5% por Biden en 2020. Lo más probable es que Trump será condenado antes de las elecciones de noviembre. Expertos coinciden que Trump ganaría su apelación, por las múltiples violaciones en contra del debido proceso cometido por el juez.

Al ser condenado, Trump podría ser mandado a la cárcel mientras se evalúa su apelación, que solo ganaría después de las elecciones.

A pesar de los sesgos, no se debería de descartar por completo al pueblo votante. Los votantes pueden discernir la verdad, a pesar de la narrativa mediática. Los votantes saben que el caso en contra de Trump en Nueva York es un montaje político que contraviene todos los principios de la justicia americana.

Los votantes tendrán en su poder elegir a Trump como su presidente, aún siendo un condenado en la cárcel en el día de las elecciones, así como en el día que le tocaría asumir la presidencia. Sería la máxima expresión del poder del voto del pueblo en contra de las élites políticas americanas.

Votar por un encarcelado en contra del actual presidente que busca la reelección sería la perfecta oportunidad del pueblo votante de EEUU para mandar un mensaje a las élites políticas del país sobre su evaluación de desempeño del actual presidente. Que eso sea un escenario que se debería de prospectar dice mucho sobre el retroceso democrático en EEUU.

En lo que concierne el imperio de la ley, EEUU hoy da más lecciones sobre las prácticas que se deben evitar que las que se deben considerar como mejores prácticas del mundo.

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