El presidente Alejandro Giammattei confirma la renuncia del ministro de Gobernación Oliverio García Rodas.

Redacción Perspectiva

El ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas renuncio al cargo, un día después de la polémica generada por el acuerdo gubernativo que autorizaba el funcionamiento de Planned Parenthood, organización que promueve el aborto  y que generó fuertes criticas por organizaciones sociales y religiosas. Finalmente el presidente Alejandro Giammattei anunció que el acuerdo seria derogado.

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia confirmó la renuncia del funcionario.

“El presidente recibió y aceptó la renuncia del ministro de Gobernación. Queda de forma interina como ministra Claudia Díaz, Tercera Viceministra”, dice el mensaje de presidencia.

Durante los cinco meses al frente del Ministerio de Gobernación, se realizaron diversas acciones en el sistema penitenciario dirigidas a desarticular las estructuras criminales que operan en el interior de las cárceles del país.

García Rodas es el segundo ministro de Gobernación (MINGOB) del gobierno de Giammattei, quien lo eligió luego del retiro del general Edgar Godoy, separado del puesto por problemas de salud.

García Rodas tiene una amplia trayectoria en distintas instancias públicas y políticas entre las que destacan, el ser parte de la Asamblea Nacional Constituyente, entre 1984 y 1985.

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Hoy, el ministro de Gobernación informó que se realizó una investigación interna para deducir responsabilidades de los agentes de la PNC que incumplieron su deber durante las diligencias en la “fiesta clandestina” del pasado viernes 12 de junio.

Redacción Perspectiva

El ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas dijo a medios de comunicación que este día se entregó a la Fiscalía Municipal de Santa Catarina Pínula del Ministerio Público (MP) un informe realizado por la Direccion General de Inteligencia Civil (DIGICI) , Asuntos Internos y la Policia Nacional Civil (PNC) sobre la “fiesta clandestina”realizada el viernes pasado en un local comercial ubicado en carretera a El Salvador.

De acuerdo con Garcia,  la investigación reveló que existió comisión de delito y se cometieron delitos severos y muy graves. Además, enfatizó que en cuanto se gire orden de captura a las personas responsables de estos delitos, se procederá de forma inmediata de acuerdo con la ley.

Según García, la investigación interna realizada por el Ministerio de Gobernación permitió “deducir responsabilidades de las personas que incumplieron dentro de la PNC”.

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Hoy trascendió un nuevo cambio en el Gabinete. El ex diputado Oliverio García Rodas sustituiría al frente del Ministerio de Gobernación a Edgar Godoy, quien habría renunciado por problemas de salud.

Redacción Perspectiva

El coronel retirado Edgar Godoy se encuentra internado en un centro de salud. Esta es la segunda vez que debe ser ingresado y aparentemente, el motivo de su renuncia. El nuevo titular de la cartera de seguridad es Oliverio García Rodas.

Con una larga trayectoria como legislador y abogado de profesión, García Rodas recibió un Curso Superior de Guerra Política en Taiwan; Seguridad Ciudadana en Londres, Inglaterra y Curso de Reforma a Organismos de Seguridad en Oklahoma, EE.UU.

Con un extenso curriculum, García Rodas ha trabajado en instituciones del Estado desde 1970  y entre 2012 y 2015 presidió la Comisión Interparlamentaria de Seguridad Ciudadana y Administración de Justicia del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe.

Como legislador ha representado a varios partidos. Durante los últimos años fue miembro de la Gran Alianza Nacional (GANA), Partido Patriota y Movimiento Reformador, para finalmente ser diputado independiente.

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Por:  Karen Beltethón

En la disputa por la presidencia del Organismo Legislativo hay dos verdaderos dinosaurios de la política guatemalteca: Mario Taracena Díaz-Sol y; Oliverio García Rodas. Y, como que el asteroide de Yucatán no acabó con todos, se menciona una tercera en discordia para aliviar la tensión política: Nineth Montenegro. Guatemala no cambió, regresó en el tiempo – ¡Y a qué épocas! -.

Mario Taracena, -dicho por sus propias palabras- “traigo la política en los genes”. Sus tatarabuelos, abuelo y padre han estado involucrados en la política.

Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Rafael Landívar. Inició en la política a los 24 años y dos años después tuvo su primer cargo en la Asamblea Nacional Constituyente.

Fue cofundador del partido político Unión del Centro Nacional (UCN) en 1983. Cabe añadir que su retiro de la UCN fue por un conflicto con el fallecido Jorge Carpio Nicolle, por haberse hipotecado el partido en donde se lo entregaron a él y Taracena estaba en contra de ello. Tanto es así que ganó su primer juicio a Carpio Nicolle en donde renunció días después porque dijo no tener vocación de esclavo.

Algo semejante sucedió con Rubén Darío Morales, a pesar que Taracena fue fundador del Partido de Avanzada Nacional (PAN) en 1989, afirma que rechazó a Morales por sus negociaciones oscuras y que después el tiempo asegura le dio la razón porque hoy está en los tribunales.

En 1986 fue Diputado por el partido UCN y en 1991 por el partido PAN. Ha presentado 31 iniciativas de ley relacionadas con la educación, salud, seguridad Nacional y fortalecimiento del sector justicia.

Actualmente desempeña el cargo de Presidente del Congreso de la República de Guatemala periodo 2016-2017. A pesar de ello tiene 134 denuncias por acoso sexual, en donde expresa que no le quitan el sueño porque hay cosas más importantes y es que una secretaria no pude ganar más que un diputado y por eso deben de irse.

El segundo en discordia es Oliverio García Rodas, su profesión es Abogado y Notario, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, colegiado No. 2199. Realizó estudios en Taiwán, Inglaterra y Estados Unidos Americanos. No cabe duda que es uno de los más experimentados en el ámbito político. Además, cuenta con una amplia hoja de vida. Inició su carrera de diputado cuando representó a Alta Verapaz en la Asamblea Nacional Constituyente.

Estuvo alejado por 10 años y en el 2004 regresó con el partido Gran Alianza Nacional (GANA). En las elecciones del 2015 fue juramentado y se declaró independiente, en abril se incorporó al Movimiento Reformador (MR).

Fue elegido por el ex Presidente Otto Pérez Molina, para formar parte de la terna para elegir al Vicepresidente del país, después de que Roxana Baldetti renunciara. Sin embargo, renunció a su postulación un día después de que el Congreso no llegara a ningún acuerdo en el nombramiento.

Ha escrito obras y ensayos, por mencionar algunos; Megapolis y Desarrollo, Manual del Debido Proceso y Manual de Procedimientos para los Jueces de Paz, Ramo Penal de la República de Guatemala, Autor del Proyecto de Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Autor del Proyecto de Código Municipal, Ensayo. El Crimen Organizado en Guatemala. 1999, entre otros.

Una de las propuestas que trabajó con el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue bajarles las condenas a los delincuentes confesos. Posteriormente fue retirada de la agenda el MP y la CICIG.

Hace una semana el periodista Rubén Zamora hizo mención sobre el cheque de   Q 75 mi girado a García Rodas de parte de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. en la cual sugirió que siempre estará a su servicio y más llevando la agenda del Congreso para beneficiar al ex binomio Presidencial.

Se ha dicho tanto que aún no se ha podido realizar la anticipada elección de la próxima Junta Directiva. Ahora entre dimes y diretes, esto no que aquí hay una posible tercera opción. Su nombre Nineth Montenegro. Activista de los Derechos Humanos. Se graduó de maestra y por muchos años laboró en escuelas públicas. Años después se graduó en Ciencias Jurídicas y Sociales y una maestría en Políticas Públicas de la Universidad San Carlos de Guatemala.

En 1984 se enfrentó al Ejército Nacional, reclamando el paradero de su esposo por la desaparición ilegal, el caso nunca se esclareció. A partir de ahí fundó el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), organización integrada por familias de desaparecidos en Guatemala. Fue electa diputada en 1996 en donde se dedicó a monitorear instituciones entre ellas la fuerza armada donde detectaron movimientos anómalos de enriquecimiento ilícito de algunos oficiales.

Creó su propio partido político “Encuentro por Guatemala” en la cual en el 2007 participó, llevando como candidata a la presidencia a Rigoberta Menchú.

Por sus actividades ha sufrido amenazas de muerte, sin embargo, ha solicitado al gobierno que garantice su integridad física. A pesar de ello ha sido galardonada con reconocimientos internacionales y declarada personaje del año en diferentes revistas y medios de comunicación.

Quizás este cuento no sea el más corto –sino una larga y triste tragicomedia tropical-  como el de Augusto Monterroso al que le presto el título de mi artículo.

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.

            Pero sí da mucho de qué hablar. ¿Usted si tuviera la oportunidad a quién le daría su voto? ¿Se votaba en la época de los dinosaurios? ¿Quién será el verdadero dinosaurio que denuncia la obra de Monterroso? Sabemos que existen muchos intereses en el Organismo Legislativo, pero también queremos que se erradique la corrupción en todas las entidades públicas.

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La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala –OACNUDH-, con el apoyo del Ministerio Público –MP-, presentaron hoy en la Mesa de Seguridad y Justicia del Congreso de la República las propuestas de reformas a Ley en Materia de Antejuicio y Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

En la actividad estuvieron presentes el diputado Oliverio García Rodas, presidente de la Mesa; Alberto Brunori, representante de la OACNUDH; Thelma Aldana Hernández, Fiscal General; Iván Velásquez Gómez, jefe de la CICIG, y sectores de la sociedad civil.

Ley en Materia de Antejuicio
Los principales objetivos de esta propuesta son: generar un procedimiento ágil y transparente para la tramitación del antejuicio y preservar su naturaleza con el objeto de evitar que se afecte la función pública, y garantizar la continuidad y eficiencia de las atribuciones inherentes al cargo.

Brunori hizo un llamado para que estas propuestas sean aprobadas por el Congreso en la mayor brevedad posible, ya que la modificación a las dos leyes ayudará a fortalecer el sistema de justicia guatemalteco.

La propuesta

• Establece plazos en todas las etapas del procedimiento para el trámite de las diligencias del antejuicio ante los tres órganos competentes (Corte Suprema de Justicia, Salas de la Corte de Apelaciones y Congreso). Además se unifica la duración del trámite.
• Reduce el plazo de un aproximado de 76 días a 23 días, y se eliminan atribuciones de trámite de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Todos los antejuicios se presentan directamente ante la autoridad competente para conocerlos.

• En el sorteo de integrantes de la comisión pesquisidora se incluye a seis diputados, pudiendo llamarse al sexto de ellos únicamente si hubiera ausencia definitiva de uno de los miembros.
  En casos de no admitir a trámite, deberá fundamentarse debidamente. Esta decisión será pública.
  Los informes del juez pesquisidor y comisión pesquisidora deberán ser públicos.
• En caso de no ha lugar a formación de causa, el MP tiene facultad para continuar realizando las investigaciones que correspondan para el esclarecimiento de los hechos que originaron la solicitud de antejuicio.
• Si como resultado de continuar con la investigación se determinan elementos e indicios adicionales, se podrá presentar solicitud de antejuicio contra el mismo dignatario o funcionario, siempre que se cumpla con dos requisitos:

1. La nueva solicitud debe fundamentarse de manera clara, objetiva e indefectible;
2. Las personas a cargo de realizar las pesquisas sean distintas de las que conocieron la solicitud anterior.

• La suspensión en el ejercicio del cargo procede cuando se dicte auto de procesamiento.
• El cese en el ejercicio del cargo procede cuando se dicta sentencia condenatoria y esta se encuentre debidamente ejecutoriada.
• Se garantiza el pago de salarios durante la suspensión, cuando la sentencia que se dicte fuera absolutoria o en caso de sobreseimiento, archivo o desestimación.

Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad
Los principales objetivos de esta propuesta es contribuir a la agilización y simplificación del trámite del amparo y armonizar la legislación nacional a los estándares internacionales sobre acceso a la justicia.

La propuesta

• Se adiciona a la Procuraduría General de la Nación (PGN) como institución del Estado con legitimación activa para defender los derechos que le han sido encomendados (actualmente MP y Procuraduría de los Derechos Humanos).

Se establece la legitimación activa para la defensa de derechos o intereses colectivos: comunidad de personas que integran dicha colectividad; personas a nivel individual que pertenecen a dicha comunidad que sufren un daño o amenaza.

• Se establece la legitimación activa para defensa de derechos o intereses difusos: Procuraduría de los Derechos Humanos; diputados al Congreso; autoridades indígenas; organizaciones civiles y ciudadanos a nivel individual.
• La resolución que se dicte otorgando amparo provisional deberá fundamentarse indicando las razones que orientan al tribunal a considerar las existencia de los supuestos por los que se adopta la decisión, y deberá precisar los efectos y alcances de la suspensión.
• Si el amparo es presentado ante órgano jurisdiccional no competente este se limitará a remitirlo al tribunal competente.
• El tribunal competente deberá determinar si precisa antecedentes del caso, parte de ellos o informe circunstanciado, y la remisión no debe de exceder de 48 horas; mientras que el Tribunal de Amparo que los haya solicitado o recibido antecedentes deberá devolverlos en un plazo máximo de 5 días.
• En ningún caso se podrá acordar el rechazo de entrada de la acción de amparo en el momento de su presentación.
• Especificación de causales de suspensión del trámite del amparo: extemporaneidad de la acción, salvo casos excepcionales; no subsanación de omisiones y deficiencias en algunos de los requisitos; falta de definitividad; cuando se señale como acto reclamado lo resuelto por el uso de un recurso no idóneo y falta de legitimación activa o pasiva.
• Se elimina la obligación del MP de comparecer en la primera audiencia como tercer interesado en todos los amparos que se plantean, subsistiendo la posibilidad de ejercitar la acción respecto de los intereses que le han sido encomendados.
• El Tribunal de Amparo podrá relevar del período de prueba cuando: las pruebas propuestas por las partes no deban tramitarse por ser abundantes, inútiles e impertinentes; los medios probatorios se encuentren en su totalidad en las actuaciones. La resolución en la que se releva del período de prueba deberá fundamentarse.
• Se reconoce a los Tribunales de Amparo la facultad para enmendar de oficio el procedimiento, si a su juicio se cometió error sustancial que vulnere los derechos de alguna de las partes o el debido proceso. Dicha resolución deberá ser razonada.
• Cuando en la sentencia el tribunal determine que el amparo interpuesto es frívolo o notoriamente improcedente, condenará en costas y sancionará con multa de dos a tres salarios mínimos vigentes a la fecha de imposición para los abogados patrocinantes, fijando el plazo máximo de tres meses para hacerla efectiva. En caso de incumplimiento, se propone una figura de impedimento para continuar ejerciendo la abogacía en el ámbito de la jurisdicción constitucional, mientras no se supere la insolvencia.

La Corte de Constitucionalidad (CC) y los Tribunales de Amparo podrán aplicar las tecnologías de información y comunicación para la recepción, gestión, resolución y notificación de las garantías constitucionales que conozcan por razón de competencia según el desarrollo tecnológico del que dispongan.

Discusión de las propuestas
Las dos propuestas serán discutidas y consensuadas en la próxima reunión de la Mesa de Seguridad y Justicia con la finalidad de que sean presentadas como iniciativas de ley en el pleno del Congreso para su aprobación.

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