La ex Fiscal General Thelma Aldana parece estar extraviada en un laberinto jurídico del cual podría salir hacia la prisión preventiva, señaló el dignatario de la Nación Alfredo García, quien comenta que aunque Aldana lograra obtener la acreditación que le garantizaría la inmunidad, podría ser capturada, en el trayecto entre el aeropuerto y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), o incluso en la puerta del ente electoral. Al mismo tiempo, el penalista Omar Barrios, experto en Derecho Constitucional, manifiesta su extrañeza por lo que considera desconocimiento del tema en un equipo liderado nada menos que por la ex jefe del Ministerio Público. Esto, porque según Barrios, a Semilla se le hubieran facilitado las cosas si en lugar de acudir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo hubieran hecho ante la Corte de Constitucionalidad (CC), donde cuentan con una aliada influyente.

Roxana Orantes Córdova

Samuel Pérez, secretario general de Semilla, y Jonathan Menkos, vicepresidenciable, visitaron la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para conocer el estado del amparo que interpusieron hace una semana en esa instancia, a fin de que se autorice la acreditación de Thelma Aldana como presidenciable.

Para los dirigentes de Semilla existe un “retardo malicioso” en la actuación de la CSJ, que según dicen, debió enviar el recurso a la Corte de Constitucionalidad (CC), para su pronta resolución.

Omar Barrios disiente de esa posición y asegura que el procedimiento seguido por ese partido “es un signo de que no conocen mucho sobre Derecho Constitucional. No entiendo cómo una ex Fiscal, rodeada por un equipo de abogados, no ha podido ver eso. Si no pueden ver eso, no entiendo cómo podrían gobernar el país”.

Según afirma Barrios: “no es un error ir a la CSJ, es lo más normal. Pero insisto, tomando en cuenta el respaldo que ellos pueden obtener, con una magistrada aliada que además concentra una gran parte del poder de la CC; les hubiera sido más conveniente acudir directamente a la CC. Pero eso es una presunción de análisis. En materia legal es tan viable ir al tribunal de Primera Instancia como ir al de Segunda”.

¿Qué hubiera ganado Semilla presentando su amparo a la CC?

Barrios explica: “cuando un tribunal de amparo en Primera Instancia, entiéndase, un Juez de Primera Instancia, una Corte Suprema de Justicia, sea en Cámara de Amparo o sea en un pleno, emite un auto que es apelable o emite una sentencia que es apelable, este recurso de apelación se puede presentar ante el tribunal que resolvió desfavorablemente o, por razones de distancia, estructura de la estrategia legal,se puede presentar directamente al tribunal de segunda instancia, que en todos los casos es la Corte de Constitucionalidad”.

Según Barrios, “dependerá del tiempo y la saturación que tenga la corte que tramita el recurso de apelación y manda al tribunal de amparo a que les remita las actuaciones. Inclusive lo puede hacer por medio de un telegrama o correo electrónico, por el principio de sencillez, facilidad, eficacia que debe imperar en los tribunales de amparo. El Tribunal de Primera Instancia va a elevar las actuaciones. En cambio si se presenta ante el tribunal de Primer Grado, este califica si admite o no el recurso de apelación y si lo admite, este es el que eleva las actuaciones”.

Es decir, si Semilla hubiera acudido directamente ante la CC, su ganancia sería en primer lugar la temporalidad, puesto que se evitarían esperar que la CSJ trasladara el amparo ante la CC. El retardo no necesariamente es malicioso, sino está determinado, como dijo Barrios, por la saturación de la CSJ.

Acudir a la CC como primer recurso, señala, “en muchos casos se hace por estrategia de conveniencia, un poco fuera del marco de la legalidad. Más que todo la favorabilidad que se pretende o se presume se va a obtener. Y es así como muchos toman la decisión de hacerlo. Creo que los de Semilla, al tener el apoyo indirecto de una de las magistradas de la CC, les hubiera quedado más conveniente presentarlo de forma directa a la CC”.

El penalista también señala que algunas veces, en la CC también se complica el trámite, puesto que “están sobresaturados, tienen una sobrecarga de trabajo, debido precisamente al mal uso que se da a las acciones de amparo. Yo elegiría ir al tribunal que emitió la resolución, pero en el caso de ellos, con la coyuntura que están viviendo, tener una aliada como la que tienen en la CC les hubiera facilitado las cosas. Insisto, creo que les falta mucho conocimiento de derecho constitucional y procesal constitucional”.

El fundamento para sus afirmaciones, dice Barrios,  “está en el artículo 64 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Inconstitucionalidad y el amparo de apelación se interpondrá por escrito indistintamente ante el tribunal que haya conocido o ante la CC”.

Thelma Aldana sí enfrenta un riesgo

Las disyuntivas que se le plantean a la ex Fiscal General son peligrosas y complicadas. Si le deniegan el amparo, Semilla tendrá que competir sin binomio presidencial. Y si se lo otorgan, podría ser acreditada (pese a la orden de captura), pero debería llegar al TSE subrepticiamente, para evitar la captura en su contra, aunque incluso podría ser capturada en la puerta del ente electoral, explica Alfredo García.

“Ella está en una trampa, en una encerrona. Si ordenan su inscripción tendrá que regresar a Guatemala y entonces puede ser capturada, a menos que el juez que lleva el proceso accediera a revocar la orden de captura en su contra, lo que no es probable. Lo que sí es un hecho es que si la acreditaran, tendría que estar presente para recibir las credenciales. El trámite es como sacar el DPI o el pasaporte, es personal y nadie puede recibir el documento por ella. Entonces, está en dos riesgos: ser capturada o no participar y permanecer prófuga”.

Con esto coincide Barrios, quien concluye: “mientras la orden de aprehensión no se lleve a cabo, ella podría llegar a recoger sus credenciales y en ese momento tendría inmunidad, la orden no podría llevarse a cabo. Pero también podrían aprehenderla en el momento de ingresar al país”.

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Las concentraciones frente a la Corte de Constitucionalidad (CC) y Corte Suprema de Justicia (CSJ), con objetivos contrapuestos, son evidencia del desacuerdo ante la disolución de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por una parte, y la demanda porque se retire el antejuicio a los magistrados que exhortaron al mandatario a reconsiderar la medida, por otra. Según el penalista Omar Barrios, no puede haber un pulso entre dos organismos tan disímiles como la CC y el Ejecutivo. “Lo que existe, es un pulso entre el abuso jurisdiccional y la ineptitud ejecutiva”, señaló. Entretanto, la CSJ notificó al Congreso la solicitud para que se investigue a tres magistrados de la CC.

Roxana Orantes Córdova

Según afirmó el abogado Giovanni Fratti, la CSJ trasladó al Congreso el antejuicio de los magistrados de la CC y el Legislativo deberá integrar de emergencia una comisión pesquisidora, que decidirá. “Si esto se llegara a dar, será el primer antejuicio contra magistrados de la CC que procede”, dijo Fratti, quien explicó que, cuando se interpusieron los amparos “la CICIG ya no existía”.

El abogado mencionó las declaraciones de la presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Dina Ochoa, quien emitió un voto disidente ante el amparo y dijo a medios de comunicación que esa corte no tiene competencia para impedir la finalización del acuerdo de la CICIG, que según dijo, “escapa del conocimiento de un tribunal constitucional nacional”.

Ochoa afirmó que la decisión del mandatario es “vinculante, indeleble e irrevocable”. El Congreso creó la CICIG, pero la forma de finalizar el acuerdo, solo corresponde al Presidente, dijo la magistrada a la prensa.

En contraposición, Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana y uno de los interponentes de los recursos pro CICIG ante la CC, dijo:  “el fallo de la CC corresponde a la ley. El presidente terminó el convenio de la CICIG de manera ilegal, desde todas las perspectivas. Existen principios básicos que un mandatario no puede violar. No puede disolver el acuerdo legislativo que dio vida a la CICIG con un acuerdo gubernativo”.

La discrepancia entre ambas posiciones es evidente y en ambos se esgrimen argumentos jurídicos. Hoy, Perspectiva expone a sus lectores las diferentes interpretaciones de un hecho calificado como “crisis CICIG” mediáticamente, y que para algunas opiniones, puede poner en riesgo la democracia, mientras otras posiciones, como la de Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, se inclinan por privilegiar la importancia de que el próximo evento electoral sea transparente y democrático.

¿Corruptos vs luchadores por la transparencia?

Quienes abogan por la permanencia de la CICIG enfatizan en que esta entidad logró importantes avances en la lucha contra la corrupción. Sergio Beltetón, abogado del Comité de Unidad Campesina (CUC), presente en la concentración de apoyo a la CICIG frente a la CC, dijo a Perspectiva:

“No es una confrontación en dos partes, no es una polarización ni lucha entre ciudadanos. Es el enfrentamiento entre la mayoría de la población que está a favor de la CICIG, tal como se evidenció en la encuesta del científico Luis Von Ahn, que le da el 80 por ciento de aceptación ciudadana a la CICIG, contra quienes defienden la corrupción, el delito que tiene al país sumido en la pobreza absoluta, con inseguridad y carencias básicas en el sistema de salud. El grupo de defensores del gobierno está constituido por periodistas, empresarios vinculados con la corrupción y gente engañada”.

Según el abogado, “el sector empresarial organizado apoya a Morales porque la CICIG le destapó el financiamiento electoral ilícito, que va desde la entrega de fondos a los partidos hasta la distribución de contratos para hacer obra pública. El financiamiento electoral ilícito es un círculo vicioso descubierto y combatido por la CICIG”.

Para Beltetón, se trata de una crisis que “nos coloca ante la opinión del mundo como el gobierno que sacó a un ente que lo podría investigar. El presidente no tiene la potestad para sacar a una comisión técnica independiente con excusas espurias. La situación es crítica y delicada”.

Manfredo Marroquín reitera que el fallo de la CC es legal, mientras Jimmy Morales transgredió la ley. “El presidente terminó el convenio de la CICIG de manera ilegal, desde todas las perspectivas. Existen principios básicos que un mandatario no puede violar. No puede disolver el acuerdo legislativo que dio vida a la CICIG con un acuerdo gubernativo”.

Además, agrega, “por otro lado, está la imagen internacional del país, que se proyecta como una nación gobernada por gente que huye de las investigaciones por corrupción. Al parecer, Morales se siente más cómodo con esas investigaciones y decide terminarlas. Por el momento, la empresa calificadora de riesgo Moody´s ya dijo que se afectará la capacidad crediticia del país. Existe un riesgo de que se retiren las inversiones y la economía colapse, en un caso similar al de Nicaragua”.

En torno al pronunciamiento de Moody´s, Javier Zepeda dijo: “es el trabajo de esas instituciones. Lo que vivimos puede afectar, pero también es importante dejar de ver al país coyunturalmente. Es más importante enfocarnos en un proceso electoral que fortalezca el Estado de Derecho y también ubicarnos en el contexto mundial. Guatemala no es el único país en el mundo que vive una situación compleja. Esperamos que cuando esto pase, recuperemos la confianza y sobre todo, esperamos un proceso electoral enmarcado en la legalidad”.

“Ahora prefieren llevar la fiesta en paz”

El abogado Raúl Falla, de Guatemala Inmortal, es uno de los ciudadanos que ha mantenido una posición más crítica ante la CICIG y la CC. Según dice: “estamos sorprendidos por la suspicacia de la resolución, que se realizó en la madrugada, entre las ocho de la noche y las cinco de la mañana. Un horario en el que era imposible que hubiera una respuesta inmediata de quienes no estuvieran de acuerdo”.

Sin embargo, agrega, “también es evidente que comenzaron a bajar el tono y evitaron dar órdenes al mandatario. En cambio, dijeron que exhortan. Es decir, invitan. De ahí se desprende que por una parte quieren negociar, llevar la fiesta en paz, y por otra, que el mandatario puede o no aceptar la invitación o exhortativa. Si la CC mantiene su posición, podría haber una ruptura. Quienes afirman que el mandatario puede ser defenestrado, están muy equivocados. Por el contrario, Morales podría sacar a Guatemala de la ONU”.

“Más que un pulso, la resolución de la CC hoy por la mañana marca el inicio de una larga batalla”, concluyó Falla.

Una opinión independiente

El penalista Omar Barrios le ha ganado casos a la CICIG. Conocido por emitir su opinión de forma independiente y basada en lo que las leyes establecen, accedió a dar su punto de vista a Perspectiva. Según dice:

“No hay pulso entre el gobierno y la CC, porque se trata de entidades con naturalezas totalmente distintas. Sería como el pulso entre un niño y un atleta. Más que pulso, se trata de un reto. La CC está retando al jefe de Estado con una resolución legal, pero no legítima. El presidente a su vez, reta a la CC con la insinuación de que puede desobedecerla. Nos agrade o no, no se puede desobedecer una orden manifiestamente legal. Pero no es un pulso, porque las condiciones de ambos no son iguales”.

La Procuraduría General de la Nación (PGN), señaló de prevaricato a los magistrados. Para esto, tiene que demostrar que hubo dolo. Y el tercer actor, será la CSJ, al admitir o no el señalamiento. Por otra parte, al admitir el amparo la CC desnaturalizó esta figura, puesto que el amparo es un recurso para proteger a personas. Se empoderó y ejecutó acciones fuera del marco de su competencia, dice Barrios y concluye:

“Considero que si hay un pulso, es entre el abuso jurisdiccional y la ineptitud del Ejecutivo”.

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