La CSJ resolvió retirar del cargo al juez Pablo Xitumul hasta que se resuelva su situación jurídica. Xitumul perdió la inmunidad por señalamientos de la Fiscalia de Delitos Administrativos del Ministerio Público.  

Renée Saravia

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió separar del cargo al juez Pablo Xitumul, con goce de salario hasta que se resuelva el proceso en su contra.

La decisión de la CSJ fue anunciada este martes. El juez Xitumul perdió la inmunidad el pasado 9 de febrero cuando la CSJ decidió retirarle el derecho de antejuicio.

De acuerdo con la notificación de la corte, se determinó pertinente “la separación del cargo con goce de salario” en su calidad de Juez de Primera Instancia Penal para conocer Procesos de Mayor Riesgo C, “mientras se dilucida su situación jurídica”.

En la notificación, la CSJ se refiere al proceso de retiro de derecho de antejuicio en contra de Xitumul por solicitud de la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público.

Caso contra Xitumul

La Fiscalía de Delitos Administrativos esta a cargo de la investigación en contra del juez por la denuncia que interpuso el inspector de la Policía Nacional Civil (PNC), José Cuxaj, quien señala a Xitumul de impedirle realizar su trabajo.

Sin embargo, Xitumul en reiteradas ocasiones ha asegurado que el agente de la PNC, intentó inspeccionar su carro y luego lo agredió físicamente.

estaba con sus hijos y nietos cerca de su vivienda. Se encontraba en su vehículo, cuando el agente José Lindo Cuxaj Ajpop se acercó e intentó inspeccionar el vehículo. Los hechos ocurrieron la noche del 2 de febrero de 2019.

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Mario Mérida

Comunicador, escritor y docente universitario

A los comentarios relacionados con el sector justicia y particularmente con la designación del sustituto (a) de la actual Fiscal General, se han agregado otros actores importantes conocedores del tema, otros se han alineado en una causa que consideran justa. La semana pasada se conoció una opinión respetable con respecto al relevo en el Ministerio Público de parte de la exmagistrada y jueza Yolanda Pérez:

“Seguiremos teniendo fiscales generales fallidos, por decirlo de alguna forma, magistrados que no responden a su compromiso con el país, sino con las personas que los han ayudado, nombrado o apoyado en sus campañas” (elPeriodico. 11/02/2022).

Los primeros interesados en tener control sobre el Ministerio Público y los responsables de impartir justicia, proceden del crimen organizado, luego siguen los evasores de impuestos y otras actividades ilícitas. Por último, están quienes utilizan la justicia como medio para lograr sus intereses políticos o para asegurar fallos a su favor de fiscales y jueces amigos.

Convendría que la justicia fuese imparcial e independiente de sectores, grupos y personas particulares, que pretenden cooptarla, para su beneficio particular o colocarla al servicio de intereses foráneos por premios o reconocimientos.

Es tan vil el sistema, que es necesario buscar respaldo público, formar asociaciones pro-justicia o tocar las puertas de la comunidad internacional, para buscar una justicia pronta, como ha sucedido en nuestro país en los últimos años.

En la actualidad se discute públicamente la inocencia de algunos exfuncionarios del sistema de justicia.  Algunos de los señalados han logrado cierto respaldo público por sus calidades, otros lo solicitan y lo obtienen, cuando no se refugian en otros países. Uno de ellos es el licenciado Francisco Sandoval, entrevistado por Emisoras Unidas (10/02/2022-11 am), que hizo alusión a la importancia del apoyo de organizaciones nacionales y extranjeras. Sin embargo, otros prefieren quedarse como es el caso del juez Pablo Xitumul, a quien recientemente se conoció públicamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por una denuncia presentada en su contra por un policía nacional. También fue entrevistado por Emisoras Unidas, acerca de la necesidad de abandonar el país, a lo cual respondió que le fue ofrecida esa opción, pero prefirió quedarse para aclarar su situación.

La vigorosa y coordinada defensa mediática por parte de funcionarios, diplomáticos en medios de comunicación de jueces y fiscales, señalados de saltarse la ley, quizás con buena intención o creyéndoles anticipadamente inocentes, provoca un daño inapreciable al raquítico sistema de justicia.

Pero, ¿Qué sucede con los inocentes sin capacidad económica o influencia política, para impulsar una movilización mediática o lograr refugio en el extranjero? … simple: el juez (a) los envía a prisión preventiva o provisional, en donde algunos fallecen sin que se haya demostrado su culpabilidad.

Insisto: a los pocos guatemaltecos preocupados por la eficiencia y probidad de quienes administran los organismos de Estado, sus instituciones y dependencias, les preocupa lo que sucede y lo que ocurra en el futuro. En esta ocasión queda bajo la responsabilidad de los decanos hacer una buena propuesta de elección de candidatos a fiscales, recordándoles que ellos no fueron electos popularmente, es decir no tienen compromisos políticos, sino solamente con la academia.

Dejo para su reflexión el comentario del licenciado Álvaro Castellanos, también entrevistado   por elPeriodico:

“Castellanos notó la importancia de analizar el riesgo de conflicto de interés del fiscal general o funcionarios judiciales, que en los ámbitos privados como la banca se considera espurio porque atenta contra la certeza jurídica y no ofrece condiciones de igualdad. Todas las decisiones que se toman a partir de un conflicto de interés deberían ser nulas, señaló el jurista”

“Los fiscales y jueces, no son buenos o malos por lo que opina el público, sino porque sus  sentencias son apegadas a la norma jurídica y moral, en beneficio de la sociedad”.

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CSJ declaró por mayoría su aprobación al retiro de la inmunidad contra el juez Pablo Xitumul, quien hace tres días apareció en los medios reunido con el embajador estadounidense William Popp y en 2019 fue catalogado por la ONU como «colaborador de la CICIG».

Redacción Perspectiva

Xitumul fue demandado por un agente de policía, a quien trató de forma inapropiada en febrero de 2019, cuando este fue detenido conduciendo su vehículo en estado de ebriedad.

Dos momentos del incidente circularon en vídeos, dependiendo de la simpatía de quienes lo divulgaban. Uno de los fragmentos mostraba al agente empujando a Xitumul hacia un vehículo.

En el otro se observa al juez expresándose con prepotencia y exhibiendo su dignidad de juzgador ante los agentes. En cualquier caso, tanto Xitumul como el agente interpusieron denuncias y finalmente, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), optaron por declarar con lugar la formación de causa contra Xitumul.

En 2021, Xitumul y otros jueces colaboradores de la CICIG denunciaron ante la ONU que eran víctimas de acoso y persecución.

CSJ decide de forma unánime

Los magistrados que analizaron el caso decidieron de forma unánime declarar con lugar la formación de causa al juez. Esto motiva diversidad de reacciones, como ya es común, en dos vías:

los que señalan que se trata de una acción emprendida por el «pacto de corruptos», vs. quienes aplauden que finalmente, se investigue un hecho que podría implicar algún delito por parte del juez.

Reacción inmediata: la opinión de Raúl Falla

El abogado Raúl Falla comenta en redes que como efecto de la declaratoria de formación de causa, el juez será separado inmediatamente de su cargo. Además, añade:

«Ahora podrá ser investigado y encarcelado. Al retirarle la inmunidad, la Fiscalía de Delitos Administrativos tiene luz verde para investigarlo tras una denuncia planteada por un agente de la PNC».

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La CSJ denegó la solicitud del juez Pablo Xitumul de incorporar pruebas de descargo relacionadas con el antejuicio en su contra.

Redacción Perspectiva

De acuerdo con un oficio firmado por la presidenta de CSJ, Silvia Valdés se deniega la solicitud de incorporar pruebas de descargo presentada  por el juez Xitumul.

Por medio del documento, se informa al presidente del Tribunal de Mayor Riesgo “C”, Pablo Xitumul, sobre la enmienda que presentó al proceso de amparo en su contra.

Deniegan solicitud de juez Xitumul

Según el documento, la CSJ reconoce la decisión del juez pesquisidor Eduardo Galván Casasola, a cargo del proceso antejuicio en contra del juzgador.

Esto implica que determina no ha lugar la petición de Xitumul de Paz, quien habría solicitado incorporar sus argumentos al proceso en su contra.

Debido a que las pruebas de descargo no se presentaron en “el momento procesal oportuno”, explica la CSJ.

Señala “no ha lugar a la petición, toda vez que el momento procesal oportuno para su presentación finalizó de conformidad con lo que establece el artículo 19 inciso b) de la Ley en Materia de Antejuicio”, indica la resolución.

Antejuicio contra juez Xitumul

A partir de ahora, el pleno de magistrados de la CSJ podrá conocer en los próximos días el antejuicio planteado en contra del juzgador.

La solicitud fue presentada por la Fiscalía de Delitos Administrativos con el objetivo de investigar una denuncia presentada por el Inspector de la Policía Nacional Civil (PNC), José Cuxaj.

De acuerdo con la denuncia, el juez Xitumul impidió la revisión de un vehículo en el cual habría una persona alterando el orden público.

Por otra parte, Xitumul denunció al agente de la PNC por supuestamente agredirlo en el mismo incidente.

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La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar un recurso presentado por el juez de Mayor Riesgo C, Pablo Xitumul de Paz en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia  (CSJ) que da trámite al antejuicio en su contra.

Redacción Perspectiva

El juez de Mayor Riesgo C, Pablo Xitumul de Paz buscaba frenar el proceso de antejuicio en su contra al solicitar a la CC un recurso de asistencia para la debida ejecución en contra de la resolución del pleno de magistrados de la CSJ que da trámite al retiro de inmunidad.

Sin embargo, la CC resolvió sin lugar la solicitud del juez, lo cual significa que el las diligencias del antejuicio en contra de Xitumul deberán continuar conforme la ley.

El antejuicio en contra del togado fue presentado por la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP), tras conocer la denuncia de un inspector de la PNC en contra de Xitumul.

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La Fundación Contra el Terrorismo (FCT) presentó hoy una denuncia penal en contra de los jueces Ericka Aifán, Yassmin Barrios, Miguel Ángel Gálvez y Pablo Xitumul por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y asociación ilícita.

Redacción Perspectiva

El presidente de la FCT, Ricardo Méndez Ruiz a través de su cuenta de Twitter hizo publica la acción legal en contra de los togados debido a la solicitud que presentaron ayer para que se desestimen más de 30 denuncias en su contra.

La denuncia penal fue presentada en contra de los titulares de los juzgados de Alto Impacto Ericka Aifán, Yassmin Barrios, Miguel Ángel Gálvez y Pablo Xitumul.

Los togados son sindicados de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y asociación ilícita.

Los cuatro juristas argumentaron que las denuncias en su contra son infundadas y buscan debilitar su trabajo, por lo que solicitaron que se desestimen. Además, la jueza Aifán declaró a medios que muchos de los procesos de investigación expiraron.

Al respecto el abogado de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), Raúl Falla, indicó a Perspectiva:

“Realmente hoy nos vimos sorprendidos al conocer que funcionarios de esa talla, que cuentan con maestrías y doctorados no tomen en cuenta que todo funcionario está sujeto al escrutinio y la crítica social. El artículo 155 de la Constitución Política de la República señala que el tiempo de responsabilidad para los funcionarios es bastante largo”.

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El juez Miguel Ángel Gálvez y otros tres titulares de juzgados de Alto Impacto acudieron esta mañana al Ministerio Público (MP), para pedir que se desestimen más de 30 denuncias en su contra. Dos de los abogados que han denunciado a los juristas responden a esta acción.

Roxana Orantes Córdova

Calificados de héroes por las oenegés que enarbolan la “lucha contra la corrupción” como bandera ante sus financistas, mientras sus críticos los señalan de prevaricato, abuso de autoridad y otros delitos, los jueces de Alto Impacto siempre dan de qué hablar.

Más de una vez han denunciado atentados en su contra, aunque ninguno de dichos atentados ha sido esclarecido y generalmente, se trata de denuncias de seguimientos que incluyen vigilancia con drones, tal como denunciara en su momento la ex fiscal Thelma Aldana.

Los cuatro juristas han sido favorecidos con medidas cautelares de la CIDH, lo que les garantiza la protección de agentes estatales durante las 24 horas, incluyendo vehículos blindados y guardaespaldas.

Sobre las supuestas amenazas contra los jueces, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, expresa en su cuenta de Twitter:

“Mi solidaridad con l@s jueces Xitumul, Aifán, Barrios y Gálvez. Es inaceptable que el Estado use a las fuerzas de seguridad para vigilarlos en lugar de protegerlos. Recomiendo al @mingobguate investigue de inmediato y al @MPguatemala poner atención a las denuncias de l@s jueces.”

Además de sentirse amenazados constantemente, hoy Erika Aifán, Yassmín Barrios, Pablo Xitumul y Miguel Ángel Gálvez se presentaron al MP para pedir que más de 30 denuncias contra ellos no sean investigadas.

Según indicó Aifán a los medios, se han interpuesto muchas denuncias infundadas y espurias contra ellos.

“Algunas fueron presentadas hace mucho tiempo, desde 2012. Según la ley, el MP tiene 20 días para investigar”.

Debido a este plazo, Aifán señala que los plazos de investigación expiraron, por lo que “pedimos a los fiscales desestimar esas denuncias”.

“Ni el Departamento de Estado ni Kamala Harris van a salvarlos de la investigación”, afirma Raúl Falla

El abogado de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), Raúl Falla, quien ha interpuesto más de una denuncia contra cada uno de estos jueces, expresa:

“Realmente hoy nos vimos sorprendidos al conocer que funcionarios de esa talla, que cuentan con maestrías y doctorados no tomen en cuenta que todo funcionario está sujeto al escrutinio y la crítica social. El artículo 155 de la Constitución Política de la República señala que el tiempo de responsabilidad para los funcionarios es bastante largo”.

Además, indica Falla que el artículo 264 del Código Procesal Penal indica que cuando se ha presentado una denuncia penal y esta no ha sido procesada, no hay plazo. “Cuando el señalado fue sometido a prisión preventiva, el MP tiene tres meses para investigar. Si hay medidas sustitutivas, son seis meses. Pero si la denuncia no se ha investigado, no hay un tiempo determinado para que esta no se investigue”.

“Me parece que la acción de hoy evidencia miedo, derivado de que las cosas están cambiando. Se les recordó constantemente que el poder es efímero y la responsabilidad de los funcionarios es larga, pero se plegaron completamente a Iván Velásquez y Thelma Aldana. Hoy que se trata de restablecer esa ruptura de la legalidad, se quejan de una simple investigación, pero sus acciones tienen a mucha gente encarcelada sin juicio ni pruebas desde hace cinco años”.

“Pedimos a la Fiscal General Consuelo Porras que no caiga en el juego de estos jueces. Ella debe ser clara y recordar que hasta el momento, ellos no están vinculados a ningún proceso, por lo que sería apresurado desestimar las investigaciones antes de iniciarlas. Lo que procede, es investigar para determinar si se les retira el antejuicio, como ya sucedió con Aifán, cuyo caso deberá ser analizado. No me extrañaría ver cómo estos jueces prevaricadores, que inventaron la “multicausa” y la “prisión provisional”, terminen exiliados. Ni el Departamento de Estado ni Kamala Harris van a salvarlos de la investigación”.

“Es una presión ilegal a los fiscales”, señala Alvarado

José Rolando Alvarado ha presentado denuncias contra tres de los jueces de Alto Impacto: Aifán, Barrios y Xitumul. Al conocer la acción de hoy, comenta:

“Pedir una desestimación de las investigaciones, denota desconocimiento del debido proceso. Ellos como expertos, debieran conocer que desestimar no es un mecanismo, sino la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debe decidir si procede retirarles o no el antejuicio”.

“Considero que solicitar que no se investigue una denuncia, es una presión ilegal a los agentes fiscales, especialmente si la solicitud parte de funcionarios judiciales. Denota temor de ser juzgados. Pareciera que se consideran con impunidad para no ser sindicados”, expone.

Según Alvarado: “debieran permitir que las denuncias sigan su curso legal y confiar en la justicia, que tiene establecidos mecanismos de defensa. La actitud de estos jueces denota desconfianza total del sistema judicial, del cual forman parte”.

Finalmente, el abogado recuerda que las medidas cautelares de la CIDH “no pueden usarse para brindar impunidad. Lo único es garantizar la función jurisdiccional de los jueces protegidos. La investigación de las denuncias no es más que parte de un procedimiento legal, que inicia con la denuncia. En este caso se trata de cuatro sujetos con antejuicio”, concluye.

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