La reina Isabel II, el secretario de comercio de Estados Unidos Wilbur Ross y la multinacional anglosuiza Glencore están entre los nombres más mencionados en el marco de la filtración conocida como los Paradise Papers.  Pero entre los 13,4 millones de documentos sobre operaciones en centros financieros offshore también aparecen mencionados numerosas personas y empresas latinoamericanas.

Como sucedió el año pasado con los Panamá Papers, los documentos fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que se puso en contacto con el Consorcio internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) para que coordinara una investigación global.

Y entre los casi 100 publicaciones que han estado analizando la información hay medios y periodistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Venezuela.

Algunos ya han empezado a compartir sus averiguaciones. Y más revelaciones se irán haciendo públicas en el transcurso de la semana.  La gran mayoría de los involucrados en las transacciones expuestas por los Paradise Papers niegan haber cometido alguna ilegalidad y hay muchas razones perfectamente válidas para recurrir a centros financieros offshore.

Pero, por considerarlo de interés público, a continuación se presenta un resumen de las principales menciones de actores de la región latinoamericana a la fecha.

Argentina

En Argentina, el caso más destacado por los medios vinculados a la investigación (La Nación, Perfil y América TV) es el del actual ministro de Finanzas, Luis Caputo.  Según estas publicaciones, antes de asumir como ministro, Caputo fungió como administrador de Noctua Partners Llc, «una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y las Islas Caimán, dos jurisdicciones donde rige el secreto y los beneficios fiscales».

En particular, entre 2009 y hasta su entrada a la gestión pública, Caputo fue «manager» de Alto Global Fund, un hedge fund del conglomerado de Noctua con sede en las Islas Caimán dedicado a administrar inversiones de alto riesgo.

El ministro, sin embargo, afirma haberse desvinculado completamente de ambas empresas antes de asumir como secretario de Finanzas, en diciembre de 2015.  También defiende no haberlas mencionado en la declaración patrimonial presentada antes de asumir el cargo por haberse desempeñado como un mero «administrador», sin participación accionaria.

Según Caputo, los honorarios percibidos por su trabajo en Alto Global Fund fueron debidamente declarados y tributados.

Como explica La Nación, operar con una sociedad offshore o abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal no es, en sí misma, una actividad ilícita.  Pero si su «beneficiario final» no declara su dinero o cualquier otro activo a las autoridades tributarias de su país, puede incurrir en evasión o lavado, entre otros delitos posibles.

Y, para Perfil, «el caso pone al gobierno de Mauricio Macri, que busca mostrar otra cara en la lucha contra el lavado de activos y la opacidad financiera, en una situación al menos incómoda».

«Argentina asumirá en 2018 la presidencia del G20, justamente cuando la alianza de ‘países industrializados y emergentes’ busca ponerse a la delantera de la lucha contra los paraísos fiscales, tras el tsunami de los Panamá Papers» recuerda el diario.

Colombia

La mención del actual presidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, en los documentos filtrados es la más comentada de todas las identificadas por el diario El Espectador y la plataforma Connectas, los socios colombianos del ICIJ en esta investigación.

Específicamente, Santos es vinculado a dos sociedades basadas en Barbadosvinculadas, en tanto accionistas mayoritarias, con Global Education Group Colombia S.A., una compañía que financia gastos educativos de colombianos en el exterior que tuvo a Santos como miembro de su junta directiva en 1998.

Según los documentos, en el año 2001 -cuando se desempeñaba como ministro de Hacienda- Santos era el director de Global Tuition & Education Insurance Corporation.  Los documentos también lo señalan como director de otra compañía aseguradora de Barbados, Nova Holding Company Limited, entre abril y mayo de 2000.

Consultado sobre el tema, el mandatario reconoció que por causa de su interés en la educación había sido invitado a ser parte de la junta de Global.  «Y participé como miembro por poco tiempo, hasta cuando asumí como Ministro de Hacienda en el Gobierno de Andrés Pastrana», agregó.

«Por ayudar como miembro de la junta me ofrecieron la posibilidad de una opción para adquirir una participación minoritaria a la cual renuncié en el año 2000. Nunca invertí un solo peso y nunca fui socio de esa compañía», aseguró sin embargo el mandatario.  «Desconozco por qué aparezco como miembro de la junta dos años después. Me imagino que se demoraron en registrar oficialmente los cambios», explicó.

Según El espectador, además de Santos, más de 200 colombianos están mencionados en los Paradise Papers.  «De la mano de la firma de abogados Appleby, radicada en Bermudas, importantes compañías del país terminaron abriendo filiales en esa isla del Caribe», asegura la publicación.

«Es el caso de Ecopetrol, la Empresa de Energía de Bogotá, ISA (Interconexión Eléctrica S.A.) o EPM (Empresa Públicas de Medellín). También le han apostado a este esquema el contratista William Vélez, los empresarios Carlos y Francisco Ríos Velilla o compañías como Express del Futuro, Covinoc, Yara, la Fundación Social o seguros Paralife«, detalla.

Otros individuos y empresas también son mencionados en vinculación con otros paraísos fiscales.

México

Numerosos empresarios y empresas mexicanas aparecen mencionadas en los Paradise Papers, desde el magnate de las telecomunicaciones Carlos Slim, al ya fallecido líder de la Confederación de los Trabajadores de México (CTM), Joaquín Gamboa Pascoe.

El caso de Gamboa Pascoe es uno de los destacados por el semanario Proceso, uno de los socios del ICIJ en México, quien según la publicación en 1982 incorporó dos estructuras en las Islas Caimán y en Bahamas que «llegaron a tener cerca de US$19 millones».  En esa época, Gamboa -quien falleció en enero del año pasado- se desempeñaba como presidente del Senado y líder del PRI en el recinto legislativo, y manejaba la rama capitalina de la CTM, cuya secretaría general asumió en el año 2005.

Según Proceso, las estructuras funcionaban como fachada de una corporación de su propiedad establecida en Panamá. El tinglado -afirma la publicación- sirvió para ocultar, durante años, una fortuna construida «con base en la corrupción».

Menos explosiva es la revelación de que el magnate de la telefonía celular Carlos Slim utilizó una sociedad afincada en Bermudas para sus primeras operaciones fuera de México, en el año 2000.  Ocho años más tarde, la empresa de Slim se acercó por segunda ocasión a Appleby, la firma legal en el centro de los Paradise Papers, con el propósito de establecer una sociedad en las Islas Caimán, otro importante centro offshore.

Según Proceso, de los documentos filtrados se desprende que Appleby «tiene dos tipos de clientes: el primero, en general conformado por particulares, busca en sus servicios offshore la opacidad y la garantía de anonimato de las jurisdicciones secretas, con el objetivo de esconder parte de su dinero o de sus negocios».

«El segundo tipo de clientes, integrado en su mayoría por empresas y corporaciones, no pretende actuar en las sombras: incorpora entidades de papel en paraísos fiscales para aprovechar las tasas de recaudación casi nula, como parte de complejas estructuras de ingeniería fiscal diseñadas por firmas de abogados fiscalistas. Ése es el caso, por ejemplo, de (la empresa de Slim) América Móvil», asegura la revista.

En ambas circunstancias, la incorporación de estructuras offshore es una práctica legal, siempre y cuando el dinero tenga un origen lícito y que los beneficiarios lo declaren ante las autoridades fiscales.

«Algunas de las empresas y los personajes más acaudalados del país, ya sean financieros, magnates, contratistas de Pemex e incluso miembros destacados de los Legionarios de Cristo -la congregación católica fundada por el polémico sacerdote Marcial Maciel Degollado- encontraron en Appleby un aliado para incorporar estructuras offshore y maximizar sus ganancias en los paraísos fiscales», destaca Proceso.

Y la revista destaca en particular dos destinos: Malta -donde tienen sociedades «por lo menos 62 ciudadanos mexicanos», incluyendo magnates, empresarios, personajes vinculados con políticos e incluso futbolistas- y Barbados, país con el que México no tiene un Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria.

Venezuela

Los vínculos del secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, con empresas y empresarios rusos sujetos a sanciones por parte de EE.UU. se han convertido en una de las principales revelaciones de los Paradise Papers.  Pero como destaca el portal venezolano de periodismo de investigación Armando Info, la naviera Navigator Holdings Ltd, en la que Ross tiene acciones, además ha hecho negocios millonarios con la petrolera estatal venezolana Pdvsa, también sancionada por Washington.

«Según el reporte anual de la empresa presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés), Pdvsa no es precisamente un cliente menor de Navigator, pues contribuyó con 10,7% de sus ingresos en el año fiscal de 2014, y con otro 11,7% en 2015″, destaca el portal, uno de los socio venezolanos del ICIJ junto a El Nacional.

«Esto es un pago neto de US$33,7 y US$36,9 millones de dólares respectivamente que la empresa recibió al fletar tres de sus 29 tanqueros para el transporte de gas licuado de petróleo (GLP) de esos años«, detalla.

La publicación destaca sin embrago que los servicios proporcionados por Navigator no están prohibidos por las sanciones ordenadas en agosto pasado por la Casa Blanca.  Y el departamento de Comercio insistió a través de un portavoz que Ross «se desvincula personalmente de cualquier asunto enfocado en buques de carga transoceánica».  «En general (el secretario Ross) ha apoyado las sanciones de la administración aplicadas a entidades rusas y venezolanas«, insistió además el portavoz.

Por lo demás, en su reporte anual, la compañía vinculada a Ross también reconoce la existencia de «riesgos geopolíticos asociados a fletar embarcaciones a corporaciones estatales indonesias y venezolanas».  Concretamente, la empresa admite que esos riesgos pueden tener «un impacto negativo en nuestro negocio, nuestra condición financiera y resultados operativos», destacando la posibilidad de expropiación o nacionalización de propiedades así como potenciales dificultades para cobrar lo adeudado.

Costa Rica

El Semanario Universidad, Amelia Rueda y el periódico La Voz de Guanacaste son los socios costarricenses del ICIJ para todo lo referido a los Paradise Papers.  Pero, al momento de preparar este resumen, solamente La Voz de Guanacasteha publicado los resultados de su investigación, la que se centra en el uso de paraísos fiscales por parte de los inversionistas de importantes proyectos turísticos de esa región.

«La corporación costarricense Florida Ice & Farm (Fifco) y la fundación estadounidense Schwan controlaron muchas de sus inversiones millonarias sobre el Polo Turístico Golfo de Papagayo desde una red de compañías de papel creadas en paraísos fiscales«, afirma La Voz de Guanacaste.

«Las empresas refugiaron sus préstamos, ganancias y transacciones en países como Bahamas, Islas Vírgenes Británicas y Gran Caimán, que no solo están fuera del alcance del control fiscal de Costa Rica sino que no cobran impuestos por este tipo de actividades», asegura la publicación.

Según el periódico, Fifco aseguró que sus actuaciones «estuvieron siempre apegadas al marco legal vigente» y que nunca les generaron un beneficio fiscal.  «Sus directivos declinaron brindar una entrevista en persona para ampliar detalles y no contestaron puntualmente a varias de las preguntas enviadas al correo electrónico de su departamento de prensa, pero enviaron una declaración escrita general» explicó la publicación.

En su reportaje, sin embargo, se menciona una vieja declaración de un directivo de Fifco al diario La Nación, en la que explica la formación de sociedades en paraísos fiscales porque su socio, la fundación Schwan, quería hacer los negocios en un «territorio neutral».

Los directivos de The Marvin M. Schwan Charitable Foundation, por su parte, no contestaron al cuestionario de preguntas enviado a sus correos electrónicos y a su oficina.

Según el diario costarricense, se utilizaron los reportes de la fundación ante el fisco de Estados Unidos (IRS), en conjunto con los Paradise Papers, para conocer mejor a una entidad «cuyas inversiones en islas del Caribe y en Costa Rica los condujeron a un camino de pérdidas de casi $500 millones».

El Salvador

La principal revelación en el caso de El Salvador, trabajada por el portal digital El Faro, es el traslado a Bermuda de más US$50 millones generados por la venta de una microfinanciera operada por una influyente fundación local.

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), es descrita por El Faro como «el tanque de pensamiento más poderoso de El Salvador, que agrupa los intereses de las grandes corporaciones privadas y del gran capital salvadoreño».  «(Fusades) nunca pagó impuestos por la operación de su financiera, tampoco por el producto de su venta en 2007 y tampoco ha pagado tributos por los réditos que obtiene de sus inversiones manejadas por dos sociedades offshore en Bermuda«, destaca El Faro.

Y aunque la publicación reconoce que la organización no ha incurrido en ninguna ilegalidad, pues como fundación sin fines de lucro está exenta del pago de impuestos en todas su actividades, también destaca que no todos los expertos coinciden en que eso sea una buena idea.

«En el caso de Fusades, el punto de debate desde 2006 es si la Fundación, por ser una institución de utilidad pública, tiene derecho a que se le exima del pago de impuestos por cualquier actividad que realice (…). La controversia es sobre el ser y sobre el hacer», sostiene la publicación, que también destaca la gran influencia del centro de pensamiento en la legislación local.

Fusades, por su parte, justificó la decisión de colocar el dinero en Bermuda por la falta de opciones viables en El Salvador.

«Las opciones existen, pero son menores. Para invertir de forma diversificada, debes ir a los mercados internacionales. Para llegar a esos mercados, tenés que crear un vehículo con su personería jurídica», explicó en una entrevista con El Faro su presidente, Miguel Ángel Simán.  «Constituimos el vehículo -Fusades International Trust y Fusades Limited- de forma transparente y de forma legal para poder hacer esas inversiones, asegurarlas, hacerlas crecer y hacerlas sostenibles… Todos los recursos que se invierten por el fideicomiso regresan a El Salvador para asegurar la operación y continuidad de la institución» aseguró.

Perú

En lo que respecta a Perú, el portal de investigación Ojo Público destaca el caso de la empresa peruana Bosques Amazónicos S.A.C., una firma que se dedica a la conservación y trabaja con «bonos de carbono», instrumentos financieros diseñados para compensar por la contaminación ambiental.

Gracias a los documentos de los Paradise Papers, la publicación encontró que entre los años 2008 y 2013 Bosques Amazónicos (BAM) realizó «transacciones por más de US$71 millones con sociedades offshore ubicadas en paraísos fiscales».  «Las operaciones más importantes fueron con Sustainable Forestry Management Limited (SFM), una empresa fundada en las Bermudas, que tuvo entre sus accionistas a miembros de la realeza británica» explica Ojo Público.

«En otros casos, los vínculos se extienden a magnates del petróleo y decenas de las personas más ricas del mundo», sostiene.

Bosques Amazónicos, por su parte, le aseguró a la publicación que la decisión de usar una empresa offshore con sede en las Bermudas fue tomada por SFM, no por la empresa peruana ni sus accionistas.

«Entendemos es usual en las inversiones que canalizan fondos de inversión globales (como era el caso de SFM)», explicó BAM en una carta.

Pero, según Ojo Público, «el vínculo offshore contraviene las advertencias de Interpol, que considera el mercado de los bonos de carbono como un entorno sensible a la posible infiltración de actividades relacionadas con el lavado de dinero».

Paraguay

En el caso de Paraguay, la apertura de una empresa offshore en las Bahamas por parte del extitular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y ex vicepresidente de la FIFA Juan Ángel Napout es la revelación más destacada por el diario ABC Color.

De acuerdo al socio local de la ICIJ para los Paradise Papers, el directivo paraguayo -que está siendo juzgado por corrupción en Estados Unidos- creó la empresa el 17 de marzo de 2010, el mismo año en que habría empezado a recibir sobornos.  «Según la justicia estadounidense encabezada por la fiscala Loretta Lynch, Napout recibió coimas y sobornos desde el 2010, mismo año de creación de la empresa offshore NAPFORS HOLDINGS LIMITED», destaca la publicación.

Según el diario, «para obtener la versión de Napout (que está en EE.UU. privado de su libertad desde la fecha de su extradición el 15 de diciembre del 2015), nuestro diario contactó con el abogado paraguayo del exdirigente Dr. Esteban Burt».

«El 10 de octubre pasado hablamos con el profesional, quien explicó que su cliente tiene restringidas las declaraciones y que él no formularía tampoco ninguna sobre este caso», asegura ABC Color.

Curiosamente, el juicio contra Napout, involucrado en el escándalo por la corrupción en el seno de la FIFA que explotó en 2015, inicia administrativamente este mismo 6 de noviembre.

Chile

En el caso de Chile, el Consorcio internacional de Periodistas de Investigación trabajó con el Centro de Investigación Periodística, CIPER, que prometió empezar a publicar sus investigaciones este 6 de noviembre.

Al momento de esta publicación, sin embargo, el CIPER sólo había adelantado que entre los más de 13 millones de documentos de los Paradise Papers «aparecen nombres que conectan con chilenos».  «En esos casos, los archivos solo consignan información suelta y/o superficialque no entrega mayores pistas respecto de los montos que mueven hacia paraísos fiscales ni transacciones relacionadas. Tampoco de los abogados locales que los asesoran en estos negocios», advierte la organización.

El CIPER, sin embargo, dice haber trabajado e identificado «casos cuya evidencia -correos electrónicos y registros legales, principalmente- al menos permite una primera aproximación al diseño y uso de esquemas agresivos de planificación tributaria».

Y más revelaciones, en Chile y en el resto de países se esperan en los días que vienen.

Fuente: BBC

Fuente Fotográfica: BBC

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Equipo editorial Perspectiva

Hace unos meses, en el contexto de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua), visitaron el país Rita y Scott Bronstein, quienes forman una pareja de periodistas. Rita es subdirectora de La Prensa de Panamá, donde también labora su esposo. Y antes de estar en La Prensa, ambos trabajaron durante años en empresas off shore, precisamente en las Islas Vírgenes, donde conocieron a fondo los secretos de esa industria.

Este elemento les dio un conocimiento especial y una interpretación realista sobre el tema de los paraísos fiscales, sus implicaciones y la necesidad de la transparencia en el quehacer financiero.

La Prensa de Panamá fue el único medio de ese país que colaboró con la operación periodística que agrupó a unos cuatrocientos reporteros de diferentes países y ganó el premio Pulitzer 2017. Según dice Scott, esta es una de las cosas sorprendentes de la investigación: “cientos de periodistas y ninguno dijo nada hasta que fue el momento oportuno”.

Además de aportar en la investigación del caso, donde fueron revisados unos once millones de documentos, el diario panameño cumplió el papel de anfitrión y estuvo a cargo de muchos aspectos logísticos.

Todo este andamiaje que dio soporte a la investigación desde Panamá, sede de la firma Mossack Fonseca, se presenta en el libro de Bronstein y Vásquez titulado Sociedades peligrosas. La historia de los Panamá Papers, que se puede encontrar en la librería Sophos.

El texto se lee con la misma facilidad que un thriller (y en su trama hay algunos elementos de este género). El lenguaje periodístico le aporta agilidad a los detalles narrados por dos protagonistas, quienes en esta entrevista reflexionan sobre la investigación que los llevó a escribir su libro.

Una de las premisas para el libro de Bronstein y Vásquez, es que formar una empresa off shore no es un delito. Como tal, la acción puede ser beneficiosa, incluso para el caso de un anciano multimillonario casado con una modelo varias décadas menor, y que pretenda resguardar su fortuna, se menciona en el libro.

El problema con la industria es el mal uso que puede hacerse de ella y debido a las facilidades para constituirlas, pueden usarse para ocultar dinero proveniente de actos ilícitos, señala el texto.

Otro elemento que se menciona es la forma “poco ortodoxa” en la que se obtuvieron los millones de documentos que dieron soporte a la investigación. Los datos fueron entregados a la publicación alemana Süddeutsche Zeitung por una fuente identificada como “John Doe” (aproximadamente, “el desconocido”). Aunque la mayor parte de publicaciones sobre el tema coinciden en que los datos fueron entregados por el interés de develar la corrupción en torno a esas operaciones financieras, Bronstein asegura que la base de datos fue vendida “más de una vez”. Y de manera irónica, concluye el libro preguntándose si los descendientes de John Doe, convertidos en millonarios a escala mundial, no terminarán formando una empresa off shore con el transcurso de los años.

El caso abrió una fisura que seguirá dando sorpresas a través de los meses y los años. Constantemente, los medios de comunicación de los países mencionados en la investigación dan noticias derivadas de Panamá papers. Según Bronstein, lo positivo es que permite vislumbrar una luz al final del túnel de la impunidad. “A partir de ahora, los corruptos serán juzgados, sea cual sea la altura a la que hayan llegado”.

La forma en la que se obtuvieron los documentos conocidos como Papeles de Panamá ¿no constituye un dilema ético para un periodista?

No está definido si fue un robo de documentos, conocido como “filtración”, o si se trató de un caso de hackeo. Lo cierto es que, si esa enorme base de datos fue hackeada, estamos ante un caso de poca responsabilidad fiduciaria de Mossack Fonseca con sus clientes. Si los datos fueron sustraídos, entonces hablamos de que Mossack Fonseca tenía mínima, casi nula responsabilidad. En cualquier caso, la información fue obtenida de forma poco ortodoxa.

¿Podemos pensar que en los papeles aparece casi cualquier persona con influencia, poder político o simplemente, con millones, sean o no sean corruptos?

Es un poco lo que hubo aquí. Tienes personas muy poderosas, pero también gente muy rica. Tienes ejecutivos internacionales, como Siemens. Por ejemplo, ahorita hay un caso. El vínculo de la firma directamente con Oderbrecht y también con la constructora OAS. De hecho, el caso por el que estuvieron presos los socios de la firma es el conocido como Lava Jato, que implica a OAS. Justo el mismo caso por el cual el ex presidente brasileño Lula da Silva fue condenado. Como verás, lo que ha salido, lo que sigue saliendo y lo que va a salir, relacionado con esa firma de abogados, no pierde vigencia.

¿Quiénes son los guatemaltecos implicados?

Hay varios. Para empezar, Marllory Chacón, conocida como La Reina del Sur. Pero últimamente se ha mencionado mucho más a Alejandro Sinibaldi. Su concuño, que ya fue llamado ante la justicia guatemalteca, era director del Citibank en Guatemala. A través de OAS, incidieron en el Congreso para adjudicaciones de obras públicas.

¿Oderbrecht es como el pez gordo en este caso?

La firma tenía muchos años de prestarle servicios a Oderbrecht, inclusive, varios de los doleiros de Oderbrecht fueron suplentes. OAS proveyó sociedades que utilizaron para los desvíos de fondos. Es lo que provoca que las autoridades brasileñas les allanaran las oficinas. Ese es el caso por el cual ellos acaban de salir de prisión hace poco, bajo fianza. Eso no quiere decir que el proceso se ha terminado.

Entre los periodistas latinoamericanos involucrados en la investigación, ¿hubo algún guatemalteco?

No hubo medios ni periodistas guatemaltecos. Proceso, de México y La Nación y Amelia Rueda, un canal digital, de Costa Rica, además de Panamá, son los medios regionales que se involucraron. Cuando nos invitan a formar parte del proyecto éramos la mitad de los que terminamos siendo. A través del liderazgo del consorcio se fueron agregando más medios. Pero al final ¿te imaginas cuatrocientos periodistas que nos callamos la boca y no se filtró nada? Periódicos, radio, televisión, páginas web, revistas, todos los medios que te puedas imaginar. Al final siento que todo el mundo lo hizo, porque todos creíamos que aquí había algo que revelar, porque lo sufrido por las personas afectadas víctimas del mal uso de la industria off shore, tenía que ser expuesto.

Estamos hablando de personas cuyos países perdieron millones de dólares por la evasión de impuestos, porque un político se robó el dinero, o porque un traficante de armas hizo lo mismo. Entonces, al final todas esas cosas fue la motivación que nos hizo continuar con esto, a pesar del dilema ético sobre cómo se obtuvo la información. Porque fue la noticia del año, además como panameños hubiera sido muy ridículo no haber participado. Y luego sentimos también que era importante dejar al descubierto todos estos abusos a los sistemas financieros internacionales.

¿Cómo se coordinó esta enormidad?

Más de trescientos periodistas, es significativo. No hubiera funcionado sin una buena coordinación. Nunca había trabajado con tantos en tan poco tiempo. Fue una locura, planificar a quién tenían que entrevistar, les asignamos conductores y vehículos, teníamos que darles la marca y los datos de los carros, nombres de los conductores, para que no se les perdieran. No te imaginas.

¿Qué balance le deja al mundo este caso?

Al final del camino, el modelo de justicia utilizado por las autoridades del Brasil debería convertirse en modelo para investigar los casos de corrupción. Puedes comprar un juez, un magistrado, pero no puedes comprar a todos los jueces de todos los países. Por ejemplo, en el caso de Lava Jato, no va a haber absolutamente un solo gobernante del mundo que se salve, si está implicado.

No hay forma de que los jueces en Brasil hayan defenestrado a Dilma, hayan condenado a Lula, hayan encarcelado a Marcelo Dorecht y estén a punto de encarcelar a Temen, y vayan entonces a proteger a los presidentes de nuestros países, o a los ministerios públicos de nuestros países en la lucha contra la corrupción. La lucha contra la gran corrupción que es distinta, y la lucha contra la corrupción privada, que poco se menciona pero que es de mucha importancia, porque la corrupción privada se traduce, de nuevo, en evasión de impuestos, robo de fondos públicos. Si tú eres un contratista, y Oberdrecht lo es, que dispone de fondos públicos para hacerse de contratos, puedes corromper al poder político.

Y quienquiera que rompa la ley, aunque sea una multa debería pagar.

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Aun no salíamos del asombro por el caso de filtración de documentos confidenciales de una conocida firma de abogados panameña, suceso conocido como “Panama Papers” cuando se destaparon nuevos casos en Guatemala, los denominados “Cooptación del Estado” y “La Cooperacha”.  Detecciones de funcionarios y empresarios ha sido la principal noticia en los titulares de prácticamente todos los medios de comunicación.

Una característica de la forma de operar nacional e internacionalmente en casos de corrupción y lavado de activos, es a través de las denominadas empresas “offshore”.  Como consecuencia lógica, la utilización de estas Sociedades fuera de Plaza “offshores”, está hoy bajo la mirada del mundo, estigmatizada de ilegalidad, como medio para facilitar la evasión fiscal, la corrupción, el lavado de dinero y financiamiento del narcotráfico.

Sin embargo, es recomendable que antes de emitir juicios u opiniones conozcamos un poco sobre la figura y uso de las empresas “offshore”.  Si una persona constituye una empresa fuera del país de donde es originaria, reside u opera principalmente, esta empresa es considerada una “offshore”, es decir una empresa en el extranjero.  Pero, es esta figura “offshore” una ¿figura ilegal?  La respuesta correcta es NO.   Las Sociedades fuera de Plaza “offshores” son legales, como tan legal es para una persona la portación de un arma de fuego después de contar con las licencias respectivas y si su uso lo realiza dentro de lo que manda la ley. O un poco más simple la analogía, una sociedad (offshore o local) es un vehículo a través del cual se realizan actividades para llegar a un objetivo (generar ganancias por ejemplo).  Si el vehículo se utiliza para fines ilegales (asalto, secuestro, etc.) ello no hace ilegal el vehículo, lo ilegal es lo que se haga con él.

En tal caso podríamos indicar que la creación o uso “per se” de una empresa offshore no es ilegal, pero la misma sí sobrelleva una gran responsabilidad en cuanto al objeto y finalidad de sus operaciones, ya que ello sí podría devengar en ilegalidades. Con frecuencia este tipo de empresas han sido utilizadas por organizaciones delictivas para esconder o lavar dinero, o para evadir el pago de tributos.

Entre los factores positivos de una empresa “offshore” están por ejemplo la optimización de la rentabilidad, agilidad, eficiencia y menos burocrática en sus operaciones en varios países, consolidación de resultados, minimización de tiempos; y si su creación se ampara bajo la premisa de la transparencia y realidad de sus operaciones entonces su funcionamiento es lícito y legítimo.  Sin embargo, su uso se convierte en ilegal si se realiza con el fin de utilizar estructuras jurídicas para esconder verdaderos dueños al frente (actuando como sociedades pantalla), lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, corrupción, ocultar patrimonio proveniente de actividades ilícitas, ocultar dinero al fisco o autoridades públicas.

Hoy en día en Guatemala, los cambios sociales y políticos han generado una presión hacia la transparencia, concebida como un valor diferencial y una garantía para reafirmar confianza a nivel público y privado.  Es el valor “confianza” el que hoy se exige al sector empresarial, en el sentido de implementar prácticas sanas en sus empresas y sus operaciones;  herramientas como un adecuado diagnóstico del uso de sus estructuras corporativas, análisis del riesgo conforme la operación del negocio, códigos de ética, entre otros.

Para hablar sobre este tipo de temas y cómo una típica empresa operando en Guatemala puede evitar caer en malas prácticas, el próximo 28 de junio Deloitte impartirá una conferencia sobre la Legislación contra el lavado de dinero y el financiamiento al narcotráfico.  Este tema es hoy de interés público, desde los bancos y empresas que operan en la comunidad de negocios, hasta las personas que adquieren un vehículo, una joya o hacen una donación a una entidad no lucrativa.

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Juan Armando Hinojosa, el empresario y contratista involucrado en el caso de la casa blanca de Angélica Rivera, la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, movió una parte de su fortuna a paraísos fiscales en Nueva Zelanda mientras era investigado por el escándalo que cimbró al Gobierno del PRI. La filtración de los Papeles de Panamá reveló que el presidente de Grupo Higa usó los nombres de su madre y su suegra para transferir cerca de 100 millones de dólares que tenía en empresas constituidas en el Caribe.

La transacción ocurrió poco menos de mes y medio después de que la Secretaría de la Función Pública (SFP), que depende del poder ejecutivo, abriera la pesquisa que trataba de determinar si Peña Nieto había incurrido en conflicto de interés.

Los documentos filtrados de la firma Mossack Fonseca indican que el empresario Hinojosa inició las gestiones para mover su fortuna desde paraísos fiscales caribeños a Oceanía 42 días después de que el Gobierno mexicano abriera una investigación en su contra, informó el sitio Aristegui noticias. Hinojosa donó a su madre, Dora Patricia Cantú Moreno, cinco empresas constituidas en Islas Nieves y las Islas Vírgenes Británicas. Las empresas Noble Advisors, Notable Worldwide Corp. Afrika Venture Ltd., Cabbits Marketing Ltd. y Star Bright Investment tenían cerca de 100 millones de dólares depositados en cuentas de los bancos Credit Suisse, JP Morgan y USB Hamburg en Estados Unidos.

Fuente: El País y  Aristegui noticias.

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Lionel Messi y su padre, Jorge, suma un nuevo capítulo: no son siete las sociedades registradas en paraísos fiscales, como se creía hasta ahora, sino ocho. En junio de 2013, un día después de conocerse la acusación por fraude contra ambos en España, el mejor futbolista del mundo dio un paso hasta ahora desconocido, reconocer su participación en una nueva firma offshore.

La sociedad panameña Mega Star Enterprises Inc puede ocasionarle un nuevo problema con las autoridades españolas, ya que esta no aparece en la acusación de la fiscalía por una millonaria evasión impositiva que irá a juicio en mayo. Messi no estaba solo en esa sociedad. Su padre, Jorge, el hombre que maneja sus cuentas, figuraba como su socio, según información exclusiva a la que accedió LA NACION y Canal 13 a instancias de documentos provistos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

Los Messi pusieron en marcha un mecanismo de pantallas. Se contactaron con el estudio uruguayo Abreu, Abreu & Ferres para manejar la relación con Mossack Fonseca, una agencia especializada en manejar sociedades en paraísos fiscales. El futbolista y su padre quedaron expuestos el 13 de junio de 2013 cuando Mossack Fonseca pidió los nombres de los dueños de Mega Star Enterprises para incorporarlos a su cartera de clientes.

Fuente: LA NACION y Canal 13

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Dentro de la compañía Mossack Fonseca existen datos de la familia Macri, su padre y hermano Francisco Mariano eran directores de Fleg Trading Ltd, constituida en las Bahamas en 1998 y se disolvió en enero de 2009. En las declaraciones de ingresos en 2007 y 2008, cuando era alcalde de Buenos Aires, Macri no dio a conocer su conexión con Fleg Trading. Se declaró una cuenta bancaria de Merrill Lynch en los Estados Unidos con $ 2,9 millones en 2007 y $ 1,9 millones en la misma cuenta en 2008. Macri también declaró $ 158.000 en activos en el exterior en 2008, pero no especificó su origen o ubicación.

Respuesta del Presidente Mauricio Macri 

Admitió haber formado parte de una sociedad familiar «offshore» radicada en Bahamas, tal como consta en una serie de documentos filtrados a distintos medios de prensa internacionales pero explicó que fue «designado ocasionalmente» como director y que «nunca tuvo ni tiene una participación en el capital de esa sociedad».

LA NACIÓN (Diario de Argentina) se comunicó con el entorno del mandatario previo a la publicación de la investigación, y explicaron que el Presidente no fue accionista ni cobró dividendos de esa firma. «Dicha sociedad, tenía como objeto participar en otras sociedades no financieras como inversora o holding en Brasil. Estuvo vinculada al grupo empresario familiar. De allí que el Sr. Mauricio Macri fuera designado ocasionalmente como director, sin participación accionaria», sostuvieron los voceros del presidente. Y enfatizaron: «La actuación de Mauricio Macri fue circunstancial y sólo cubrió formalmente el cargo en el directorio».

Una investigación internacional muestra a jefes de Estado, empresarios y celebridades que mantuvieron en secreto sus movimientos offshore. Millones de documentos con datos de decenas de países fueron filtrados a la prensa y analizados por periodistas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que en la Argentina incluyó al diario LA NACIÓN

Los documentos revelan sociedades offshore gestionadas por el estudio panameño Mossack Fonseca en distintos paraísos fiscales, en las que tuvieron participación personalidades de distintos ámbitos y de todo el mundo, entre los que figuran, además de Macri, el futbolista Lionel Messi, el secretario personal de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y el intendente de Lanús, Darío Grindetti.

Fleg Trading Ltd
Macri integró, junto con su padre y su hermano Mariano, el directorio de una sociedad offshore registrada en las islas Bahamas desde 1998, identificada como Fleg Trading Ltd. Se trató de una derivación del holding que los Macri habían montado en Argentina y en Brasil. Fleg Trading Ltd. funcionó hasta 2009, año en que Macri ejercía como jefe de Gobierno porteño, aunque los documentos que analizó LA NACIÓN no clarifican si para entonces el actual Presidente seguía vinculado a esa sociedad offshore o ya se había retirado.

Fuente: La Nación y Panamapapers.icij.org

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