El Ministerio Público a través de la Fiscalía de Delitos Electorales busca hacer efectiva la orden de captura en contra de la exdiputada del Partido Patriota, Stella Alonzo, señalada de actos de corrupción en la Municipalidad de Mixco, durante la época de  Otto Pérez Leal, expareja de Alonzo.

Redacción Perspectiva

Alonzo es señalada por  la Fiscalía de Delitos Electorales de trasladar recursos de la Municipalidad de Mixco para la campaña electoral del Partido Patriota en 2015.

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizan una serie de operativos este jueves 5 de agosto para capturar a los sindicados en este caso de corrupción. Al momento, han sido capturadas tres personas entre ellas el hijo del expresidente Otto Pérez Molina, quien fuera alcalde de Mixco 2013 al 2016.

La excongresista es señalada por los delitos de incumplimiento de deberes, conspiración y asociaciones ilícitas.  El fiscal de Delitos Electorales aclara que ella no era funcionaria de la municipalidad en ese momento.

Según la fiscalía, la expareja de Pérez Leal fue la responsable de trasladar el dinero de la comuna para la campaña del partido Patriota en 2015. El monto sería de más de medio millón de quetzales.

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El exdiputado Gudy Rivera, quien cumple condena de 8 años de prisión por el delito de tráfico de influencias. Fue implicado por el Ministerio Público en un caso de corrupción en el Ministerio de Salud.

Redacción Perspectiva

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), informó este viernes 12 de marzo que el exdiputado Gudy Rivera podría estar  implicado en el caso «Asalto al Ministerio de Salud».

El exdiputado del Partido Patriota (PP), cumple condena por tráfico de influencias y ahora, fue llamado a declarar por el caso de corrupción en el Ministerio de Salud, en el cual se determinó que  se cobraron más de Q50 millones en sobornos.

El caso a cargo de la jueza Erika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo «D», resolvió que Rivera realice su primera declaración el próximo 17 de mayo.

Por el caso “Asalto al Ministerio de Salud» está señalada Saray Villavicencio Delgado y Jorge Villavicencio, exministro de Salud durante el Partido Patriota, quien falleció durante 2020 a causa de COVID-19.

En el proceso están implicadas más de 100 personas incluido el exdiputado y excandidato presidencial Estuardo Galdámez.

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Por Redacción Perspectiva

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, autorizó la solicitud del Ministerio Público (MP) para gestionar la extradición de Érick Archila y Allan Marroquín, exfuncionarios, vinculados en el caso Cooptación del Estado y TCQ, respectivamente.

Erick Archila, exministro de Energía y Minas (MEM), tiene orden de captura vigente desde 2016, por el caso Cooptación del Estado.  La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) lo señaló de la presunta comisión de asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos.   

Se le acusó por supuestamente aportar dinero –de procedencia ilícita– para comprar regalos de cumpleaños a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, también señalados en el caso.

Además, en este caso, funcionarios utilizaron entidades públicas para retribuir a financistas lo aportado para la campaña del Partido Patriota (PP) en 2011.

Archila fue ubicado en Miami el 13 de diciembre de 2016, cuando se le venció su visa de turista. Fue arrestado y luego de una audiencia en enero de 2017 fue liberado al pagar una fianza de US$25 mil.

La solicitud de extradición para Allan Marroquín, exinterventor de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), fue solicitada desde mayo de 2016, por participar presuntamente en la firma del contrato por 25 años prorrogables de un terreno donde operaría la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y sobornos por US$30 millones.

Tras la autorización para iniciar la extradición, el expediente debe ser remitido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que el mismo sea remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores; quienes deben enviar el requerimiento a la embajada de Estados Unidos y que sea trasladado al Departamento de Estado de ese país.

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Por Redacción Perspectiva

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ha emitido una nueva orden de captura contra Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, exministro de comunicaciones durante el tiempo del Partido Patriota (PP).

El nuevo caso que enfrenta Sinibaldi es por el delito de lavado de dinero u otros activos.  Según la investigación la contratación por el servicio de seguridad en el Transurbano benefició a dos empresas de cartón del exfuncionario.

Las compañías Seguridad ASA, S.A. y Servicios Marítimos y Aéreos del Norte, S.A., recibieron Q978 mil 794.64.

El exfuncionario es prófugo de la justicia desde el año 2016, señalado por el caso Construcción y Corrupción que vincula su presunta participación en una red de cobros ilegales exigidos a empresas contratistas durante la administración del PP entre los años 2012 y 2015.ilegales exigidos a empresas contratistas del Ministerio de Comunicaciones.

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Equipo editorial Perspectiva

La denuncia del ministro Carlos Soto contra Lucrecia Hernández Mack por la supuesta contratación de mil digitadores sin equipo, tiene como trasfondo supuestas presiones del diputado Luis Azmitia sobre Soto, afirma Hernández en un comunicado que publicó en su Facebook.

La trama de la historia es semejante a la de cualquier novela negra, de esas en las que al final casi todos los personajes resultan salpicados por diferentes grados de culpabilidad. Los protagonistas son: un diputado, un ministro, una ex ministra y varios beneficiados con plazas de digitadores, de una forma poco regular.

Según la denuncia de Soto, durante el período de ejercicio fiscal 2017, fueron contratados digitadores para implementar el Modelo Incluyente de Salud (MIS), en las siguientes regiones: Huehuetenango, San Marcos, Sololá, Quiché, Totonicapán, área Ixil, Alta y Baja Verapaz, Quetzaltenango, Zacapa y el suroccidente de Petén.

En el documento que el médico presentó ante el Ministerio Público (MP), no se menciona el número de digitadores contratados sin equipo. Sin embargo, medios de comunicación y redes sociales difundieron reiteradamente la cifra de 4,846 plazas, de las cuales “mil eran de digitadores sin computadora”, según palabras atribuidas a Soto.

Entre las explicaciones de la ex ministra está que: “La implementación del Modelo Incluyente en Salud (MIS) implicaba la contratación de auxiliares de enfermería, técnicos en salud rural y digitadores para el SIMIS (Sistema de información del MIS), para todas hubo fundamentos técnicos”.

Alejandro Argueta, ex asesor jurídico de Hernández en el tema laboral, mencionó que Soto no debió esperar hasta 2018 para realizar una denuncia que debió haber hecho meses antes, cuando asumió el ministerio.

Los actores de la trama

La ex ministra Lucrecia Hernández se incorporó al gabinete de Jimmy Morales en julio de 2016. En enero de ese año, al conocer la composición del gabinete, había escrito en su cuenta de Twitter: “Aquí no hay planes de gobierno, señores, sólo un Ejecutivo que se prepara como maquinaria electoral y para el clientelismo político”.

Sin embargo aceptó el puesto y llegó al ministerio rodeada por un aura de transparencia consecuente de su activa participación en las manifestaciones contra la corruptela del gobierno del Partido Patriota en 2015.

Profesionalmente, es médico y cirujano especialista en salud pública y trabajó en la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Se define como “militante de izquierdas y feminista”, y meses después de renunciar al ministerio, publicó un video donde reconoce su participación en el movimiento Semilla, pro formación de partido que tiene a Juan Alberto Fuentes Knigth entre sus fundadores.

Uno de los proyectos emblemáticos de Hernández al frente del MSPAS fue el establecimiento del MIS, que no pasó de ser un plan piloto debido a la pronta renuncia de la funcionaria, cuya gestión tuvo como principal objetivo la transparencia y que entre otras acciones, enfrentó a los grupos sindicales en el tema del pacto de condiciones laborales lesivo.

Además de las presuntas contrataciones de digitadores sin equipo denunciadas por Soto, existen por lo menos otros dos hechos que pueden empañar la gestión de Hernández: una unidad de comunicación social con actividades como alertar sobre críticas al ministerio y el pago de viáticos por el mecanismo de compras directas.´

Briseida Milián Lemus, que ya ha sido mencionada en varios medios de comunicación, afirma en su cuenta de Twitter que las contrataciones y los eventos para comprar equipo se “levantaron” simultáneamente, aunque la única localidad que logró “completar su brecha en equipo” fue Sololá, por “la terminación prematura de la implementación”.

Un artículo titulado “Los nuevos rostros de la política”, publicado en 2016, presenta reseñas biográficas de varios de los jóvenes que participaron en las protestas de “La Plaza”. Entre ellos se menciona a Briseida Milián, quien en ese momento tenía 25 años. El texto informa: “Estudió Diseño Gráfico y Psicología Social y se dedica a la comunicación”, aunque no especifica en qué medios y campos de la comunicación obtuvo su experiencia.

Milián fue parte del equipo que entró al MSPAS de la mano de Hernández. Según narra en sus redes el 20 de febrero: “En el equipo del MSPAS inicié en comunicación de medios sociales de la institución y luego pasé a subcoordinadora. Nunca manejé «netcenters», pero sí el equipo de comunicación de 12 personas. No fue «fantasma», trabajábamos de 7 a 19 hrs y muchos fines de semana”.

Es revelador revisar su informe de planificación de actividades correspondiente al contrato administrativo 20102900990-2016,  de octubre de 2016, que se encuentra en Guatecompras y donde se detallan las tareas de comunicación que realizaba:

• Generaré contenido para la producción de materiales para publicaciones en las redes sociales del Ministerio;
• Participaré en la promoción de la imagen del Ministerio;
• Mantendré alerta ante alguna información que pueda parecer nociva para el Ministerio.

Las actividades de este equipo, integrado por 12 personas, son más amplias que lo mencionado, pero las tres anteriores llaman la atención por su semejanza con las tareas que realizan los llamados “net centers”.

Especialmente, porque el MSPAS ya  cuenta con una dirección o unidad de Comunicación Social. Al revisar el presupuesto de gastos aprobados para 2017 en el MSPAS, es patente que la mayor parte de rubros autorizados no tienen absolutamente ninguna relación con la promoción de la imagen, la detección de críticas en las redes o la publicación de contenidos en las redes sociales.

En cuanto al pago de viáticos por viajes al exterior de la ex funcionaria, cabe mencionar que durante su gestión, la ex ministra cobró viáticos por Q. 36,994.46. Para esta compra directa, Hernández consta como proveedora del Estado en “compras de baja cuantía”, según Guatecompras.

El abogado Marco Vinicio Mejía afirma que un funcionario en ejercicio no puede ser inscrito al mismo tiempo como proveedor del Estado y que, por otra parte, los viáticos de los funcionarios se contemplan en el presupuesto de cada institución como “gastos de representación”.

En Guatecompras se indica que el “pago de viático al exterior en comisión oficial a Ginebra, Suiza, a la 70ª Asamblea Mundial de la Salud” se ampara en el artículo 43, inciso A de la Ley de Contrataciones del Estado. Este artículo señala que las compras de baja cuantía no deben superar los Q10 mil y se publicarán en Guatecompras “una vez recibido el bien, servicio o suministro”. Al respecto, Mejía insiste en que estos pagos de viáticos fueron ilegales.

El doctor y el diputado

Según la ex ministra Hernández, Carlos Soto interpuso su denuncia motivado por la supuesta presión del diputado Luis Hernández Azmitia. Ambos han sido personajes mediáticos y polémicos.

Soto es un cardiólogo y médico reputado que durante cuatro años dirigió el Hospital Roosevelt. Un jurista que lo conoció durante la gestión de Hernández Mack, debido a las protestas de los médicos del Roosevelt, lo define como “uno de esos médicos que tienen prósperas clínicas privadas y se pasean con batas impolutas entre la suciedad ofensiva de los hospitales públicos”

Conocido por oponerse al innecesario traslado de reos a los hospitales públicos, Soto obtuvo el favor de la opinión pública con la campaña #Ni un reo más, luego de la masacre en el hospital que dirigía. Su liderazgo es innegable, pero también es innegable que durante varios años administró la crisis del Roosevelt sin que su bata sufriera una sola mancha y mientras los enfermos recluidos en ese centro asistencial han debido pasar por epidemias, mal trato de médicos y enfermeras, mortandad que pudo prevenirse y toda clase de escasez, hechos derivados no tanto de la falta de presupuesto, sino de la corrupción instalada y la falta de sentido humanitario de los galenos y enfermeros.

En 2016, Soto solicitó que se le retirara la inmunidad al diputado Luis Hernández Azmitia, jefe de la bancada Movimiento Reformador (MR), uno de los bloques que no participó en la elección y se conformó con tránsfugas de partidos que desaparecieron. La solicitud argumentaba difamación, abuso de autoridad y denuncia falsa.

Las aguas han corrido y recientemente, el actual ministro fue visto en un restaurante junto al diputado. El funcionario afirmó en conferencia pública que tiene todo el derecho de reunirse con cualquier diputado que considere, aunque cabe mencionar que la reunión fue poco antes de la citación a la bancada del MR, donde Soto hizo la denuncia.

Probablemente con estas bases, Hernández Mack afirma que existió presión del diputado al ministro. Y como todas las piezas del rompecabezas que constituyen la denuncia de Soto, este elemento es otro de los tantos fragmentos que muestran la profundidad de las prácticas corruptas entre quienes toman las decisiones de Estado en Guatemala.

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El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) realizan cinco allanamientos por un caso de corrupción que aún se encuentra bajo reserva, uno se los allanamientos se realizó en el edificio de Tigo, en el kilómetro 9.5 de Carretera a El Salvador.

De acuerdo a investigaciones, Tigo estaría vinculado a otro caso de corrupción. 

Supuestamente la empresa Telecomunicaciones de Guatemala (Telgua), fue afectada por resoluciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) y del Ministerio de Comunicaciones para que Telgua le pagara a Tigo US$400 millones por un reclamo realizado en 1998, durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Según la Cicig, Telgua buscó acercarse al entonces presidente  Álvaro Colom y a sus allegados, pero no lograron ningún beneficio debido a que según Julio Carlos Porras Zadik, el entonces gerente de Telgua, Tigo había comprado influencias para obtener un fallo a su favor.  La Cicig señaló a Telgua de haber dado Q15 millones de financiamiento electoral ilícito al Partido Patriota, en 2011, con el fin de solucionar una diferencia monetaria que tenía con Tigo.

La estrategia, según la Cicig, se ejecutó a través del exembajador de Guatemala en EE. UU. Julio Ligorría y el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.

Fuente Fotográfica: Prensa Libre 

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El Ministerio Público recibió este miércoles 7 de junio de 2017, la solicitud formal de extradición contra Ingrid Roxana Baldetti Elías, exvicepresidenta de la República de Guatemala del gobierno del Partido Patriota.

La exgobernante es requerida por la Corte del Distrito de Columbia, Washington, Estados Unidos de América, por los delitos de asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas.

En las próximas horas el Ministerio Público estará haciendo los trámites de ley para que el Tribunal de Sentencia que se designe, le notifique y le señale audiencia a Baldetti Elías, para que conozca los motivos por los cuáles Estados Unidos solicita su extradición.

Fuente: MP

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La audiencia de primera declaración en el caso del supuesto fraude en la municipalidad de Chicamán, Quiché, por más de Q21 millones, continúo el día de hoy.

El Ministerio Público (MP) y  la comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) pedirán al juez ligar a proceso a la exdiputada del ya extinto Partido Patriota, Emilenne Mazariegos, por fraude, asociación ilícita, lavado de dinero y otros activos, así también a 11 personas más, entre ellas los familiares de la exmandataria, Fernando José Siliézar Mena, el conviviente y Ana Patricia Mazariegos Sánchez, la madre.  

Todos acusados de cometer supuestos actos de corrupción en la municipalidad de Chicamán, Quiché.

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En 21 allanamientos realizados este día, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, en coordinación con la Comisión Internacional contra la Impunidad lograron la aprehensión de 12 personas involucradas en un hecho de fraude en la municipalidad de Chicamán, Quiché.

Durante la conferencia realizada en las instalaciones del Ministerio Público esta tarde la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana explicó que Emilenne Mazariegos se postuló en el 2007 con el partido político Unión Democrática y que en el 2011 fue electa por el Partido Patriota por el Distrito de Huehuetenango.

La Fiscal General puntualizó que estos movimientos en política le sirvieron a Mazariegos para establecer una serie de contactos con las redes de poder local vinculadas a Municipalidades y Consejos de Desarrollo en la zona, los cuales se extendieron hasta la Municipalidad de Chicamán, Quiché.

Los préstamos que dieron origen al fraude

Aldana resaltó que en el 2012, se aprobó un préstamo por Q11 millones destinados para la conducción, distribución y mejoramiento de la red de agua potable cuatro aldeas, ubicada en Chicamán.  “Luego el Concejo Municipal autorizó el cambio del destino de los recursos solicitados –para cinco proyectos– y se realiza un segundo préstamo por Q10 millones”, refirió la Jefa del MP.

La Fiscal General del MP puntualizó que el total de los proyectos tenía un valor de Q16 millones 515 mil 658.66, de lo cual no se ejecutaron Q2 millones 652 mil 380.03.

Ilegalidades en la ejecución de las obras

Durante la conferencia de prensa se subrayó sobre las ilegalidades cometidas en la Municipalidad de Chicamán, entre las que se resaltó sobre la modificación de los fondos aprobados en el primer préstamo.  También que la Organización Aproden, cuyo propietario es José Siliezar Mena, conviviente de Mazariegos, sumó dos proyectos que ascendieron a los Q21 millones.

“Es evidente la ilegalidad, pero también en el proceso de recepción de las obras se incorporaron, un hermano, un sobrino, y un vecino”, concluyó durante su intervención Aldana Hernández.

La ruta del dinero

En cuanto a la ruta del dinero, Iván Velásquez de la Comisión Internacional Contra Impunidad detalló que hubo una apariencia de legalidad en la ejecución de los préstamos.

El Comisionado de la CICIG detalló que el ex alcalde municipal de Chicamán, Roberto Candelario Gamarro gestionó dos préstamos bancarios por un total de Q21 millones, luego de manera discrecional se cambió el destino del dinero para le ejecución de las cinco obras.

Como ejemplo, otra de las formas de lavado de dinero se dio por medio de transferencias, como la efectuada de Armando Ramírez Velazco, que de Q1 millón 161 mil 611.92, realizó a Fhercons, S.A. propiedad de Fernando Siliézar una transferencia por Q360 mil 989.92, así como a otras empresas involucradas.  Asimismo, Siliezar entregó directamente a su conviviente Emilenne Mazariegos, la cantidad de Q90 mil, a través de tres cheques.

En la tercera ruta, Velásquez destacó que al exdiputada fue la usufructuaria principal de las ganancias de la estructura criminal, que tenía como fin la adquisición de bienes de alta plusvalía.

Los 12 aprehendidos y cuatro pendientes de detención

Se trata de Roberto Candelario Gamarro, ex alcalde de Chicamán, asociación ilícita, fraude, peculado, lavado de dinero u otros activos.  La excongresista por el Partido Patriota, Emilenne Mazariegos, Ana Patricia Mazariegos Sánchez, madre de la exdiputada, Fernando José Siliézar Mena, y Armando Ramírez Velazco, pendiente de captura, por los delitos de asociación ilícita, fraude, y lavado de dinero u otros activos.

Por asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos: Erick Antonio Siliezar Mena, Ángel Francisco García Javier, Walter Aníbal Gamarro Girón, Joaquín Romeo Gamarro Alvarado, Osman Noel Gamarro Alvarado y Axel Reginaldo Gamarro Alvarado, pendiente de captura.  También, Raúl Stuardo Mazariegos Sánchez, Mario Rolando Palma Dávila, pendiente de captura, Luis Rodolfo García Segovia, todos por asociación ilícita y fraude.

Sergio Guillermo Enríquez Garzaro, pendiente de captura, y Víctor Hugo Enríquez Morales por lavado de dinero u otros activos.

Fuente: MP

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El Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, presentó en el Juzgado B de Mayor Riesgo, el escrito de acusación formal en contra de 46 personas vinculadas en el caso denominado “Cooptación del Estado”.

La documentación entregada consiste en información bancaria, financiera, en 580 medios de prueba material, 657 folios de medios escritos, 118 tomas de medios de investigación, 42 mil folios de medios de investigación de los cuales corresponden mil 400 documentales.

Entre los involucrados hay ex funcionarios y contratistas del Estado, asimismo figuran, el expresidente Otto Fernando Pérez Molina y la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías, señalados de los delitos de lavado de dinero y cohecho pasivo.

El MP para dar certeza a los hechos ilícitos que cometió la presunta organización también cuenta con la declaración de 95 testigos entre ellos las declaraciones de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicemandataria, la cuales fueron fundamentales y verídicas al haber sido comprobadas con el resto de los declarantes.

La Fiscalía detalla que las investigaciones preliminares en este caso, iniciaron posteriormente a unos allanamientos realizados en abril de 2015, por el caso denominado “La Línea”.  En esa ocasión fueron localizados archivos digitales en las computadoras de Estuardo Salvador González y Juan Carlos Monzón que daban a conocer que existían más hechos ilícitos por dicha estructura.

Estos condujeron a determinar que el Partido Patriota llegó al poder Ejecutivo, con la finalidad de cooptar el Estado guatemalteco, para lograr su objetivo se apropiaron de Instituciones, desde donde constituyeron una maquinaria para lavar cifras millonarias.  Estos hechos también evidenciaron que antes de llegar al poder, el referido partido político captó fondos de forma ilícita durante la campaña electoral en el año 2007 y cuyos principales dirigentes eran Pérez y Baldetti.

Fuente: MP

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